Hace 12 horas.
martes, 17 de abril de 2018
Entrevista en Cuadernos del CENDES
lunes, 2 de abril de 2018
La Ciencia Política sobre América Latina
Hace algunos meses apareció el libro editado por Flavia Freidenberg, La Ciencia Política sobre AméricaLatina. Docencia e investigación en perspectiva comparada. (Santo Domingo yCiudad de México, ed. FUNGLODE e Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2017), un muy importante volumen que da cuenta de diversos aspectos del desarrollo de la disciplina. En él encontrarán también un capítulo mío, “De la crítica política a la ciencia política: notas hacia un balance”, que es una versión ligeramente modificada del texto que publiqué también en el libro del que soy editor, junto a Eduardo Dargent, ¿Qué implica hacer ciencia política desde el sur y desde el norte? (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, 2015).
A continuación el índice:
Leonel Fernández
Prólogo
Flavia Freidenberg
Introducción: La Ciencia Política sobre América Latina: los desafíos de la docencia y la investigación en perspectiva comparada
I: La enseñanza de la Ciencia Política
Martín Lardone †
Nicolás Liendo
La Ciencia Política y su enseñanza en Argentina. Una evaluación de los planes de estudio
Mauricio Morales Quiroga
Alberto Espinoza Iturra
Las escuelas de Ciencia Política en Chile. Evolución, aranceles y mallas curriculares
Carmen Pérez Baralt
La enseñanza de la Ciencia Política en Venezuela: las licenciaturas
Enrique Gutiérrez Márquez
Karla Valverde Viesca
El proceso de institucionalización de la Ciencia Política a sesenta años de su desarrollo en México
Jean-Paul Vargas
Rigoberto González Badilla
Diferencias institucionales y retos profesionales de los politólogos en Centroamérica
Salvador Sánchez
David Bernal
Experiencias de docencia e investigación de la Ciencia Política en Panamá
Octavio Amorim Neto
Fabiano Santos
La Ciencia Política en el Brasil: el desafío de la expansión
Cecilia Rocha Carpiuc
La Ciencia Política en Uruguay: profesión, enseñanza e investigación
Stephanie Rodríguez
La Ciencia Política en la República Dominicana: desarrollo y retos actuales
II: La investigación politológica sobre América Latina
Aníbal Pérez Liñán
Temas de investigación y perspectivas de la Ciencia Política latinoamericanista en Estados Unidos
Flavia Freidenberg
La docencia y la investigación española en Ciencia Política sobre América Latina
Olivier Dabène
Los retos de la disciplina de la ciencia política latinoamericanista en Francia. Temas y enfoques
Peter Birle
La Ciencia Política latinoamericanista en Alemania
Marcus Buck
La Ciencia Política latinoamericanista en Noruega: temas y enfoques
Tomáš Došek
Karel Kouba
Pavlína Springerová
El doble reto de la Ciencia Política latinoamericanista en la República Checa
III: Sobre las publicaciones
Porfirio Cardona-Restrepo
Luis Guillermo Patiño Aristizábal
Patricia Muñoz Yi
La Ciencia Política colombiana en el contexto mundial y local: un análisis de dominio
Daniel Chasquetti
Una explicación sobre la supervivencia de la política comparada en la región
IV: Sobre la profesión y sus niveles de institucionalización
Pablo Alberto Bulcourf
Nelson Dionel Cardozo
La Ciencia Política en América Latina: un análisis comparado de su desarrollo
David Altman
Enseñando y entrenando: ¿dónde se genera conocimiento? Sobre la productividad e impacto de los departamentos de Ciencia Política en América Latina
Víctor Alarcón Olguín
La evaluación y promoción de las Ciencias Sociales en México. El caso de los politólogos y los administradores públicos
Andrés Malamud
Flavia Freidenberg
Politólogos en fuga: patrones divergentes de emigración y retorno en el Cono Sur
Martín Tanaka
De la crítica política a la Ciencia Política: notas hacia un balance
Presidents and Democracy in Latin America
Hace poco apareció este interesante libro, que contiene una contribución de este servidor, en coautoría con Jorge Morel, donde analizamos los casos de los expresidentes Alan García y Alberto Fujimori. Una ocasión para explorar el papel del liderazgo político para explicar el rumbo político de nuestros países.
