Coronavirus y respuestas de política (2)

Artículo publicado en El Comercio, sábado 21 de marzo de 2020 

Analizar cómo responden los Estados al desafío de la pandemia en curso resulta bastante instructivo. Tres grandes factores ayudan a entender las reacciones y sus resultados: la capacidad estatal, la autonomía gubernamental, y también, las orientaciones particulares de los presidentes.

China, donde inició el brote, es un Estado con una capacidad estatal alta, que tomó decisiones muy duras con mucha autonomía, con autoridades políticas que se alinearon en privilegiar el interés común. Claro que les tocó tomar decisiones en un contexto de muy alta incertidumbre y desconocimiento; los demás países hemos tenido la ventaja de poder aprender de ellos. Cerca de China, en Taiwán, Singapur, Hong Kong, Japón o Corea se desarrollaron respuestas duras y eficaces basados en la experiencia China, y en sus propias experiencias con epidemias previas como el SARS. Europa podría haberse beneficiado de esa experiencia, pero al parecer primó entre las élites la percepción de que la realidad asiática sería muy diferente a la europea, o que los costos de medidas de aislamiento drásticas serían excesivas para la economía e inaceptables por la población. Precisamente confiar en sus capacidades estatales habría llevado a pensar que medidas de contención específicas centradas en los infectados y población vulnerable bastarían; pero el número de muertos aumenta en Italia (superó de largo a China), España, Francia y el Reino Unido, y la perspectiva que se anuncia es que a la larga todos tendrán que implementar medidas de aislamiento radicales.

Esto sugiere que no solo la capacidad estatal cuenta: también la autonomía de las élites respecto a intereses económicos. Dentro del vecindario, la demora en Chile con Piñera, por ejemplo, para tomar medidas más drásticas de aislamiento social resulta ilustrativa; Argentina, por el contrario, bajo un gobierno peronista se presenta como privilegiando el interés público por sobre el interés de los privados. Lo interesante es que Perú con Vizcarra se anticipó en buena medida a lo que otros países de la región están haciendo. Finalmente, también cuentan los presidentes: Trump en los Estados Unidos, Johnson en el Reino Unido, Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México, Ortega en Nicaragua, muestran lo desafortunado que resulta tener a la cabeza del gobierno a personajes que no toman en serio las opiniones de los expertos, que están convencidos de ideas extravagantes, formados en actitudes prepotentes y personalistas.

En nuestro país, hemos visto a un Presidente y a un gobierno que si bien nunca mostró un rumbo claro, sí ha confirmado que sabe reaccionar con firmeza, en la dirección correcta, en situaciones de crisis; que ha demostrado autonomía para privilegiar el interés público sobre el interés privado. Y un Estado que, en medio de todas sus dificultades, está siendo capaz de implementar las duras decisiones que toma, de altísima complejidad. Como Estado, en medio de todo, hemos mejorado en los últimos años.

Coronavirus y respuestas de política

Artículo publicado en El Comercio, sábado 14 de marzo de 2020 

Las respuestas de los diferentes gobiernos respecto a la expansión del Coronavirus ha sido muy interesante de seguir, por usar una expresión. El problema inicia en Hubei, como se sabe. La enfermedad empieza a manifestarse hacia diciembre, se identifica como tal el 7 de enero, y el 13 empiezan a hacerse las pruebas de descarte. Recién hacia el 21 de enero el número de infectados empieza a aparecer como descontrolado (cien casos en un día); el 23 de enero, la ciudad de Wuhan ordena el cese total de actividades no esenciales, al registrarse 400 nuevos casos. Hoy sabemos que cuando las autoridades chinas tenían registrados 100 casos nuevos, en realidad estaban lidiando con unos 1500 nuevos infectados, solo que no registrados. El día 24, quince ciudades chinas más toman medidas de cese de actividades. Recién el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de atención internacional, cuando se estaba llegando a los 2000 casos nuevos diariamente. Como el virus puede tardar hasta 14 días en manifestarse, el número de infectados registrados siguió aumentando hasta más de 3500 casos nuevos el 4 de febrero, cuando en realidad el número de contagios estaba empezando a bajar como consecuencia de las medidas de aislamiento social.

