Artículo publicado en El Comercio, sábado 15 de junio de 2019
En los próximos días entraremos al debate de la reforma política referida al fortalecimiento de las organizaciones políticas.
Se trata de un conjunto de medidas relacionadas unas con otras. El punto de partida es la inscripción: tenemos 24 partidos inscritos, pero solo seis con representación parlamentaria; y 181 movimientos regionales, pero apenas 64 cuentan con un consejero regional. Las firmas de adherentes, principal requisito de acceso, es excesivamente alto y se ha prestado para prácticas ilegales y clientelísticas. La propuesta es cambiar de dinámica: se deben acreditar militantes o afiliados, dando lugar a un padrón público, actualizado, de donde surja necesariamente la lista de candidatos a los diferentes cargos de elección. No es un asunto trivial, considerando que la manipulación del padrón es la causa fundamental de conflictos dentro de las organizaciones políticas.
Se ha dicho que el requisito de unos 14,000 afiliados para inscribir un partido, en vez de las 750,000 firmas de adherentes, multiplicaría excesivamente su número; no es cierto, primero, porque el padrón de afiliados definirá el universo de posibles candidatos de la organizacíón y el de votantes para la elección de sus autoridades, por lo que no podrá ser hecho a la ligera; y segundo, porque la propuesta contempla un proceso de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos, con una barrera del 1.5% del total de electores. La barrera no es alta, porque ya existe una barrera del 5% para entrar al Congreso que, si no pasas, pierdes la inscripción.
¿Cuál es la lógica de la propuesta? El punto de partida es el diagnóstico de que el voto preferencial es una de las más grandes causas de la precariedad de los partidos. Establece la competencia al interior, no entre los partidos, rompe la unidad programática, establece una lógica individualista que debilita la cohesión, que luego se traduce en la fragilidad de los grupos parlamentarios; y hace a la política muy vulnerable a la financiación de campañas con intereses oscuros. Con todo, los ciudadanos definimos con el voto qué candidatos ingresan al parlamento y quiénes quedan fuera; sería un retroceso quitarles ese poder. Por ello, se plantea que la selección de candidatos se realice mediante una elección abierta a todos los ciudadanos; y que el resultado de la misma defina el orden de una lista de candidatos cerrada, para así eliminar el voto preferencial. Si en cierto modo el voto preferencial es “trasladado” a la elección interna, ¿qué se gana? Pues una elección del Congreso más ordenada, centrada en las agendas parlamentarias de las listas, en vez de las ofertas individualistas que tenemos actualmente, y basadas en una selección de candidatos legitimada mediante el voto ciudadano.
La lista cerrada impone la paridad y alternacia de género. En la actualidad existe un cuota del 30%, que no es efectiva porque no contempla la alternancia, por lo que resulta fundamental. Se ha dicho que ello podría hacer que candidatas con menos votos puedan desplazar a candidatos con más votos; podría ocurrir, pero eso ya ocurre normalmente en nuestro sistema electoral. Tenemos una barrera del 5% de votos nacionales para entrar el Congreso, que hace que queden fuera candidatos de algunas regiones que obtuvieron más votos que otros que sí entraron. Tenemos un voto por lista que hace que candidatos con más votos preferenciales, dentro de una lista con menos votos, queden fuera de carrera. Se justifica hacer esto en nombre de promover la igualdad de género, tema fundamental para nuestro país.