En palabras de la colega Mariana Llanos, "Written by renowned specialists and country experts, Presidents and Democracy in Latin America appropriately acknowledges the equal importance of political institutions, governmental constructions, and leadership traits in shaping political processes and policy decisions in contemporary Latin America. The authors analyze three decades of unprecedented democratic continuity in the region, where established presidential institutions alternatively coexist with a great deal of political innovation and long-term traditions of strong personal rule. Presidents and Democracy in Latin America represents a groundbreaking contribution to the study of presidentialism in Latin America".
Presidents and Democracy in Latin America
Edited by Manuel Alcántara, Jean Blondel and Jean-Louis Thiébault
(NY, Routledge, 2018).
Table of Contents
Part 1: Presidentialism and Political Capital in Latin America
1. Politics in Latin America in the Past Third of a Century (1978-2015)
Manuel Alcántara
2. Presidential Leadership in Latin America
Jean-Louis Thiébault
3. The Character of the ‘Government’ in Latin American Presidential Republics
Jean Blondel
4. Political Career Trajectories and Social Backgrounds: Latin American Presidents in Comparative Perspective (1978-2015)
Manuel Alcántara, Mélany Barragán and Francisco Sánchez
Part 2: Personal Power and Institutional Constraints: Case Studies
5. Mexico. Zedillo and Calderón: The Challenges of Governing under Adversity
Marisol Reyes
6. Colombia. Political Leadership in a Turbulent Environment. César Gaviria and Álvaro Uribe Vélez Javier Duque
7. The singularity of Peruvian Politics and the Role of Presidential Leadership. The Cases of Alberto Fujimori and Alan García
Martín Tanaka and Jorge Morel
8. Presidential Leadership in a Robust Presidency: the Brazilian Case
Magna Inácio
9. Menem and Kirchner. The Two Faces of Peronism?
Mario D. Serrafero
10. The Presidential Government of Chile
Carlos Huneeus
11. Conclusion
¿Por qué tantos expresidentes?
Visto el Perú en el contexto internacional, llama la atención por qué en un país percibido como estable, y que ha tenido un razonablemente buen desempeño económico y político en los últimos años, tenemos tantos expresidentes en problemas. Fujimori preso, Toledo enfrentando un proceso de extradición, Humala en prisión preventiva, Kuczynski con impedimento de salida del país. ¿Somos un país particularmente corrupto? Según Transparencia Internacional, Perú aparece entre 2012 y 2017 con pequeñas variaciones con un puntaje de entre 38 y 35, obteniendo 37 en 2017, ubicándose en el puesto 96 de 181 países del mundo en cuanto a integridad. Dentro de América Latina Perú aparece como a media tabla, siendo los casos con más corrupción los de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y México.
Perú tampoco es el país más afectado por el pago de sobornos por parte de Odebrecht en los últimos años. Según confesión de directivos de esta empresa en los Estados Unidos, después de Brasil, se habría pagado, en orden de magnitudes, más en Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina y Ecuador. De esos países, solo en Brasil tenemos al expresidente Lula con una condena a doce años de prisión, quedando pendiente por resolverse un recurso de hábeas corpus interpuesto por su defensa; y en Ecuador el vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de prisión el diciembre pasado por haber recibido sobornos de Odebrecht.
Los países con más expresidentes acusados de corrupción junto a Perú son El Salvador y Guatemala. En el primer caso, el expresidente Francisco Flores (1999-2004) falleció cumpliendo arresto domiciliario mientras era enjuiciado en 2016; el expresidente Elías Saca (2004-2009) está en prisión preventiva desde 2016 enfrentando diversos juicios; y Mauricio Funes (2009-2014) se encuentra asilado en Nicaragua, y fue declardo culpable de enriquecimiento ilícito en noviembre del año pasado. Guatemala, por su lado, tiene el récord de nueve expresidentes investigados o encarcelados. El actual presidente, Jimmy Morales enfrenta acusaciones de financiación ilícita de su campaña electoral por parte del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) fue desaforado por el Congreso, tuvo que presentar su renuncia, y se encuentra actualmente procesado en prisión preventiva; Alvaro Colom (2008-2012) también está en prisión preventiva desde febrero de este año; Alfonso Portillo (2000-2004) fue extraditado a los Estados Unidos acusado de lavado de dinero, se declaró culpable y purgó una pena de prisión en ese país en 2014. El expresidente Alvaro Arzú (1996-2000) y alcalde de Guatemala desde 2004, reelecto en tres ocasiones, fue acusado el año pasado por la CICIG de utilizar fondos municipales con fines particulares.
