El expresidente Lula fue sentenciado el pasado miércoles en primera instancia a más de nueve años de prisión, por haber recibido sobornos de la empresa constructora OAS. En nuestro país el ex presidente Humala y su esposa sufren prisión preventiva en medio de una investigación por lavado de activos, en la que habrían recibido dinero de la empresa constructora brasileña ODEBRECHT para financiar la campaña electoral de 2011.
No soy penalista, pero después de haber leído y escuchado todo lo que he podido, llego a la conclusión de que no es para nada evidente que estas decisiones vayan a ser confirmadas en segunda instancia. A Lula se le acusa de ser propietario de un inmueble que habría sido otorgado como soborno, pero no parece haber prueba concluyente de que el departamento en cuestión sea efectivamente suyo, más allá de que Lula haya expresado interés en la propiedad del mismo en algún momento. Y respecto al arresto preventivo, creo que si bien no puede decirse que el fallo sea arbitrario, sí resulta excesivamente duro, y sobre todo, arriesgado: a nadie debería sorprenderle que en unas semanas el ex presidente Humala y su esposa salgan en libertad después de la apelación que presentarán en los próximos días. Y tampoco que durante el juicio, cuando llegue, resulte muy complicado probar concluyentemente la comisión de un delito de lavado de activos.
Una conclusión parcial es que es todavía prematuro declarar “extintos” políticamente a los expresidentes Lula y Humala: si logran construir una narrativa en la que fueron acosados judicialmente de manera arbitraria e injusta podrían relanzar sus carreras políticas. Lamentablemente, el debate y la deliberación política está siendo crecientemente sustituído por lógicas judiciales, por sus procedimientos, formalidades, y pareciera que la única sanción de una inconducta política fuera la cárcel. Y si no fuera posible establecer una sanción penal, parecería que el acusado quedara libre de polvo y paja, y plenamente rehabitado. Hay también sanciones sociales y políticas, que no deberíamos pasar por alto, y para ello hay amplia evidencia.
En el caso del expresidente Lula, más allá de si termine o no en la cárcel, a mí me parece evidente de que es culpable políticamente de haber organizado y encabezado un sistema político basado en la construcción de coaliciones políticas armadas con compra de votos, patronazgo, aceitado con recursos obtenidos por empresas públicas coludidas con empresas privadas en gigantescos esquemas de corrupción. Y todo justificado en nombre de la construcción de un gobierno popular que impida la vuelta de la derecha al poder. La pérdida de brújula absoluta. En el caso de Ollanta Humala, en las últimas semanas hemos obtenido evidencia bastante seria que lo vincula a los crímenes de Madre Mía, a intentos de silenciar a testigos, directa o indirectamente. Sabemos que su partido desarrolló un complejo sistema de encubrimiento de receptación de dinero por parte de ODEBRECHT, más allá de si esté adecuadamente tipificado y sancionado. Todo esto configura una conducta inescrupulosa que ha quedado en evidencia y de la que el expresidente es políticamente responsable, todo en nombre de una “gran transformación” que nunca llegó a ocurrir.
Independientemente de lo que ocurra en el plano judicial, no debemos perder de vista estos hechos. Y sacar las lecciones correspondientes. Nunca más urgente una reforma política que haga transparentes las finanzas partidarias, el patrimonio y los intereses de las altas autoridades, y establezca sanciones drásticas ante el incumplimiento de las normas.
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