¿Cooperación o confilicto?

Artículo publicado en El Comercio, sábado 23 de marzo de 2019 

Cooperación o conflicto fue el dilema que atravesó y en último término destruyó al gobierno del presidente Kuczynski. En reciente entrevista a este diario, declaró que su gobierno “se perdió desde el primer día” dada la existencia de una mayoría opositora; reconoce que “cometí errores” y señala que “me faltó ser mucho más confrontacional. Soy un tipo tranquilo, pensé que hablando se podían lograr resultados”. En realidad, se trata de un diagnóstico equivocado. Ni el destino de Kuczynski estuvo sellado de antemano, ni cayó por no ser más confrontacional. Cayó por groseros errores propios, el principal el no haber optado o seguido consistentemente ningún camino. Ni habló ni confrontó en realidad, y por ello se aisló tanto de la oposición fujimorista como de un bloque que podría haberlo respaldado. El indulto al expresidente Fujimori, acción de la cual Kuczynski dice no arrepentirse y que “volvería a hacer” es precisamente ilustración de ello: no apaciguó al fujimorismo, y enemistó al presidente con quienes lo sostenían, lo que lo llevó a un aislamiento que hizo que un escándalo relativamente menor propiciara su renuncia.

Volver sobre la evaluación de estos hechos es pertinente para el presente y el futuro. El presidente Vizcarra heredó una situación de debilidad, lo que se expresó en una actitud dubitativa entre marzo y julio del año pasado. Entre julio y diciembre, el presidente pareció por el contrario invulnerable, con la iniciativa de referéndum y de lucha contra la corrupción, que le permitió pasar de una aprobación ciudadana del 35% de los encuestados al 66% en esos meses, según IPSOS. Al mismo tiempo, la bancada fujimorista perdía la batalla de impedir la posibilidad de conformar nuevas bancadas, pasando progresivamente de los 73 representantes del inicio a los 55 escaños actuales. El fortalecimiento del presidente y el debilitamiento de la oposición hizo que a mediados de febrero se discutiera en la prensa si es que el presidente Vizcarra realmente necesitaba una bancada en el Congreso para poder gobernar, dado que el respaldo ciudadano parecía suficiente.

Las encuestas de enero, febrero y marzo cambiaron el panorama, al constatarse que se estaba ahora ante una tendencia declinante, que hizo perder diez puntos porcentuales de aprobación entre diciembre y marzo. El gobierno, al mismo tiempo, enfrenta la presión de la necesidad de aprobar en el Congreso diversos proyectos referidos a la reforma de la justicia, y están en la cola los de la reforma política. Emerge entonces nuevamente el dilema que no pudo resolver Kuczynski. ¿Cooperación o conflicto? ¿Debería el presidente blandir el arma de la cuestión de la confianza, confrontar, polarizar para recuperar la iniciativa? No parece razonable, dado que Fuerza Popular no tiene el poder que tenía antes, su discurso ha cambiado parcialmente, y el Presidente del Congreso maneja también un discurso de concertación. El camino de la confrontación suena desmesurado y sin justificación por el momento. El camino de la cooperación tampoco es un lecho de rosas; ahora sí se percibe la necesidad de una bancada en la cual confiar, con operadores capaces de generar los consensos que se requieren. La fragmentación del Congreso, con diez bancadas, deja de ser bendición, y se convierte en un obstáculo.

En este marco, acaso lo que corresponda sea un gran acuerdo político entre los líderes de los principales actores políticos, que establezcan un referente capaz de convocar a los demás. Sin éste, los impulsos reformistas serán inviables.

¿Será posible una reforma política?

Artículo publicado en El Comercio, sábado 23 de marzo de 2019

Escribo con el seguramente inevitable sesgo de haber tenido el honor de ser parte de la Comisión Consultiva para la Reforma Política, designada por el Presidente de la República, que terminó sus funciones con la entrega de su informe el 4 de marzo, hecho público el pasado miércoles.

Creo que existe un amplio consenso en la sociedad y en la política de que nuestro orden político es muy poco legítimo, muy poco representativo, muy vulnerable a la corrupción, que genera recurrentes conflictos sin posibilidades de encauzarlos institucionalmente. El presidente Vizcarra y el Presidente del Consejo de Ministros César Villanueva tomaron la decisión de constituir una Comisión para la elaboración de propuestas de reforma, que faciliten el proceso de construcción de una propuesta integral.

