China y América Latina

Artículo publicado en La República, domingo 24 de mayo de 2015

Estuvo de paso por nuestro país el primer ministro chino, Li Kequiang, como parte de una gira que empezó en Brasil y que comprenderá también a Colombia y Chile. En 2001 el presidente chino Jiang Zemin visitó Chile, Argentina, Uruguay, Cuba y Venezuela. En 2013, el vicepresidente Li Yuanchao visitó Argentina y Venezuela. Hace unos años que China es el segundo socio comercial de la región, detrás de los Estados Unidos (en nuestro país China es ya el destino principal de nuestras exportaciones); América Latina representa más del 30% de las exportaciones chinas, y más del 25% de sus importaciones. Pero hay mucho más que flujos comerciales: la liquidez de los bancos chinos y los intereses estratégicos de su Estado en esta parte del mundo hicieron que el financiamiento proveniente de ese país resultara clave para países como Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. Por diversas razones, cuando estos países vieron comprometidos flujos crediticios de bancos occidentales, los chinos los sustituyeron. Y luego están las inversiones en diferentes proyectos, de infraestructura, minería, petróleo, y otros. Acá destacan inversiones como la ampliación del canal de Panamá, o la cuestionada construcción de otro canal interoceánico en Nicaragua. En nuestro país, las inversiones chinas en minería representan un tercio de las inversiones totales, en proyectos como Las Bambas, Toromocho o Marcona.

El gran anuncio después de la visita de Li Kequiang es el proyecto de construcción de un “ferrocarril transoceánico” que facilite el flujo comercial entre China y Brasil, a través de territorio peruano. Cabe recordar que China intenta implementar grandes proyectos ferroviarios desde hace algunos años, como el tren bala entre ciudad de México y Querétaro, proyecto suspendido por cuestionamientos al proceso de licitación, ocurridos además en el contexto de la denuncia de la compra de una mansión de siete millones de dólares por parte de la esposa del presidente Peña Nieto a una contratista socia de la empresa ferroviaria china.

¿Cómo pensar la presencia china en América Latina? En el pasado, se analizó la relación de la región con los grandes poderes económicos, como Inglaterra y los Estados Unidos, bajo el lente de la teoría de la dependencia. Una parte de ella parece vigente para pensar nuestra relación con este nuevo gigante económico: exportamos materias primas, importamos productos manufacturados; recibimos grandes préstamos e inversiones; priman los intereses estratégicos del poderoso, y solo nos queda intentar obtener beneficios en los márgenes. Pero China no es capaz de tener, al menos no hasta el momento, la misma influencia política o cultural. Y obviamente, vivimos otros tiempos, en los que valores como la democracia, la transparencia, la defensa de los derechos humanos, de las poblaciones indígenas y del medio ambiente, son valores fundamentales: en ninguno de ellos China es precisamente un adalid. Y por ellos deberíamos velar en cualquier negociación.

Dilemas políticos

Artículo publicado en La República, domingo 17 de mayo de 2015

Tía María. ¿Imponer la autoridad pública frente al desafío de grupos que van más allá de una protesta legítima, o retroceder buscando recuperar legitimidad y estabilidad? ¿Estado de emergencia o suspensión del proyecto? El camino del orden puede terminar en una tragedia; el retroceso puede debilitar la autoridad. Imponer la autoridad puede ser bueno para sectores empresariales y conservadores, pero se pierde legitimidad ante parte importante de la población. La paz y la estabilidad son buenos, pero no al costo de desalentar la inversión. El gobierno todavía no optó por ningún camino, tarde o temprano tendrá que hacerlo, con costos aún más altos. Y ojo que “imponer la ley y el orden” no suena creíble con un Estado que no puede ni asegurar los viáticos y la alimentación de los policías que envía para reprimir desmanes en las protestas.

Poder Judicial, Ministerio Público y CMN. Autonomía vs. control. El Poder Judicial y el Ministerio Público deben ser autónomos, libres de interferencias y presiones; por ello, se le quitó al Congreso la potestad de aprobar sus nombramientos. Se le dio al Consejo Nacional de la Magistratura esa competencia, y se abrió la participación a organizaciones de la sociedad civil (colegios profesionales, rectores de las universidades), más allá de jueces, fiscales y abogados. ¿Cómo intervenir para que esas instituciones cumplan sus funciones, pero salvaguardando su autonomía? ¿Cómo evitar que esa autonomía se pervierta y el espacio sea capturado por mafias e intereses particularistas? No tomar decisiones nos condenará a seguir en la situación actual. Deberíamos pensar en una reforma constitucional para rediseñar el funcionamiento de estas entidades.