Más allá de China, otros países asiáticos reaccionaron con medidas rápidas de contención: por ello, el problema no ha sido tan grave en Japón, Hong Kong, Singapur, o Tailandia. El manejo de epidemias en años pasados permitieron una reacción rápida. Pero Occidente miró esta dinámica con una suerte de lógica “orientalista”. Los países con mayor número de visitantes extranjeros empezaron a registrar altos números de infectados, como Italia, Francia, Alemania o España. Acá las autoridades enfrentaron un dilema: ¿reaccionan con medidas drásticas como en China, o implementan estrategias graduales? Existía cierto sentido común según el cual medidas de paralización total de actividades “solo podrían ocurrir en China, no en países democráticos”. Ciertamente, el riesgo de “sobrereaccionar” existe, y también la oposición de algunos sectores. El asunto es que Italia, España y otros países tuvieron finalmente que adoptar medidas similares a las de China, pero mucho más tarde, cuando ya tenían más de 4000 ó 5000 casos confirmados. A la fecha, Italia tiene 1016 fallecidos, España 122, Francia 66, y probablemente las cifras aumenten (China registra 3,180).

En América Latina, nuestras condiciones sanitarias son muy malas. La ventaja es que podemos aprender de los demás: en varios de nuestros países estamos tomando medidas intermedias (prohibición de vuelos desde ciertos países, de actividades públicas masivas, postergación de actividades en colegios y universidades, etc.), cuando tenemos casos contados por decenas, no por miles. Si somos responsables y disciplinados, podríamos pasar por esta crisis con costos menores, en vidas y en perjuicios económicos. Tarea para todos.

Políticas públicas y violencia de género

Artículo publicado en El Comercio, sábado 7 de marzo de 2020 

En los últimos días nos han conmocionado nuevos casos de violencia de género y de violencia contra niños y niñas, a pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como Estado, ¿estamos haciendo lo necesario? Según un trabajo de Stéphanie Rousseau, Eduardo Dargent y Aurora Escudero (Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género; CIES, 2019), algunos avances ha habido, especialmente desde 2015, con la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y con el Plan Nacional contra la violencia de género de 2016. Según datos del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres, pasamos de 114 Centros de Emergencia Mujer en 2010 a 396 en este año; el número de casos atendidos más que se duplicó en ese periodo; se han creado 49 Hogares de Refugio Temporal en todo el país; hay cada vez más atenciones a denuncias de violencia familiar en las Comisarías; el Poder Judicial reporta que aumenta el número de expedientes por violencia familiar, y la creación en 2018 de ocho módulos judiciales integrados en violencia contra las mujeres; el MINSA reporta que ha duplicado entre 2009 y 2016 las atenciones a personas en situación de violencia. Así, registros de violencia familiar en mujeres ejercida por el esposo o compañero muestran una tendencia decreciente entre el 2009 y el 2017, aunque el número de tentativas de feminicidio han ido clara y alarmantemente en aumento.

Rousseau, Dargent y Escudero muestran que, pese a los avances generales, la realidad “micro” sigue siendo muy decepcionante. Los CEM, las Comisarías, los Hogares de Refugio, carecen de espacios adecuados, insuficiencia de personal y recursos, lo que limita las capacidades de hacer efectivas medidas de protección, seguimiento de procesos judiciales, posibilidades de implementar acciones de prevención, proporcionar apoyo sicológico o programas de inserción laboral a las víctimas. De otro lado, llaman la atención sobre lo difícil que resulta ir en contra de prejuicios y visiones tradicionalistas, enfoques “familistas” (privilegiar a toda costa la “unión familiar”) o concepciones que privilegian la protección de los imputados antes que de los denunciantes.

Este último punto me parece central. Acaso el escollo principal que limita los avances es atacar con más decisión los prejuicios y estereotipos de género. Esas concepciones que en última instancia convierten a los varones en agresores, a los entornos familiares, amicales y barriales en cómplices o testigos silenciosos, a las instituiciones en ineficaces. Hemos avanzado mucho en la conciencia de estos temas gracias a la indignación que despiertan casos emblemáticos. Ayudaría que el gobierno levante como elemento central de su discurso y acción política el combate a la violencia de género y la defensa de los derechos de nuestras niñas y niños. Esta podría ser una cruzada en la que podría unirse todo el país. El tipo de iniciativas que nos hacen falta.

¿Peor que el anterior?

