Una agenda para el nuevo gabinete

Artículo publicado en La República, domingo 23 de marzo de 2014

¿Qué se propone hacer el gobierno de Ollanta Humala, en la segunda mitad de su gestión? ¿Cuál es el norte que orienta al Consejo de Ministros presidido por René Cornejo? Antes se hablaba de consolidar el crecimiento y complementarlo con políticas de inclusión social, de allí que los programas sociales fueran “las niñas de los ojos” del presidente. Sin embargo, parece que hace rato que se perdió el entusiasmo en las políticas sociales, al punto que las críticas que recibe Qali Warma, por ejemplo, ya ni se responden.

¿Cuál es el norte? ¿La promoción de la inversión privada? No parece que a Ollanta Humala le interese mimetizarse con el segundo gobierno de Alan García. Una de las demandas más grandes de la ciudadanía es la mejora en la seguridad ciudadana: sin embargo, hasta el momento no hemos escuchado demasiado del ministro Albán. ¿La reforma de la educación, de la salud, de la carrera pública? Puede ser, pero hasta ahora no hay mucho más que los esfuerzos aislados de los responsables sectoriales.

Por esto creo útil para el gobierno revisar el libro del Ministro de la Producción, Piero Ghezzi, escrito con José Gallardo, uno de los directores del BCR y ahora Jefe del Gabinete de asesores del ministerio: ¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo (Lima, Universidad del Pacífico – Fondo Editorial PUCP, 2013). Los autores cuestionan miradas complacientes con el desempeño económico del país de los últimos años, pero no les parece razonable arriesgarse a un cambio de modelo, por lo que proponen correcciones y reformas. Algunas, en la política económica, que pasan por un aumento y mejora en la eficiencia del gasto público; la implementación de una política fiscal contracíclica, y una política monetaria contractiva; la creación de “superburocracias técnicas” en educación, desarrollo rural y lucha contra actividades delictivas; finalmente, políticas sectoriales o territoriales que promuevan el crecimiento regional y el desarrollo industrial, “allí donde tenga sentido”.

Los autores partien de asumir la inviabilidad de plantear grandes reformas sistémicas, así como la inexistencia de grandes coaliciones políticas o sociales de cambio, por lo que correspondería a la elite tecnocrática del Estado empujar un programa “realista”, pero decisivo de reformas. Alberto Vergara ha señalado que la apuesta tecnocrática tiene límites cada vez más evidentes, y que lo que se necesita es más política; apunte más que pertinente después del accidentado voto de confianza que recibió por parte del Congreso. Los autores replican que la apuesta tecnocrática se daría más por default que por convicción, como puede verse en el debate ocurrido en las páginas de la revista Poder.

Yo diría que estoy de acuerdo con Vergara en el mediano y largo plazo, pero en el corto, mirando al gabinete Cornejo, lo mejor que podría pasar es que, al menos, las ideas de Ghezzi y Gallardo sean tomadas en cuenta.

Tecnócratas y “captura del Estado”

Artículo publicado en La República, domingo 16 de marzo de 2014

Hace un mes comentaba sobre el último libro de Francisco Durand, dedicada al estudio de la familia Romero y cómo construyó a lo largo de cuatro generaciones su liderazgo económico. Prometí seguir con el tema, recién puedo hacerlo ahora.

Decía que una de las tesis centrales de Durand es la de la “captura del Estado” por intereses privados. Durand habla del funcionamiento de la “puerta giratoria” (funcionarios que pasan del sector privado al público y de vuelta al privado), la intervención de “gestores de intereses”, y también de prácticas de presión directa de líderes empresariales o indirectas a través de estudios de abogados y la presión de medios de comunicación.

