Qué hacer con Pedro Chávarry

Artículo publicado en El Comercio, sábado 5 de enero de 2019

Nuevamente hemos vivido unos días de vértigo, que aún no terminan. Al momento de escribir estas líneas, Pedro Chávarry todavía estaba allí. Como a finales de 2017 con el indulto navideño al expresidente Fujimori, esta vez el Fiscal de la Nación en la víspera del año nuevo decidió remover a los fiscales Vela y Pérez del equipo especial del caso lava jato. En el cálculo de Chávarry debe haber contado la evaluación de tener mayoría a su favor en la Junta de Fiscales Supremos y también en el Congreso de la República, las dos entidades clave para mantenerse en el cargo. Y también que en medio de las festividades, la oposición terminaría por no cuajar. Tuvo que retroceder, en parte, por la indignación que generó su decisión, que en la práctica impedía la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y porque el presidente Vizcarra decidió una vez más jugársela por encabezar esa ola, dándole forma con el proyecto de ley que declara en emergencia al Ministerio Público. Pero retrocedió sobre todo porque en ese contexto uno de los Fiscales Supremos, Tomás Gálvez, cuestionó no tanto la separación de los fiscales en sí, sino la oportunidad de hacerlo, antes de la suscripción del acuerdo con Odebrecht; cuestión clave porque Vela y Pérez habían decidido apelar ante la Junta de Fiscales Supremos la decisión de Chávarry. Esto terminó además de persuadir a los reemplazantes de los destituídos, Almanza y Páucar, después de unas horas de duda, de no comprarse el pleito.

Así, la decisión de la destitución resultó inviable, y Chávarry tuvo que asumir el costo del retroceso. Pero esto no significa, al menos hasta ahora, que esté dispuesto a dejar de pelear por mantenerse en el cargo. Tiene con qué: la Junta de Fiscales Supremos puede cuestionarlo, pero no puede destituirlo, ya que la Constitución establece que su nombramiento tiene un periodo fijo de tres años. Luego, la mayoría en el Congreso tiene la posibilidad de seguir postergando la evaluación de las acusaciones Constitucionales que hay en su contra, y de cuestionar la constitucionalidad del proyecto de ley del ejecutivo. Esto a pesar del tweet de Keiko Fujimori llamando a apoyar esta iniciativa, pensando acaso más en no dar motivos para que se diga que usa su poder político para entorpecer la acción de la justicia, en la víspera de la decisión respecto a su recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva que padece. Que finalmente fue declarada infundada.

¿Cuáles son los caminos de salida? El propuesto por el poder ejecutivo tiene, a mi modesto entender, serios problemas de constitucionalidad: la Constitución protege la autonomía de la Fiscalía precisamente para evitar intromisiones del poder ejecutivo. Pensemos en la situación de un Fiscal honesto investigando a un gobierno corrupto: la Constitución busca defender claramente al primero del segundo. Aunque no estemos ante esa situación en este momento, las normas se hacen pensado en situaciones generales, no en coyunturas específicas. La salida de Chávarry pasa en realidad por acelerar la evaluación de las acusaciones por infracción a la Constitución y la destitución por parte del pleno del Congreso. Esto además asegura que éste deje de ser Fiscal Supremo, no solo Fiscal de la Nación. Paralelamente, acelerar la aprobación de la ley orgánica y la constitución de la Junta Nacional de Justicia, que es la permitirá llevar a cabo la reestructuración a fondo del Ministerio Público. Allí se verá en última instancia cuál es el juego del fujimorismo y en qué finalmente ha devenido después de este terremoto.