Casi tres meses después, el panorama político luce muy incierto. Nuestra Comisión trabajó con total independencia, aunque de manera coordinada, por supuesto; pero esa autonomía hace que nuestra propuesta no tenga un “propietario”, así decirlo. Tenemos además un nuevo Consejo de Ministros. Hemos presentado un conjunto muy ambicioso de medidas, que buscan iniciar un gran cambio, romper la inercia, apretar el botón de “reset” del sistema político para empezar la construcción de una nueva institucionalidad política. Pero se trata de un conjunto que puede enfrentar resistencias. Al gobierno le preocupa, como es natural, la evolución de su popularidad, y la cantidad de frentes que tiene que atender de manera simultánea. El Congreso no quiere verse presionado o jaqueado por el poder ejecutivo, lo cual también es comprensible. Los expertos discuten sobre el contenido, y por cada tema puede haber una gran diversidad de opiniones, todas legítimas. La ciudadanía puede desconfiar de una propuesta que la saca de sus rutinas, que la llama a involucrarse en un proceso de renovación institucional.

Sin embargo, de cara al Bicentenario, creo que sería una verdadera lástima que dejemos pasar la oportunidad que tenemos a la mano para marcar una diferencia, y poder tener en 2021 el inicio de una mejor democracia y mejores instituciones, que además se complemente con la reforma de la justicia en marcha y diversas iniciativas de desarrollo. Para esto se requiere la voluntad de construir un gran acuerdo político: las reformas constitucionales requieren 87 votos. El presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Presidente del Congreso, la Presidenta de la Comisión de Constitución, los líderes de los Grupos Parlamentarios, deben decidir si vamos a hacer algo, o si dejaremos pasar esta oportunidad. Las organizaciones de la sociedad civil deben decidir si se involucran en el debate o si tiran la toalla de antemano. Los expertos deben decidir si apoyan una reforma o si se pierden en debates que al final entrampen su aprobación. Una vez tomada la decisión de hacer algo, las propuestas de la Comisión son una referencia, no el punto de llegada. Creo que es una referencia útil no porque los excomisionados seamos unos iluminados, sino porque la propuesta recoge mucho de lo expresado por los grupos parlamentarios, iniciativas legislativas anteriores, los aportes de la sociedad civil, el conocimiento acumulado en el debate académico. Y todo esto explicando a la ciudadanía que queremos dejar el clima antipolítico que nos ha atosigado en los últimos años, que queremos que todos se involucren y se interesen nuevamente en la política, pero bajo nuevas reglas.

No es fácil, pero no es imposible. ¿No es un esfuerzo que vale la pena dar juntos pensando en el Bicentenario?

Villanueva – del Solar

Artículo publicado en El Comercio, sábado 17 de marzo de 2019

En nuestro país de una democracia sin partidos, los altos cargos ejecutivos no son definidos por la organización política que ganó las elecciones, con la que los gobiernos tienen relaciones difusas, por así decirlo, cuestión bastante elocuente en el actual período. En un trabajo Paolo Sosa (2014) muestra cómo en los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García, en la década de los años ochenta el porcentaje de ministros con afiliación en el partido de gobierno estuvo por encima del 80%; con Alberto Fujimori en la década de los noventa ese porcentaje bajó a menos del 20%. Desde la transición del 2000, esos porcentajes aumentaron un poco, pero sin pasar de un tercio del total de ministros, en términos generales. En otras palabras, la mayoría de ministros son independientes, reclutados por su vinculación a ciertas redes sociales de influencia, ya sean políticas o tecnocráticas.

