Reforma política: ¿dos de seis?

Artículo publicado en El Comercio, sábado 22 de junio de 2019

¿Cómo va el debate sobre la reforma política? En principio, tenemos hasta el 25 de julio, fecha del final de la legislatura ampliada, para aprobar seis proyectos de ley. De estos, dos ya han sido dictaminados favorablemente por la Comisión de Constitución; y en términos generales, podría decirse que sí se respeta su “esencia mínima irrenunciable”.

Creo que no es desdeñable lo avanzado. En medio de la persistencia de los conflictos políticos asociados a la idea, en un extremo, de que el presidente Vizcarra pretende cerrar sí o sí el Congreso, y que lo de la reforma es un mero pretexto; y del otro, de que con la mayoría fujimorista es imposible llegar a un acuerdo razonable, es destacable que la Comisión de Constitución haya aprobado esos dos dictámenes y se haya establecido una buena dinámica de trabajo, en medio de sus accidentes.

El primer dictamen se refiere a la propuesta de reforma del artículo 34 de la Constitución; el ejecutivo proponía impedir la postulación a cargos de elección popular a quienes tengan sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos con pena privativa de libertad. Importante como muestra de compromiso en la lucha contra la corrupción. El texto aprobado asume la exclusión de sentenciados en primera instancia por “delito doloso, de acuerdo con los términos establecidos en la ley”. Se aprobó, pero está pendiente precisar esos términos legales.

El segundo dictamen se refiere al proyecto que norma el proceso de inscripción y cancelación de las organizaciones políticas. Muy importante porque en la actualidad tenemos muchas, pero poco representantivas: 24 partidos inscritos, pero solo seis con representación parlamentaria; 181 movimientos regionales, pero solo 64 cuentan con un consejero regional. Se trata de facilitar el acceso y permitir la renovación de la representación, pero con requisitos exigentes para la permanencia en el sistema. El Presidente del Consejo de Ministros definió “la esencia de esta reforma” en eliminar el requisito de firmas de adherentes para inscribir un partido (actualmente más de 750,000 firmas), y sustituirlo por la presentación de un padrón de afiliados, de naturaleza pública, de alrededor de 14,000 miembros. Asimismo, el requisito de tener al menos el 1.5% de los votos en un proceso de elecciones internas abiertas.

Esta semana se aprobó la eliminación del requisito de las firmas, cosa que está muy bien; pero al mismo tiempo se elevaron los requisitos de inscripción: pasamos de los 14,000 de la propuesta del ejecutivo a más de 22,000 afiliados para los partidos nacionales; además, se mantiene y amplía el requisito de acreditar comités partidarios. No quedó claro si los partidos actualmente inscritos deben adecuarse a las nuevas exigencias, o si solo serían aplicables a los partidos nuevos. Y quedó pendiente el debate sobre las elecciones internas.

Si bien lo avanzado no es desdeñable, lo más complicado está por venir, el debate sobre las elecciones internas. Como he señalado antes, acá están relacionadas la propuesta de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que luego eliminen el voto preferencial, y que establezcan la paridad y alternancia de género. Lo escuchado hasta ahora no da pie para ser muy optimista, pero sería importante que el debate sobre estos temas no quede solo en la Comisión de Constitución, y que se involucren el ejecutivo y los voceros de las diferentes bancadas, para que se cumpla con el compromiso expresado en la confianza otorgada al Presidente del Consejo de Ministros el pasado 5 de junio y así evitar una nueva crisis política.