En los últimos años, como Estado nos hemos preparando, algo, para responder ante desastres naturales. Todos sabemos que un terremoto de grandes proporciones ocurrirá en la costa de Lima, y que vendrá acompañado de un tsunami; hemos hecho simulacros y establecido protocolos de actuación. Entre 2014 y 2016 ocurrió un fenómeno del niño en el Océano Pacífico que esperábamos iba a golpear fuertemente a nuestro país: afortunadamente, sus efectos fueron limitados. Aunque suene totalmente contraintuitivo en este momento, en los últimos años aumentó el presupuesto en gestión de desastres, trabajos de prevención, desarrollo de protocolos de respuesta, compra de maquinaria y equipos para atender diversas contingencias. Es poco consuelo, pero las cosas pudieron ser peores: se hicieron trabajos de prevención en Chosica, Tumbes, Piura, por mencionar algunos casos, que alguna utilidad han tenido.
¿Por qué estamos tan mal entonces? Primero, porque la magnitud de las lluvias ha superado ampliamente las expectativas. Hasta hace algunas semanas la preocupación era la sequía, no el exceso de lluvia. Y en cuanto a éstas, mirando lo ocurrido en enero y febrero, se pensaba hacia la segunda semana de marzo que no llovería mucho más. El niño costero apareció rápida e inesperadamente, y cogió a todos desprevenidos; en poco tiempo, se convirtió en un “niño” en cierto modo equivalente al de 1998. Segundo, está por supuesto también la irresponsabilidad o incapacidad de algunas autoridades: como ha sido recordado, en la mayoría de casos los presupuestos asignados a prevención de desastres en regiones y municipios no son utilizados. Ya sea por desidia o por problemas de gestión: para gastar hay que tener establecido un plan, prioridades, identificados proyectos de inversión concretos, y todo esto supera muchas veces lo que la burocracia regional o municipal es capaz o tiene interés de hacer.
Salen también a relucir problemas estructurales. Lo “inesperado” de lo que estamos viviendo deja de serlo si asumimos una perspectiva histórica más amplia (“niños” en 1998 y 1983; “niños costeros” en 1925 y 1891); y si es que consideramos que en el contexto del cambio climático el carácter errático y extremo del clima debe ya considerarse algo “previsible”. Pero pensar con perspectivas temporales y lógicas más amplias resulta algo difícilmente al alcance de nuestra administración pública. Y constatamos también la enorme distancia que hay entre todo lo que se tendría que hacer y las capacidades e incentivos para hacerlo. Arrastramos décadas de crecimiento desordenado que ha erosionado y contaminado nuestros ríos, la consolidación de viviendas en quebradas y cauces de huaicos, la construcción de estructuras sin considerar las contingencias que deben ser capaces de afrontar, la ausencia de infraestructura urbana elemental (alcantarillado, por ejemplo). A esto se suman lógicas políticas: no es rentable invertir en prevención, porque nadie se siente beneficiado por ella cuando no pasa nada, y si es que algo ocurre, probablemente legitime a la autoridad siguiente. Mientras que desalojar y reubicar implica costos y problemas aquí y ahora.
Algo bueno que podría salir de esta experiencia es una intervención integral de la cuenca del río Rímac. Descontaminarla, hacerla más segura, embellecerla, sería una gran iniciativa después de este desastre. Una iniciativa ampliada y mejorada del proyecto Río Verde sería una buena combinación de reconstrucción y prevención, inversión en seguridad hídrica y puesta en valor, un magnífico proyecto en el marco del bicentenario de nuestra independencia.
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