Bolognesi en Arica

Artículo publicado en La República, domingo 28 de julio de 2013

Hoy 28 de julio resulta oportuno recordar la obra de teatro Bolognesi en Arica, de Alonso Alegría, que estuvo en escena en Lima hace unas semanas.

Es fácil caer en la actualidad en una actitud pesimista o cínica respecto al futuro del Perú, y optar por el puro individualismo y el desapego frente a cualquier apelación a la solidaridad o a la identidad colectiva. A vivir en el presente, desinteresados por una historia que no sentimos como nuestra, o que creemos conocer, y que pensamos como una simple suma de frustraciones, derrotas, traiciones.

En Bolognesi en Arica una estudiante escéptica se enfrenta a una clase de historia sobre los acontecimientos de junio de 1880. La profesora evita caer en una inútil lección de patriotismo, y simplemente relata los hechos. Ellos nos hablan, como espera la estudiante, de una guerra en la que caímos por la irresponsabilidad y el triunfalismo de nuestra elite política. Llegamos a junio de 1880 después de perder la campaña marítima, en la que nuestro barco más importante, el Independencia, encalló por la inexperiencia e indisciplina de su tripulación; de que el presidente Prado viajara irresponsablemente fuera del país para intentar comprar armamento, situación que produjo un golpe de Estado que llevó a Piérola al poder, cuyo liderazgo estuvo marcado por la ineficacia y las disputas internas; y después de perder el control de Tarapacá y Tacna y gran parte de nuestro ejército. Así, la resistencia de Arica se percibe como inútil, encabezada por un oficial viejo que sacrifica a sus tropas, compuestas además no tanto por soldados profesionales, sino por ciudadanos armados, reclutados improvisadamente.

En la obra sin embargo la estudiante va descubriendo poco a poco lo que sabemos, pero que ya casi habíamos olvidado: que Bolognesi, siendo un oficial retirado, se enroló y peleó en San Francisco y Tarapacá; que sus hijos siguieron su ejemplo, y dos de ellos murieron en la defensa de Lima. Que no quiso tomar solo la decisión de defender Arica, que ella resultó de la decisión unánime de una junta de jefes, en donde estuvieron Juan Guillermo More, el comandante del Independencia, que intentaba resarcir el error cometido en Iquique; el comandante argentino Roque Sáenz Peña, motivado por la solidaridad latinoamericana, quien luego sería presidente de su país; Ramón Zavala y Alfonso Ugarte, ricos industriales salitreros, entre otros. Este último, al estallar la guerra, canceló un viaje a Europa, aplazó su matrimonio, hizo su testamento, se enlistó y formó un batallón con sus propios recursos, y luchó en San Francisco y Tarapacá, donde fue herido. Pudiendo viajar a Arequipa para atenderse, decidió quedarse en Arica.

Los defensores de Arica rechazon una rendición honrosa ofrecida por el enemigo, y decidieron morir en combate para dejarnos a todos los peruanos una lección de dignidad, disciplina, sacrificio y amor a la patria, un referente moral para orientarnos cuando perdamos el camino. Haríamos bien hoy en recordarlos.

VER TAMBIÉN:

Sobre héroes y tumbas
Patricia del Río
El Comercio, 20 de junio de 2013

¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad

Acaba de ser presentado el informe del Grupo de Memoria Histórica de Colombia.

"Memoria Histórica (MH) es un grupo de investigación perteneciente a la entonces denominada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que tiene como objetivo elaborar y divulgar una narrativa sobre el conflicto armado en Colombia que identifique “las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales” (Ley 975 de 2005), así como las distintas verdades y memorias de la violencia, con un enfoque diferenciado y una opción preferencial por las voces de las víctimas que han sido suprimidas o silenciadas. Además, el grupo formula propuestas de política pública que propicien el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

El informe aparece luego de seis años de trabajo, que cubren el periodo 1958-2012, y el resultado es muy impresionante. El informe completo se puede descargar aquí. La prensa en Colombia destaca como datos el cálculo de 220,000 muertes en el periodo, donde un 81.5% fueron víctimas civiles, no parte de ningún grupo armado. El 2002 aparece como el año con más muertes civiles, más de 14,000. Entre 2000 y 2004 apenas se produjeron unas 55,000 muertes civiles, aproximadamente (cálculo mío "a ojo de buen cubero"). Las guerrillas aparecen como los principales perpetradores en cuanto a acciones bélicas, ataque a bienes civiles, atentados y secuestros, y los grupos paramilitares aparecen como los principales perpetradores en cuanto a masacres y asesinatos selectivos.

Este informe podría considerarse como "primo hermano" del informe de nuestra Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que este año cumple diez años de entregado. El informe colombiano tuvo un consejo consultivo internacional, del que formaron parte Carlos Iván Degregori y Susana Villarán. El equipo de investigación fue dirigido por Gonzalo Sánchez, quien lideró un excelente grupo, del que formaron parte Iván Orozco, a quien tuve la suerte de conocer en el Helen Kellogg Institute, la colega María Emma Wills, de la Universidad de Los Andes, así como Alvaro Camacho, quien lamentablemente falleció en 2011. Todos muy amigos del Perú, amigos nuestros. De lectura obligatoria.

La elite política y los nombramientos

Artículo publicado en La República, domingo 21 de julio de 2013

Esta semana ha estado marcada por la elección, por parte del Congreso de la República, del Defensor del Pueblo (DP), de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y de los directores del Banco Central de Reserva (BCR).

