Maduro y Ortega

Artículo publicado en El Comercio, sábado 19 de enero de 2019

El no reconocimiento de Nicolás Maduro como Presidente por la OEA (19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia) y por el Grupo de Lima es la consecuencia lógica del no reconocimiento de los resultados de la elección no democrática realizada en mayo del año pasado.

Recordemos algunos antecedentes importantes: la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional (Congreso) en las elecciones de diciembre de 2015, y convocó a la realización de un referéndum para revocar al presidente Maduro, que esperaban permitiera un adelanto de la elección presidencial de 2018. La respuesta de éste fue bloquear el referéndum, postergar indefinidamente las elecciones regionales de 2016, y cercenar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia bajo su control. No convocó a elecciones en las que evaluaba que iba a perder, si no a otras en las que sabía que iba a ganar, bajo condiciones construidas para ese objetivo. La oposición se dividió ante el dilema de apelar a la movilización y a la caída del gobierno o participar e intentar ganar espacios incluso bajo esas condiciones. Maduro convocó entonces en julio de 2017 a elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente, en la que obtuvo el 100% de la representación, y al instalarse en agosto decidió asumir la función legislativa, “desapareciendo” en la práctica a la Asamblea Nacional. Luego convocó para octubre las postergadas elecciones regionales y para diciembre las elecciones municipales, en las que obtuvo sendos triunfos. Finalmente, adelantó para mayo de 2018 la elección presidencial prevista para diciembre; mediante diversas triquiñuelas impidió la postulación de los candidatos de oposición con alguna posibilidad de triunfo, y ganó con el 67.8% de los votos.

Las maniobras fueron tan descaradas que la mayoría de países desconoció esos resultados. El año pasado la crisis en Venezuela no hizo sino agravarse de manera dramática. Si en nuestro país no estamos satisfechos con un crecimiento económico cercano al 4% en 2018 y también proyectado para 2019, consideremos que esas cifras para Venezuela son -13 y -15%. Con todo, Maduro sigue controlando el poder: mantiene unidas a las Fuerzas Armadas y mediante un amplio sistema clientelístico mantiene el apoyo de una parte importante de la población, especialmente en sectores populares. La necesidad de encontrar una figura que encabece un proceso de negociación llevó al protagonismo de Juan Guaidó, presidente electo de la relegada Asamblea Nacional; puede tener legitimidad, pero no tiene poder.

Pero así como vivimos este drama en Venezuela, no debemos perder de vista a Nicaragua. Las masivas protestas de abril y mayo del año pasado fueron reprimidas de manera brutal, recurriendo al uso de fuerzas paramilitares. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los últimos ocho meses se han contabilizado 325 muertos en eventos de protesta. La reacción del gobierno de Ortega frente a las investigaciones y denuncias de organismos internacionales ha sido sacar expulsar del país a la CIDH y al grupo de expertos nombrado por la OEA que investigó los sucesos de abril y mayo, y que concluyó que “la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas (…) se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil (…) ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.

Chávarry y Fuerza Popular

Artículo publicado en El Comercio, sábado 12 de enero de 2019

La semana pasada veíamos al Fiscal Chávarry aferrado contra viento y marea al cargo de Fiscal de la Nación amparado en el respaldo que parecía tener en la Junta de Fiscales Supremos y en la mayoría en el Congreso de la República. Es más, la controversia por la constitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para declarar en emergencia al Ministerio Público encontraba oposición en esta entidad, y empezaba a generar un espíritu de cuerpo que terminaba favoreciendo a Chávarry. ¿Por qué terminó renunciando? Es difícil decir, pero la decisión de suspender su colegiatura por parte del Consejo de Etica del Colegio de Abogados de Lima, y pedidos para que diera un “paso al costado” por parte de la bancada del APRA y de algunos miembros de Fuerza Popular, deben haberlo convencido de que su permanencia en el cargo era insostenible. Su aislamiento ante la opinión pública se convertía en un pasivo muy difícil de llevar para quienes antes lo sostenían. La misma presión pública permitió que Zoraida Avalos termine asumiendo la conducción del Ministerio Público, que en algún momento también pareció en riesgo.