Artículo publicado en El Comercio, sábado 29 de febrero de 2020 

Algo que no podemos permitirnos es que dentro de un año y cinco meses sentenciemos que el Congreso próximo a instalarse terminó siendo “peor que el anterior”, lo que parecería una meta muy difícil de superar. Las fuerzas políticas del Congreso que viene pueden no ser capaces de ponerse de acuerdo para aprobar grandes cosas, con lo que diríamos que se trató de un Congreso mediocre; pero no deberían echar para atrás los avances que se produjeron en el Congreso disuelto.

El Congreso anterior avanzó en establecer la paridad y la alternancia, y de elevar la cuota de género a un 40% para el 2021; también estableció elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir las candidaturas a elección popular, lo que permitió eliminar el voto preferencial. Ya hemos señalado que para las elecciones de 2021, mediante disposiciones transitorias, se establece una distinción insostenible entre organizaciones antiguas y nuevas, que exime a las primeras de implementar mecanismos democráticos abiertos de selección de candidaturas, limita la aplicación de la paridad y la alternancia, y además mantiene el voto preferencial. Mejorar lo hecho por el Congreso anterior implicaría derogar esas disposiciones transitorias y tener las nuevas reglas de juego desde ya.

Pero se escuchan voces con posiciones que implicarían retrocesos: por ejemplo, eliminar las elecciones internas abiertas, y cerrar el proceso de selección de candidaturas a solo los militantes. En ese caso, si mantenemos el voto preferencial, poco habremos avanzado; y si eliminamos el último, le habremos quitado la oportunidad que ya tiene el ciudadano de expresar sus preferencias para definir los candidatos que ingresan al parlamento. Un retroceso que afectaría aún más la escasa legitimidad que tienen los partidos. Tiene sentido que, para definir sus cuadros directivos o reglamentación interna, decidan exclusivamente los afiliados; pero cuando hablamos de candidaturas, resulta imprescindible que éstos tengan sintonía con las preferencias de los ciudadanos en general. Cerrar la definición de candidaturas a solo militantes haría que los cuadros con capacidad de movilización interna, los apparátchik, sean los que definan las candidaturas; y existe evidencia de que cuando priman los criterios internos de los aparatos partidarios, estos se suelen alejar de las preferencias de los ciudadanos comunes. Y buscar equilibrar esto con mantener el voto preferencial equivale a cambiar muy poco respecto al sistema muy malo que tenemos actualmente.

Abrir el proceso de selección de candidaturas de los partidos a los ciudadanos tiene la ventaja de que establece un mecanismo claro de resolución de las disputas intrapartidarias; e involucra a los ciudadanos en general, aprovechando nuestra tradición de voto preferencial. Luego, eliminar este para las elecciones generales permite en un segundo momento fortalecer la identidad de las partidaria de las listas y favorecer la cohesión de los futuros grupos parlamentarios.

Dos preocupaciones

Artículo publicado en El Comercio, sábado 22 de febrero de 2020 

Una referida al poder ejecutivo y otra al Congreso. Respecto del gobierno, ya se ha dicho que, dada su precariedad (sin partido, bancada ni bases sociales), solo descansa en el respaldo de la opinión pública; de allí que sea extremadamente “sensible” ante situaciones que puedan afectar sus niveles de aprobación. El problema es que la dinámica de la opinión pública es muy volátil, y en buena parte depende de cómo los medios y los “formadores de opinión” se posicionen frente al gobierno. En los años sesenta Karl Deutsch hablaba de la importancia de las élites, de los medios de comunicación y núcleos formadores de opinión para moldear las percepciones de la población, y es un asunto que no debe descuidarse.

Bien visto, los saltos en la popularidad del presidente Vizcarra se explican por la capacidad de sintonizar con expectativas populares, pero también por la capacidad de alinear detrás de sus iniciativas a intereses y corrientes de opinión políticamente relevantes. Esto corrió el riesgo de resquebrajarse con las indecisiones alrededor de la continuidad del proyecto Tía María; un gobierno con un manejo económico ortodoxo corrió el riesgo de perder el apoyo del mundo liberal y empresarial. La situación no llegó a mayores por la expectativa que despierta el Plan Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura, así como la conformación de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que acaba de entregar su informe; pero está lejos estar resuelta. El problema se presenta nuevamente con las indecisiones alrededor de qué postura tomar frente a todos los asuntos vinculados al trato con la empresa Odebrecht; el gobierno siguió un rumbo, a partir de salida del procurador Ramírez, que lo ha alejado de sectores ligados a la lucha contra la corrupción. El gobierno corre el riesgo de, intentando no perder popularidad, terminar perdiendo respaldo de sectores clave para su estabilidad, y también popularidad.

