sábado, 29 de diciembre de 2018

2018 – 2019


(Ilustración: Víctor Aguilar/ El Comercio)

Artículo publicado en El Comercio, sábado 29 de diciembre de 2018

Revisar los acontecimientos de 2018 genera una sensación de vértigo. Iniciamos el año sabiendo que el presidente Kuczynski era extremadamente débil, pero que tenía algún margen para sobrevivir; hasta que los “mamaniaudios” terminaron de dejarlo en un aislamiento casi total. Luego, con el presidente Vizcarra, veíamos a un presidente aún más precario, con una fuerte tendencia descendente en sus niveles de aprobación ciudadana. Los “CNMaudios” abrieron una oportunidad que el gobierno aprovechó muy audazmente para aparecer encabezando la lucha contra la corrupción y la reformas de las instituciones políticas, lo que le da una apariencia de fortaleza en realidad muy circunstancial.

En el campo del fujimorismo, tuvimos también grandes convulsiones. Empezamos el año preguntándonos por los efectos que tendría el indulto al expresidente Fujimori; algunos pensaban que éste asumiría un liderazgo que opacaría al de Keiko, y que Kenji podría ser un nuevo referente político. Sin embargo, después de la caída de Kuczynski, lo peor parecía haber quedado atrás para Keiko: Alberto más preocupado por sus problemas de salud y por evitar la reversión del indulto, una FP “depurada” con la expulsión de Kenji, la renuncia de los avengers y el fracaso del proyecto de partido, Cambio 21; y un nuevo gobierno procurando no caer nuevamente en una dinámica de confrontación con el Congreso. Las cosas empezaron a cambiar con la inesperada iniciativa política del gobierno después de los CNMaudios, y con los avances en las investigaciones fiscales sobre lavado de activos, que cobraron fuerza después de la declaración de Jorge Barata de haber entregado un millón de dólares a la campaña fujimorista de 2011.

Empezamos el 2019 con una gran incertidumbre: las reformas de la administración de justicia y las iniciativas de lucha contra la corrupción, ¿llegarán a buen puerto? Dependerá del poder ejecutivo, pero también del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, que atraviesan una profunda crisis. Este año también vence el mandato de cinco de seis miembros del Tribunal Constitucional, institución clave. Además, está el justo reclamo de varios sectores en el sentido de que el gobierno debe gobernar: la reactivación de la economía, la lucha contra contra la inseguridad, la reconstrucción del norte, la continuación de la reforma de la educación, la reforma de la salud, entre muchos otros, no esperan. Me parece que la clave del 2019 está en aprovechar la pequeña ventana de oportunidad que se abrió con el llamado de Keiko Fujimori en octubre de contruir una agenda de “reencuentro nacional”, mediante un diálogo “sin condiciones”; y con el mensaje a la nación del Presidente Vizcarra del pasado 12 de diciembre, en el que anunció el inicio de una ronda de diálogos con los diferentes partidos, para dejar atrás “la etapa de enfrentamientos”. Difícil, no imposible.

Termino con un breve comentario personal: como se sabe, he tenido el honor de ser designado miembro de la Comisión Consultiva para la Reforma Política por el Presidente de la República; por ello, mientras dure ese encargo, no me referiré a los temas de la reforma. Solo diré que en la Comisión somos muy conscientes de que nuestra tarea es sumar iniciativas producidas por los actores políticos, por la academia, y por la sociedad civil; elaborar una agenda acotada y relevante de propuestas basadas en un diagnóstico bien fundamentado; y que la reforma solo será posible si es capaz de generar consensos amplios, si es capaz de lograr que los actores políticos representados en el Congreso la hagan propia.

viernes, 28 de diciembre de 2018

Un 2019 más tranquilo, por favor



Artículo publicado en El Comercio, sábado 22 de diciembre de 2018

Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski vivimos un ambiente de crispación y enfrentamiento expresado en la pugna entre ejecutivo y legislativo, que movilizaba especialmente una suerte de clivaje alrededor del fujimorismo. Con el presidente Vizcarra las cosas parecieron calmarse un poco, a costa de la percepción de que éste habría estado un tanto “a merced” del fujimorismo, por carecer de una base propia de sustentación. Sin embargo, los “CNMaudios” y las revelaciones provenientes desde Brasil respecto al financiamiento de las campañas electorales pusieron al fujimorismo en jaque, y crearon la oportunidad para que el gobierno resulte teniendo un inusitado respaldo popular.

