Maduro y Ortega

Artículo publicado en El Comercio, sábado 19 de enero de 2019

El no reconocimiento de Nicolás Maduro como Presidente por la OEA (19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia) y por el Grupo de Lima es la consecuencia lógica del no reconocimiento de los resultados de la elección no democrática realizada en mayo del año pasado.

Recordemos algunos antecedentes importantes: la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional (Congreso) en las elecciones de diciembre de 2015, y convocó a la realización de un referéndum para revocar al presidente Maduro, que esperaban permitiera un adelanto de la elección presidencial de 2018. La respuesta de éste fue bloquear el referéndum, postergar indefinidamente las elecciones regionales de 2016, y cercenar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia bajo su control. No convocó a elecciones en las que evaluaba que iba a perder, si no a otras en las que sabía que iba a ganar, bajo condiciones construidas para ese objetivo. La oposición se dividió ante el dilema de apelar a la movilización y a la caída del gobierno o participar e intentar ganar espacios incluso bajo esas condiciones. Maduro convocó entonces en julio de 2017 a elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente, en la que obtuvo el 100% de la representación, y al instalarse en agosto decidió asumir la función legislativa, “desapareciendo” en la práctica a la Asamblea Nacional. Luego convocó para octubre las postergadas elecciones regionales y para diciembre las elecciones municipales, en las que obtuvo sendos triunfos. Finalmente, adelantó para mayo de 2018 la elección presidencial prevista para diciembre; mediante diversas triquiñuelas impidió la postulación de los candidatos de oposición con alguna posibilidad de triunfo, y ganó con el 67.8% de los votos.

Las maniobras fueron tan descaradas que la mayoría de países desconoció esos resultados. El año pasado la crisis en Venezuela no hizo sino agravarse de manera dramática. Si en nuestro país no estamos satisfechos con un crecimiento económico cercano al 4% en 2018 y también proyectado para 2019, consideremos que esas cifras para Venezuela son -13 y -15%. Con todo, Maduro sigue controlando el poder: mantiene unidas a las Fuerzas Armadas y mediante un amplio sistema clientelístico mantiene el apoyo de una parte importante de la población, especialmente en sectores populares. La necesidad de encontrar una figura que encabece un proceso de negociación llevó al protagonismo de Juan Guaidó, presidente electo de la relegada Asamblea Nacional; puede tener legitimidad, pero no tiene poder.

Pero así como vivimos este drama en Venezuela, no debemos perder de vista a Nicaragua. Las masivas protestas de abril y mayo del año pasado fueron reprimidas de manera brutal, recurriendo al uso de fuerzas paramilitares. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los últimos ocho meses se han contabilizado 325 muertos en eventos de protesta. La reacción del gobierno de Ortega frente a las investigaciones y denuncias de organismos internacionales ha sido sacar expulsar del país a la CIDH y al grupo de expertos nombrado por la OEA que investigó los sucesos de abril y mayo, y que concluyó que “la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas (…) se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil (…) ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.