Para tener una convivencia civilizada, que permita resolver los conflictos sin violencia, convenimos en establecer algunas reglas, que nos dan un mínimo de orden y certidumbre, nos protegen de la tiranía del más fuerte. Esto vale para todo tipo de reglas, desde las más elementales y cotidianas, hasta las Constituciones de las repúblicas. No se trata de quedar atrapados por las reglas: la sociedad, las circunstancias cambian, y cuando las reglas nos estorban o nos resultan insuficientes, llega el momento de cambiarlas. Pero para hacerlo debemos también respetar ciertos procedimientos, para no caer, precisamente, en la arbitrariedad y la incertidumbre. Para que la vida en la sociedad, o en la comunidad política funcione, necesitamos reglas adecuadas, pero también ciudadanos y políticos sensatos que entiendan el sentido de las mismas, sepan cómo aplicarlas, cuándo cabe hacer excepciones, cuándo corresponde cambiarlas; pensando en el bien común y no en obtener beneficios particulares.
En estos días estamos viendo cómo nuestros políticos están torciendo, en ocasiones groseramente, el sentido de las normas constitucionales para obtener beneficios particulares, de muy corto plazo, que nos acercan peligrosamente a la tiranía de la mayoría. Se acaba de presentar, nuevamente, una moción para declarar la vacancia del presidente Kuczynski, por “permanente incapacidad moral”. En un régimen presidencial el mandato del presidente tiene un periodo fijo, y su interrupción solo corresponde en circunstancias muy excepcionales, y no debería darse simplemente porque el presidente pierde el control de sus relaciones con la oposición en el Congreso. Si la vacancia se da, ocurrirá simplemente porque los diferentes grupos de oposición tienen los votos necesarios, abriéndose la puerta peligrosamente a situaciones de arbitrariedad.
Venimos en América Latina de un ola de presidencias interrumpidas mediante destituciones de dudosa constitucionalidad orquestadas por los Congresos de sus países; justo es reconocer que muchas veces esto sucedió porque los presidentes perdieron el control de la situación política, con lo que las destituciones fueron percibidas más como una manera de resolver un impasse político antes que como una violación al orden constitucional, con lo que terminaron siendo avaladas por todos los actores relevantes. En nuestro país estamos a un paso de ello; todo depende de la aritmética congresal y de las señales que de el vicepresidente Vizcarra.
El problema es que se abren también las puertas de la arbitrariedad. Recientemente, por ejemplo, en Bolivia Evo Morales y el presidente hondureño Juan Hernández lograron, a pesar de que sus Constituciones lo prohiben expresamente, abrir el camino para postularse a la reelección, bajo el artificioso argumento de que limitar la reelección limita los derechos humanos de los presidentes. Argumento absurdo, pero si tienes los votos en el Congreso y controlas las cortes, lo puedes hacer.
El reciente cambio del Reglamento del Congreso sobre la moción de censura y la cuestión de confianza, pasando por alto todos los procedimientos, es expresión de un juego de cortísimo plazo para avanzar hacia la vacancia del presidente, sin que importe llevarse de encuentro en el camino una institución esencial del régimen político y del equilibrio de poderes establecido en la Constitución. Terrible que haya sido aprobada con 81 votos, lo que muestra que los intereses de corto plazo están por encima de las diferencias políticas. ¿El que puede, puede? Esperemos que este atropello sea evitado por el Tribunal Constitucional.
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