El que haya tantos expresidentes con problemas en estos tres países y no tanto en otros sugiere pistas para entender por qué; primero, la extrema debilidad institucional y del sistema de partidos en Perú y Guatemala no debe ser casual (El Salvador, con sus particularidades, no está tan lejos). La política se puebla de aventureros y proliferan conductas oportunistas. Al mismo tiempo, la extrema volatilidad política hace a los expresidentes muy vulnerables a los ataques de sus opositores una vez que dejan el poder. Además, resulta clave también el activismo de entidades como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, el CICIG guatemalteco o el Sistema anticorrupción peruano, que con todas sus limitaciones, desarrollan sus investigaciones.
¿Por qué cayó PPK?
No hace mucho, llamaba la atención la constatación de una inédita, para nuestros parámetros, continuidad y estabilidad en el país. Desde la década de los años noventa en lo económico teníamos neoliberalismo, y en lo político orientaciones de centro derecha. En medio del “giro a la izquierda” latinoamericano, Perú eligió como presidentes a Alan García y a Ollanta Humala, pero la fortaleza del establishment se impuso y ninguno implementó políticas populistas o heterodoxas. Los resultados de las elecciones de 2016 podían ser leídos como una suerte de consolidación de ese orden. Hechas las sumas y las restas, al final el tecnopolítico Kuczynski, candidato “orgánico” de la elite empresarial asumía directamente el gobierno, y la mayoría fujimorista en el Congreso configuraba una amplia hegemonía de derecha. ¿Qué podría salir mal?
Para empezar, está la profunda mutación del fujimorismo, además ganador inesperado de una mayoría absoluta en el Congreso. De ser promotor de las reformas neoliberales en la década de los años noventa, y garante de la continuidad de ese legado durante los gobiernos de García y Humala, asumió con Kuczynski un rol de oposición que implicó involucionar hacia posiciones abiertamente populistas, arriar las banderas de las reformas de “segunda generación”, para defender intereses conservadores. Implementó un estilo agresivo de hacer oposición que implicó censuras a ministros clave, censura a un Consejo de Ministros en el que muchos de sus integrantes, en otras circunstancias, bien podrían haber sido parte de su gobierno, y que terminó con las dos mociones de declaratoria de vacancia del presidente.
Ahora bien, también es cierto que el presidente cayó porque, en ese contexto adverso, se aisló totalmente y al final no quedó prácticamente nadie dispuesto a defenderlo. Para empezar, como supuesto tecnopol fue una completa decepción. Malas decisiones económicas conspiraron contra el crecimiento, abrió una brecha entre tecnócratas y gerentes importados del sector privado, entre gobierno y empresarios. A lo postre se rompió el frente de derecha unido durante 25 años.
Luego está el manejo de las relaciones con la oposición, o las oposiciones. Intentó con Zavala, razonablemente, construir una relación mínimamente cooperativa con el fujimorismo, asumiendo grandes costos, pero al menos algunos objetivos propios estaban sobre el tablero. Pero con Aráoz las concesiones llevaron al inmovilismo y, lo que es peor, no tuvieron ningún resultado favorable. Diversos escándalos amplificados por los medios de comunicación llevaron a la presentación de las mociones de declaratoria de vacancia del presidente. El error garrafal fue creer que el indulto al expresidente Fujimori podría tener un efecto apaciguador y “reconciliador”. Todo lo contrario: exacerbó la furia en Fuerza Popular, se ganó la enemistad y el encono del antifujimorismo, que lo salvó de la primera moción de vacancia, y construyó una alianza informal con un aliado muy endeble, los disidentes encabezados por Kenji Fujimori. A la postre, lo que hizo que la renuncia del presidente fuera inevitable fue el afán de construir una alianza con sectores tan poco confiables.
No creo que ninguna de las múltiples denuncias y acusaciones lanzadas contra el expresidente expliquen su caída. Ninguna de ellas constituye de por sí un delito flagrante, o una falta inexcusable. Si aplicáramos el mismo estándar a los expresidentes Toledo, García o Humala, ninguno de ellos podría haber gobernado. Kuczynski cayó por haber tomado pésimas decisiones, que lo llevaron a la soledad absoluta.
¿Y después del jueves, qué?