Fortalecido el gobierno, fragmentado el fujimorismo, con Keiko Fujimori en prisión preventiva, se podría haber esperado un tiempo de cierto apaciguamiento, la aparición de un espacio de concertación. De hecho lo primero ocurrió durante unas semanas, y aún ahora se anuncia el inicio de una rueda de diálogos y conversaciones entre las principales fuerzas políticas. El problema es que diversos frentes conspiran contra esa necesidad. El frente judicial contamina el frente político, y pareciera que la agenda de la mayoría congresal estuviera marcada por la necesidad de brindar protección a su lideresa, al margen de las consecuencias políticas de esas decisiones. De otro lado, la polarización que aún genera el fujimorismo contamina también decisiones que ameritarían mayor debate.

Un par de ejemplos. Todos como sociedad estamos o deberíamos estar de acuerdo con impulsar la lucha contra la corrupción, y respaldar el trabajo de los Fiscales a cargo de las investigaciones más importantes. Sin embargo, las pugnas al interior de la Fiscalía y las implicancias políticas de las decisiones fiscales y judiciales hacen que frente a ellas se tome partido según las preferencias políticas. Este es un asunto que debiera dar lugar a un gran acuerdo político: asegurar la autonomía de las investigaciones, fortalecer la lucha contra la impunidad, implantar una lógica de “caiga quien caiga” sin sesgos, al mismo tiempo respetando escrupulosamente el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. ¿Podría construirse una mayoría en torno a eso?

Otro ejemplo. Se ha generado una gran controversia sobre la formación de nuevas bancadas en el Congreso, resultantes de representantes que abandonan sus grupos parlamentarios originales por razones de conciencia. Tema delicado, porque en un extremo el transfuguismo y el oportunismo de algunos representantes constituye una burla a la voluntad popular expresada en las elecciones, y en el otro hay maniobras que buscan preservar una mayoría que ya no corresponde con la realidad política del Congreso, y de la sociedad. Hilar fino para distinguir la renuncia por razones de conciencia del puro oportunismo requiere una discusión y un acuerdo de cara a recuperar la confianza del Congreso ante la ciudadanía. Pero se sigue cayendo en el camino de la confrontación y en el cálculo político estrecho.

Terminamos el año, pero en realidad este se estirará hasta finales de enero, dada la ampliación de la actual legislatura. Esperemos que tras el breve receso de fiestas volvamos todos con los ánimos más sosegados. El éxito de la reforma del sistema de justicia y de muchos otros asuntos fundamentales para el país depende de ello. Los cambios en la composición política del Congreso abren oportunidades para todos que no debemos desaprovechar.

domingo, 16 de diciembre de 2018

La iniciativa de Vizcarra


Artículo publicado en El Comercio, sábado 15 de diciembre de 2018 
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Los resultados del referéndum del 9 de diciembre arrojaron una contundente victoria para el gobierno del presidente Vizcarra, y una suerte de derrota del Congreso, en tanto éste perdió la iniciativa de las propuestas de reforma y resultó siendo víctima de la molestia ciudadana frente a los escándalos de corrupción, de un extendido sentimiento antipolítico. En los días previos, muchos nos preguntábamos, “y después del referéndum, qué?, y nos quedábamos sin respuesta. Pues el miércoles 12 el presidente Vizcarra demostró que no andaba de espaldas a las preguntas que muchos ciudadanos nos hacíamos. Anunció que tiene listo el proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y que lo remitirá pronto al Congreso; y que observaría la ley de financiamiento de partidos aprobada apresuradamente por el Congreso. Lo interesante es que esta vez la “pechada” al Congreso no está llevando a un nuevo episodio de confrontación, sino a una inusitada colaboración por parte de este. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, un día antes, ya había anunciado la convocatoria a una legislatura extraordinaria para ver esos temas. Días antes, había calificado de “nefasta” la ley de financiamiento ilícito de partidos, anunció que no firmaría la autógrafa, y que sometería a votación una reconsideración de la misma.

