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Artículo publicado en La República, domingo 22 de julio de 2018
Nuestro querido país, de crecimiento y acumulación con instituciones débiles y políticos precarios, con una ciudadanía con mayores expectativas y que siente una distancia sideral con la esfera oficial, nunca dejará de sorprendernos. Hace dos semanas en esta columna comentábamos los cien días del presidente Vizcarra, nos referíamos a su debilidad y lamentábamos su falta de iniciativa; desde entonces toda la atención está puesta en el sistema de administración de justicia. Han caído el presidente del Poder Judicial, todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministro de Justicia, un juez supremo, se declaró en emergencia la Corte Superior del Callao y su expresidente está en prisión preventiva. Todo al descubrirse una compleja y extensa red de corrupción e intercambio de favores, a los más altos niveles. Un verdadero terremoto. Como se sabe, este se produce como consecuencia no intencional de una investigación sobre una organización delictiva en el Callao, que resulta develando inesperadamente una trama mucho más compleja, y cuyos resultados terminan filtrándose a la prensa.
El impacto de los audios revela varias cosas: primero, una suerte de planificación y administración de la información que busca maximizar su impacto y desarmar a los implicados en actos indebidos o ilegales. Algún día, espero, sabremos sobre quiénes y porqué manejaron y filtraron esta información. Segundo, la reacción ciudadana ha sido muy fuerte: la secuencia de audios permitió encauzar la indignación ciudadana ante el sistema de justicia por su incapacidad, por decirlo de algún modo, para enfrentar casos de violación de menores de edad (primeros audios del juez Hinostroza). Una vez creada la ola, los demás audios tienen una naturaleza más política, y nos llevan a problemas de corrupción y tráfico de influencias, que probablemente no habrían tenido el mismo efecto si el escándalo no hubiera empezado por el tema de un juez que libera a condenados por violación a menores de edad. La ola de destituciones y renuncias es consecuencia de una fuerte marea proveniente de la opinión pública, de la presión del periodismo y de los medios de comunicación; complementada por la reacción de muy diversas organizaciones de la sociedad civil y por la movilización callejera (en ese orden).
¿Qué significa esto respecto a la administración de justicia? La imagen que queda es la de un sistema en donde se enfrentan fuerzas diversas que dominan espacios y cuotas de poder parciales: existen redes mafiosas, pero también actores que hacen bien su trabajo. Están los jueces Hinostroza y Ríos, pero también el juez Cerapio Roque, la fiscal Rocío Sánchez, el grupo “Constelación” de la policía. Lo mismo podría decirse de las lógicas más “políticas”: existen grupos a favor de la impunidad y otros que sí se la juegan porque avancen las investigaciones en curso. Además, no siempre los que quieren pueden, lo que complica más el panorama, porque pareciera que si no pueden es porque no quieren. Así se genera la confusión en la que los diferentes sectores políticos se sienten al mismo tiempo amenazados por un sistema de justicia percibido como parcializado, cuando al mismo tiempo tienen importante influencia sobre otras áreas.
Permítanme terminar con una nota personal. Después de casi ¡diez años! de escribir sin falta semana a semana en las páginas de este diario, llegó el momento de despedirse. Agradezco mucho a La República y a los lectores por haberme permitido contribuir con mi grano de arena a ensanchar los márgenes de la discusión pública en nuestro país.
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