No hay manera de saber cuál será el resultado de la votación de la moción de vacancia del presidente Kuczynski del jueves 22. La balanza parece ligeramente inclinada a favor de la sobrevivencia del presidente, pero estamos ante una moneda en el aire, prácticamente.
¿Por qué la oposición se ha lanzado a esta aventura de resultado incierto? Nuevo Perú quiere borrar la abstención de la votación de diciembre, que la hizo quedar muy mal después del indulto al expresidente Fujimori, y junto al Frente Amplio no quieren aparecer como cómplices de un gobierno “corrupto y neoliberal” y arriesgar ser rebasados por la banda izquierda. El fujimorismo no puede negar su actuación de diciembre, y espera recuperar la iniciativa, su imagen como luchadores contra la corrupción, dejar de estar en el bando de los acusados, afianzar a sus huestes después de las deserciones que ha sufrido. Otros calculan ganar más buscando buena ubicación frente a un hipotético gobierno de Vizcarra que aceptando las ofertas que lanza un gobierno con cada vez menor credibilidad.
El problema es que para la ciudadanía estamos ante una pura disputa de poder en las alturas de la política, jugada entre actores, todos ellos, manchados por acusaciones de corrupción, que intentan limpiarse acusando a otros de ser los verdaderos corruptos. De allí que la indignación y la molestia ciudadana no se exprese de manera visible: ella no logra ser canalizada por nadie, porque todos aparecen igualmente comprometidos.
Hay que reconocer que el presidente ha hecho méritos para llegar al entredicho en el que está atrapado. Aún parado en el cadalso en el que se discute su ejecución, es incapaz de dar explicaciones claras y convincentes respecto a su actuación pública. Al punto que incluso muchos que piensan que sería inconveniente para el país que se declare la vacancia del presidente Kuczynski la próxima semana, tampoco pueden imaginar cómo éste presidente podría ser capaz de gobernar hasta el 2021, llevando apenas poco más de un año y siete meses (me incluyo en ese grupo).
Y es que el drama de la situación actual es que estamos muy mal con la situación actual, pero tampoco es claro que con un cambio vayamos a estar algo mejor. Y que hemos quedado atrapados en una disputa puramente política, sin vínculo con los problemas del país y sus necesidades. En medio de la trifulca, las pocas iniciativas reformistas que intentó, mal que bien, implementar este gobierno se han perdido: ¿qué pasó con la reforma policial y del sector interior intentada por el ministro Basombrío? ¿Y la reforma educativa de los ministros Saavedra y Martens? ¿El acuerdo nacional por la justicia de la ministra Pérez Tello? ¿La reforma de la salud de la ministra García? ¿La reconstrucción con cambios liderada por De la Flor? En medio de los problemas, cuando menos se percibía cierta intención, la existencia de un rumbo. Ahora, prácticamente nada. Y la inercia de temas importantes heredados del gobierno anterior (política social, diversificación productiva, ley SERVIR) también parecen haber naufragado en el último año. Así que el saldo es depriment y la sensación es que país va al garete.
Desde este punto de vista, no interesa tanto lo que pase el jueves; podemos estar a la larga en las mismas con Kuczynski o con Vizcarra. Encerrados en una pura disputa de poder en las alturas, sin enfrentar los problemas que desvelan a los ciudadanos. Por ello, después del jueves urge gestar a quien esté a cargo del ejecutivo, al Congreso y a la sociedad civil un amplio acuerdo político que permita que el país deje la parálisis en que se encuentra.
El que puede, puede
Para tener una convivencia civilizada, que permita resolver los conflictos sin violencia, convenimos en establecer algunas reglas, que nos dan un mínimo de orden y certidumbre, nos protegen de la tiranía del más fuerte. Esto vale para todo tipo de reglas, desde las más elementales y cotidianas, hasta las Constituciones de las repúblicas. No se trata de quedar atrapados por las reglas: la sociedad, las circunstancias cambian, y cuando las reglas nos estorban o nos resultan insuficientes, llega el momento de cambiarlas. Pero para hacerlo debemos también respetar ciertos procedimientos, para no caer, precisamente, en la arbitrariedad y la incertidumbre. Para que la vida en la sociedad, o en la comunidad política funcione, necesitamos reglas adecuadas, pero también ciudadanos y políticos sensatos que entiendan el sentido de las mismas, sepan cómo aplicarlas, cuándo cabe hacer excepciones, cuándo corresponde cambiarlas; pensando en el bien común y no en obtener beneficios particulares.
