Según la Constitución, el Presidente “personifica a la nación”; pero también es el Jefe de Estado y dirige la política general del gobierno. Así que, de un lado, se le debe respeto y debe ser hasta cierto punto “intocable” (de allí que goce de inmunidad y que solo pueda ser acusado por causas muy específicas durante su mandato), pero del otro resulta estando en el centro de la contienda y pasiones políticas. En el juego gobierno – oposición puede haber una confrontación muy enconada, pero debe hallar su límite cuando pone en riesgo la estabilidad del régimen. Parecemos acercanos peligrosamente a esa orilla.
Juan Linz decía que en las democracias existían oposiciones leales, semileales y desleales, según su grado de adhesión al régimen político; hoy que el riesgo de un golpe de Estado se ha minimizado, Aníbal Pérez-Liñán señala que lo que está en juego es el enjuiciamiento político y la destitución de los presidentes por parte del Congreso. Podría decirse que hoy la deslealtad no busca un golpe sino la destitución del presidente sin bases sólidas, privilegiando ganancias de corto plazo; y la semilealtad, la más peligrosa según Linz, es la que le sigue el juego irresponsable y oportunistamente. En este escenario, intervienen varios actores: periodistas y medios de comunicación que levantan denuncias y crean escándalos asociados a casos de corrupción; fiscales y jueces que se hacen cargo de la investigación y sanción de las mismas; las mareas de la opinión pública y la capacidad de movilización callejera; y las correlaciones de fuerza en el Congreso. Cada uno con intereses propios, más allá de los estrictamente políticos: ganar notoriedad o prestigio, sintonía, popularidad.
Trazar la línea entre el imprescindible celo fiscalizador y el control a las autoridades y la denuncia escandalosa sin fundamento no siempre es fácil de hacer. Pero cuando se trata de la legitimidad y estabilidad del régimen en su conjunto, se impone la prudencia y la responsabilidad. Hablar de que se dispone de denuncias que “harían caer al gobierno”, “comparables a los vladivideos” y no ser capaz de mostrarlos resulta un exceso; deslizar sin mayor evidencia que la Presidencia de la República estaría involucrada en un homicidio porque pretende encubrir la comisión de otros delitos, por ejemplo, es cruzar una línea que expresa elocuentemente los excesos en los que se puede caer en busca de una “primicia” y la inmadurez y primitivismo de la acción de la oposición.
Será acaso por las dudas que dejan las denuncias que presentan periodistas y políticos, la escasez de evidencia contundente, lo difícil que resulta distinguir una denuncia relevante de otra sin fundamento, es que si bien existe una amplia desconfianza y malestar ciudadano, este no se expresa en una movilización social con demandas claras. Y en el Congreso, si bien la oposición se envalentona y la bancada gubernamental se fracciona, afortunadamente el escenario de una interrupción de mandato se ve lejano.
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