La semana que comienza diversos seminarios y actividades recuerdan los diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Tres años después del informe, la excomisionada Sofía Macher realizó una evaluación del cumplimiento de sus 85 recomendaciones (Recomendaciones y realidades: avances y desafíos en el post- CVR Perú. Lima, IDL, 2007), y el panorama se mostraba matizado, a pesar de cierta “impresión pesimista” que la autora cuestionaba. De hecho, Macher presidió el Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia hasta hace poco, y resaltaba que el gobierno actual había destinado importantes recursos para políticas de reparaciones individuales y colectivas.
La CVR presentó propuestas en seis grandes áreas: “Reformas institucionales necesarias para hacer real el Estado de derecho y prevenir la violencia (53); Reparaciones integrales a las víctimas (22); Plan Nacional de Sitios de Entierro (1); Mecanismos de seguimiento (1); Memoria (2); y Judicialización de las violaciones a los derechos humanos (6). En cuanto a las reformas institucionales, ellas se subdividen en propuestas de reforma del Estado, de la Defensa y del Orden Interno, de la Administración de Justicia, y de la Educación. Podría decirse que de esas seis áreas, la primera buscaría evitar que los sucesos ocurridos se repitan, mientras que todas las demás giran en torno a temas de reparación y justicia. Si tuviéramos que hacer un ejercicio de evaluación equivalente al que hizo Macher en 2007, creo que podríamos llegar a también a una conclusión matizada: avances en reformas institucionales y en el Plan de Reparaciones, relativo estancamiento en cuanto a exhumaciones en los más de 4000 sitios de entierro registrados, y en cuanto a la judicialización de casos de violaciones a los derechos humanos.
Pero el asunto ahora no es mirar las 85 recomendaciones una por una y evaluar cuánto se han cumplido, sino evaluar su pertinencia en el momento actual. Ciertamente, aquellas referidas a asuntos como reparaciones, justicia y memoria se mantienen vigentes y lo seguirán estando por muchos años. El tema es preguntarnos cómo se ubica la narrativa general de la CVR en el debate político actual. Ella llama la atención sobre asuntos que van desde la necesidad de “respetar la Constitución y el pluralismo democrático”, pasan por desterrar de la escuela pública “visiones simplistas y distorsionadas de la historia y la realidad peruana” que llevan a una “proclividad a la violencia”; y que llegan hasta la necesidad de acabar con la discriminación étnica, racial y de la mujer, la pobreza y el abandono. Moviéndose en un registro tan amplio, el discurso de la CVR hoy pierde especificidad y relevancia frente a otros. Mantener vivo el “espíritu” de la CVR implica pensar en una nueva agenda, que no es más la del propio Informe, y también desarrollar y ampliar su narrativa, de manera que sea más incluyente y no patrimonio de un pequeño círculo de activistas.
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