¿Qué implica hacer ciencia política desde el sur y desde el norte?

Indice

Introducción
Eduardo Dargent y Martín Tanaka

Primera parte
Hacer investigación desde el sur y desde el norte

El estudio de las políticas de reforma del Estado en América Latina en perspectiva comparada con los países anglosajones, 1990-2014
Jessica Bensa

La medición de la volatilidad electoral en sistemas de partidos escasamente institucionalizados. Análisis del caso peruano
Jorge Aragón y José Luis Incio

Conocimiento denso y política comparada: un aporte desde el sur
Eduardo Dargent y Paula Muñoz

Segunda parte
Las condiciones del trabajo académico en el sur

Producción e impacto de la ciencia política en América Latina
Daniel Buquet

Who Sets the Intellectual Agenda? Foreign Funding and Social Science in Peru
Kelly Bay, Cecilia Perla y Richard Snyder

Tercera parte
El quehacer politológico en el norte y en el sur

The Present Opportunities for Latin American Political Science
Kurt Weyland

Migraciones intelectuales de sur a norte y de norte a sur
Ana María Bejarano

En off-side. Notas sobre la ciencia política contemporánea en América Latina
Juan Pablo Luna

Cuarta parte
La democracia y la ciencia política desde el sur y desde el norte

Olas y tornados: apuntes sobre el uso de la historia en el estudio de la democratización en América Latina
Alberto Vergara

De la crítica política a la ciencia política: notas hacia un balance
Martín Tanaka

Bicentenarios

Artículo publicado en La República, domingo 26 de julio de 2015

Cerca de un nuevo aniversario patrio, y entrando a la carrera que termina en las elecciones generales del próximo año, conviene preguntarse por la relación entre la próxima presidencia y la celebración del bicentenario de vida republicana en 2021.

El Bicentenario debería ser ocasión de celebración, pero también de reflexión sobre nuestra identidad, pasado, presente y futuro. Ocasión para fijarnos grandes metas colectivas que dejen atrás taras del pasado, y así cumplir “la promesa de la vida peruana” de la que habló Jorge Basadre. Los Estados en general, los gobiernos en particular, son los principales llamados a articular los esfuerzos a hacerse en esa dirección. Pero no siempre los hacen.

De hecho, la mayoría de los bicentenarios ya pasó en nuestros países, las celebraciones se concentraron en 2010. No necesariamente porque esos países se hayan “independizado mucho antes”, sino porque toman como referencia del inicio de sus vidas republicanas los primeros “gritos” de independencia, a diferencia del Perú. En esas celebraciones vimos un panorama muy variado. De un lado, hubo países en los que los gobiernos no tenían mayor interés en el asunto; por ejemplo, Alvaro Uribe en Colombia se presentaba a sí mismo como un “refundador” del país, que rechazaba a los partidos y a las instituciones “tradicionales”, por lo que no tenía ninguna narrativa histórica que proponer. Otros países sí tenían gobiernos con fuertes narrativas históricas e identitarias, pero en las que la constitución de la república no aparece como relevantes, como en la Bolivia de Evo Morales. La vida republicana aparece como parte de una historia de opresión de 500 años, por lo que no era motivo de celebración.

En otros países sí había e interés de utilizar el bicentenario para plantear un nuevo relato nacional, como en el México con Felipe Calderón, alternativo al relato tradicional del nacionalismo revolucionario priísta. Sin embargo, problemas de gestión, la crisis de inseguridad ciudadana desatada por la guerra del Estado contra el narcotráfico hicieron que las preocupaciones y urgencias del presente inmediato eclipsaran las provenientes del pasado. Donde sí hubo gran interés en celebrar el bicentenario, como un hito dentro de una historia de liberación y emancipación, que llevaba a una relectura del pasado y de las narrativas historiográficas más académicas, fue en Argentina, con Cristina Fernández. La hegemonía presente del peronismo buscó extenderse también hacia el pasado.

