Poder legislativo y poder ejecutivo

Artículo publicado en El Comercio, sábado 30 de mayo de 2020 

 A propósito de la presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso, se ha suscitado un debate sobre la calidad del parlamento, las relaciones entre los poderes y las correcciones que debe implementar el ejecutivo en el crítico contexto actual.

En cuanto a las relaciones entre ambos poderes, primó por el momento la sensatez. El Consejo de Ministros necesitaba políticamente la aprobación del Congreso, no solo de los actos realizados durante el interregno parlamentario, también sobre la política general y la estrategia de combate al Covid-19. Y más allá de las estridencias inevitables, los grupos más moderados votaron a favor (AP, APP, SP, PM, pero también FREPAP y PP), y los abiertamente contrarios al gobierno y sus políticas, en contra (FP, UPP y FA).

En los días previos al debate se comentó mucho sobre el temor que despertaban diversas iniciativas “populistas” del nuevo Congreso. Esto es consecuencia de la debilidad de los partidos, de las bancadas, y de la lógica del voto preferencial, que tiende a generar conductas individualistas. Enfrentar este problema requiere actuar en dos frentes; de un lado, se debería modificar el reglamento del Congreso para darle más previsibilidad al proceso legislativo. La Mesa Directiva y los portavoces deberían fijar prioridades legislativas, así como todas las Comisiones. Todos los proyectos deberían pasar por éstas, y tener plazos y procedimientos claros de aprobación; y los proyectos con dictamen favorable deberían tener siempre dos votaciones. No “normalizar” las excepciones a las reglas.

Del otro lado, se debe mejorar el mecanismo de selección de candidaturas, apuntando a fortalecer los partidos y las carreras dentro de ellos, no a favorecer el oportunismo. Como hemos dicho anteriormente, para esto debe haber un padrón realista y transparente, mecanismos democráticos de selección, y con ellos, la desaparición del voto preferencial. Si no hacemos esos cambios, el Congreso seguirá funcionando como hasta ahora.

Mejorar la relación ejecutivo – legislativo requiere además que el primero tenga una agenda más clara respecto a lo que se viene. Me parece que el gobierno debe salir del esquema ampliar la cuarentena – entrega de bonos – intervención en mercados – ampliación de respuesta hospitalaria. Ahora el esquema debe centrarse en reforzar prácticas sanitarias en el contexto de la progresiva reanudación de actividades. Facilitar el acceso a mascarillas, agua y jabón, alcohol en gel, para toda la población; señalización y pautas para facilitar el mantenimiento de la distancia social en espacios públicos y laborales. Los temas centrales ahora están en cómo evitar que el transporte público sea la nueva fuente de contagios, los protocolos de reinicio de actividades para todos (no solo empresas formales), la implementación de campañas publicitarias agresivas para asentar las reglas de la “nueva convivencia”. Invertir aquí podría resultar más rentable que extender la lógica de bonos y créditos.

El nuevo escenario político

Artículo publicado en El Comercio, sábado 23 de mayo de 2020 

En los dos últimos meses, inevitablemente, nuestra atención ha estado centrada en el combate al Covid-19. A inicios de marzo, veíamos a un ejecutivo sin agenda clara, víctima de sus propios tropiezos (recuerden la crisis ministerial de mediados de febrero); del Congreso, recién elegido, preocupaba su inexperiencia, pero parecía perfilarse una mayoría “moderada” y extremos sin capacidad de construir mayorías.

En las primeras semanas del estado de emergencia el ejecutivo proyectó liderazgo y audacia, que se expresó en muy altos niveles de aprobación a la gestión del Presidente y de su Consejo de Ministros. Con el paso de las semanas, sin embargo, y ya instalado el Congreso, enfrentamos un nuevo escenario: el de las retos de la reanudación de actividades, lo que implica un manejo más fino, donde la implementación en el terreno es clave, en el que es fundamental la coordinación entre entidades y niveles de gobierno, así como con gremios y organizaciones sociales, escenario en el que se han hecho evidentes las limitaciones del gobierno. Además, debemos enfrentar con pesar que nuestros enormes esfuerzos como país no han resultado suficientes para compensar décadas de desinstitucionalización, informalidad, y falta de decisión para emprender reformas fundamentales; no hemos podido evitar que las tasas de contagios desborden nuestra capacidad de atención, que se expresan en un dramático número de fallecimientos.