El Consejo de Ministros presidido por César Villanueva fue resultado de circunstancias muy complicadas que llevaron a transacciones apresuradas: éste llegó al cargo gracias a su relación personal con el Presidente, y porque abría puertas ante el Congreso y ante las regiones. En cuanto a la composición del gabinete, algunos llegaron por su cercanía al presidente (Trujillo), otros por complejos cálculos políticos (Heresi), otros parecían representar el resguardo del modelo económico (Tuesta, Córdova), otros una apertura al flanco izquierdo (Balbuena, Sánchez, La Rosa). La mayoría llegaron porque fueron viceministros, o porque contaban con cierto reconocimiento en su sector. A este Consejo de Ministros se le agotaba el aire rápidamente, hasta que el Presidente le insufló energía con la propuesta de referéndum para iniciar la reforma de la justicia y la reforma política. Pero el déficit en cuanto al manejo político y la eficacia de la gestión sectorial subsistió, con las excepciones correspondientes.

El nuevo Consejo de Ministros presidido por Del Solar parece una muy buena decisión dadas las resticciones de reclutamiento que enfrenta el gobierno. En la práctica, el espacio de selección parece delimitado por lo que se pudiera rescatar del gobierno de Kuczynski, se ha seguido con una lógica de reclutamiento meritocrático basado en el expertise sectorial, pero compensado con el encomiable impacto que genera un gabinete paritario. La necesidad de una conducción política más visible, elocuente, activa, la busca conseguir con algunos ministros mucho más hábiles en ese terreno, desde el propio Del Solar, y las incorporaciones de Montenegro o Bruce). En el saldo, la balanza parece haberse inclinada ligeramente más hacia la izquierda que el gabinete Villanueva, pero ciertamente prima la continuidad antes que el cambio. Insisto, dadas las restricciones de un presidente sin partido, con un relativo aislamiento en el Congreso, con relaciones complicadas con su propia bancada, sin una baraja muy amplia de opciones, la selección luce bastante afortunada.

La gran pregunta por supuesto es qué rumbo seguirá el gobierno con el nuevo Consejo de Ministros y cuán capaz será de lograr lo que se proponga. Vizcarra y Villanueva parecieron tener gran sintonía y afinidad, construída desde los años de sus presidencias regionales; no es el caso con Del Solar. ¿Cederá el presidente algo de protagonismo al nuevo Presidente del Consejo de Ministros? ¿Seguirá más bien este último a las iniciativas ya lanzadas por el Presidente Vizcarra en los últimos meses? Esperemos las definiciones, pero el tiempo se agota muy rápido.

Parte de lo que nos toca

Artículo publicado en El Comercio, sábado 9 de marzo de 2019

Crecí, como muchos de mi generación, sospecho, en una familia en la que las mamás se ocupaban de sus casas, y en las que los padres eran las figuras de autoridad; y en un barrio en el que era parte de una collera de chicos en la que veíamos a las chicas desde una gran lejanía. No era poco frecuente ver que chicas o mujeres caminando por las calles recibieran “piropos” de los hombres, o que incluso alguno “manoseara” a alguna de ellas. Tuve mi educación escolar en un colegio de varones en el que lo que hoy llamaríamos bullying, homofobia, y diversas formas de abuso tanto de profesores contra estudiantes como de estudiantes contra profesores eran parte de la normalidad. Fue recién en la universidad, confieso con vergüenza, siguiendo una carrera asociada a las letras, que al ingresar a un universo con una presencia de mujeres casi paritaria es que pude tomar plena consciencia de lo terrible que había sido mi socialización en cuanto a temas de género.

Pero incluso en la universidad diversas formas de acoso y violencia sexual de profesores a estudiantes y entre estudiantes eran percibidas entonces como parte de cierta normalidad, que no ameritaban un escándalo público. Algunas involucraban a amigos muy cercanos. Luego me formé en un ambiente político de izquierda, estudié una carrera que me asoció al mundo de las ONGs y al mundo académico. Mundo en el que se rechazaba el conservadurismo de los valores tradicionales y se reivindicaban las banderas igualitarias y feministas. Poco a poco fuimos descubriendo también que el sexismo, el acoso y la violencia de género no tienen bandera política, y que son males más profundos, nuevamente, ubicados en una manera de entender los roles de género.