¿Y en nuestro país? Para hablar de los que aparecen hoy como candidatos principales, no parece que Keiko Fujimori tenga mayor interés en el bicentenario. Recordemos que su padre dijo en alguna ocasión que no admiraba a ningún personaje de nuestra historia. ¿Pedro Pablo Kuczynski? No parece. Quizá sí Alan García, quien maneja muchas ideas y nociones históricas, expresadas en libros y artículos, aunque no gozan de la simpatía del gremio historiográfico y científico en general, y que augura posible conflictos.

Dos patas conversan

Artículo publicado en La República, domingo 19 de julio de 2015

Ambos nacidos alrededor de 1975, cuando caía el gobierno de Velasco y alcanzaba el poder Morales Bermúdez. El padre de uno era dirigente sindical de izquierda; el padre del otro, Ministro del Interior, cara visible del ala más dura y represiva de la dictadura. El primero participó en las protestas del paro nacional de 1977; el segundo implementó la ley que despidió a todos los líderes sindicales involucrados. La familia del primero quedó condenada a la pobreza, la del segundo era parte del círculo de poder más alto del país.

A inicios de la década de los años ochenta, los padres del primero ingresaron a Sendero Luminoso. El padre del segundo fue nombrado Ministro de Guerra del gobierno de Belaunde. Mientras los primeros eran parte de un movimiento que embosca y asesina policías y militares, el segundo dirige operaciones contrasubversivas (en una de ellas, cabe abatida la líder senderista Edith Lagos). Los primeros son parte de un movimiento que quiere inducir un genocidio, propiciando el involucramiento de las Fuerzas Armadas; el segundo piensa que los militares son “profesionales de la guerra preparados para matar”. El padre del primero es detenido y asesinado extrajudicialmente en el Frontón durante el gobierno de García; el padre del segundo aplaude la represión. La madre del primero es secuestrada y asesinada extrajudicialmente durante el gobierno de Fujimori; el padre del segundo, respecto a casos como este, comentaría, “bien muertos, mal matados”.

El primero de estos patas, de niño, ve pasar por su casa a senderistas, documentos clandestinos, hasta cartuchos de dinamita. El segundo torturadores y asesinos del ejército argentino. Ambos crecen con el temor de que los otros asesinen a sus padres, a sus familias, a ellos mismos; ambos ven a sus padres encarnando retorcidas ideas de integridad y justicia. Van creciendo, y se van distanciando de sus padres: el primero deviene en historiador, activista de derechos humanos. El segundo parece distanciarse más por razones generacionales que políticas, y deviene en periodista y escritor. Con el tiempo, ambos necesitan revisar sus historias, con honestidad brutal, con valentía, con sus inevitables limitaciones. El primero es José Carlos Agüero, su libro es Los rendidos. Sobre el don de perdonar (Lima, IEP, 2015), que ya comenté en esta columna. El otro es Renato Cisneros, quien escribió La distancia que nos separa (Lima, Planeta, 2015).

Hace unas semanas el primero fue entrevistado por el segundo, a propósito de la publicación del libro de aquél. De ese día Cisneros escribió que allí estaban “los hijos de hombres que fueron enemigos declarados, que desearon la muerte del otro sin conocerlo (…) tratando de urdir una conversación que a la generación anterior sencillamente le fue imposible tener”. No sé cuán concientes eran los dos de lo significativo de ese encuentro. Hablaron del libro, apenas de quiénes eran ellos. Pero ese tipo de conversación, abierta, honesta, es la que necesitamos como país.

Foto tomada de Letras en el Tiempo.

El Plan de operaciones Nipón 96 (2)

Artículo publicado en La República, domingo 12 de julio de 2015

Comentaba la semana pasada que era una lástima que el presidente hubiera dejado pasar una gran oportunidad para hacer pedagogía política, recuperar algo de perfil, y distanciarse de sectores hiper-conservadores, a propósito de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso “Cruz Sánchez y otros”. Partiendo de la sentencia, el gobierno podría haber dicho que:

- el Estado no solo tiene el derecho, sino el deber, de defender a la sociedad de las amenazas del terrorismo
- el uso de la violencia, del terror, como armas políticas son inaceptables dentro de una comunidad democrática
- el Plan de operaciones Nipón 96 (después conocido como “Chavín de Huántar”) es un ejemplo de respuesta estatal: una operación militar basada en la inteligencia, en una excelente preparación, que tenía como objetivo primordial rescatar con vida a los rehenes
- el país tiene una deuda con los Comandos (dicho sea de paso, ¿qué fue de los trabajadores mineros que construyeron los túneles?). Por extensión, con todos los militares y policías que nos defendieron de la amenaza del terrorismo
- resulta también inaceptable para un Estado de derecho asesinar a un terrorista desarmado y controlado. Por extensión, torturar, violar, o agredir en cualquier forma a un detenido. Estos son delitos comunes: si los agentes del Estado cometen delitos, pues deben ser sancionados
- así como los acusados por delitos de corrupción tienen derecho a la defensa, también los acusados por terrorismo, más cuando se han violado sus derechos. Sus abogados pueden no caernos simpáticos, pero eso no afecta al derecho a la defensa.

Sobre estas bases, totalmente razonables, podría haberse construído un gran consenso nacional. El Estado debería poner más empeño en detener al prófugo Jesús Zamudio, precisamente para deslindar su actuación en el asesinato de Cruz Sánchez, de la actuación de los Comandos. Y debería asegurar cubrir las necesidades de estos, desde las legales hasta las médicas y sicológicas. Esto podría haber permitido al gobierno tomar distancia de sectores hiperconservadores que piden retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no distinguen las respuestas legítimas del Estado de las violaciones a los Derechos Humanos y de los delitos comunes, la cantaleta de que se está haciendo el juego al terrorismo. Línea trazada, además, por los propios procuradores del Estado César Azabache, Delia Muñoz o Luis Huerta. En vez de esto, se sigue el camino fácil de “ni un sol a los terrucos” o de emprenderla con las ONGs que representan a los familiares de los terroristas.

El gobierno del presidente Humala termina asumiendo posiciones más conservadoras que las que podría tener. Algo parecido podría decirse respecto a temas como la unión civil o el aborto en caso de violación. A estas alturas el gobierno no es capaz de reconocer las oportunidades para hacer política de manera más trascendente cuando se le aparecen.

El Plan de operaciones Nipón 96

Artículo publicado en La República, domingo 5 de julio de 2015

Lástima que el presidente Humala haya dejado pasar una gran oportunidad para hacer pedagogía política, recuperar algo de perfil, y distanciarse de sectores hiper-conservadores, a propósito de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso “Cruz Sánchez y otros”.

Conviene recordar los hechos. Sumariamente, la sentencia de la Corte nos dice que el Estado usó legítimamente la fuerza militar el 22 de abril de 1997 para liberar a los rehenes secuestrados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) el 17 de diciembre de 1996 mediante el “Plan de operaciones Nipón 96”, conocido más tarde como “Chavín de Huántar”. La Corte se apoya en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para reconocer que el MRTA “contribuyó a la violación de derechos fundamentales de los peruanos y las peruanas”, mediante actos como “la toma de rehenes y los secuestros con fines políticos y/o económicos”.

El problema viene porque en diciembre de 2000 el exrehén Hidetaka Ogura declaró haber visto vivos a tres miembros del MRTA después del operativo, que después aparecieron muertos. En 2002 la Fiscalía abrió proceso penal contra Nicolás Hermoza, Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán y Jesús Zamudio, pero también a los Comandos; el Procurador del Ministerio de Defensa acusó también a los Comandos. La Corte Suprema dirimió la contienda de competencia a favor del fuero militar en relación a los Comandos, y continuó en el fuero civil la acusación contra Hermoza, Montesinos y los agentes del Servicio de Inteligencia. En 2003 la justicia militar señaló que no habían pruebas que vinculen a los Comandos con los delitos; y en 2012 la Corte Superior absolvió a los citados del delito de autoría mediata, salvo al prófugo Zamudio.

