No debería pasar desapercibido el hecho de que el hoy prófugo de la justicia Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, haya sido sentenciado a cinco años de cárcel efectiva por delitos contra la administración pública. Ya antes había sido sentenciado a dos años de pena privativa de libertad suspendida, y tiene además varios otros procesos judiciales en curso. En todos los casos se trata de adquisiciones que evadieron irregularmente procesos de licitación, así como de gastos, inversiones o concursos que favorecieron indebidamente a postores o proveedores. Oscorima apareció en Ayacucho como un empresario próspero “surgido desde abajo”, con un capital amasado en el negocio de salas de tragamonedas e inversiones inmobiliarias. A pesar de las denuncias periodísticas y sospechas de que se trataría de una fortuna mal habida (lavado de activos) y de la implementación de estrategias abiertamente clientelísticas en su campaña electoral (llegó a regalar dinero en efectivo y otros bienes en sus actividades proselitistas) llegó a ser elegido presidente regional en 2010 bajo las banderas de Alianza para el Progreso. A pesar de los problemas que tuvo su gestión y de la existencia de serias denuncias de malos manejos y corrupción, fue reelegido en 2014, esta vez con un movimiento ad-hoc, la alianza Renace Ayacucho.
En 2010 comentábamos sobre la creciente intervención de empresarios sin mayores antecedentes políticos en la política regional, surgidos en el marco del ciclo de crecimiento económico iniciado en 2003 en el país, ocurrido en un contexto de extrema debilidad de los partidos políticos. Y nos preguntábamos sobre las posibilidades de éxito y perspectivas de estos personajes: Oscorima en Ayacucho, Picón en Huánuco, Vizcarra en Moquegua, Vásquez en Loreto, entre otros (al respecto, véase el importante trabajo de Mauricio Zavaleta, Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral -Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2014-). Viendo el no muy feliz destino de Oscorima, Picón y Vásquez, y el mejor posicionamiento actual de Vizcarra (aunque no intentó reelegirse en 2014), pareciera que el traslado de prácticas empresariales a la gestión pública termina mal cuando traslada también prácticas “informales” de hacer negocios, por así decirlo. De otro lado, los casos de Vizcarra, o los de Atkins y Hilbeck en Piura, o de Cillóniz en Ica, si bien no están manchados por escándalos de corrupción, sí enfrentan los límites de formas “tecnocráticas” de acción política.
Finalmente, me parece importante resaltar la importancia del Consejo Regional como espacio de fiscalización de la gestión regional, junto a otros órganos de control, como la Contraloría y la Fiscalía. En la elección de 2014 Oscorima obtuvo apenas cuatro de trece consejeros, que ejercieron sus cargos con mayores niveles de independencia. En general, el papel fiscalizador de los consejeros regionales, y también el de los regidores municipales debería ser fortalecido.
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