En este marco, el Congreso parece haber encontrado un sentido de propósito: convertirse en un actor importante para “aliviar” los efectos de la epidemia, pero de una manera apresurada y voluntarista. Antes que presenciar un enfrentamiento entre moderados y radicales, vemos una mayoría que busca sintonizar con expectativas de la población, aunque sin el debate, la convocatoria a los actores involucrados, sin un examen más detenido de las consecuencias a mediano plazo de las decisiones que se toman; que busca hacerse un espacio frente a la actividad del ejecutivo, lo que ha llevado a choques entre ambos poderes del Estado. En contextos “normales”, la existencia de una bancada oficialista mayoritaria o por lo menos importante ordena mínimamente el proceso legislativo; además, la presencia de líderes parlamentarios que a su vez son dirigentes partidarios ayuda a disciplinar el exceso de entusiasmo de los representantes y a establecer vínculos con actores sociales fuera del recinto parlamentario. Lamentablemente no contamos con ninguno de los dos, y si sumamos el contexto de la epidemia, y la proximidad de las elecciones de 2021 y 2022, entenderemos por qué hemos terminado teniendo el escenario caótico que tenemos.

Otro elemento disruptor está en el hecho de que candidatos presidenciales potenciales como Forsyth, del Solar o Mendoza no tienen representación; que Urresti o Acuña la tienen, pero la utilizan como plataforma electoral. Y que AP, la fuerza mayoritaria, tiene representación, pero no candidaturas definidas, por lo que carece de rumbo claro.

“La culpa es de la gente”

Artículo publicado en El Comercio, sábado 16 de mayo de 2020 

Estamos pasando por una etapa muy difícil en el combate al Covid-19, en la que dejamos atrás una lógica con énfasis en la toma de grandes decisiones en las “alturas”, a cargo de equipos pequeños y altamente calificados: imponer una cuarentena drástica, diseñar un programa de reparto de bonos para la población vulnerable, aumentar la capacidad de atención de unidades de cuidados intensivos, principalmente. En poco tiempo se logró diseñar y poner en ejecución iniciativas de gran magnitud, lo que fue un gran logro. Pero las tareas del momento necesitan coordinación horizontal entre entidades del gobierno y vertical con autoridades regionales y municipales; coordinación con organizaciones de la sociedad civil, negociación con actores que no tienen opiniones convergentes. Así, el expresidente del Banco de la Nación señala que el pago de los bonos no fue suficientemente coordinado, o el alcalde de Lima que tampoco se han coordinado iniciativas referidas al ámbito municipal. Además, son tareas que requieren manejo de campo, implementación en el terreno, y para ello se necesita identificar y convocar a operadores que tampoco son abundantes.

Ante las crecientes dificultades para que el aislamiento y la inmovilización social obligatoria reduzcan suficientemente la tasa de contagios, se están concentrando los esfuerzos en la administración de los mercados y en el control de la ocupación en el transporte público. Se escucha entonces el comentario, en diferentes niveles, de que uno de los puntos débiles en el combate a la epidemia estaría en la “falta de cooperación” de la ciudadanía. En los medios aparece como pregunta, “¿por qué la gente no respeta las disposiciones del gobierno?” y se desarrollan diversos argumentos, algunos de los cuales la atribuyen a la falta de civismo o responsabilidad.

Considero importante tomar distancia de esa línea de razonamiento (aunque por supuesto siempre podrá encontrarse evidencia anecdótica elocuente en cualquier dirección), mucho más en la nueva etapa de combate a la epidemia. Como también ha sido dicho, buena parte de la ciudadanía no respeta la epidemia porque no está en condiciones de hacerlo: se vive en condiciones de hacinamiento, no se ha podido recibir ninguna ayuda estatal, no se cuenta con ingresos o ahorros o capacidad de hacer compras en mayor volumen, no hay muchas opciones para alcanzar puntos de compra, y se recurre a los que hay aunque brinden servicios de manera desordenada, y las personas están obligadas a salir a obtener recursos, y a transportarse en medios atestados.