En cuanto a los partidos representados en el Congreso, me pregunto si son plenamente conscientes de la necesidad de completar y hacer correcciones al proceso de reforma política iniciado por el Congreso anterior. Si no hay cambios, todos los partidos inscritos antes de agosto de 2019 (es decir, todos salvo el Partido Morado) participarían en elecciones internas cerradas para seleccionar candidatos; luego, deberían presentar las listas resultantes a elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde no elegiríamos nada (el único que elegiría a sus candidatos en la primaria sería el Partido Morado), con lo que esas elecciones solo servirían para depurar a las listas que no pasen la muy baja valla de 1.5%. Para luego ir a la elección Congresal con voto preferencial: ¿entonces para qué hicimos la elección interna y luego la primaria? No tiene sentido. Urge asumir desde ya una primaria abierta a la ciudadanía en la que se definan a los candidatos, que permita eliminar el voto preferencial en la votación congresal.

Política y conflictos de interés

Artículo publicado en El Comercio, sábado 15 de febrero de 2020 

Se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo sobre la reciente y confusa crisis ministerial. Más allá de los temas asociados a cuál es la estrategia del gobierno respecto a todos los asuntos vinculados al trato con la empresa Odebrecht, un tema de fondo que merece atención es el asunto de la recurrencia de potenciales conflictos de interés entre funcionarios públicos.

El ministro Juan Carlos Liu fue destituído, aparentemente, por haber incurrido en un conflicto de interés del que no estaba al tanto el Presidente de la República. Liu había prestado servicios de capacitación a la empresa Odebrecht en el año 2010; posteriormente, se desempeñó como asesor y consultor del Ministerio de Energía entre 2010 y 2014, y en cuanto tal, participó de un estudio referido a la viabilidad del proyecto de gasoducto del sur. Que es precisamente el proyecto por el cual Odebrecht ha presentado una demanda contra el Estado peruano ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Hace unos días, el portal Ojo Público informaba que la exjefa de la SUNAT, Tania Quispe (2011-2015), representó a la CONFIEP ante la propia SUNAT en una reunión en la que se discutieron problemas relativos a la práctica de elusión tributaria.

Se ha hablado mucho de los conflictos de interés y de la existencia de una negativa “puerta giratoria” entre el sector público y privado. Cuadros del sector privado ingresarían al sector público para, supuestamente, defender los intereses y negocios privados, no el interés general de la sociedad; y más adelante, volverán al sector privado, aprovechando el conocimiento adquirido en el Estado, para fortalecer la defensa de los intereses privados.

Ciertamente se trata de un problema y por supuesto hemos conocido de casos que justifican la preocupación por este tema. En los últimos años contamos con normas que han permitido avanzar en la dirección correcta: contamos con un Código de Etica de la Función Pública, y con una ley que establece prohibiciones e incompatibilidades para funcionarios y servidores públicos; además, tenemos la obligación, para todos los funcionarios públicos, de presentar declaraciones juradas de intereses, de naturaleza pública, que cubren los cinco años anteriores a la asunción del cargo.

En un mundo ideal, la carrera pública y el desarrollo profesional en el sector privado están claramente diferenciados; sin embargo, en países como el nuestro no es así. Resulta frecuente que el Estado esté interesado en reclutar profesionales destacados en la actividad privada para el servicio público, dado su conocimiento y expertise; y también que, dada la inestabilidad y precariedad de los nombramientos públicos, esos mismos cuadros regresen al sector privado, cuando menos un año después de haber dejado su cargo, según la ley. Combatir las puertas giratorias no debería implicar ampliar ese plazo a diez años, sino fortalecer una carrera pública meritocrática y bien remunerada.