En estos días estamos viendo cómo nuestros políticos están torciendo, en ocasiones groseramente, el sentido de las normas constitucionales para obtener beneficios particulares, de muy corto plazo, que nos acercan peligrosamente a la tiranía de la mayoría. Se acaba de presentar, nuevamente, una moción para declarar la vacancia del presidente Kuczynski, por “permanente incapacidad moral”. En un régimen presidencial el mandato del presidente tiene un periodo fijo, y su interrupción solo corresponde en circunstancias muy excepcionales, y no debería darse simplemente porque el presidente pierde el control de sus relaciones con la oposición en el Congreso. Si la vacancia se da, ocurrirá simplemente porque los diferentes grupos de oposición tienen los votos necesarios, abriéndose la puerta peligrosamente a situaciones de arbitrariedad.
Venimos en América Latina de un ola de presidencias interrumpidas mediante destituciones de dudosa constitucionalidad orquestadas por los Congresos de sus países; justo es reconocer que muchas veces esto sucedió porque los presidentes perdieron el control de la situación política, con lo que las destituciones fueron percibidas más como una manera de resolver un impasse político antes que como una violación al orden constitucional, con lo que terminaron siendo avaladas por todos los actores relevantes. En nuestro país estamos a un paso de ello; todo depende de la aritmética congresal y de las señales que de el vicepresidente Vizcarra.
El problema es que se abren también las puertas de la arbitrariedad. Recientemente, por ejemplo, en Bolivia Evo Morales y el presidente hondureño Juan Hernández lograron, a pesar de que sus Constituciones lo prohiben expresamente, abrir el camino para postularse a la reelección, bajo el artificioso argumento de que limitar la reelección limita los derechos humanos de los presidentes. Argumento absurdo, pero si tienes los votos en el Congreso y controlas las cortes, lo puedes hacer.
El reciente cambio del Reglamento del Congreso sobre la moción de censura y la cuestión de confianza, pasando por alto todos los procedimientos, es expresión de un juego de cortísimo plazo para avanzar hacia la vacancia del presidente, sin que importe llevarse de encuentro en el camino una institución esencial del régimen político y del equilibrio de poderes establecido en la Constitución. Terrible que haya sido aprobada con 81 votos, lo que muestra que los intereses de corto plazo están por encima de las diferencias políticas. ¿El que puede, puede? Esperemos que este atropello sea evitado por el Tribunal Constitucional.
La onda sísmica desde Sao Paulo
Muchos periodistas han usado el símil del terremoto para referirse a los efectos de las respuestas que dio Jorge Barata al interrogatorio de los fiscales peruanos sobre nuestra política. Conviene, me parece, detenerse en esta figura.
El epicentro está en Brasil, pero sus efectos se sienten en toda la región, y no debe perderse la perspectiva. Según confesión de directivos de Odebrecht en los Estados Unidos, de diciembre de 2016, se reconoce que entre 2001 y 2016 la empresa pagó unos 788 millones de dólares por sobornos, por más de cien proyectos en doce países, que permitieron ingresos de 3,336 millones. 349 se pagaron en Brasil, 439 millones fuera. Ordenándolos por montos, la cosa queda así: en primer lugar está Venezuela, donde se pagaron 98 millones de dólares entre 2006 y 2015; luego República Dominicana, con 92 millones entre 2001 y 2014; Panamá, 59 entre 2010 y 2014; Angola 50, entre 2006 y 2013; Argentina, 35 entre 2007 y 2014; Ecuador, 33.5 entre 2007 y 2016; en séptimo lugar Perú, con 29 millones entre 2005 y 2014, que permitieron beneficios por 143 millones (sabemos que Toledo habría recibido 20 por la interoceánica sur); Guatemala, 18 entre 2013 y 2015; Colombia, 11 entre 2009 y 2014; México, 10.5 entre 2010 y 2014; y Mozambique, con 900,000 dólares entre 2011 y 2014.
Las recientes declaraciones de Barata se refieren a aportes a campañas electorales, que suman 8 millones 400 mil. Como en los terremotos, sabemos que han ocurrido siempre, cuáles son las causas, que la energía sísmica está allí acumulándose, pero cuando ocurre, igual nos asustamos y sufrimos sus estragos. Sabemos que desde siempre el sector privado ha financiado las campañas electorales; Dionisio Romero lo ha reconocido, y hasta la ley de partidos de 2003 no existía ninguna regulación al respecto; y desde entonces existe, pero apenas se cumple.