Si queremos mejorar las condiciones de salubridad, parece claro que el camino no es radicalizar la inmovilización o el discurso de la censura, si no asegurar la disponibilidad de mascarillas, agua o alcohol en gel para el lavado de manos para toda la población, reordenar y ampliar los mercados, habilitar más unidades y opciones de transporte, etc. Ayúdame a ayudar, sería el pedido que la población podría hacerle a nuestras autoridades.

Estado y necrosis (2)

Artículo publicado en El Comercio, sábado 9 de mayo de 2020 

La semana pasada comentaba que uno de los grandes límites en el combate al Covid-19 reside en las carencias de nuestro Estado. Tenemos cierta autonomía y capacidad para diseñar y financiar políticas, pero graves problemas de implementación. Afloran problemas de coordinación entre entidades del mismo gobierno y entre niveles de gobierno; precisamente por ello hubo necesidad de crear un Comando de operaciones Covid-19, problema que también ha sido elocuente con la atención a la población retornante desde las grandes ciudades a sus regiones de origen. Al mismo tiempo resulta que tenemos recursos para comprar diversos suministros, pero estas se demoran, se cancelan, y peor aún, afloran serios problemas de corrupción. En este marco, los funcionarios públicos temen tomar decisiones, enfrentados a lógicas de control que funcionan para bloquear procesos que deberían ser más rápidos, pero no para desincentivar prácticas corruptas. Además ha sido elocuente el drama de no contar con información, bases de datos, registros de la población que nos permita conocer sus necesidades y hacerle llegar la ayuda que necesita. Hablé por eso de un Estado necrosado.

Hoy hablamos con razón de la necesidad de un nuevo pacto social o de un nuevo acuerdo nacional, por un Estado que garantice el ejercicio de derechos y el acceso a servicios básicos para todos los peruanos. Ciertamente necesitamos establecer nuevas prioridades, acompañadas de una asignación presupuestal correspondiente. Pero sin una profunda reforma del Estado, la eficacia a la que aspiramos será imposible. Esa es también una de las lecciones de la crisis que sufrimos.

¿Qué hacer? Para empezar, retomar la reforma del servicio civil, establecer una carrera pública meritocrática, que cubra el conjunto del sector público, incluyendo gobiernos regionales y municipales, al menos los más grandes; ampliando sus alcances, reduciendo el número de cargos de confianza. Mejores funcionarios facilitarán las capacidades de coordinación entre instituciones, donde debe haber orientaciones, liderazgo y responsabilidades claras; priorizando la salud, la educación, la creación de sistemas de información, la inclusión financiera de toda la ciudadanía.

De otro lado, urge retomar la discusión sobre la descentralización del país. Es claro que el gobierno nacional no será capaz de llegar hasta el último rincón del territorio, pero al mismo tiempo tenemos una extrema fragmentación y “feudalización” del territorio. Así, donde el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo para estar más presente, es precisamente donde la capacidad institucional es más precaria. Necesitamos un nuevo esquema. Al mismo tiempo, urge atender la mejora en la representación política a nivel subnacional. Algo hemos discutido sobre partidos nacionales y el Congreso, pero muy poco sobre movimientos regionales, consejos regionales, concejos municipales. En la Comisión de Reforma Política hicimos una propuesta al respecto, que podría servir como punto de partida. 

Estado y necrosis

Artículo publicado en El Comercio, sábado 2 de mayo de 2020 

En términos generales, la respuesta del Estado peruano ante el gigantesco desafío de la pandemia del Covid-19 ha sido positivo. Conscientes de la gran debilidad de nuestro sistema de salud, optamos rápidamente por una cuarentena rígida. Nuestro gasto en salud como porcentaje del PBI está por debajo del promedio latinoamericano, aunque también es cierto que ha ido en aumento, de manera importante, a lo largo de los últimos veinte años. Las carencias son muy grandes, y se han hecho grandes esfuerzos por cubrirlas en una angustiante carrera contra el tiempo: empezamos la emergencia con 276 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), y hoy tenemos más de 800. La cuarentena rígida implicó una decisión rápida privilegiando la salud pública contraria a quienes temían sus efectos sobre la actividad económica; así como el diseño de una compleja operación de ayuda económica a los más pobres, al sector informal, a las familias rurales, que culminó con el otorgamiento de un bono familiar universal, así como políticas de alivio a las empresas, implementadas en muy poco tiempo. En términos de los recursos dedicados al ataque a la pandemia como porcentaje del producto, Perú y Chile aparecen como los líderes de la región.