Familiares de los emerretistas Cruz Sánchez, Herma Meléndez y Víctor Peceros llevaron el caso a la Corte Interamericana. La sentencia señala claramente que no está en cuestión la operación de rescate ni la acción de los Comandos, sino hechos posteriores a su intervención. La sentencia respalda lo señalado por la justicia peruana, que Cruz Sánchez fue muerto después de la operación. No solo está el testimonio de Ogura, también el de los dos policías (Robles y Arteaga) que lo detuvieron cuando intentaba escapar simulando ser rehén, registraron y entregaron a un militar no identificado. Su cadáver muestra solo dos heridas de bala (cuello y abdomen), patrón muy diferente al del resto de fallecidos. Estos datos son clave, porque marcan la diferencia respecto a los casos de Meléndez y Peceros; el testimonio de Ogura no encuentra corroboración en otros, y la ubicación de sus cadáveres y las heridas de bala recibidas (14 y 9, respectivamente) sugieren que ellas fueron recibidas por un fuego cruzado de múltiples armas, es decir, fallecieron en combate.

Al final, la Corte ordena esclarecer las responsabilidades en la muerte de Cruz Sánchez, para lo cual lo primero es ubicar al prófugo Jesús Zamudio. Seguiré con el tema.

“La plata llega sola”

Artículo publicado en La República, domingo 28 de junio de 2015

Hay muchas modalidades de corrupción, cada cual tiene su dinámica, y por lo tanto formas diferenciadas de prevenirla, combatirla y sancionarla.

Lo más descarado es apropiarse directamente de dinero público. César Alvarez y Martín Belaunde Lossio por ejemplo son acusados, el primero, por haber usado dinero de la región para que la línea editorial de los medios de comunicación asociados al segundo tuvieran una cobertura favorable a aquel. Para la ciudadanía es evidente y escandaloso que ese dinero podría haberse usado a su favor, no a favor de los intereses mafiosos del Gobernador de la Región.

Pero proliferan en los últimos años, de presupuestos más abultados, formas más sutiles. Por ejemplo, cobrar una “comisión” para favorecer a privados a través del gasto o contratación estatal. Cuando estos pagos inflan los costos resulta evidente que se está perdiendo dinero público, pero ello no necesariamente ocurre; el privado puede asumir esos costos y reducir su margen de ganancia, a cambio de tener una relación “privilegiada” con el poder. Aparentemente, “nadie” resulta perjudicado: no se tocan dineros públicos, las obras se contratan y los servicios se proveen. Se pierde eficiencia, se perjudica el clima de negocios, conceptos abstractos y más difíciles de aprehender por los ciudadanos.

Este tipo de corrupción suele desbaratarse por el uso posterior del dinero. Para mantener esos flujos, César Alvarez se propuso perpetuarse en el poder, para lo cual habría financiado una extensa red criminal, que habría llegado hasta el asesinato de opositores. El alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, habría empezado a invertir el dinero apropiado en la compra de diversas propiedades, y su pareja en diferentes formas de consumo suntuario.

Pero hay formas más “discretas” de usar el dinero; por ejemplo, financiar la actividad política. Y una vez que el dinero permite construir alternativas políticas viables, “la plata llega sola”, y diversos intereses privados “aportan” para tener “buenas relaciones” con la elite política. Una vez en el poder, hay muchas formas para retribuir esa “buena voluntad”: pequeños ajustes en los términos de la convocatoria de un concurso o licitación, por ejemplo. Ese “intercambio de favores”, es una forma de corrupción, va en contra de la equidad, de la libre competencia y de la transparencia, y nuevamente, es difícil de detectar en tanto no implica apropiación directa de fondos públicos. Esta práctica podría ser denunciada por empresas perjudicadas, pero en ocasiones las empresas se cartelizan (actúan concertadamente) y en otras evalúan que no es conveniente enemistarse con el Estado.

En Brasil los alcances de estas prácticas están empezando a conocerse en toda su magnitud, y sin duda tendrán grandes repercusiones sobre nuestro país. ODEBRECHT, Camargo y Correa, OAS y Queiroz Galvao han tenido relación con los tres últimos gobiernos nacionales, y varios gobiernos regionales y alcaldías provinciales, que cruzan todo el espectro político.