Artículo publicado en El Comercio, sábado 25 de mayo de 2019
Permítanme escribir este artículo como exmiembro de la Comisión Consultiva para la Reforma Política, pero a título personal. No sé si mis colegas compartan lo que a continuación expondré, aunque creo que sí.
En las últimas semanas hemos escuchado diferentes críticas a la propuesta de reforma presentada por el presidente Vizcarra, sobre la base de las recomendaciones de nuestra Comisión. En medio de ellas, y del clima de confrontación que vivimos, ¿es posible avanzar? Se ha dicho que se debe priorizar y negociar una agenda inmediata de reformas. ¿Cómo?
Propongo empezar por lo urgente, que requiere cambios constitucionales, en dos legislaturas, para que las modificaciones incidan sobre las elecciones generales del Bicentenario. De los cuatro proyectos que presentamos que implican cambios constitucionales, uno podría esperar un poco, el que extiende el mandato de gobernadores y alcaldes a cinco años. Pero uno que podría ser aprobado ya mismo es el que propone modificar el artículo 34 de la Constitución, para que no puedan postular a cargos de elección popular “quienes cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro años”. No he escuchado mayores críticas a esta propuesta.
El proyecto sobre la inmunidad parlamentaria ha generado mucho debate, pero un punto de acuerdo podría ser que, ante delitos cometidos antes de haber sido electos, el Congreso no tiene por qué pronunciarse en absoluto. Eso ya sería un gran avance. Y respecto a los delitos cometidos durante la función, hemos propuesto que sea la Corte Suprema la que levante la inmunidad; otros han propuesto que sea el TC. Mucho menos ambiciosa es la propuesta de dejar la decisión del levantamiento de la inmunidad en el Congreso, pero dando un plazo de 30 ó 60 días para emitir un pronunciamiento; pasado ese tiempo, la inmunidad se levantaría automáticamente. La primera propuesta me gusta más, la última es muy minimalista, pero igual sería un avance.
Luego está la Bicameralidad. Siendo pragmáticos, un punto de partida podría ser el proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso en octubre del año pasado, con 91 votos a favor; pero por supuesto corrigiendo las observaciones presentadas por el presidente Vizcarra, y que motivaron su rechazo en el referédum de diciembre. En particular, deberían eliminarse los cambios impuestos al funcionamiento de los pedidos de confianza y censuras ministeriales. Esto dejaría también de lado los cambios propuestos por la Comisión sobre ese mismo tema, pero contar con dos cámaras con funciones diferenciadas sería un gran avance respecto a la situación actual. Y sin reelección, por supuesto.
En cuanto a los demás proyectos de ley, dado el contexto de graves escándalos de corrupción asociados al financiamiento de las campañas electorales, resulta imprescindible ocuparse del proyecto que regula el uso del financiamiento público directo e indirecto, del financiamiento privado, que establece sanciones administrativas y políticas, y que incorpora al código penal el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Tampoco he escuchado mayores críticas a este proyecto.
Bien vistas las cosas, no hay obstáculos de fondo para aprobar este paquete inmediato de proyectos, que podrían dar una señal clara de compromiso contra la impunidad y la corrupción, y con una reforma política sustantiva. Basta tener la voluntad de hacerlo. Inmediatamente después podríamos discutir las propuestas que giran alrededor de la democratización de los partidos, también imprescindible.
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