El jueves 25 culminó en el Congreso una legislatura de arduo trabajo y esfuerzo dedicado al tema de la reforma política, que se debe reconocer. También el esfuerzo de concertación entre éste y el poder ejecutivo, que permitió que asuntos “inadmisibles” al inicio terminaran aprobados. Si miramos lo avanzado a la luz de las reacciones iniciales que suscitó el informe de la Comisión Consultiva para la Reforma Política, presentado a inicios de marzo, parece mucho lo logrado.
Pero respecto a la propuesta original de la Comsión, ¿cuánto se ha avanzado? Recordemos que la Comisión presentó doce proyectos de ley, que el poder ejecutivo asumió casi en su integridad a inicios de abril, pero dejando de lado un asunto muy importante: la bicameralidad. Se decidió luego priorizar los proyectos que requerían una atención urgente, considerando que la meta es que la reforma se aplique a partir de las elecciones generales del 2021, las del Bicentenario. Así, quedaron por el momento fuera los proyectos referidos a las elecciones regionales y municipales. Luego, dadas las demoras percibidas desde el Congreso, el poder ejecutivo presentó a inicios de junio la cuestión de confianza en torno a la aprobación de seis proyectos durante la legislatura que acaba de terminar.
¿Qué balance se puede hacer? De los seis proyectos priorizados por el poder ejecutivo, tres tienen que ver con temas de lucha contra la corrupción y rendición de cuentas. Se aprobó con apenas los votos suficientes una reforma constitucional (que requiere segunda votación) que impide que los sentenciados en primera instancia puedan postular a cargos de elección popular; pero para que se aplique en 2021, debe precisarse mediante ley sus alcances. Respecto a la ley referida al financiamiento de la actividad política, solo se aprobó la parte referida a la tipificación en el Código Penal del delito de financiamiento ilícito. Se pueden hacer algunos cuestionamientos a lo aprobado, y además falta discutir y aprobar lo demás, referido a normar el financiamiento privado y público, medidas de transparencia y rendición de cuentas, establecimiento de sanciones administrativas y políticas, entre otros. Finalmente, el gran problema es la revisión de la inmunidad parlamentaria; lo aprobado mantiene en el Congreso la decisión del levantamiento de la inmunidad, mejora en algo los plazos para tomar decisiones, pero se retrocede al ampliar los alcances de la inmunidad de proceso.
Los otros tres proyectos se refieren a temas vinculados al funcionamiento de las organizaciones políticas y temas electorales. Se avanzó en cambiar los requisitos de inscripción (eliminación de firmas de adherentes y sustitución por padrón de afiliados), establecer causales de cancelación un poco más exigentes; establecer elecciones “primarias” abiertas para seleccionar candidatos, pero estableciendo para las elecciones de 2021 un trato diferenciado entre partidos ya inscritos y partidos nuevos. Se avanzó en establecer paridad y alternancia de género en las listas de candidatos al parlamento, pero mediante una disposición transitoria, se mantiene el voto preferencial para las elecciones de 2021.
Así, el balance es muy ambiguo. Una manera de resumirlo sería decir que las elecciones de 2026 se acercan al modelo propuesto por la Comisión de Reforma Política, pero las de 2021 resultan siendo fruto de una transacción entre una aplicación parcial de las reformas con una serie de excepciones que dejan un resultado confuso y contradictorio. No debe perderse de vista que la reforma ha empezado, no debe terminar con esta legislatura.
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