Una mirada a la región

Artículo publicado en El Comercio, sábado 8 de febrero de 2020 

Si miramos el conjunto de países latinoamericanos, podría pensarse que estaríamos ante el final de una etapa. No solo resulta claro que el ciclo del boom de los precios de los productos de exportación (2003-2012) terminó, con la declinación de las tasas de crecimiento y sus múltiples efectos; también que ese ciclo generó unas nuevas clases medias y nuevas expectativas y demandas, que reclaman nuevas formas de expresión política. Así, en México el gobierno de López Obrador cierra el ciclo PRI-PAN-PRI, y se presenta como el líder de una “gran transformación”; en Brasil parece haber quedado atrás la lógica de coaliciones de izquierda o socialdemocrátas; en Chile, asistiríamos al final del orden “postpinochetista” y de las coaliciones políticas de izquierda y derecha bajo cuyo manto se desarrollaron. En Bolivia, aparentemente, estaríamos ante el final del ciclo de Evo Morales, así como antes pasamos por el final del ciclo de Rafael Correa en Ecuador, y del Frente Amplio en Uruguay. En nuestro país, con la renuncia del presidente Kuczynski, la disolución del Congreso y la conformación de uno nuevo marcado por una nueva configuración de fuerzas políticas, parecemos también estar viviendo el cierre de una etapa.

En realidad, todavía no queda claro cuánto de continuidad y cambio se terminará produciendo. Donde se presentan discursos refundacionales (México, Chile), se podría terminar con grandes frustraciones y con más continuidad de la que se esperaría; de otro lado, quienes hoy parecen actores fuera de carrera podrían eventualmente volver o continuar gravitando poderosamente en la escena política (Morales, Correa). Lo que no puede negarse es que tenemos un escenario muy volátil, ante sociedades más complejas, con nuevos sectores que no encuentran representación, donde aparecen con cada vez más frecuencia e impacto formas de movilización y acción colectiva espontáneas y fugaces, donde se generaliza el desencanto ciudadano con los partidos y las instituciones democráticas. Salvo unos cuantos países en los que las culturas partidarias y redes clientelísticas siguen estando vigentes (Argentina, Uruguay), surge en toda la región la pregunta por qué nuevas formas de representación política emergerán en el futuro.

Por lo pronto, la inquietante respuesta es que parte de esas formas se expresarán en discursos populistas y formas de acción política signadas por el cortoplacismo por encima de la planeación, la espectacularidad, la manipulación de la imagen y de las formas por encima de los contenidos y de la búsqueda de soluciones de fondo, por la apelación a y el manejo de las emociones. A pesar de todos los reparos que podamos poner, presidentes como Bolsonaro en Brasil o López Obrador en México (y Trump en los Estados Unidos), de identidades políticas contrapuestas, se perfilan como referentes del tipo de liderazgo político en gestación en nuestros países. Urge pensar en alternativas democráticas que puedan competir eficazmente con éstas.

Los resultados del 26 de enero

Artículo publicado en El Comercio, sábado 1 de febrero de 2020 

Afortunadamente, el porcentaje de ausentismo, voto blanco y nulo fue mucho menor al esperado. La encuesta de IPSOS del 19 de enero registraba un 43.1% de votos blancos y nulos. El ausentismo al final (25.3%) fue muy alto comparado a elecciones congresales previas, pero menor al del referéndum 2018, donde llegó al 27.68%. Tuvimos el porcentaje más bajo de votos en blanco de las últimas elecciones (un poco más del 2%), y un 16% de votos nulos, algo cercano a resultados anteriores (resultados preliminares). Buena parte de los indecisos se decidieron en los últimos días, no a favor de quienes llevaban ventaja, sino de FREPAP, Podemos Perú y Unión por el Perú. Está claro que en esta ocasión ningún grupo entusiasmó a los electores, y los resultados muestran por mucho la mayor fragmentación del periodo democrático iniciado en 2001.

Una manera de ver esta fragmentación es que la suma de los grupos que alcanzaron representación en 2020 llega apenas a un 68.53% de los votos válidos, cuando ese porcentaje superó el 90% en 2016 y en 2011. Unos partidos resultaron obteniendo las votaciones más altas en algunas regiones, pero al no pasar la valla quedaron sin representación: Perú Libre en Junín, Democracia Directa en Cusco, Avanza País en Madre de Dios. En el mismo sentido, tenemos varios candidatos con votaciones preferenciales altas que quedarán fuera: Ciro Castillo, Alberto Beingolea, Beatriz Mejía, Julio Arbizu, Mauricio Mulder, Renzo Reggiardo. Algunos de ellos, probablemente, serán candidatos al Congreso de 2021, y algunos eventualmente con otra camiseta.

