Esta semana tuve la oportunidad de fundamentar ante la Comisión de Constitución del Congreso el proyecto de ley que regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos.
Mi percepción es que el escollo principal que dificulta avanzar en la generación de un acuerdo político es la percepción, por parte de los representantes de la mayoría, de que el proyecto, por provenir del poder ejecutivo, buscaría avasallar al Congreso, y que solo sería un pretexto para forzar su disolución. Esa percepción impide analizar el proyecto en sí mismo, que en realidad lo que busca es fortalecer y legitimar a los partidos.
¿Hay margen para avanzar respecto a la situación actual y llegar a una reforma sustantiva? Por el debate en el que participé, podría haber un acuerdo en torno a que el proceso de selección de candidatos sea organizado por los organismos electorales, y no cada partido. De esa manera se evitarían muchas controversias y se contaría con una capacidad logística que es imposible para los partidos desarrollar individualmente. Si la ONPE organiza el proceso de selección de candidatos, entonces las elecciones deberían ser simultáneas, para ordenar el proceso. Avanzar en evitar los problemas de legitimidad de este proceso implicarían dejar atrás el proceso de designación de candidaturas mediante asambleas de delegados, e ir hacia un proceso más participativo.
Ahora, esas elecciones, ¿deberían ser cerradas solo a los afiliados o abiertas todos los ciudadanos? Cerrar el proceso de selección de candidatos sería un retroceso respecto a lo que tenemos hoy: cada cinco años, todos los ciudadanos, afiliados o no a un partido, decidimos qué candidatos de las listas partidarias ingresan al parlamento, mediante el voto preferencial. Cerrar ese proceso reforzaría la idea de que la “partidocracia”, o un número muy reducido de militantes, toma decisiones de espaldas a la ciudadanía. Por ello, es imperativo que esas elecciones sean, como es ahora, abiertas a la participación de todos. Una vez realizada esa selección, se puede cerrar la lista para la elección general. Es importante, para no reproducir los problemas que se observan hoy con el voto preferencial, aprobar también el proyecto de ley que regula el financiamiento de la actividad política; y los partidos deben normar el proceso de inscripción de precandidaturas, para así evitar la proliferación de liderazgos oportunistas.
La pregunta siguiente es si esas elecciones simultáneas y abiertas deben ser voluntarias u obligatorias para la ciudadanía. Deben ser obligatorias, dada la debilidad de las identidades partidarias, para evitar muy bajas tasas de participación, y la proliferación de prácticas clientelísticas. En este esquema, es importante también establecer una barrera electoral del 1.5% de los votos para mantener la inscripción y así depurar el sistema de partidos sin representación.
Ciertamente esto impone condiciones de competencia que justificarían mecanismos transitorios de adaptación. Una iniciativa interesante es la presentada por el Presidente de Consejo de Ministros, de destinar optativamente hasta un 20% de cupos para candidaturas de designación libre por parte de las autoridades partidarias, destinadas a invitados o militantes notables de sus organizaciones. Podría justificarse también permitirse alianzas entre partidos y movimientos regionales.
Es posible y necesario encontrar un espacio de acuerdo para avanzar en una reforma política que fortalezca la institucionalidad del país y evite una nueva crisis política.
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