Visto el Perú en el contexto internacional, llama la atención por qué en un país percibido como estable, y que ha tenido un razonablemente buen desempeño económico y político en los últimos años, tenemos tantos expresidentes en problemas. Fujimori preso, Toledo enfrentando un proceso de extradición, Humala en prisión preventiva, Kuczynski con impedimento de salida del país. ¿Somos un país particularmente corrupto? Según Transparencia Internacional, Perú aparece entre 2012 y 2017 con pequeñas variaciones con un puntaje de entre 38 y 35, obteniendo 37 en 2017, ubicándose en el puesto 96 de 181 países del mundo en cuanto a integridad. Dentro de América Latina Perú aparece como a media tabla, siendo los casos con más corrupción los de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y México.
Perú tampoco es el país más afectado por el pago de sobornos por parte de Odebrecht en los últimos años. Según confesión de directivos de esta empresa en los Estados Unidos, después de Brasil, se habría pagado, en orden de magnitudes, más en Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina y Ecuador. De esos países, solo en Brasil tenemos al expresidente Lula con una condena a doce años de prisión, quedando pendiente por resolverse un recurso de hábeas corpus interpuesto por su defensa; y en Ecuador el vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de prisión el diciembre pasado por haber recibido sobornos de Odebrecht.
Los países con más expresidentes acusados de corrupción junto a Perú son El Salvador y Guatemala. En el primer caso, el expresidente Francisco Flores (1999-2004) falleció cumpliendo arresto domiciliario mientras era enjuiciado en 2016; el expresidente Elías Saca (2004-2009) está en prisión preventiva desde 2016 enfrentando diversos juicios; y Mauricio Funes (2009-2014) se encuentra asilado en Nicaragua, y fue declardo culpable de enriquecimiento ilícito en noviembre del año pasado. Guatemala, por su lado, tiene el récord de nueve expresidentes investigados o encarcelados. El actual presidente, Jimmy Morales enfrenta acusaciones de financiación ilícita de su campaña electoral por parte del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) fue desaforado por el Congreso, tuvo que presentar su renuncia, y se encuentra actualmente procesado en prisión preventiva; Alvaro Colom (2008-2012) también está en prisión preventiva desde febrero de este año; Alfonso Portillo (2000-2004) fue extraditado a los Estados Unidos acusado de lavado de dinero, se declaró culpable y purgó una pena de prisión en ese país en 2014. El expresidente Alvaro Arzú (1996-2000) y alcalde de Guatemala desde 2004, reelecto en tres ocasiones, fue acusado el año pasado por la CICIG de utilizar fondos municipales con fines particulares.
El que haya tantos expresidentes con problemas en estos tres países y no tanto en otros sugiere pistas para entender por qué; primero, la extrema debilidad institucional y del sistema de partidos en Perú y Guatemala no debe ser casual (El Salvador, con sus particularidades, no está tan lejos). La política se puebla de aventureros y proliferan conductas oportunistas. Al mismo tiempo, la extrema volatilidad política hace a los expresidentes muy vulnerables a los ataques de sus opositores una vez que dejan el poder. Además, resulta clave también el activismo de entidades como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, el CICIG guatemalteco o el Sistema anticorrupción peruano, que con todas sus limitaciones, desarrollan sus investigaciones.
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