Dentro de los que alcanzaron representación, Acción Popular, el partido con mayor votación, concentró apenas poco más del 10% de los votos válidos, mientras que Fuerza Popular obtuvo el 36.34% en 2016, Gana Perú el 25.27% en 2011, Unión por el Perú el 21.2% en 2006, y Perú Posible el 26% en 2001. Llaman también la atención ciertos patrones de votación: Acción Popular tiene más votos y más parejamente distribuidos en el país, con bolsones importantes en San Martín y Huánuco; luego FREPAP, con Ucayali y Lima Provincias como bolsones principales. Con una distribución cercana al promedio, están Fuerza Popular, con un bolsón en Piura; el Partido Morado, más relevante en Lima y Arequipa; Frente Amplio, en Amazonas, Apurímac y Puno; Somos Perú, en Ancash, Amazonas y Ucayali. Más regionalizados aparecen APP, con bolsones en Cajamarca, Loreto, La Libertad, Ica, Moquegua y Tumbes, pero muy débil en Lima; Podemos al revés, el más votado en Lima, pero muy débil fuera; y Unión por el Perú, el más votado en Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Puno y Tacna, pero casi inexistente en el resto del país. Mi colega en la PUCP Tomás Dosek ha hecho un excelente análisis de los datos preliminares, disponibles en su cuenta de twitter.

De los congresistas electos, apenas quince, según Milagros Campos, tiene experiencia parlamentaria previa: algo que complicará la gestión de este periodo tan corto. Urge consensuar una agenda.

¡El próximo domingo!

Artículo publicado en El Comercio, sábado 18 de enero de 2020 

El próximo domingo tendremos las elecciones congresales extraordinarias, y una lección es que estamos sufriendo las consecuencias de enfrentar una elección con las viejas reglas que queríamos cambiar con la reforma política, con algunas modificaciones parciales que han complicado las cosas. Es decir, con los mismos partidos inscritos bajo un sistema que no asegura verdadero respaldo ciudadano; peor aún, el JNE acaba de establecer que los partidos que no son representativos y no alcanzan a ingresar al Congreso, podrán participar en las elecciones de 2021. Una elección en la que los candidatos han sido seleccionados sin procesos verdaderamente democráticos y sin controles suficientes (terminamos con un gran número de candidatos con sentencias penales y civiles); y que desarrollan desordenadas campañas individualistas. En medio de ese desorden, los candidatos no parecen darse cuenta de que su mandato solo se extenderá por un año y unos cuantos meses, y que la elección general de 2021 está a la vuelta de la esquina. En otras palabras, sin agendas parlamentarias claras y muy concretas, muy poco se podrá hacer. Finalmente, tenemos la prohibición de contratar publicidad política en medios masivos, pero no hemos ampliado la franja electoral. Así las cosas, no es sorprendente la confusión y desazón de parte importante de los ciudadanos.

Con todo, diez partidos cuentan con una agenda parlamentaria mínima: Acción Popular, Alianza para el Progreso, APRA, Frente Amplio, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Partido Popular Cristiano, Podemos Perú y Somos Perú. Esperemos que al final pueda darse un resultado que permita que este Congreso pase a la historia como el que abrió la puerta a reformas importantes que permitan tener una mejor representación a partir de las elecciones del Bicentenario.

Esto pasa por un acuerdo político que permita completar la reforma política, empezando con modificar la disposición que prohibe que se aprueben normas electorales aplicables a las elecciones generales de 2021 hasta un año antes, esto es, abril de este año. Podría ampliarse el plazo hasta el momento de inscripción de candidaturas, que permitiría tener tiempo hasta el mes de agosto. Hay que concentrarse en lo urgente: completar la reforma sobre el financiamiento de las organizaciones políticas; llevar a cabo la segunda votación de la reforma constitucional que impediría que postulen candidatos con sentencias en primera instancia (que además requiere un desarrollo legal); y derogar las disposiciones transitorias de las leyes de reforma aprobadas, para tener la aplicación inmediata de las elecciones internas abiertas a la ciudadanía, la paridad y alternancia de género, y la eliminación del voto preferencial. Está también el proyecto para facilitar la participación en los procesos electorales.

Luego, más complicado, porque requiere votación en dos legislaturas, es volver al debate sobre la inmunidad parlamentaria y la vuelta al sistema bicameral. ¿Se podrá?