Pero hoy viernes en que escribo esta columna, 47 días después de iniciada la cuarentena, encontramos que la demanda por camas UCI ha empezado a crecer rápidamente desde el 20 de abril, y ya estamos al borde de nuestra capacidad (atención con que en la gran mayoría de esos casos el contagio se produjo durante la cuarentena). Al mismo tiempo, el número de fallecidos ha ido en rápido aumento desde el 18 de abril, y a estas alturas, si miramos el número de fallecidos por millón de habitantes, nos acercamos cada vez más a Ecuador, el país más crítico. Esto no significa que la cuarentena no haya funcionado: si miramos el incremento porcentual diario del número de infectados antes y después de la cuarentena y el toque de queda, veremos una caída importante. El drama es que no ha sido suficiente. Ocurre que es muy difícil que todos los bonos asignados lleguen efectivamente a las manos de las familias, o que el proceso de cobro pueda darse con orden y distancia sanitaria; que las líneas de crédito garantizadas por el Estado lleguen efectivamente a las empresas que lo necesitan. Que quienes obtienen recursos y pueden acudir a los mercados puedan abastecerse sin contagiarse. Diversas entidades públicas reciben recursos para la compra de artículos esenciales, pero estos se pierden en el camino por ineficiencia o corrupción.

La imagen que le viene a uno es la de un corazón que bombea la sangre que el cuerpo necesita, pero ésta no llega a los órganos o extremidades. Un Estado necrosado. Fallamos no tanto por la falta de recursos, o por su no asignación, sino por la falta de reformas institucionales que permitan que esos recursos fluyan a quienes realmente los necesitan. Para esto, la reforma del Estado es la clave. Seguiremos con el tema.

¿Qué hacer con las elecciones del 2021? (2)

Artículo publicado en El Comercio, sábado 25 de abril de 2020

Continúo con algunas ideas presentadas la semana pasada. ¿Cómo adecuar las elecciones de 2021 al contexto de emergencia sanitaria?

Las elecciones implican movilizar a casi 25 millones de personas, ciertamente son una preocupación desde el punto de visto sanitario. En teoría, debería haber elecciones primaras hacia noviembre de este año, y deberían haber sido convocadas ya por el Presidente de la República; resulta evidente que no existen condiciones para que estas elecciones se realicen. Las primarias tenían dos grandes propósitos: contar con un mecanismo democrático de selección de candidatos (evitar una selección arbitraria y altamente vulnerable al oportunismo y la corrupción), y establecer una barrera que impidiera llegar a las elecciones generales con 24 candidatos. Imagínense una campaña con 24 candidatos presidenciales, además con voto preferencial para las listas al Congreso, en la que la posibilidad de hacer actividades proselitistas estarán severamente limitadas, sin posibilidad de contratar publicidad en medios masivos… una elección altamente caótica.

Si por esta vez renunciamos a las elecciones primarias, el papel que tenían debería ser cubierto por las elecciones internas de los partidos, previstas en principio para el mes de julio o agosto. Para esas elecciones, los partidos ya inscritos deberían ya haber registrado un padrón de por lo menos 24800 afiliados, y 66 comités distribuidos en todo el territorio; y hacia el mes de julio, deberían haber cumplido también con esos requisitos los partidos nuevos que aspiran a participar en 2021.

Es claro a mi juicio que si no queremos que las elecciones internas sean puramente formales, y que se termine excluyendo a los partidos nuevos, se hace necesario, primero, mover la fecha de las elecciones internas hacia finales de año o, de ser posible, hasta inicios del próximo. Segundo, dar más tiempo y flexibilizar la adecuación de los partidos registrados y el proceso de inscripción de los nuevos. Para empezar, la acreditación de afiliados y de comités debería poder seguir procesos virtuales, no presenciales. Incluso podría reducirse el número de afiliados o comités requeridos, para facilitar la participación. Pero la contraparte debe ser que el padrón de afiliados debe ser validado y hecho público por RENIEC, y debe ser la base para la realización de elecciones internas bajo el principio de “un militante un voto”, y a través del voto electrónico no presencial, organizado por la ONPE. Al mismo tiempo, debería haber un mínimo de participación para que la elección sea válida y el partido pueda seguir en carrera. Al final, la lista de candidatos debería tener efectos vinculantes, se debe respetar el principio de paridad y altenancia de género; y deberíamos también llevar a la eliminación del voto preferencial.