Pasado el susto, tenemos que para los principales afectados llueve sobre mojado: en cuanto a Susana Villarán se confirma lo señalado por Valdemir Garreta en noviembre del año pasado, que la campaña contra la revocatoria habría recibido tres millones de dólares mientras ella era autoridad, lo que la complica especialmente; también se confirma la declaración de Odebrecht de tres millones para la campaña de Humala de 2011. Ese año también habrían recibido dinero las campañas de Keiko Fujimori (1 millón 200 mil), Toledo (700 mil), y Kuczynski (300 mil); y la de García (200 mil) en 2006. La obscenidad de los detalles es un remezón que destruye vidrios de grandes edificios, y va a complicarle la vida a Nadine Heredia, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Avraham Dan On, Susana de la Puente y Luis Alva Castro, pero no es claro que la cosa vaya más allá. Odebrecht ha dicho que los aportes de campaña buscaban “abrir puertas” y no están asociadas directamente a actos ilícitos. Barata declaró sobre estos aportes, pero asumiendo que no se están tratando temas de corrupción. Recibir estos aportes, ¿constituye solo una falta administrativa, o se puede tipificar un delito? Hasta el momento no queda claro, aunque es indudable el fuerte impacto negativo en términos de imagen ante la opinión pública, que seguramente impactará también en las encuestas de intención de voto.
Entonces, este sismo, si bien fuerte, no es todavía el mega terremoto que hace tiempo estamos esperando: éste llegará, esperamos, cuando el fiscal Hamilton Castro interrogue a Barata por los sobornos pagados por Odebrecht, en el contexto de un esquema de colaboración eficaz. Allí recién veremos cuántos altos funcionarios, ministros y expresidentes terminan en la cárcel.
Reelección y autoritarismo
Perpetuarse en el poder es una muestra inequívoca de autoritarismo, aunque se puedan encontrar múltiples razones ideológicas para justificarla y diferentes artilugios legales para implementarla. Los peruanos recordamos bien la experiencia de la segunda reelección de Alberto Fujimori. Fue electo en 1990, mediante un golpe de Estado abolió la Constitución de 1979, y mediante un Congreso Constituyente y un referéndum aprobó la Constitución de 1993; y luego fue reelecto en 1995. La Constitución de 1993 solo permitiía una reelección inmediata, por lo que Fujimori utilizó el artilugio de considerar como primera elección la de 1995, para así poder reelegirse “por primera vez” en 2000. Tuvo que descabezar el Tribunal Constitucional para imponerse, y ya sabemos cómo terminó todo eso.
En Venezuela Hugo Chávez fue electo por primera vez en 1988; también convocó a una Asamblea Constituyente y aprobó por referéndum una nueva Constitución en 1999, que permitió una reelección inmediata; bajo las nuevas reglas fue reelecto en 2000 y reelecto en 2006; para volverse a elegir en 2012 tuvo que convocar a un referéndum en 2009, en donde consagró la reelección indefinida. Al menos Chávez intentó ser algo prolijo en la justificación de su permanencia en el poder; prolijidad que por supuesto con Maduro ahora no existe, y hace bien la OEA en pedir la cancelación de la anunciada elección presidencial en el mes de abril.
Por el contrario, en Colombia, cuando Alvaro Uribe, electo en 2002 y reelecto en 2006 pretendió convocar a un referéndum para habilitar un segundo mandato consecutivo, tuvo que recular, ante un pronunciamiento en contrario de la Corte Constitucional. Hay que reconocer que Uribe no forzó un enfrentamiento con la Corte, a diferencia de Fujimori. En Ecuador, en un recorrido conocido, Rafael Correa fue electo en 2006, impulsó una Asamblea Constituyente, aprobó una nueva Constitución en 2008, y fue reelecto en 2009 y 2013, bajo la norma que permitía una reelección inmediata. En 2015 Correa hizo aprobar al Congreso una modificación constitucional estableciendo la reelección indefinida, pero no aplicable para las elecciones de 2017. Ese año, como sabemos, Correa optó por no presentarse a un nuevo periodo; inesperadamente para él, su sucesor, Lenin Moreno acaba de aprobar en un referéndum la eliminación del principio de reelección indefinida, cerrando la posibilidad de una nueva postulación de Correa. Estos países se libraron de una deriva autoritaria.