El Perú de Macera

Artículo publicado en El Comercio, sábado 11 de enero de 2020 

Nos dejó el gran historiador Pablo Macera (1929-2020). Me atrevo a esbozar algunas claves de su visión del Perú y de su peculiar itinerario político en tanto importante intelectual público durante varias décadas en el país.

Desde la década de los años setenta, en el contexto de la expansión de los discursos críticos sobre el país y de su trayectoria histórica, Macera se convirtió en una suerte de “oráculo”. Tenía un enorme talento para dar entrevistas y construir un discurso basado en visiones de muy largo plazo; hablaba desde la autoridad y el prestigio de su investigación histórica, pero en sus intervenciones era capaz de incursionar en el análisis internacional, en la crítica cultural y muchos otros terrenos, siempre con un punto de vista original, desconcertante y provocador. En mis épocas estudiantiles lo leía con deslumbramiento.

Parte de esa singularidad tiene que ver con su peculiar posición política. Desde la izquierda criticaba a la derecha, al imperialismo, al capitalismo; más, tampoco creía en la democracia liberal. Pero al mismo tiempo era escéptico de las alternativas políticas de izquierda; esto porque parecía estar resignado a que la magnitud de los cambios que nuestro país requería implicaban una revolución, el uso de la violencia y formas autoritarias. En Las furias y las penas (Mosca Azul, 1983), libro que en su momento tenía todo subrayado y resaltado, en la entrevista de César Hildebrandt (Caretas, junio de 1980), ante la pregunta de “¿cuándo se jodió el Perú?”, Macera se remite al inicio de la sociedad colonial, para luego mencionar a las frustraciones de Santa Cruz, de Castilla, de Manuel Prado, de Leguía, de Piérola, del APRA… el Perú como una sucesión de frustraciones. Más adelante propone “un socialismo indispensablemente totalitario” (“no tengo ningún cariño por lo que se llama democracia”), totalitarismo que resulta “una necesidad histórica y, al mismo tiempo, un enorme sufrimiento personal”. En la entrevista con José María Salcedo (Qué Hacer, febrero 1982), Macera declara que “mentiría si negase mi admiración por gente como los de Sendero Luminoso”, al mismo tiempo que critica a la izquierda legal que “colabora dentro del sistema… izquierda cuyos líderes pertenecen a las clases medias y a las clases altas y que sueñan con hacer tortillas sin romper los huevos”. En una entrevista con Mario Campos en La República (agosto 1982), Macera prevé un escenario de guerra civil, que “va a involucrar a todos los grupos sociales del país. Y no va a ser una guerra breve. Va a ser una larga y cansada guerra civil”.

Desde esta matriz de pensamiento, no me parece extraño que el devenir de la década de los años noventa lo haya descolocado y desconcertado profundamente, y que luego hubiera optado por apoyar al fujimorismo en las elecciones de 2000. La caída de éste en 2001 lo obligó a replegarse. Pero igual Macera cumplió con promover siempre el debate, “queriendo ser desmentido”. Ese fue acaso otro de sus grandes aportes al país.

Balance del siglo

Artículo publicado en El Comercio, sábado 4 de enero de 2020

En los últimos días hemos leído variados recuentos de los acontecimientos del 2019 en nuestro país. Pero también podríamos ensayar un balance de la década que se cierra, o mejor de las dos décadas, porque 2010-2019 es en realidad parte de un ciclo más largo, iniciado en 2001; que a su vez terminó el iniciado en 1990 con la llegada al poder de Alberto Fujimori. Podría decirse que aquello que inició en 2001, bajo la promesa de una institucionalización democrática plena después de una década autoritaria terminó (frustrada) en cierto modo con la disolución del Congreso del 30 de septiembre del 2019.

¿Qué características tuvo el periodo 2001 – 2019? Se trató de un periodo marcado por un importante crecimiento económico, reducción de la pobreza y el crecimiento de una nueva clase media, aunque informal y precaria; que en parte se explica por un muy buen contexto global, pero también por la continuidad de las políticas económicas orientadas al mercado gestadas en la década anterior. Este periodo está también signado por la extrema precariedad de los actores del sistema político y de las instituciones democráticas; la paradoja es que la debilidad y la vacuidad de los partidos permitió la continuidad de una élite tecnocrática en áreas claves del Estado que explican tanto el “éxito” de esos años (básicamente estabilidad y crecimiento) como también sus limitaciones: carencia de alianzas sociales y políticas que permitieran reformas más ambiciosas, una autonomía sin suficiente transparencia y control, así como cierta lejanía por temas sociales, políticos, y distributivos fuertes en la región.