El paso siguiente debería ser terminar la reforma del financiamiento político, para ampliar la franja electoral, que cubra la necesidad de comunicación durante una campaña que será atípica.

¿Qué hacer con las elecciones del 2021?

Artículo publicado en El Comercio, sábado 18 de abril de 2020 

En las últimas semanas, como es lógico, toda nuestra atención ha estado centrada en el Covid-19; sin embargo, los plazos establecidos para el proceso electoral 2021 igual siguen corriendo. Urge una discusión sobre cómo enfrentar las elecciones del Bicentenario en el contexto de la epidemia, cómo salvar lo avanzado de la reforma política, y cómo evitar retrocesos que tomen como pretexto la situación de emergencia.

Un primer punto es el relativo a la adecuación de los partidos inscritos a los nuevos requisitos: aquí lo más importante es contar con un padrón “realista” de militantes, no solo de adherentes. Relacionado con esto, está el tema de qué hacer con los partidos que estaban realizando esfuerzos para inscribirse, plazo que vence en principio hacia el mes de julio. Dada la cuarentena y las futuras restricciones a la movilidad, suena inevitable ser flexibles con el requisito de llegar a 24800 afiliados, más cuando en la propuesta de la Comisión de Reforma Política sugeríamos poco más de la mitad de ese número. Ahora, si se flexibiliza ese requisito para los partidos inscritos, sería injusto excluir a nuevos partidos en condiciones de pasar esas exigencias.  

Luego vendrían las elecciones internas de los partidos, previstas en principio para el mes de agosto, y luego las elecciones primarias, para el mes de noviembre. En efecto, ambas se ven bastante complicadas en este año, pero son fundamentales para asegurar un mecanismo democrático de selección de candidatos, y como un filtro para quitar de la competencia a los partidos cascarón, y no llegar a una elección general con más de 24 candidaturas presidenciales. Si además consideramos las restricciones que habrá para hacer campañas y la prohibición de contratar publicidad en medios masivos, nos daremos cuenta que sería un sinsentido; más todavía si además mantuviéramos el voto preferencial.

Por ello la salida es garantizar, como un mínimo indispensable, elecciones internas de todos los partidos para el próximo año, organizadas por la ONPE, sobre la base de un padrón de militantes elaborado por RENIEC, con la información brindada por los partidos; los candidatos deberían elegirse con el criterio de “un militante un voto”, y debería establecerse un mínimo de participación para permitir que los partidos mantengan su inscripción y participen en la elección general. Los resultados de esas elecciones deberían ser vinculantes, y las listas finales de candidatos deberían asegurar la paridad y alternancia de género. Bajo estas condiciones, debería también eliminarse el voto preferencial en la elección general. Estas elecciones internas podrían darse bajo la modalidad de voto electrónico no presencial, que ya ha utilizado la ONPE en elecciones de colegios profesionales. Además, si fuera necesario, la elección general podría moverse de abril a mayo.

Lo que no podemos hacer es tener una elección caótica con candidatos elegidos a dedo, llena de partidos cascarón. Nos jugamos demasiado como para permitirlo.

Lo que se viene (2)

Artículo publicado en El Comercio, sábado 11 de abril de 2020 

Conforme han ido pasando los días, y la extensión de la pandemia ha seguido aumentando, en el mundo entero hemos tenido que asimilar, cada país y cada quien a su modo, que sus efectos serán más duros, profundos y duraderos.