Esa misma presión pública está asfixiando a muchos miembros de Fuerza Popular. ¿Por qué FP terminó siendo el último en deslindar con Chávarry, incluso después del pedido de Keiko Fujimori de apoyar el proyecto de declaratoria en emergencia del Ministerio Público, y de que el propio APRA decidió marcar distancia? En FP se enfrentan dinámicas en sentidos contrarios: ¿se privilegia la lógica de la defensa judicial de Keiko Fujimori? Este solo camino llevaba por caminos aparentemente contradictorios: apoyar a Chávarry para deshacerse de los fiscales Vela y Pérez, después apoyar la declaratoria en emergencia del Ministerio Público para no generar la imagen de estar obstruyendo la acción de la justicia (ante la inminencia de una decisión frente a la apelación contra la orden de prisión preventiva que padece Keiko), para luego, una vez perdida esta, volver al respaldo a Chávarry. En otro registro, ¿se sigue un camino defensivo ante la tesis de la mega conspiración antifujimorista? Suena delirante, pero algunos parecen convencidos de la tesis de la conspiración financiada por George Soros y por “los socios de Odebrecht”, que articularía a ONGs como IDL, al Grupo El Comerio y a sectores del gobierno. Desde esta óptica, no cabría hacer ninguna concesión a un enemigo que busca su destrucción; más bien, correspondía apoyar al Fiscal que afirmaba no temer enfrentarse a esos intereses.

Al mismo tiempo, está también una lógica puramente política: es decir, los políticos, se supone, buscan popularidad y continuar sus carreras políticas. La lógica judicial y conspiranoica atenta claramente contra ello. Daniel Salavarry ha sido muy consciente de esto, y ha aprovechado el instinto de supervivencia de muchos en FP, ya sea para darles motivo para saltar del barco e intentar una reconversión, como para evitar el debate de una moción de censura sin justificación o viabilidad. Seguiremos evaluando.

Qué hacer con Pedro Chávarry

Artículo publicado en El Comercio, sábado 5 de enero de 2019

Nuevamente hemos vivido unos días de vértigo, que aún no terminan. Al momento de escribir estas líneas, Pedro Chávarry todavía estaba allí. Como a finales de 2017 con el indulto navideño al expresidente Fujimori, esta vez el Fiscal de la Nación en la víspera del año nuevo decidió remover a los fiscales Vela y Pérez del equipo especial del caso lava jato. En el cálculo de Chávarry debe haber contado la evaluación de tener mayoría a su favor en la Junta de Fiscales Supremos y también en el Congreso de la República, las dos entidades clave para mantenerse en el cargo. Y también que en medio de las festividades, la oposición terminaría por no cuajar. Tuvo que retroceder, en parte, por la indignación que generó su decisión, que en la práctica impedía la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y porque el presidente Vizcarra decidió una vez más jugársela por encabezar esa ola, dándole forma con el proyecto de ley que declara en emergencia al Ministerio Público. Pero retrocedió sobre todo porque en ese contexto uno de los Fiscales Supremos, Tomás Gálvez, cuestionó no tanto la separación de los fiscales en sí, sino la oportunidad de hacerlo, antes de la suscripción del acuerdo con Odebrecht; cuestión clave porque Vela y Pérez habían decidido apelar ante la Junta de Fiscales Supremos la decisión de Chávarry. Esto terminó además de persuadir a los reemplazantes de los destituídos, Almanza y Páucar, después de unas horas de duda, de no comprarse el pleito.

Así, la decisión de la destitución resultó inviable, y Chávarry tuvo que asumir el costo del retroceso. Pero esto no significa, al menos hasta ahora, que esté dispuesto a dejar de pelear por mantenerse en el cargo. Tiene con qué: la Junta de Fiscales Supremos puede cuestionarlo, pero no puede destituirlo, ya que la Constitución establece que su nombramiento tiene un periodo fijo de tres años. Luego, la mayoría en el Congreso tiene la posibilidad de seguir postergando la evaluación de las acusaciones Constitucionales que hay en su contra, y de cuestionar la constitucionalidad del proyecto de ley del ejecutivo. Esto a pesar del tweet de Keiko Fujimori llamando a apoyar esta iniciativa, pensando acaso más en no dar motivos para que se diga que usa su poder político para entorpecer la acción de la justicia, en la víspera de la decisión respecto a su recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva que padece. Que finalmente fue declarada infundada.

¿Cuáles son los caminos de salida? El propuesto por el poder ejecutivo tiene, a mi modesto entender, serios problemas de constitucionalidad: la Constitución protege la autonomía de la Fiscalía precisamente para evitar intromisiones del poder ejecutivo. Pensemos en la situación de un Fiscal honesto investigando a un gobierno corrupto: la Constitución busca defender claramente al primero del segundo. Aunque no estemos ante esa situación en este momento, las normas se hacen pensado en situaciones generales, no en coyunturas específicas. La salida de Chávarry pasa en realidad por acelerar la evaluación de las acusaciones por infracción a la Constitución y la destitución por parte del pleno del Congreso. Esto además asegura que éste deje de ser Fiscal Supremo, no solo Fiscal de la Nación. Paralelamente, acelerar la aprobación de la ley orgánica y la constitución de la Junta Nacional de Justicia, que es la permitirá llevar a cabo la reestructuración a fondo del Ministerio Público. Allí se verá en última instancia cuál es el juego del fujimorismo y en qué finalmente ha devenido después de este terremoto.