Artículo publicado en El Comercio, sábado 22 de diciembre de 2018
Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski vivimos un ambiente de crispación y enfrentamiento expresado en la pugna entre ejecutivo y legislativo, que movilizaba especialmente una suerte de clivaje alrededor del fujimorismo. Con el presidente Vizcarra las cosas parecieron calmarse un poco, a costa de la percepción de que éste habría estado un tanto “a merced” del fujimorismo, por carecer de una base propia de sustentación. Sin embargo, los “CNMaudios” y las revelaciones provenientes desde Brasil respecto al financiamiento de las campañas electorales pusieron al fujimorismo en jaque, y crearon la oportunidad para que el gobierno resulte teniendo un inusitado respaldo popular.
Fortalecido el gobierno, fragmentado el fujimorismo, con Keiko Fujimori en prisión preventiva, se podría haber esperado un tiempo de cierto apaciguamiento, la aparición de un espacio de concertación. De hecho lo primero ocurrió durante unas semanas, y aún ahora se anuncia el inicio de una rueda de diálogos y conversaciones entre las principales fuerzas políticas. El problema es que diversos frentes conspiran contra esa necesidad. El frente judicial contamina el frente político, y pareciera que la agenda de la mayoría congresal estuviera marcada por la necesidad de brindar protección a su lideresa, al margen de las consecuencias políticas de esas decisiones. De otro lado, la polarización que aún genera el fujimorismo contamina también decisiones que ameritarían mayor debate.
Un par de ejemplos. Todos como sociedad estamos o deberíamos estar de acuerdo con impulsar la lucha contra la corrupción, y respaldar el trabajo de los Fiscales a cargo de las investigaciones más importantes. Sin embargo, las pugnas al interior de la Fiscalía y las implicancias políticas de las decisiones fiscales y judiciales hacen que frente a ellas se tome partido según las preferencias políticas. Este es un asunto que debiera dar lugar a un gran acuerdo político: asegurar la autonomía de las investigaciones, fortalecer la lucha contra la impunidad, implantar una lógica de “caiga quien caiga” sin sesgos, al mismo tiempo respetando escrupulosamente el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. ¿Podría construirse una mayoría en torno a eso?
Otro ejemplo. Se ha generado una gran controversia sobre la formación de nuevas bancadas en el Congreso, resultantes de representantes que abandonan sus grupos parlamentarios originales por razones de conciencia. Tema delicado, porque en un extremo el transfuguismo y el oportunismo de algunos representantes constituye una burla a la voluntad popular expresada en las elecciones, y en el otro hay maniobras que buscan preservar una mayoría que ya no corresponde con la realidad política del Congreso, y de la sociedad. Hilar fino para distinguir la renuncia por razones de conciencia del puro oportunismo requiere una discusión y un acuerdo de cara a recuperar la confianza del Congreso ante la ciudadanía. Pero se sigue cayendo en el camino de la confrontación y en el cálculo político estrecho.
Terminamos el año, pero en realidad este se estirará hasta finales de enero, dada la ampliación de la actual legislatura. Esperemos que tras el breve receso de fiestas volvamos todos con los ánimos más sosegados. El éxito de la reforma del sistema de justicia y de muchos otros asuntos fundamentales para el país depende de ello. Los cambios en la composición política del Congreso abren oportunidades para todos que no debemos desaprovechar.
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