El gobierno se vio obligado a extender por segunda vez la cuarentena, hasta el 26 de abril. Como sabemos, la cuarentena inició el 16 de marzo, diez días después de la detección del primer caso, y con 86 casos confirmados. Fuimos de los primeros países en tomar una decisión tan drástica como esta, y podemos felicitarnos porque funcionó: logramos evitar que la ola que se estaba formando se convirtiera en un tsunami. Sin darnos mucha cuenta, hacia finales de marzo y primeros días de abril pasamos la ola que se generó entre los días previos y los primeros días inciertos de la cuarentena, con picos de 17 y 20 fallecidos por Covid-19 los días 31 de marzo y 4 de abril.

El problema que tenemos es que la cuarentena no parece ser suficiente. Si el acatamiento fuera perfecto, teóricamente, después de 15 días de cuarentena, deberíamos haber detenido los contagios y aislado a los casos positivos. Pero el número de infectados sigue siendo alto, y los contagios siguen ocurriendo. No solo es irresponsabilidad, también intervienen problemas estructurales: la precariedad económica, el hacinamiento y las condiciones de nuestras viviendas, la falta de servicios básicos, la precaria infraestructura pública, etc. Por ello la necesidad del toque de queda y de sus posteriores ampliaciones; y por ello también, el gobierno ha hecho un esfuerzo gigantesco, el más grande de la región, para otorgar subsidios directos a la población más vulnerable, que progresivamente han ido llegando a sus beneficiarios. Enfrentaremos ahora una nueva ola en las próximas semanas, producto de las dificultades para implementar una cuarentena más firme, de la que deberíamos salir si efectivamente ella mejora en su cumplimiento en los próximos días.

Si todos hacemos nuestra parte, no habría necesidad de extender la cuarentena mucho más: no solo está el enorme costo económico que implica; además, inevitablemente, empezará a tener rendimientos decrecientes sobre la tasa de contagios si se extiende demasiado. La agenda que viene por lo tanto es cómo se reanudan algunas actividades, que permitan un mínimo respiro económico, pero que no pongan en riesgo un aumento en la tasa de contagios que haga que el esfuerzo hecho hasta el momento haya sido inútil.

En general, nuestras formas de relacionarnos tendrán que ser otras a partir de ahora. Actividades que rompan con el aislamiento social serán inviables; y un grave cuello de botella es el transporte público. Después de la cuarentena, vendrá una etapa aún más complicada: retomar algunas actividades sin elevar el número de infectados. “Quedarse en casa” es fácil. Tenemos que prepararnos para la etapa en que se podrá empezar a salir, pero sin infectar o ser infectado. Y seguir apoyando los grandes esfuerzos del sector salud.

Demasiado importante como para…

Artículo publicado en El Comercio, sábado 4 de abril de 2020 

Se atribuye al Jefe de Gobierno francés Georges Clemenceau la frase “la guerra es un asunto demasiado importante como para confiársela a los generales”. La frase ha tenido innumerables recreaciones, todas apuntan válidamente a que asuntos complejos y con alto impacto requieren ser examinados desde sus múltiples aristas.

La situación actual de emergencia y qué hacer respecto a ella es un ejemplo perfecto de esto. Es indispensable considerar el punto de vista de los expertos; pero ocurre que no siempre estos coinciden en trazar un único camino. El gobierno británico habría seguido recomendaciones de expertos políticamente afines en análisis del comportamiento, según las cuales una cuarentena temprana habría sido socialmente inaceptable, y de directores médicos que propusieron la estrategia de “inmunidad colectiva”, aislando a los grupos vulnerables. Al final, resulta que esas recomendaciones “técnicas” terminaron revelándose como ideológicas, y llevaron a adoptar con tardanza políticas con énfasis en el aislamiento social. Al mismo tiempo, es cierto que la implementación de esas medias debe tomar en cuenta la cultura y la idiosincrasia nacionales, para que puedan ser viables. Pero no se trata de mirar todo con ojos de epidemiólogo: se deben considerar los impactos que la emergencia tendrá sobre la actividad económica, y sobre el bienestar de las familias. No se puede poner a la población a elegir entre el contagio y el hambre. Las decisiones implican también dimensiones valorativas y éticas: ¿privilegiamos la salud y la seguridad de los más vulnerables a costa del sacrificio de todo el país? ¿Restringimos nuestra libertad en nombre del interés colectivo? ¿Cómo los más acomodados expresamos nuestra solidaridad con los más necesitados?