Los años han pasado, felizmente muchas cosas han cambiado para bien. Pero estamos sufriendo los dolores y males de una transición en la que los patrones tradicionales se resisten a desaparecer en un entorno que los evidencia como cada vez más anacrónicos. En los casos de los congresistas Mamani o Lescano, por ejemplo, pareciera que ni ellos ni quienes argumentan a favor de ellos son conscientes de que en la actualidad tenemos que vivir con otros estándares, y que lo que antes era considerado una “picardía” hoy es una conducta abominable. Hoy, donde trabajo, en la PUCP, tenemos una Comisión para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual, que hace un gran trabajo, en medio de sus grandes limitaciones. Toca apoyar decididamente estos espacios. Una vez que se generan espacios seguros para hacer denuncias, pareciera que se destapara una olla a presión.

Algo así está pasando también en nuestra sociedad, y en ocasiones, lamentablemente, las reacciones son violentas. Es por ello que urge que nuestro Estado avance en la implementación de un enfoque de género en las políticas públicas. En sentencia reciente del Tribunal Constitucional, se señala que “el enfoque o perspectiva de género debe ser incorporado y practicado en el ejercicio de la función judicial y fiscal”. De lo que se trata, simplemente, es de buscar “la equidad entre hombres y mujeres”. Un paso más adelante.

Vuelvo a recordar mi formación, y aún hoy me encuentro en los chats de la promoción de mi colegio una profusa circulación de videos pornográficos, comentarios y chistes homofóbicos. Converso sobre esto con un amigo, padre como yo de una hija pequeña, y creo que nos aliviamos al pensar que esto resulta una ridiculez patética a estas alturas, y confiamos en que el futuro resultará mejor para nuestras hijas. Pero tenemos que poner mucho más de nuestra parte.

Mesa o Morales

Artículo publicado en El Comercio, sábado 3 de marzo de 2019 

En los últimos meses, el descalabro político y económico en Venezuela y Nicaragua ha sido más que evidente, y la problemática de esos países ha adquirido configuraciones claramente regionales, expresadas en el gran flujo de emigración desde Venezuela hacia Colombia, nuestro país y muchos otros, y desde Nicaragua hacia Costa Rica, entre otras manifestaciones. Algunos señalan que este descalabro sería consecuencia de haber padecido liderazgos “radicales” de izquierda, con discursos refundacionales y prácticas autoritarias, como los de Chávez y Maduro y de Daniel Ortega. En este marco, Evo Morales aparecía hasta hace algún tiempo como contraejemplo, ilustración de estabilidad y prosperidad económica, un mínimo de consistencia institucional, y un importante apoyo popular, en medio de un proceso de profunda transformación del país. Ecuador con Rafael Correa aparecía también como un caso interesante: también implementó cambios muy profundos en el país, tuvo un manejo económico en el que combinó años muy buenos con otros muy mediocres, pero no llegó al descalabro como en los dos primeros casos mencionados. Si bien tuvo un estilo de gobierno abiertamente autoritario, y las instituciones funcionaron muy al compás del gobierno durante los años de Correa, al final tuvo el tino de no forzar una nueva re-re-re elección en 2017, después de las de 2009 y 2013.

Evo Morales pareció seguir el tino de Correa. Elegido por primera vez en 2005, convocó a una Asamblea Constituyente y aprobó una nueva Constitución, que permitió la reelección inmediata por una sola vez. Culminado su primer mandato, fue reelecto en 2009 y también en 2014, gracias a que el Tribunal Constitucional consideró como primer gobierno al de 2010, no al de 2006 (logró imponer una “interpretación auténtica” siguiendo el patrón de Alberto Fujimori). En medio de las controversias por esa re-re elección, era claro que Morales no podría reelegirse en las elecciones de este año; por ello, convocó en 2016 a un referéndum para cambiar la Constitución y establecer la posibilidad de reelegirse por dos periodos consecutivos, pero perdió. El “no” a la reforma obtuvo el 51.3% de los votos, y el “sí” el 48.7%. El “sí” ganó solamente en La Paz, Cochabamba y Oruro, las tres regiones altiplánicas, tres de las nueve regiones del país, expresando el clivaje andes – oriente tan relevante en los últimos años.

