Continúo con temas que abordé la semana pasada, referidas al peso de factores internos y externos en el crecimiento económico. Es claro que en nuestro país los momentos de bonanza y crisis se explican fundamentalmente por el contexto externo, pero también lo es que en ocasiones nos va mejor o peor que al resto. En la década de los años ochenta nos fue mucho peor, y en los últimos años mucho mejor. Para Waldo Mendoza, (“Milagro peruano: ¿buena suerte o buenas políticas?”, en la revista Economía, vol. XXXVI, n° 72, 2013), la clave estaría en la política monetaria y fiscal, a cargo del Banco Central y del Ministerio de Economía, y su carácter en los años recientes: conservadora en contextos de auge, expansiva en contextos de desaceleración. Esto explicaría además por qué a países tan diferentes en lo político como Perú y Bolivia les ha ido bien recientemente: comparten un manejo macroeconómico ortodoxo y contracíclico. Habría que explorar más este argumento, incorporando más países en la comparación. En todo caso, resulta claro a mi juicio que en el Perú la clave ha estado en la continuidad de esas políticas en los últimos gobiernos, por lo que las críticas del exministro Carranza al manejo económico actual suenan poco razonables.
Ahora bien, también es cierto que deberíamos intentar hacer más en el corto plazo, para intentar crecer más. Lo que aparece más “a la mano” es la cartera de grandes proyectos de inversión minera, que pasa los 60,000 millones de dólares (para tener una idea de cuánto es esto, el PBI total del país es un poco más de 200,000 millones). A corto plazo, buena parte del crecimiento parece jugarse en la viabilidad de grandes proyectos mineros: así, proyectos como Las Bambas, Cerro Verde, o Toromocho parecen avanzar, mientras que Conga, Tía María o Quellaveco se empantanan. Acá la pregunta que surge es, ¿por qué si estos proyectos son tan importantes, ni las empresas directamente involucradas ni el Estado se preocupan suficientemente por asegurar su legitimidad y viabilidad? El gobierno actual creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (octubre 2012), inicialmente a cargo del Vladimiro Huaroc (sustituido a finales del año pasado), en principio, para evitar que sucesos como los de Conga no volvieran a repetirse. Sin embargo, la importancia de la tarea no ha tenido ni por asomo correspondencia con el respaldo otorgado a esa oficina. El resultado está a la vista en estos días en Islay: al final, se pretende resolver los problemas con pura represión, lo que termina “agudizando las contradicciones” y haciendo inviables los proyectos. Sacar adelante los grandes proyectos mineros implica no más represión, sino un paciente y serio trabajo de construcción de su viabilidad social, ambiental, política.
De otro lado, ¿cuáles son las propuestas de desarrollo no minero de corto plazo? Atención que en nuestra economía los sectores de transformación y de servicios pesan más que el extractivo, aunque no tengan “megaproyectos”.
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