La iniciativa de Vizcarra

Artículo publicado en El Comercio, sábado 15 de diciembre de 2018 
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Los resultados del referéndum del 9 de diciembre arrojaron una contundente victoria para el gobierno del presidente Vizcarra, y una suerte de derrota del Congreso, en tanto éste perdió la iniciativa de las propuestas de reforma y resultó siendo víctima de la molestia ciudadana frente a los escándalos de corrupción, de un extendido sentimiento antipolítico. En los días previos, muchos nos preguntábamos, “y después del referéndum, qué?, y nos quedábamos sin respuesta. Pues el miércoles 12 el presidente Vizcarra demostró que no andaba de espaldas a las preguntas que muchos ciudadanos nos hacíamos. Anunció que tiene listo el proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y que lo remitirá pronto al Congreso; y que observaría la ley de financiamiento de partidos aprobada apresuradamente por el Congreso. Lo interesante es que esta vez la “pechada” al Congreso no está llevando a un nuevo episodio de confrontación, sino a una inusitada colaboración por parte de este. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, un día antes, ya había anunciado la convocatoria a una legislatura extraordinaria para ver esos temas. Días antes, había calificado de “nefasta” la ley de financiamiento ilícito de partidos, anunció que no firmaría la autógrafa, y que sometería a votación una reconsideración de la misma.

Salaverry pidió una licencia temporal a la bancada de Fuerza Popular en el mes de octubre, y está sacando mucho provecho de esa independencia. Mientras Fuerza Popular sigue con una conducta ya sea políticamente suicida o basada exclusivamente en procurar la mejor defensa judicial de Keiko Fujimori sin importarle nada más, Salaverry parece tener muy claro que el desprestigio del Congreso y de Fuerza Popular lo termina afectando directa y personalmente, lo que abre un espacio para una cooperación con el poder ejecutivo que no debe subestimarse. Hace unos días el presidente Vizcarra se juntó con varios de los integrantes de lo que en el futuro podría ser el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, en el que compartió la mesa con Salaverry, el presidente del Poder Judicial y el del Tribunal Constitucional, que son también responsables de la implementación de la Junta Nacional de Justicia. Además, el ejecutivo ha anunciado la conformación de una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que deberá presentar propuestas que terminarán en manos del Congreso.

El papel de Salaverry ha adquirido mayor importancia para el ejecutivo dadas las complicaciones de la relación entre el gobierno y la bancada oficialista, que se ha quejado públicamente de falta de comunicación con el ejecutivo. Pero no puede reemplazarla, por supuesto. Porque la agenda del ejecutivo tiene que ser, por definición, más amplia y requiere no solo viabilidad legislativa, también voceros y operadores de la misma. La relación con las nuevas autoridades regionales y municipales, la agenda de la Competitividad, la Reconstrucción con Cambios, los temas de salud, educación y seguridad, la lucha contra la anemia y la violencia de género, requieren de aliados en el Congreso y en la sociedad. El anunciado diálogo político podría abrir oportunidades también para coordinar estas acciones y darle contenido específico, para que no quede solamente en una foto.

Veremos qué pasa. Hasta el momento, sólo la reforma de la justicia tiene contornos claros. Pero al menos el gobierno parece consciente de las limitaciones que tiene que superar.