Artículo publicado en El Comercio, sábado 27 de abril de 2019
En los últimos días nuestra capacidad de asombro e indignación está sido puesta a prueba. Andamos desconcertados por la cantidad de acontecimientos y revelaciones, y paralizados por las preguntas y dudas que genera el huaico de información que recibimos (que literalmente trae barro, piedras, y demás), y la incertidumbre frente al futuro. Una reacción es concentrarse en la necesidad de que la acción de la justicia no se detenga y que sea implacable. Ciertamente hay mucho que mejorar, corregir, pero continuando con el ímpetu de la lucha contra la corrupción.
Con todo, este ímpetu no debe hacernos perder de vista que de lo que se trata no solo es de castigar a los culpables, sino de evitar que estos sucesos se repitan. Porque si bien la lógica penal pone el énfasis en las responsabilidades y acciones individuales, pensando en la sociedad y el Estado, debemos por el contrario entender que la magnitud y extensión de las prácticas corruptas, que involucran al conjunto de la elite política, cruzando partidos, ideologías, trayectorias, no responden a pulsiones individuales. Estamos ante un sistema político, una institucionalidad política, no solo altamente vulnerable a prácticas corruptas, sino que tiene una lógica de funcionamiento que en cierto modo incentiva estas prácticas. Si no queremos seguir asistiendo al lamentable espectáculo de estos días, la moraleja es que debemos emprender una profunda reforma institucional.
Las revelaciones de los últimos días son consecuencia de una actividad política en el que el alto costo de las campañas electorales hacen a los partidos altamente dependientes de aportes privados, y altamente vulnerables a la penetración de intereses ilegales o corruptores. Además, esto ocurre porque los partidos son altamente personalistas y oportunistas, en los cuales el manejo de las cuentas de campaña se realiza de manera prácticamente secreta por parte de un grupo reducido de leales a los líderes del partido. Al mismo tiempo, la capacidad de investigación, control y sanción de los organismos electorales es prácticamente nula. ¿Qué hacer? En la Comisión de Reforma Política (que tuve el honor de integrar) y en la propuesta de reforma política presentada recientemente por el poder ejecutivo existen propuestas específicas destinadas a enfrentar estos problemas: limitar la existencia de partidos cascarón, fortalecer a los partidos y la participación de sus afiliados mediante mecanismos democráticos, hacerlos responsables colectivamente del financiamiento de sus campañas, mejorar la asignación del financiamiento público directo, ampliar el indirecto durante los procesos electorales, otorgar a los organismos electorales capacidades efectivas de imponer sanciones administrativas y políticas, y establecer como delito el financiamiento ilícito de la actividad política, entre otros. Esperemos que el Congreso haga su parte para adecentar la política y evitar que estos escándalos se sigan repitiendo.
Otra dimensión en la que urge actuar concierne a las normas referentes a las decisiones de inversión pública, y a los procesos de contratación, licitación, adjudicación de obras públicas, y su posterior control. Adendas, arbitrajes, han sido también parte de esquemas de corrupción. ¿Cómo lograr eliminar la corrupción sin paralizar la obra pública? La Contraloría, y el Estado en general, los expertos en estos asuntos tienen mucho que aportar. Estamos también ante una gran oportunidad para que la nueva generación de líderes gremiales (CONFIEP, AFIN, Empresarios por la Integridad, entre otras), demuestren que pueden marcar una diferencia.
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