En última instancia, las decisiones las toma la autoridad política. Allí se deben sopesar las diferentes aristas del problema y proponer un rumbo, privilegiando el interés común. Por supuesto, en la vida real intervienen más cálculos: ¿cómo afectará la aprobación ciudadana tomar tal o cual camino? ¿Qué efecto tendrá en los próximos procesos electorales? En los Estados Unidos, por ejemplo, es inevitable que las decisiones del presidente Trump y las críticas de la oposición no tengan un ojo puesto en las elecciones de noviembre. A presidentes como Trump o Bolsonaro en Brasil, que han desarrollado sus carreras e imagen sobre la base del menosprecio a la opinión del “establishment”, de los académicos y expertos, les cuesta mucho hacer un viraje.

En nuestro país, afortunadamente, tenemos un presidente pragmático, que encuentra sentido y propósito en las crisis, y comunidades de expertos no tan divididas por sesgos ideológicos; de allí que se haya generado un amplio consenso en torno a las principales decisiones del gobierno. Conforta por ejemplo ver en el sector salud al Ministro Zamora convocando a exministros de salud en posiciones clave, como recientemente Pilar Mazetti, Oscar Ugarte y otros. Ese es el camino.

Lo que se viene

Artículo publicado en El Comercio, sábado 28 de marzo de 2020 

En una de sus conferencias del mediodía, el presidente Vizcarra señaló que la lucha contra el coronavirus no es una carrera de 100 metros planos que termina con la cuarentena, sino que es más bien una maratón; después de la cuarentena vendrán etapas igualmente duras.

Esta emergencia global ha evolucionado de manera dramática día a día, y todavía estamos terminando de asimilar la magnitud de la crisis. No sabemos si el mundo vaya a ser muy diferente después de esto, pero sí podemos estar seguros de que la emergencia que estamos viviendo se va a extender mucho más allá del 12 de abril. Para empezar, las medidas de aislamiento social tendrán que extenderse para evitar rebrotes y una nueva ola de contagios; no será posible volver sin más a la “normalidad” previa. Muy probablemente habrá que establecer etapas, distinguir sectores y actividades, nuevas prácticas dentro de nuestros quehaceres, y un largo etcétera. Es más, de acuerdo a la evolución de la epidemia, probablemente habrá necesidad de volver a cuarentenas parciales o totales; en medio de ella, habría que intentar intervenciones más acotadas para minimizar los daños económicos y sociales.

En medio de esto, la preocupación por la magnitud de esos daños son totalmente justificadas. Lo bueno es que el gobierno está reaccionando y tomando decisiones para aliviar la situación de la población y las unidades económicas más vulnerables; la pregunta es si será suficiente y qué más habría que hacer. Tomemos por ejemplo la decisión de implementar medidas complementarias de asistencia social a través de regiones y municipios; todos recordamos la experiencia del papel de gobernadores y alcaldes durante la reconstrucción de Pisco y otras zonas de Ica. Esperemos que las malas experiencias sirvan como “vacuna” para que no se repitan; hasta este momento, ya se están implementando razonablemente medidas de distribución de alimentos a domicilios de barrios identificados como más necesitados. Más desafíos para un Estado que suele fallar en la implementación. Cabe destacar que el poder ejecutivo ha mostrado un muy bien manejo en la relación con gobernadores y alcaldes, que han correctamente apoyado las medidas de emergencia. Solo hubo un conato de rebelión de algún alcalde despistado en Lima, pero tuvo que rápidamente reconocer su error.

Por lo visto, los efectos de las medidas de aislamiento tendrán un gran efecto económico y social; ¿a qué se terminará pareciendo? Referencias recientes son las crisis económicas de 2009 o la de 1998-2002, que requirieron medidas de salvataje financiero, o si vamos más atrás, la crisis de 1990-1991, que puso en agenda la necesidad de un enorme esfuerzo de compensación social. La diferencia a nuestro favor es que hoy tenemos una solidez macroeconómica que no teníamos antes, una institucionalidad social que atiende a la población en situación de pobreza, y algunas islas de eficiencia dentro del Estado capaces de diseñar e implementar decisiones complejas para atender las urgencias.