A estas alturas, podemos afirmar que el saldo que queda de las diferentes iniciativas de reforma política aprobadas por el Congreso es el de un terrible retroceso. El poder ejecutivo observó las últimas modificaciones, y el Congreso insistió en su propuesta, logrando aprobarlas. La última línea de defensa para evitar el desastre es el Jurado Nacional de Elecciones. La salida no es la convocatoria a una legislatura extraordinaria, porque es el propio Congreso el responsable de este entuerto. El Jurado está defendiendo, con buen criterio, el principio de no retroactividad de las leyes. Por ejemplo, con las modificaciones se amplía el plazo para presentar renuncias a un partido para postular por otro. Esto resulta afectando a quienes renunciaron oportunamente dentro de los tiempos establecidos por la ley vigente, así que es claro que los cambios vulneran un principio constitucional.
El problema más serio es que podemos terminar exactamente en el punto contrario al que queríamos llegar. Si la intención de la reforma era tener menos partidos, pero más fuertes y representativos, tomando como referencia el voto ciudadano, podemos terminar perpetuando la existencia de muchos partidos débiles, apenas membretes que se negocian en el mercado electoral. En primer lugar, está la disposición que señala que no participar en dos elecciones generales sucesivas (no una, como estaba establecido) es causal de pérdida de registro. Al mismo tiempo, se eleva la valla electoral para las alianzas de 0.5 a 1% de los votos por cada miembro adicional. Y tercero, se eleva del 3 al 4% del padrón electoral el número de firmas necesario para inscribir un partido político. Combinadas estas tres cosas, el resultado es catastrófico.
Lo único bueno de la orgía de candidatos presidenciales en esta elección es que pocos superarán la valla electoral del 5%, de modo que podríamos tener una buena depuración, y alguna base para pensar en una reforma política en serio, como la que hemos propuesto como parte de la Asociación Civil Transparencia, por parte del próximo Congreso. Pero si no participar en elecciones no tiene sanción, entonces en las próximas semanas quienes evalúen que no pasarán la valla se retirarán para no perder la inscripción, burlando la voluntad de los ciudadanos. Peor aún, quienes hayan forjado alianzas, haciendo un esfuerzo de agregación, serán castigados por la elevación de la valla; los incentivos totalmente al revés. Y para terminar de coronar este despropósito, resulta que los actuales grupos pretenden monopolizar la representación, elevando el número de firmas necesario para inscribir nuevos partidos. En otras palabras, la perpetuación del desastre que tenemos.
La salida es que el Jurado no aplique las modificaciones a la ley de partidos. Este proceso electoral se convocó con unas reglas, con esas reglas es que los partidos tomaron decisiones y diseñaron estrategias, y cambiarlas implica aplicar retroactivamente la ley, lo que resulta inconstitucional.
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