Con la conformación del nuevo gabinete, podría decirse que esa tesis parece encontrar gran sustento. El presidente del Consejo de Ministros saliente, César Villanueva, pretendió reemplazar al Ministro de Economía Miguel Castilla, pero al final quien salió fue aquél. Y la saliente ministra de la Producción, Gladys Triveño, en entrevista con IDL-Reporteros, denunció intensas presiones de la Sociedad de Pesquería en contra del ordenamiento del sector, a través de gestores de intereses tanto sobre el poder ejecutivo como sobre el Congreso; dio cuenta de la debilidad de un Estado que se ve forzado a contratar empresas supervisoras financiadas por compañías fiscalizadas, y que se enfrenta a empresas que judicializan procesos de sanción. La judicialización sería una estrategia hábil en tanto los más importantes estudios de abogados solo trabajan para los privados, no para el sector público; estrategia que se complementa con el uso de consultoras de comunicación y la implementación de campañas de desprestigio a cargo de “sicarios comunicacionales”. Al final, los funcionarios que se allanan son recompensados: la ministra habla de exministros condecorados por dar favores políticos, o contratados por el sector privado con muy buenas remuneraciones. Todo esto, ciertamente debería investigarse y, eventualmente, sancionarse. Sin embargo, el reemplazo de la ministra ha sido Piero Ghezzi, quien ha anunciado la continuidad de los esfuerzos de reordenamiento del sector.

Pienso que la tesis de la captura del Estado no distingue bien el puro interés particularista (“mercantilista” dirían algunos) de la acción de tecnócratas o funcionarios que operan sobre la base de principios, o ideologías, si se quiere: en este caso, favorables al desarrollo de los mercados. Esto ciertamente los hace cercanos al mundo empresarial, pero no a intereses particularistas. Esa tesis subestima el poder de las ideas o ideologías; los tecnócratas como tales toman decisiones favorables al desarrollo de los mercados no porque estén “comprados” por las empresas (aunque también puede suceder, por supuesto), sino porque creen estar haciendo lo correcto. En otras palabras, no solo habría que denunciar presiones indebidas del sector privado, también ganar la batalla en el terreno de las ideas.

¿Cómo se enfrenta al autoritarismo?

Artículo publicado en La República, domingo 9 de marzo de 2014

Vistas las cosas desde Perú, muchos de quienes piensan que el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario, creen que avanzar hacia la democratización en Venezuela requiere rechazar la institucionalidad del régimen (cuestionar los resultados de las elecciones de 2013, no aceptar como alternativa un referéndum revocatorio, Asamblea Constituyente, o esperar hasta las próximas elecciones), y más bien apelar a la movilización social y a la presión internacional; la pérdida de legitimidad política llevaría a la fractura del gobierno, a nuevas elecciones y al cambio de régimen. Se toma como referencia la “transición peruana”: se denunció como fraudulentas las elecciones de 2000 y se organizaron grandes movilizaciones (“los cuatro suyos”); el gobierno tuvo que aceptar la instalación de una misión de la OEA; la pérdida de legitimidad política llevó a divisiones internas, a la renuncia del presidente, y a nuevas elecciones. Por ello, se insiste en mantener vivas las protestas, que desnudarían la naturaleza autoritaria y represiva del gobierno, y por ello la decepción reciente por lo que se considera una posición tímida de la OEA en estos asuntos.

Sin embargo, se trata de un recuento muy parcial y distorsionado de los hechos, tanto para Perú como para Venezuela. En realidad, esta mirada obvia varias cosas; primero, que el boicot a la institucionalidad del régimen es muy costoso. Es lo que hizo parte de la oposición peruana en las elecciones de 1995, y la venezolana en 2005, que más bien facilitó la consolidación de Fujimori y Chávez. Segundo, se pasa por alto el significativo apoyo popular que tienen estos gobiernos; puede no ser mayoritario, pero es muy alto. Fujimori en 1999-2000 era muy popular, y también lo es Maduro. Tercero, la presión internacional tiene cierto valor simbólico, pero poco efecto práctico: en Perú, justo antes de la caída de Fujimori, la Mesa de Diálogo de la OEA empezaba a percibirse como un espacio desgastado, que más cumplía la función de legitimar al gobierno, antes que arrinconarlo. La presión internacional difícilmente puede ir más allá de hacer llamados al diálogo y a un respecto mínimo al Estado de derecho. ¿Qué hay más allá? ¿Sanciones económicas? ¿Aislamiento de foros internacionales? En realidad, la creación de un enemigo externo más bien tiende a cohesionar al régimen. Lo contraproducente de las medidas de aislamiento frente a Cuba deberían servir de lección. Finalmente, las manifestaciones callejeras, si no configuran una alternativa clara y viable políticamente, a la larga desgastan y aislan a quienes protestan y generan demandas de orden que favorecen al gobierno.

