La Asociación Civil Transparencia, de la que tengo el honor de ser parte, acaba de aprobar un conjunto de propuestas de reforma institucional para el fortalecimiento democrático, que serán presentadas al país próximamente.
Se trata de un propuesta que busca ser ambiciosa e integral, en el sentido de que aspira a cambios que, implementados en conjunto, podrían marcar el inicio de un cambio de dinámica en el funcionamiento del sistema político. Pero al mismo tiempo, que parte de un realismo elemental: se trata de reformas capaces de generar consenso y que tengan un mínimo de viabilidad. En esta línea, recoge y se apoya en iniciativas presentadas anteriormente por diversas instituciones y analistas políticos, dentro de las cuales destaca la importante propuesta de reforma política presentada por el JNE, la ONPE y el RENIEC, actualmente en debate en el Congreso. Como sabemos, esta se ha centrado en establecer la democracia interna en los partidos, la eliminación del voto preferencial, la implementación del financiamiento público a los partidos y la exclusión de candidatos que hayan sido sentenciados por la comisión de delitos dolosos.
En el corto plazo, Transparencia propone tres medidas que complementan las mencionadas: la primera es cambiar la fecha de elección del Congreso, para que coincida con la segunda vuelta de la elección presidencial. Esta reforma busca que los electores elijan el Congreso sabiendo la distribución de las preferencias presidenciales de primera vuelta, para permitir a quienes así lo deseen hacer un uso “estratégico” de su voto: esto podría tener cierto efecto reductor de la dispersión del voto en el Congreso, lo que ayudaría un poco a mejorar su funcionamiento.
Pero esta medida por sí sola no funcionaría, porque la experiencia muestra que las bancadas congresales se fraccionan rápidamente; en gran medida, como consecuencia de que muchas listas congresales transportan partidos que están buscando superar la valla electoral del 5%. Por ello la segunda propuesta es elevar la valla para las alianzas, con 2.5 puntos porcentuales por cada partido adicional miembro de la misma. Así limitaríamos la existencia de partidos sin verdadera representación. Más adelante, esto debería complementarse con una reforma que fortalezca el funcionamiento de las bancadas dentro del Congreso.
Finalmente, urge regular el uso del dinero en la próxima campaña electoral, para limitar la acción de mafias y la acción indebida de grupos de interés. Por ello, proponemos ser mucho más exigentes con el control de gastos de campaña, especialmente los realizados en televisión y radio, que son los más significativos. Si los partidos no son capaces de rendir cuentas por los gastos realizados efectivamente, deberían tener sanciones drásticas, que deberían llegar hasta la pérdida de registro.
No creemos que estas medidas vayan a solucionar todos nuestros problemas, sí que pueden marcar un punto de inflexión respecto a la situación actual. Estamos a tiempo.
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