Salaverry pidió una licencia temporal a la bancada de Fuerza Popular en el mes de octubre, y está sacando mucho provecho de esa independencia. Mientras Fuerza Popular sigue con una conducta ya sea políticamente suicida o basada exclusivamente en procurar la mejor defensa judicial de Keiko Fujimori sin importarle nada más, Salaverry parece tener muy claro que el desprestigio del Congreso y de Fuerza Popular lo termina afectando directa y personalmente, lo que abre un espacio para una cooperación con el poder ejecutivo que no debe subestimarse. Hace unos días el presidente Vizcarra se juntó con varios de los integrantes de lo que en el futuro podría ser el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, en el que compartió la mesa con Salaverry, el presidente del Poder Judicial y el del Tribunal Constitucional, que son también responsables de la implementación de la Junta Nacional de Justicia. Además, el ejecutivo ha anunciado la conformación de una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que deberá presentar propuestas que terminarán en manos del Congreso.

El papel de Salaverry ha adquirido mayor importancia para el ejecutivo dadas las complicaciones de la relación entre el gobierno y la bancada oficialista, que se ha quejado públicamente de falta de comunicación con el ejecutivo. Pero no puede reemplazarla, por supuesto. Porque la agenda del ejecutivo tiene que ser, por definición, más amplia y requiere no solo viabilidad legislativa, también voceros y operadores de la misma. La relación con las nuevas autoridades regionales y municipales, la agenda de la Competitividad, la Reconstrucción con Cambios, los temas de salud, educación y seguridad, la lucha contra la anemia y la violencia de género, requieren de aliados en el Congreso y en la sociedad. El anunciado diálogo político podría abrir oportunidades también para coordinar estas acciones y darle contenido específico, para que no quede solamente en una foto.

Veremos qué pasa. Hasta el momento, sólo la reforma de la justicia tiene contornos claros. Pero al menos el gobierno parece consciente de las limitaciones que tiene que superar.

viernes, 14 de diciembre de 2018

Crispación, conspiraciones y ajenidad



Artículo publicado en El Comercio, sábado 8 de diciembre de 2018

Que el ambiente político en el Perú está crecientemente crispado parece una constatación obvia. Muestras de intolerancia por doquier, acusaciones cruzadas, indignaciones, desconfianza, proliferación de teorías conspirativas. “Nada es casual en política”, “en política no se puede ser ingenuo”, “piensa mal y acertarás”.

En medio de todo esto, conviene no perder la perspectiva, intentar entender lo que estamos viviendo, y cómo llegamos a esto. Para empezar, este clima es relativamente nuevo. Hasta no hace mucho, lo que nos llamaba la atención es cómo primaba la continuidad del modelo económico instaurado en la década de los años noventa, y la fortaleza del establishment para “poner en vereda” al Alan García que se movilizó en contra de la suscripción del TLC con los Estados Unidos en 2004 y que derrotó a la “candidata de los ricos”, Lourdes Flores, en la primera vuelta de las elecciones de 2006 (con quien luego formaría alianza en 2016); mucho más elocuente fue el abandono por parte de Ollanta Humala de la “gran transformación” de 2006 y luego de toda su coalición de izquierda despúes de los sucesos en Conga, a poco más de cuatro meses de haber llegado al gobierno en 2011. A lo largo de esos años, el fujimorismo pasó de ser marginal en 2001 a ser socio importante del gobierno de García en 2006, y luego protagonista de la segunda vuelta presidencial en 2011. El fujimorismo reaparecía de la mano de la continuidad y legitimación de las políticas orientadas al mercado, de allí que el candidato Pedro Pablo Kuczynski llamara entusiastamente a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de ese año. Es más, después de los resultados de las elecciones de 2016, sin un candidato crítico con el modelo económico en segunda vuelta, una pax neoliberal parecía asegurada. Hasta 2016, la conflictividad oponía a los críticos con el modelo económico con quienes apostaban por su continuidad, con un claro predominio de los segundos. Así vivió el país el “giro a la izquierda” que movió las aguas de todo el continente.

En realidad, la conflictividad reciente es consecuencia del quiebre de la coalición promodelo económico vigente desde la caída del fujimorismo; el propio fujimorismo se enfrascó en una confrontación muy destructiva con acaso la mejor personificación de la continuidad del modelo, Pedro Pablo Kuczynski. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos. De otro lado, la onda sísmica proveniente del terremoto de lava jato en Brasil puso en el centro de la agenda el problema de la corrupción; inesperadamente, quienes ocuparon el gobierno y quienes recibieron importantes fondos de campaña, los más fuertes en el pasado, pasaron a estar en el banquillo de los acusados, y quienes lograron montarse sobre la ola de indignación de la opinión pública aparecen fuertes ahora, aunque en realidad no cuenten con ninguna base de sustentación propia.

