La semana pasada comentaba que la Comisión de Constitución del Congreso de la República había realizado avances importantes en la aprobación de la reforma política; pero la semana que viene está programado el debate sobre la democracia interna en las organizaciones políticas, tema más complicado y controversial.
¿Qué propone el poder ejecutivo? Empecemos por el diagnóstico: tenemos organizaciones políticas que seleccionan candidatos mediante procesos opacos, que generan muchas controversias; es decir, la democracia interna no funciona. Al no funcionar, el voto preferencial se ha convertido en la manera en que los partidos definen qué candidatos entran al Congreso, apelando a la decisión ciudadana. Eso tiene un lado positivo, ya que compensa las carencias de la democracia interna; pero tiene varios lados negativos: establece una lucha fratricida al interior de la lista partidaria en medio de la elección general; desordena el proceso electoral; debilita la cohesión de la lista, que se expresa luego en la escasa cohesión de las bancadas congresales; abre la puerta al ingreso de financiamiento sin controles efectivos; entre otras cuestiones.
Por estas razones, se plantea tener un mecanismo democrático de selección de candidatos, organizado por los organismos electorales, sobre la base de un padrón público y escrutable de afiliados. Solo los afiliados podrían postular a los cargos de elección popular; y deben tener una afiliación de por lo menos un año. De lo que se trata es de fortalecer e incentivar las carreras políticas dentro de los partidos; además, los estatutos partidarios podrían normar mejor y con autonomía el proceso de presentación de precandidaturas, el control y el reporte de los gastos y actividades de campaña. Dado que ya hoy todos los ciudadanos decidimos qué candidatos de una lista partidaria ingresan al Congreso, entonces la votación para seleccionar candidatos deberá seguir siendo abierta como lo es ahora. Se ha expresado el temor de que los militantes de un partido podrían ir a votar por otro partido para incidir en su resultado: ese temor es infundado, porque la propuesta es que las elecciones sean simultáneas; además, se propone una barrera del 1.5% de los votos para mantener la inscripción, por lo que no tiene sentido quitarle votos a tu partido para regalárselos a otro.
Es bueno precisar que esta elección se parecería mucho a la elección general: iríamos a nuestro local de votación, a nuestra mesa, donde recibiríamos una cédula de votación, donde marcaríamos un símbolo y el número de nuestro candidato de preferencia. Se ha expresado también el temor de que se incurra el prácticas clientelísticas: acarreo de votantes, compra de votos. Por ello, la propuesta contempla que la votación siga siendo obligatoria.
Si se sigue esta lógica, se podría eliminar el voto preferencial y establecer una lista cerrada de candidatos de un partido al parlamento, evitando sus males y manteniendo la participación ciudadana en la selección de congresistas. Al cerrar la lista, se hace imperativo además establecer la paridad y alternancia de género. Hay que recordar que la cuota de género ya existe, y es del 30%. No se cumple de manera efectiva porque no se aplica el criterio de alternancia.
Finalmente, es cierto que estos son temas complejos y debatibles. Pero el norte de la discusión debe estar marcado por la necesidad de avanzar en la democratización de las organizaciones políticas, expresado en la aprobación por parte del Congreso de la cuestión de confianza del 5 de junio.
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