En nuestro ordenamiento constitucional, se busca cierto equilibrio entre la autonomía con la que deben contar tanto los representantes electos como otras autoridades, y la participación de la sociedad civil. Parece una buena idea: los políticos, jueces y fiscales tienden a desarrollar lógicas corporativas, elitistas y excluyentes que buscan ser contrarrestadas con diferentes mecanismos de control y participación ciudadana. Así por ejemplo, creamos instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde cinco de sus siete miembros provienen de la sociedad civil (colegios de abogados, otros colegios profesionales, rectores de universidades privadas y públicas).
Pero así como los políticos y corporaciones como la que componen jueces y fiscales pueden desarrollar lógicas cerradas y excluyentes, también la sociedad civil. Los espacios participativos pueden ser capturados por minorías activas, por grupos mafiosos, por élites locales. Los debates recientes sobre la aplicación de la nueva ley universitaria han puesto de manifiesto que muchos rectores de universidades públicas y privadas están muy lejos de representar los intereses ciudadanos y de velar por la defensa de los intereses generales de sociedad. En el mismo sentido, los colegios profesionales no siempre representan a los egresados y graduados de las universidades, y están muy lejos de velar por el cumplimiento de altos estándares éticos, académicos y profesionales. Es más, se percibe que algunas de esas instancias han sido capturadas por minorías bien organizadas que buscan llegar al CNM porque la perciben como fuente de enriquecimiento mediante prácticas corruptas. Afortunadamente, es también la presión de otras instancias de la sociedad civil la que ha permitido contener algunas de sus muestras más escandalosas.
Pero más allá de pedir la renuncia de los actuales miembros del CNM, acaso corresponda repensar la manera en que se les elige. Y no parece ser suficiente pedir elecciones directas, universales y secretas de los representantes de los colegios profesionales. Si los colegios no funcionan bien, ¿tiene sentido insistir en su protagonismo? ¿Y en el de los rectores de las universidades?
Recientemente, la Asociación Civil Transparencia, de la que formo parte, ha sometido al debate una reforma del CNM, basada en la idea de que su conformación debería basarse en instituciones que han demostrado mejores estándares de desempeño: así, se propone una conformación donde se mantiene la presencia de un miembro designado por la Corte Suprema, pero los otros serían designados por el Tribunal Constitucional, por la Defensoría del Pueblo, por el Banco Central de Reserva, y tres miembros seleccionados en concurso público organizado por el JNE con el soporte organizativo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Por supuesto que es una propuesta perfectible, lo importante es abrir un debate más sustantivo sobre las reformas necesarias para mejorar el acceso a la justicia en el país.
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