En este río revuelto, tenemos en realidad un sálvense quien pueda generalizado, pero algunos creen ver acciones cuidadosamente planificadas, coordinadas y desarrollan asombrosas teorías conspiracionales. Pero ni el gobierno ni las ONGs controlan el poder judicial o los medios de comunicación, ni los corruptos las tienen todas consigo. Estamos ante actores diversos con alineamientos cambiantes que se mueven en múltiples frentes. En medio de esto, no perder vista que crispación no implica en realidad polarización: no es que la sociedad esté alineada detrás de los actores en pugna. En realidad, la sociedad mira el espectáculo de este enfrentamiento con creciente distancia, ajenidad e irritación.

¿Presidente débil o fuerte?


Vuelvo a las columnas semanales, esta vez todos los sábados en la sección política del diario El Comercio. Agradezco la invitación de María Alejandra Campos.


Artículo publicado en El Comercio, sábado 1 de diciembre de 2018

A inicios de julio de este año, al cumplir el presidente Vizcarra cien días en el cargo, la percepción general era que se trataba de un gobierno precario y débil, En ese tiempo analizábamos las renuncias de los ministros de la Producción, Daniel Córdova, del ministro de Economía, David Tuesta, y poco tiempo después del ministro de Justicia, Salvador Heresi, así como la evidencia de graves contradicciones en el manejo de diversos temas. El gobierno aparecía sin liderazgo y sin rumbo. La encuesta de IPSOS mostraba una caída de 57 a 35 en el porcentaje de ciudadanos que aprobaba la gestión del presidente entre abril y julio. Algunos medios hablaban de una aprobación en “caída libre”. Con indulgencia decíamos que no cabía esperar mucho de un gobierno que tuvo que asumir inesperadamente las riendas del país en medio de una emergencia, la renuncia del presidente Kuczynski, justo cuando parecía que iba a superar la votación de una segunda moción de declaratoria de vacancia. Inesperadamente, el 28 de julio el gobierno retomó la iniciativa, levantando la bandera de la lucha contra la corrupción. Tuvo la intuición y habilidad de capitalizar la ola de indignación que generaron los “CNMaudios”, que le han permitido levantar su porcentaje de aprobación hasta 65 puntos. Cuatro meses después, hemos pasado de la “caída libre” a imaginar un presidente todopoderoso.

En realidad, creo que seguimos ante el mismo gobierno precario y débil de hace unos meses; detrás de la iniciativa expresada en el referéndum del 9 de diciembre, no hay ningún tema sectorial en el que destaque, como muestra la última encuesta del IEP. Es más, ni siquiera hay claridad de cuál es la estrategia o el plan del ejecutivo en los temas del referéndum para después de esa fecha. Buena parte de las iniciativas presentadas por la Comisión Consultiva para la Reforma de la Justicia están en la congeladora en el Congreso, y la búsqueda de acuerdos para establecer una agenda legislativa está postergada. Y se vienen cambios fundamentales por la renovación de la Presidencia del Poder Judicial y de varios miembros del Tribunal Constitucional (¿también en la Fiscalía de la Nación?), de los que depende que la Junta Nacional de Justicia llegue a buen puerto. Y en cuanto a la reforma política, en realidad solo llevar a la Constitución algunas disposiciones de la ley electoral referida al financiamiento de las organizaciones políticas es una avance; prohibir la reelección de congresistas es un error, y el propio gobierno llama ahora a votar en contra de la propuesta del bicameralismo que aprobó en el Congreso. En otras palabras, la agenda de la reforma política se ha perdido y distorsionado.

En realidad, la percepción de estar ante un gran poder presidencial es consecuencia de la coincidencia entre la retórica de Vizcarra en contra la corrupción y el activismo judicial de un puñado de fiscales y jueces, en casos de gran visibilidad pública. Pero ese activismo tiene una dinámica propia, que puede llevar a cometer excesos y errores, pero que también ha permitido avances. Es ese mismo activismo judicial el que con sus avances y errores ha llevado a Lula a prisión y llevará al juez Sérgio Moro al ministerio de Justicia con Jair Bolsonaro en Brasil.

Se habla de una supuesta falta de democracia en el país como consecuencia de fallos judiciales cuestionables. En realidad, lo que no es democrático es no aceptarlos, y renunciar al camino de impugnarlos por las vías que el mismo orden legal establece. Lo que vale para la Constitución o los resultados electorales vale también para los fallos judiciales.