Sin embargo, a finales de 2017 Morales logró que el Tribunal Constitucional declarara que el límite a la reelección “viola sus derechos humanos”, amparándose supuestamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo que está en competencia para las elecciones que se realizarían en octubre. La oposición boliviana está participando en el proceso electoral, confiando en que cuenta con un candidato competitivo, el expresidente Carlos Mesa, y sabiendo que el abstencionismo y la movilización callejera no son herramientas suficientes para imponer la alternancia. El pasado 27 de enero se realizaron elecciones primarias para elegir a los candidatos presidenciales de los partidos que participarán, y Evo Morales quedó apto para participar. Existe una apariencia de normalidad, pero que en realidad encubre una candidatura abiertamente ilegal e inconstitucional. No estamos como en Venezuela o Nicaragua, pero las aparentes diferencias entre los liderazgos “refundacionales” parecen haberse diluído.

Percepciones sobre la corrupción

Artículo publicado en El Comercio, sábado 24 de febrero de 2019

La encuesta de diciembre del Instituto de Estudios Peruanos, dedicada a la percepción que tenemos los peruanos sobre la corrupción, contiene información de mucho interés.

En general, tenemos una pobre opinión sobre nosotros mismos: un 93% considera que los peruanos cumplimos poco o nada las leyes; 82% que somos poco o nada conscientes de nuestras obligaciones; y un 55% considera que toleramos bastante o mucho la corrupción. Nuestra percepción es que, de una encuesta anterior, de octubre de 2013, a la de diciembre de 2018, ha aumentado el porcentaje de peruanos frecuentemente involucrados en conductas corruptas: dando “propinas” para evitar el pago de multas, o usar influencias para obtener atención más rápida en servicios públicos; o no denunciando casos de corrupción.

¿Por qué no se denuncian actores de corrupción? La mayoría de las respuestas apunta a limitaciones en el Estado: 73% considera que denunciar es peligroso; 62% lo considera complicado; y un 60% inútil, porque “igual no pasa nada”. Correlativamente, para combatir la corrupción, la principal medida sería “facilitar las denuncias judiciales” (44%).

La corrupción es un problema muy serio en el país: un 89% considera que la corrupción está “bastante o muy extendida”; lo está en la adjudicación de obras públicas (para un 76% de los encuestados) y en las comisarías (73%), por encima de otros ámbitos. Se halla “bastante o muy extendida” con el Congreso (para el 88% de los encuestados), en partidos políticos (86%), gobiernos regionales (82%) y Poder Judicial (81%). También más de un 80% considera que está “bastante o muy extendida” entre congresistas, políticos, y jueces. En otras palabras, políticos y jueces aparecen como los más comprometidos en problemas de corrupción. El APRA, Fuerza Popular y el Partido Nacionalista aparecen como los partidos más asociados a estos problemas. A pesar de la renovación de autoridades políticas en las regiones, el 68% considera que “continuarán los problemas de corrupción”.

Pese a la queja frente a los problemas de corrupción, hay en un porcentaje significativo de entrevistados cierto fatalismo: un 41% votaría o podría votar por un candidato con acusaciones de corrupción, ya sea porque no se presentan mejores opciones, como por otras consideraciones “pragmáticas”. Más específicamente, un 26% podría votar por un candidato que “en el pasado ha mostrado ser eficiente su gestión, aunque haya tenido también acusaciones de corrupción”; 24% por quien “ofrece puestos de trabajo a quienes lo apoyen en la campaña electoral”; pero solo un 10% por quien “regala cosas en la campaña electoral”.

La encuesta se aplicó del 7 al 12 de diciembre, y los entrevistados en ese momento exhiben bastante escepticismo: solo un 17% considera que “están pasando cosas que permiten tener esperanza”; 38% considera la corrupción solo se podrá solucionar “mediante políticas de mano dura, aunque eso implique violar las leyes y procedimientos”; y un 37% considera que “nunca se podrá solucionar”.

Considerando los acontecimientos de los últimas días, ¿las percepciones ciudadanas habrán cambiado? Seguramente habría aumentado la percepción de que el problema de la corrupción es un fenómeno generalizado, y también de que la impunidad podría estar en retroceso. Sin embargo, esto está todavía por verse, considerando lo iniciales que están los procesos en estos casos, la mayoría en fase preliminar en el campo de la Fiscalía, sin que haya acusación formal o iniciado propiamente los juicios. Con todo, se está jugando en estas semanas la posibilidad de iniciar un punto de quiebre.