En suma, el gran reto para la oposición venezolana es configurar claramente cuál es la alternativa, y dentro de ella, cuál es el lugar que ocuparán los chavistas; cómo se asegura no perder lo avanzado dentro de este, cómo no se trata de una simple vuelta al pasado, de una “restauración” reaccionaria.

Technopols

Artículo publicado en La República, domingo 2 de marzo de 2014

Uno de los temas comentados a propósito del nuevo Consejo de Ministros es la importancia que habrían adquirido los “tecnócratas” dentro de éste, y cómo se echa de menos la presencia de personajes con más recorrido y habilidades “políticas”. Es que si bien los tecnócratas tienen ideas fuertes sobre qué debería hacerse, basados en estudios y teorías, no sabrían cómo llevarlas a la práctica. En el “mundo real” hay actores, intereses, percepciones, que hacen viables o no las políticas que se proponen. Los políticos supuestamente cuentan con un expertise en el que el cómo es la clave: generación de consensos, construcción de coaliciones, negociación e intercambio, sensibilidad frente a las mareas de la opinión pública, etc. Algunos han señalado que lo ideal sería contar con “tecnopolíticos”: técnicos con sensibilidad y habilidad política.

Esta discusión tiene cierta tradición; en 1997 Jorge Domínguez publicó Technopols. Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s. La preocupación era cómo hacer posible la implementación de políticas de ajuste y reforma estructural en sociedades con tradiciones populistas. Sociedades acostumbradas a retóricas en las que el Estado se legitimaba con políticas redistributivas, ¿cómo aceptarían ideas como disciplina fiscal, estímulo a la competitividad y competencia en los mercados? Políticos temerosos de la pérdida de popularidad, ¿cómo iba a atraverse a tomar decisiones audaces? Para Domínguez, la aparición de los technopols resultó crucial. Los ejemplos del libro son Domingo Cavallo en Argentina, Pedro Aspe en México, Fernando Henrique Cardoso en Brazil, y Evelyn Matthei y Alexandro Foxley en Chile.

De ese quinteto, Cardoso y Foxley mantienen su prestigio, aunque ni el “modelo brasileño” ni el chileno despiertan el entusiasmo de antes; las supuestas habilidades políticas de Matthei también están en entredicho. Cavallo, si bien hacia 1997 mantenía la reputación de ser uno de los artífices de la derrota de la hiperinflación argentina, en 2001 ya era visto como corresponsable de la debacle que llevó a la renuncia de De la Rúa. Con Aspe fue peor: ya con el libro publicado era visto como uno de los responsables de la crisis mexicana de finales de 1994. Está también el problema, nada menor, de la asociación de estos personajes con gobiernos con altos niveles de corrupción (y autoritarismo), como los de Menem y Salinas de Gortari. Lo mismo puede decirse de otros personajes vistos en su momento como tecnopolíticos, como Alberto Dahik en Ecuador y nuestro Carlos Boloña.

Por ello, creo que más que esperanzarnos en la aparición de personajes providenciales, deberíamos proponer que cada quien haga bien su trabajo: los políticos deben proponer los proyectos de país, los técnicos deberían trabajar en el diseño e implementación de políticas públicas, y el liderazgo político debería hacerlos posibles. El problema no está en los límites políticos de un técnico como René Cornejo, sino la falta de liderazgo del presidente.