En Bolivia, Evo Morales fue electo por primera vez en 2005; convocó a una Asamblea Constituyente y aprobó la Constitución de 2009, que permitió la reelección inmediata por una sola vez. Culminado su primer mandato, fue reelecto en 2009 y luego en 2014, gracias a que el Tribunal Constitucional consideró como primer gobierno al de 2010, no al de 2006; digamos que consiguió legitimar lo que Fujimori tuvo que hacer a la fuerza. Para poderse reelegir en 2019, Morales convocó en 2016 a un referéndum para cambiar la Constitución y establecer la posibilidad de reelegirse por dos periodos consecutivos, pero perdió. Sin embargo, a finales del año pasado logró que el Tribunal Constitucional declarara que el límite a la reelección “viola sus derechos humanos”, amparándose supuestamente en la Convención Americana de Derechos Humanos. Como ha señalado José Miguel Vivanco, además de descabellado, ese razonamiento peca de hipócrita, considerando que Morales sistemáticamente ha denostado los principios internacionales de protección de los derechos humanos. Más temas complicados para la próxima Cumbre de las Américas.
¿Y Honduras?
A propósito de la realización de la VIII Cumbre de las Américas el próximo abril en nuestra capital, la atención se ha centrado en la participación del presidente Nicolás Maduro. Pero con razón, algunos comentaristas internacionales señalan que no debemos ignorar la situación de otros países, como Honduras. Este caso pone sobre el tapete importantes cuestionamientos a la acción de la Organización de Estados Americanos (OEA), especialmente después de la renuncia de nuestro compatriota, el ex Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, como Jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La MACCIH se formó a inicios de 2016, con el apoyo de la OEA y la Unión Europea, después del descubrimiento de un millonario desfalco de más de 350 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social, intentando seguir el antecedente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de la ONU. Este dinero habría servido, entre otras cosas, para financiar la campaña electoral del Partido Nacional de Honduras, actualmente en el poder con el presidente Juan Orlando Hernández. La renuncia de Jiménez denuncia la voluntad de encubrimiento de actos de corrupción del gobierno de Hernández, de otros grupos políticos en el Congreso, y desnuda la relativa desidia del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para respaldar con más firmeza las iniciativas de la MACCIH.
No son los únicos cuestionamientos que recaen sobre Hernández. Este logró que la Corte Suprema de Justicia aprobara cambios constitucionales que le permitieron postular a la reelección en las elecciones de noviembre pasado; no debe olvidarse que la acusación de pretender implementar cambios constitucionales para reelegirse fue la justificación para el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009. Las elecciones fueron muy reñidas, el conteo de votos muy lento y lleno de irregularidades, y el resultado oficial dio una diferencia de apenas 50,000 votos entre Hernández y el principal candidato opositor. El Tribunal Supremo Electoral, en medio de fuertes cuestionamientos, aceptó realizar un reconteo parcial de votos, que no impidió una fuerte ola de protestas, que han dejado varios fallecidos.
La polarización y conflictividad en Honduras, país considerado tradicionalmente estable en términos políticos, hay que entenderlo en el marco del final del bipartidismo tradicional, imperante hasta el 2009. Después de la caída de Manuel Zelaya, del Partido Liberal, este grupo entró en un proceso de división y fragmentación interna. El Partido Nacional, de derecha, logró volver al poder en 2010 con el presidente Porfirio Lobo, y desde entonces mantenerse, logrando una continuidad inédita en la historia hondureña. La hegemonía conservadora genera tensión y rechazo entre sectores liberales, de izquierda, y sectores movilizados en contra de la corrupción y de los arreglos clientelísticos tradicionales. Pero lo que está en juego en Honduras no es solo un predominio conservador cuestionado por opositores políticos. La renuncia de Jiménez tiene como trasfondo la denuncia de la presencia de una red de sobornos en el Congreso, que afecta diputados de varios grupos políticos, que habría movilizado más de 60 millones de dólares; y la aprobación de un ley en el Congreso que limita la capacidad de fiscalización de la MACCIH y deja en un poco autónomo Tribunal Superior de Cuenta la potestad de investigar el manejo de los fondos públicos, en lo que parece un pacto del conjunto de la elite política hondureña por la impunidad.
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