Confianza

Artículo publicado en El Comercio, martes 16 de febrero de 2021 

Hace muchos años que sabemos que nuestro país tiene un serio problema de confianza y de escasa legitimidad de las instituciones políticas. Según el informe Cultura política de la democracia en Perú y en las américas, 2019/2019: tomándole el pulso a la democracia (Lima, IEP, 2020), Perú es el país de la región con el menor nivel de apoyo al sistema político, con el más bajo nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia (junto a Panamá). Al mismo tiempo tenemos el porcentaje más alto de encuestados en la región que consideramos a la corrupción como el problema más importante del país, o que pensamos que “la mitad o más de los políticos están involucrados en corrupción”. Al mismo tiempo, somos el país, junto con Brasil, con el más bajo nivel de confianza interpersonal de las américas. Según los datos recogidos entre 2017 y 2020 por la Encuesta mundial de valores, Perú tiene los niveles de confianza interpersonal más bajos del mundo, junto a Albania, Colombia, Indonesia, Nicaragua y Zimbabue.

Existe una amplia literatura que explora los efectos perniciosos que tienen estos bajos niveles de confianza sobre la estabilidad política, el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico. La desconfianza nos condena a vivir en el corto plazo; si no confiamos en los demás, no podemos planificar a mediano o largo plazo, se hace más difícil la acción colectiva, lo que dificulta plantearnos tareas necesarias, pero de implementación compleja y maduración lenta. Nos dejamos llevar entonces por el inmediatismo, lo que impide resolver los problemas de fondo, lo que genera frustración, y un círculo vicioso difícil de romper. En lo político, las identidades partidarias constituyen un muro de contención a la desconfianza; cuando existen, ellas pueden perdonar un mal desempeño en nombre de un capital de credibilidad acumulado y promesas a futuro. Como sabemos, en nuestro país ese dique hace tiempo que se rompió.

En los últimos años, apareció la temática de la producción de noticias falsas (fake news), producto precisamente de la falta de confianza en el mundo institucional, y la aparición de fuentes “alternativas” de información. Los medios institucionales se propusieron, con buena intención, reforzar sus unidades de investigación, sus equipos de contrastación de datos y fuentes. Con el tiempo descubrimos que el problema es mucho más serio: la desconfianza refuerza los vínculos más primarios, nos encierra en nuestros círculos más inmediatos; entonces, no creemos noticias falsas porque no tengamos mejores fuentes de información, es porque las descartamos y optamos por la que nos inspira confianza, que es la que confirma nuestras percepciones previas.

Con todo, el último dique que contiene la expansión de noticias o teorías sin fundamento razonable es la confianza que despiertan algunas fuentes legitimadas por su desempeño, pero sobre todo, por su voluntad de transparencia, autocrítica, rendición de cuentas y mecanismos de control permanentes y eficaces. Centros de estudio e investigación, científicos y expertos, instituciones con una trayectoria reconocida, identificados con la defensa de causas justas por razones principistas. Es lo que algunos llaman la “reserva moral” del país, en las que nos amparamos en condiciones de incertidumbre. En contextos de polarización y desconfianza generalizada, son referentes indispensables.

Los acontecimientos de los últimos días, asociados a un manejo cuando menos de una desprolijidad inaceptable, que sugiere además serios conflictos de interés e incluso la comisión de delitos; donde estarían involucrados personalidades e instituciones de gran prestigio y reconocimiento, constituyen un golpe durísimo para las causas democráticas y la construcción de instituciones. Eso es lo que más duele: que quienes deben ser referentes para combatir el cinismo y la falta de escrúpulos que empiezan a campear, se vean manchados precisamente por ellos. La solución está en la propia lógica de esas instituciones: transparencia, investigación imparcial y sanciones si es que corresponden. Y correcciones para evitar que sucesos como los ocurridos vuelvan a presentarse.