Los últimos días han estado signados por la difusión de audios que desnudan una compleja trama de intercambio de favores indebidos por parte de jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Todo esto permite entender el mecanismo que impide que mejore la administración de justicia en el país: muchos de quienes llegan a ser jueces y fiscales se mantienen y ascienden en sus carreras gracias a sus relaciones con los miembros del CNM, construyéndose un esquema de “intercambio de favores” que les permite a todos obtener diversos beneficios particulares. La abogada cajamarquina Mirtha Vásquez ha señalado a propósito cómo funciona el mecanismo de las “tribus judiciales”, que articula verticalmente al CNM, a jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados; incluso denuncia cómo en la fiscalía se le solicitaron alguna vez “favores sexuales” para acceder a algún puesto.
En mi columna de la semana pasada terminaba señalando cómo para el gobierno de Vizcarra, “sin partido, sin mayoría, sin aprobación ciudadana, frente a un fujimorismo descarrilado, su única base de sostenimiento será el respaldo que puedan suscitar (…) sus propuestas de reforma”. Haciendo de la necesidad virtud, el Presidente ha creado la Comisión de reforma del sistema de justicia. ¿Una comisión más? ¿Apenas doce días para hacer semejante trabajo? Ya el presidente Kuczynski formó la Comisión de Integridad, cuyas recomendaciones han sido implementadas solo a medias, incluso por el propio poder ejecutivo. Es más, una muestra de la precariedad del gobierno para liderar la reforma es la reciente renuncia del Ministro de Justicia, por sus vínculos con jueces sobre quienes hay fundadas sospechas de ser parte de los esquemas corruptos que se quieren erradicar. Además, el Presidente del Poder Judicial anunció la creación de otra iniciativa de reforma, invocando la autonomía del Poder Judicial; y en el Congreso de la República también diversas comisiones (Constitución, Fiscalización, Justicia…) ponen en marcha sus propios mecanismos para implementar sus propias decisiones. Y sectores de la prensa vinculados a la mayoría del Congreso denuncian que la reforma de la justicia sería en realidad una maniobra encubierta para debilitar al fujimorismo. En otras palabras, parece una misión imposible.
A pesar de todo, la Comisión tiene miembros de una calidad indiscutible. Y el Embajador Wagner ha empezado muy bien su trabajo, dando señales de que buscarán la implementación de medidas concretas y significativas, al mismo tiempo que procurarán construir consensos con el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. La única manera de lograr una dinámica que lleve a logros tangibles es elaborar una propuesta muy concreta, al mismo tiempo ambiciosa y realista, que apunte a desarmar las redes de corrupción, estableciendo mecanismos meritocráticos para el nombramiento de jueces y fiscales, y mecanismos de evaluación transparentes, abiertos y objetivos de desempeño. En tanto se haga evidente de que no hay ningún afán de politizar la reforma, es que sus recomendación tendrán la legitimidad que podrá movilizar a la opinión pública, y crear una presión para comprometer al conjunto de poderes y entidades del Estado. Se trata de construir una cruzada nacional por la justicia y contra la corrupción, de la que nadie, salvo los corruptos, puedan oponerse.
Aclaración: Quien escribe tiene el honor de ser miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario