Comentaba la semana pasada que era una lástima que el presidente hubiera dejado pasar una gran oportunidad para hacer pedagogía política, recuperar algo de perfil, y distanciarse de sectores hiper-conservadores, a propósito de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso “Cruz Sánchez y otros”. Partiendo de la sentencia, el gobierno podría haber dicho que:
- el Estado no solo tiene el derecho, sino el deber, de defender a la sociedad de las amenazas del terrorismo
- el uso de la violencia, del terror, como armas políticas son inaceptables dentro de una comunidad democrática
- el Plan de operaciones Nipón 96 (después conocido como “Chavín de Huántar”) es un ejemplo de respuesta estatal: una operación militar basada en la inteligencia, en una excelente preparación, que tenía como objetivo primordial rescatar con vida a los rehenes
- el país tiene una deuda con los Comandos (dicho sea de paso, ¿qué fue de los trabajadores mineros que construyeron los túneles?). Por extensión, con todos los militares y policías que nos defendieron de la amenaza del terrorismo
- resulta también inaceptable para un Estado de derecho asesinar a un terrorista desarmado y controlado. Por extensión, torturar, violar, o agredir en cualquier forma a un detenido. Estos son delitos comunes: si los agentes del Estado cometen delitos, pues deben ser sancionados
- así como los acusados por delitos de corrupción tienen derecho a la defensa, también los acusados por terrorismo, más cuando se han violado sus derechos. Sus abogados pueden no caernos simpáticos, pero eso no afecta al derecho a la defensa.
Sobre estas bases, totalmente razonables, podría haberse construído un gran consenso nacional. El Estado debería poner más empeño en detener al prófugo Jesús Zamudio, precisamente para deslindar su actuación en el asesinato de Cruz Sánchez, de la actuación de los Comandos. Y debería asegurar cubrir las necesidades de estos, desde las legales hasta las médicas y sicológicas. Esto podría haber permitido al gobierno tomar distancia de sectores hiperconservadores que piden retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no distinguen las respuestas legítimas del Estado de las violaciones a los Derechos Humanos y de los delitos comunes, la cantaleta de que se está haciendo el juego al terrorismo. Línea trazada, además, por los propios procuradores del Estado César Azabache, Delia Muñoz o Luis Huerta. En vez de esto, se sigue el camino fácil de “ni un sol a los terrucos” o de emprenderla con las ONGs que representan a los familiares de los terroristas.
El gobierno del presidente Humala termina asumiendo posiciones más conservadoras que las que podría tener. Algo parecido podría decirse respecto a temas como la unión civil o el aborto en caso de violación. A estas alturas el gobierno no es capaz de reconocer las oportunidades para hacer política de manera más trascendente cuando se le aparecen.
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