Cuestión de confianza: escenarios

Artículo publicado en El Comercio, sábado 1 de junio de 2019 

En este y otros espacios he insistido sobre la necesidad de un diálogo entre los poderes del Estado y evitar lógicas de pura confrontación. Pero entiendo por qué el poder ejecutivo ha planteado la cuestión de confianza: la actitud de la mayoría en la Comisión Permanente respecto a la acusación constitucional contra los Fiscales Chávarry y Gálvez pone en cuestión la voluntad de ésta para procesar las propuestas de reforma política presentadas por el ejecutivo, que incluyen medidas a favor de la transparencia y la integridad.

No es una pura especulación. La propuesta referida al levantamiento de la inmunidad parlamentaria fue archivada; se ha dicho que el tema se retomará con una propuesta de cambio en el reglamento del Congreso, pero una lectura del proyecto presentado por Luz Salgado, Milagros Salazar y otros es muy decepcionante: mejora un poco los plazos según los cuales el Congreso debe resolver el tema, pero en este momento también existen plazos que no se cumplen; deja dentro de los márgenes del Congreso la decisión del levantamiento, y marca un retroceso al establecer que solo procede ante sentencias firmes.

Al mismo tiempo, ya existen en la Comisión de Constitución predictámenes sobre temas parte del “núcleo mínimo irrenunciable del paquete de reformas” que desdeñan las propuestas del ejecutivo. La reforma constitucional para impedir la postulación de sentenciados en primera instancia por delitos dolosos se cambia por “sentencia condenatoria firme”. En cuanto a democracia interna, otro predictamen mejora un poco la normativa actual, pero deja a los partidos definir la modalidad de sus elecciones internas. Respecto a los requisitos de inscripción y cancelación de organizaciones políticas, nuevamente, hay algunos ajustes positivos, pero se mantiene el requisito de las firmas de adherentes. Es decir, no se recoge la propuesta de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, ni la eliminación del voto preferencial, ni la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. Finalmente, existe un predictamente en líneas generales positivo referido al tema del financimiento de las organizaciones políticas, que sería el único punto de avance. En suma, al poder ejecutivo solo le quedaba ver con resignación cómo prácticamente todo aquello que ha definido como importante iba a ser descartado por el Congreso.

Con la presentación de la cuestión de confianza se abren algunos escenarios. Si es negada y se disuelve el Congreso, el ejecutivo podría aprobar vía decretos de urgencia una parte marginal de la reforma, promover el debate durante la breve campaña electoral de los temas sustantivos, y luego proponer que el nuevo Congreso apruebe la parte legal de la misma, que es muy sustantiva, y que incluye buena parte del “núcleo mínimo”: requisitos de inscripción y cancelación de organizaciones políticas, democracia interna, paridad y alternancia, eliminación del voto preferencial, normas de financiamiento.

El mejor escenario es que la confianza sea otorgada y se pueda gestar un acuerdo político que permita aprobar el “núcleo mínimo irrenunciable”; al que se le podría incluir el rescate de la propuesta de bicameralidad aprobada por el Congreso en octubre, pero corrigiendo los “contrabandos” de última hora, y otros elementos. El peor, caer en la triquiñuela de votar a favor de la confianza, y luego destrozar la propuesta de reforma, que también desnaturalizaría la esencia del pedido de confianza como mecanismo de defensa del ejecutivo y de desbloqueo de una situación de entrampamiento político.