Minorías de vanguardia, mayorías conservadoras. En las últimas semanas y meses, se han discutido temas muy diferentes entre sí, como la Unión Civil, o el cuestionamiento a la construcción de un by-pass en la avenida 28 de Julio en Lima. En ambos casos, tenemos una minoría muy activa, que cuestiona el parecer de la mayoría. Los políticos en busca de popularidad pueden ampararse en el criterio mayoritario, pero a costa de sufrir el embate sistemático de quienes lo cuestionan. Y si tienen buenas razones, como en estos ejemplos, pueden llegar a revertir la idea mayoritaria, o cuando menos ganar el respado de actores clave, con lo que la apelación a la mayoría resulta perjudicial.

Minorías extremistas, mayorías silenciosas. Buena parte del clima de crispación y polarización que vivimos se debe a que el debate público es casi monopolizado por posiciones extremistas, locuaces y movilizadas. El problema es que la mayoría, que busca salidas razonables, no tiene voceros claros. Es en este momento en que necesitamos de liderazgos políticos. Pero nuevamente, quienes aspiran a representarnos en 2016 no tienen mensajes claros ni proponen soluciones de fondo. Acaso la Gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, sea la que ha marcado más claramente el camino de salida.

Tía María

Artículo publicado en La República, domingo 10 de mayo de 2015

En la política la confrontación es saludable, en tanto expresa los conflictos y las diferencias sociales; pero cuando deviene en polarización y extremismo, empieza a primar una lógica de liquidación de los adversarios. Resulta entonces que solo hay promineros y antimineros, y para los primeros quienes protestan son terroristas que boicotean el desarrollo para supuestamente “vivir” de la pobreza de una población manipulada, por lo que corresponde es la pura represión; y para los segundos lo único que parece interesar es lograr una victoria política, derrotar a la gran empresa, al gobierno, a la derecha. En medio, una oportunidad de inversión y desarrollo importante se pierde sin razones claras, ciudadanos y polícías muertos y heridos, agricultores empobrecidos, niños sin asistir a la escuela. Urge salir de un escenario de polarización, donde solo ganan los extremistas, y de suponer que una negociación consiste en la amenaza, la extorsión, la manipulación de la información o el soborno.

Como lecciones de fondo, de un lado, llama la atención la dificultad de algunas empresas y del Estado para aprender de los conflictos. Tía María tiene una historia larga que ya en 2011 dejó tres muertos en el camino; el segundo Estudio de Impacto Ambiental no buscó realmente despejar los temores de la población, sino aprovechar la urgencia gubernamental de promover la inversión. Y el Estado ha reaccionado demasiado tarde. Es llamativo el contraste en la misma región Arequipa con el proyecto Cerro Verde, que más bien aparece buscando legitimarse como socio en iniciativas de desarrollo de la región. Los mineros, antes que seguir un falso espíritu de cuerpo poniéndose detrás de la Southern, reclamando orden y espantándose ante las protestas, debieran presionar para que como gremio las relaciones comunitarias se tomen mucho más en serio. Algunas declaraciones del Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, han sido lamentables.

De otro lado, también hemos visto una vez más que, así como no hay representación política en el Perú, tampoco hay representación social. Los supuestos dirigentes aparecen más bien como brokers con intereses propios, distinguibles de los de la población, de los partidos, que quieren desarrollar carreras como mediadores en protestas y conflictos. Las autoridades políticas locales quedan totalmente desbordadas por la acción de estos operadores, que ganan espacio ante la ausencia de otros actores. Las izquierdas tienen que deslindar claramente cuando intereses particularistas pretenden pasar por los de la población. No solo porque ellas deberían estar interesados en representar sus intereses, también porque la izquierda debe condenar enfáticamente el uso de la violencia en las protestas. Ha tomado tiempo abandonar el paradigma revolucionario insurreccional, pero parece haber quedado la idea de que en las protestas sí sería válido. No lo es, y más bien legitima la criminalización de un derecho ciudadano.

La “derechización” del Perú

Artículo publicado en La República, domingo 3 de mayo de 2015

En el panorama latinoamericano, Perú llama la atención por ser uno de los países más “derechizados”. La hegemonía de la derecha se da en gran medida por el default de la izquierda, por la incapacidad de esta para construir una oferta atractiva, y no tanto porque aquella se haya enraizado en la sociedad y en los sectores populares. Recordemos que en las últimas elecciones ha sido más atractivo para los ciudadanos escuchar discursos de centro-izquierda.

En el Congreso actual, desaparecido Javier Diez Canseco, la izquierda como tal no tiene voceros. Ha habido siempre cuadros muy valiosos, pero dentro de otras organizaciones (Partido Nacionalista, UPP, Perú Posible), pero no hablan ni actúan en nombre la izquierda. Si vemos el escenario regional y local tampoco, salvo Gregorio Santos en Cajamarca y Susana Villarán en Lima metropolitana, pero sabemos que ambas experiencias terminaron mal. La izquierda mantiene presencia en algunos gremios y en algunos movimientos de protesta, pero que no van más allá de sus demandas particulares.