Estas características permitieron que Perú navegara sin mayores variaciones por el “giro a la izquierda” que recorrió la región, a pesar de que los electores optaron por alternativas “de izquierda” encarnadas en García en 2006 y por Humala en 2011, quienes finalmente mantuvieron, en general, la ortodoxia económica. Otra forma de decir lo dicho, más en términos políticos, es que se trató de un periodo en el que el gran tema fue cómo enfrentar el legado dejado por el fujimorismo de la década de los años noventa: expresado no solo en cómo lidiar con las continuidades y cambios necesarios, también en cómo lidiar con su herencia política directa, expresada en el liderazgo de Keiko Fujimori.

En algunos sentidos, ese orden ciertamente ha llegado a su fin: con la desaceleración económica, los escándalos de corrupción que involucran a políticos, funcionarios y empresarios, el fracaso del gobierno de Kuzcynski (el tecnócrata-político neoliberal por excelencia), y el fracaso de Fuerza Popular como proyecto, cuando menos la legitimidad de ese orden y de sus protagonistas principales está en serio cuestionamiento. Sin embargo, sería prematuro declararlo difunto: podría darse que los elementos centrales vigentes hasta ahora se mantengan, con solo un cambio de de intérpretes. La tarea de este año sería sentar las bases de los cambios necesarios y evitar la larga agonía de un esquema agotado.

Otro año de vértigo

Artículo publicado en El Comercio, sábado 28 de diciembre de 2019

A finales de 2018, al hacer el recuento de ese año, después de pasar revista a las pugnas entre ejecutivo y legislativo que condujeron a la renuncia del presidente Kuczynski, después de la juramentación del presidente Vizcarra, la propuesta de reforma judicial y la primera etapa de la reforma política, aprobadas en referéndum, después de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, entre otros asuntos, titulé mi columna del 22 de diciembre de 2018 “Un 2019 más tranquilo, por favor”.

Pero el 2019 terminó siendo un año tanto o más convulso que el 2018: empezó con la destitución de los fiscales del equipo especial anticorrupción, su restitución y la renuncia del Fiscal de la Nación. En el plano personal, empecé el año siendo parte de la Comisión Consultiva para la Reforma Política, cuyas propuestas marcaron buena parte del debate del año. En abril se produjo el suicidio del expresidente García, en junio la moción de confianza en torno al “núcleo mínimo irrenunciable del paquete de reformas”, que produjeron avances parciales pero no resolvieron la pugna entre el ejecutivo y el legislativo; lo que llevó a la propuesta de adelanto de elecciones de julio. Rechazada ésta, parecía que la mayoría del legislativo se impondría, pero un tema que hasta ese momento no parecía decisivo, el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y la actitud irracional de la mayoría, permitieron la disolución del Congreso. Afortunadamente después de ello las aguas se aquietaron un poco en lo político, y estamos en pleno proceso electoral. Pero las aguas del frente judicial siguen agitadas, después de la excarcelación de Keiko Fujimori y múltiples revelaciones sobre violaciones a la ley asociadas al financiamiento de campañas políticas y posibles coimas que comprometen a políticos, empresarios y funcionarios. Eduardo Dargent comentaba en estas páginas hace unos días que este año será recordado junto a otros como 1987, 1992, ó 2000, “por la cantidad de eventos y los giros de fortuna”. Y esto sin mencionar el escenario regional, en donde las protestas en Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y otros países marcaron importantes rupturas respecto a sus trayectorias previas.

¿Qué aprendimos de todo esto? A mi juicio, que seguimos ante un gobierno precario, pero que logró imponerse, sorprendentemente, aprovechando las oportunidades que se le presentaron; oportunidades “puestas en bandeja” por una oposición que puede ser calificada de irracional, en tanto terminó jugando en contra de sus propios intereses. Aprendimos también que el sistema judicial es un campo complejo sin orientación clara, donde nadie es capaz de controlarlo por completo, o de preveer el sentido de las decisiones que se toman. Además, que el principal desafío que enfrenta no es tanto evitar problemas procesales (excesos en prisiones preventivas y temas conexos), sino su propia eficacia para, finalmente, presentar acusaciones sólidas que terminen en sentencias ejemplares y que resistan el escrutinio público.