Artículo publicado en El Comercio, sábado 12 de enero de 2019
La semana pasada veíamos al Fiscal Chávarry aferrado contra viento y marea al cargo de Fiscal de la Nación amparado en el respaldo que parecía tener en la Junta de Fiscales Supremos y en la mayoría en el Congreso de la República. Es más, la controversia por la constitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para declarar en emergencia al Ministerio Público encontraba oposición en esta entidad, y empezaba a generar un espíritu de cuerpo que terminaba favoreciendo a Chávarry. ¿Por qué terminó renunciando? Es difícil decir, pero la decisión de suspender su colegiatura por parte del Consejo de Etica del Colegio de Abogados de Lima, y pedidos para que diera un “paso al costado” por parte de la bancada del APRA y de algunos miembros de Fuerza Popular, deben haberlo convencido de que su permanencia en el cargo era insostenible. Su aislamiento ante la opinión pública se convertía en un pasivo muy difícil de llevar para quienes antes lo sostenían. La misma presión pública permitió que Zoraida Avalos termine asumiendo la conducción del Ministerio Público, que en algún momento también pareció en riesgo.
Esa misma presión pública está asfixiando a muchos miembros de Fuerza Popular. ¿Por qué FP terminó siendo el último en deslindar con Chávarry, incluso después del pedido de Keiko Fujimori de apoyar el proyecto de declaratoria en emergencia del Ministerio Público, y de que el propio APRA decidió marcar distancia? En FP se enfrentan dinámicas en sentidos contrarios: ¿se privilegia la lógica de la defensa judicial de Keiko Fujimori? Este solo camino llevaba por caminos aparentemente contradictorios: apoyar a Chávarry para deshacerse de los fiscales Vela y Pérez, después apoyar la declaratoria en emergencia del Ministerio Público para no generar la imagen de estar obstruyendo la acción de la justicia (ante la inminencia de una decisión frente a la apelación contra la orden de prisión preventiva que padece Keiko), para luego, una vez perdida esta, volver al respaldo a Chávarry. En otro registro, ¿se sigue un camino defensivo ante la tesis de la mega conspiración antifujimorista? Suena delirante, pero algunos parecen convencidos de la tesis de la conspiración financiada por George Soros y por “los socios de Odebrecht”, que articularía a ONGs como IDL, al Grupo El Comerio y a sectores del gobierno. Desde esta óptica, no cabría hacer ninguna concesión a un enemigo que busca su destrucción; más bien, correspondía apoyar al Fiscal que afirmaba no temer enfrentarse a esos intereses.
Al mismo tiempo, está también una lógica puramente política: es decir, los políticos, se supone, buscan popularidad y continuar sus carreras políticas. La lógica judicial y conspiranoica atenta claramente contra ello. Daniel Salavarry ha sido muy consciente de esto, y ha aprovechado el instinto de supervivencia de muchos en FP, ya sea para darles motivo para saltar del barco e intentar una reconversión, como para evitar el debate de una moción de censura sin justificación o viabilidad. Seguiremos evaluando.
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