En todas partes existen sectores de derecha ultra conservadores. Pero en la mayoría de lugares existen izquierdas que rebaten esas posturas: sectores de izquierda moderados están en el poder en Brasil, Chile, Uruguay o El Salvador; más radicales en Argentina, Bolivia, Ecuador, y en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y las izquierdas tienen presencia importante en países más derechizados, como México o Colombia. Perú aparece en una categoría de países de predominio de derecha sin cuestionamientos efectivos, como en Paraguay o Guatemala.

En las últimas semanas hemos asistido a la negación de derechos elementales a población homosexual y de otras orientaciones sexuales; el rechazo a la despenalización del aborto en casos de violación; el rechazo a tomar en serio las cuentas pendientes que tiene el Estado por responsabilidades en la violación de derechos humanos; la descalificación a quienes se oponen a proyectos mineros; la acusación de terroristas a quienes simplemente ejercen su derecho a ser de oposición. Atención que una cosa es discrepar con algunas posiciones, a las cuales se puede legítimamente criticar, y otra es descalificarlas y empujarlas fuera de los márgenes del sistema político.

En la derecha parecen primar los viejos hábitos (ver la tímida reacción de CONFIEP ante el caso Balarezo), la vieja distancia, desconfianza y temor frente a los sectores populares (ver reacciones ante las protestas en Tía María) y frente a quienes de alguna manera desafían el supuesto “orden natural” de las cosas. El problema es que de cara al 2016, las cosas pueden empeorar: ya no existe como en 2006 o en 2011 el temor a Humala, tampoco la mala conciencia del apoyo al fujimorismo de 2001, con lo que la apelación al “principio de autoridad” sin concesiones tenderá a darse más fácilmente que antes, y ese es uno de los mayores riesgos para la democracia peruana. A tomar en cuenta en los debates sobre la necesidad de construir un centro político.

¿Cómo crecer en el corto plazo?

Artículo publicado en La República, domingo 26 de abril de 2015

Continúo con temas que abordé la semana pasada, referidas al peso de factores internos y externos en el crecimiento económico. Es claro que en nuestro país los momentos de bonanza y crisis se explican fundamentalmente por el contexto externo, pero también lo es que en ocasiones nos va mejor o peor que al resto. En la década de los años ochenta nos fue mucho peor, y en los últimos años mucho mejor. Para Waldo Mendoza, (“Milagro peruano: ¿buena suerte o buenas políticas?”, en la revista Economía, vol. XXXVI, n° 72, 2013), la clave estaría en la política monetaria y fiscal, a cargo del Banco Central y del Ministerio de Economía, y su carácter en los años recientes: conservadora en contextos de auge, expansiva en contextos de desaceleración. Esto explicaría además por qué a países tan diferentes en lo político como Perú y Bolivia les ha ido bien recientemente: comparten un manejo macroeconómico ortodoxo y contracíclico. Habría que explorar más este argumento, incorporando más países en la comparación. En todo caso, resulta claro a mi juicio que en el Perú la clave ha estado en la continuidad de esas políticas en los últimos gobiernos, por lo que las críticas del exministro Carranza al manejo económico actual suenan poco razonables.

Ahora bien, también es cierto que deberíamos intentar hacer más en el corto plazo, para intentar crecer más. Lo que aparece más “a la mano” es la cartera de grandes proyectos de inversión minera, que pasa los 60,000 millones de dólares (para tener una idea de cuánto es esto, el PBI total del país es un poco más de 200,000 millones). A corto plazo, buena parte del crecimiento parece jugarse en la viabilidad de grandes proyectos mineros: así, proyectos como Las Bambas, Cerro Verde, o Toromocho parecen avanzar, mientras que Conga, Tía María o Quellaveco se empantanan. Acá la pregunta que surge es, ¿por qué si estos proyectos son tan importantes, ni las empresas directamente involucradas ni el Estado se preocupan suficientemente por asegurar su legitimidad y viabilidad? El gobierno actual creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (octubre 2012), inicialmente a cargo del Vladimiro Huaroc (sustituido a finales del año pasado), en principio, para evitar que sucesos como los de Conga no volvieran a repetirse. Sin embargo, la importancia de la tarea no ha tenido ni por asomo correspondencia con el respaldo otorgado a esa oficina. El resultado está a la vista en estos días en Islay: al final, se pretende resolver los problemas con pura represión, lo que termina “agudizando las contradicciones” y haciendo inviables los proyectos. Sacar adelante los grandes proyectos mineros implica no más represión, sino un paciente y serio trabajo de construcción de su viabilidad social, ambiental, política.

De otro lado, ¿cuáles son las propuestas de desarrollo no minero de corto plazo? Atención que en nuestra economía los sectores de transformación y de servicios pesan más que el extractivo, aunque no tengan “megaproyectos”.