La elite política en general, y los congresistas en particular, viven en un mundo difícil. De un lado, se les acusa de ser títeres de grupos de interés particular, de ser manejados por el poder “mediático”, por “periodicazos” y por “opinólogos”, de no tener ideas propias ni principios. Del otro, saben de su escasa legitimidad, y de la necesidad de sintonizar con el ánimo de la “opinión pública”. Hace meses eran acusados de irresponsables por no ser capaces de ponerse de acuerdo para hacer esos nombramientos, y pensaron que, pese a algunos cuestionamientos puntuales, el acuerdo pasaría, dejarían de ser criticados por no cumplir con sus obligaciones, y además lograrían una gran influencia sobre las nuevas autoridades.

Llama la atención el gigantesco error de cálculo. La reacción en contra fue unánime, desde el diario La Razón hasta La Primera, desde la CGTP hasta la CONFIEP, desde Sergio Tapia hasta Rocío Silva, desde colectivos de jóvenes “indignados” hasta Alan García. Claro, todos por motivos diferentes: unos desde lógicas antipolíticas, otros desde lógicas republicanas; unos porque temen que Humala controle el TC e imponga un modelo chavista, otros porque con los nombramientos del BCR continuarán las políticas neoliberales; unos porque quieren que todo cambie, otros porque quieren que todo siga igual. Acaso por ello en el Congreso se pensó que el acuerdo se aceptaría, en tanto todos sentirían que ganaban algo; sin embargo, todos sintieron que perdieron mucho.

En este marco, llama la atención cómo Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Lourdes Flores y Alejandro Toledo reaccionaron desconociendo un acuerdo sancionado por ellos, tratando de salvar algo de imagen ante la opinión pública. A pesar del oportunismo, hicieron bien. Algunos analistas han señalado que los nombramientos en el BCR no han sido mayormente cuestionados; que de los seis nombramientos ante el TC, solamente uno ha concentrado las críticas; y que el nombramiento de Freitas en la DP puede revertirse, por lo que la reacción parece desmesurada. Al respecto debiera recordarse que las recientes protestas masivas en Brasil no son consecuencia de un aumento de veinte centavos en las tarifas de transporte. Lo sucedido en el Congreso ha sido el detonante que ha canalizado un confuso pero creciente sentimiento de hartazgo, expresado en el rechazo a diversas decisiones recientes tomadas por el Congreso, expresado también en la caída en la aprobación a la gestión del Presidente, consecuencia también de los escándalos en los que han estado involucrados Alan García y Alejandro Toledo en las últimas semanas. Es decir, se trata de un cuestionamiento a la elite política en su conjunto, muy grave y de consecuencias imprevisibles.

Corrupción en el Perú y el mundo

Artículo publicado en La República, domingo 14 de julio de 2013

Sabemos que la corrupción es un problema muy serio en nuestro país; también que en muchos otros se sufre del mismo problema. ¿Cómo nos ubicamos en el contexto general? Acaba de salir publicado el Global Corruption Barometer 2013, de Transparencia Internacional, con información muy útil de 107 países de todo el mundo, resultado de la aplicación de encuestas de opinión, realizadas entre setiembre de 2012 y marzo de este año.

Cuando se les pregunta a las personas cuán serio es el problema de la corrupción en el sector público de su país, en una escala del 1 al 5, Liberia y Mongolia aparecen en primer lugar con 4.8; el asunto se percibe como menos serio en Ruanda, Dinamarca, Sudán, Suiza y Finlandia, con puntajes entre 2.9 y 2; Perú aparece en el puesto 39 con 4.5, por encima del promedio global, que es 4.1. Dentro de la región, México y Paraguay se perciben con los países donde el problema de la corrupción es más serio (puesto 4 y 6 de los 107 países), seguidos por Brasil, Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, El Salvador y Uruguay, en ese orden. Este último país es el único de la región que aparece por debajo del promedio global, con un puntaje de 3.8. Siguiendo con la región, los partidos políticos son percibidos como la institución más corrupta, al igual que en la mayoría de países del mundo. Destacan además Colombia y Paraguay, en donde el Congreso es percibido como la institución más corrupta; Perú, donde el Poder Judicial se gana ese baldón; y México, El Salvador, Jamaica, Venezuela y Bolivia, en donde es la policía.

Cuando se pregunta por pago por coimas en los últimos doce meses, Sierra Leona aparece en primer lugar, con un 84%; Perú en el puesto 51, con 20%, esta vez por debajo del promedio global, de 27%. Cuando se pregunta si es que el país es regido por por pocas grandes entidades que actúan a su favor y no a favor del interés general, Perú aparece mejor, en el puesto 84, con un 42% que percibe que eso es así en gran medida (29%) o completamente (13%). Ordenados los países de la región según el grado de “captura” por grandes intereses, el orden es el siguiente: Paraguay (en un nivel cercano al de Italia), Argentina (cercano a España), Chile (cercano a Estados Unidos), México (cercano a Egipto y Filipinas), Bolivia, Colombia, El Salvador, Venezuela, Brasil, Perú y Uruguay. Este dato sugiere que en Perú se vincula la corrupción reciente más a problemas de prestación de los servicios cotidianos que a la “captura” por grandes intereses, sin dejar de ser esto un tema relevante.

¿Qué hacer? Cuando se pregunta si las personas comunes pueden hacer que las cosas cambien en la lucha contra la corrupción, los peruanos aparecemos como voluntaristas: un 82% está de acuerdo con esa afirmación, y ocupamos el puesto 20 a nivel global. Sin embargo, cuando se pregunta si se estaría dispuesto a participar en varias acciones concretas, caemos al puesto 55, aunque seguimos por encima del promedio global.

Protestas, realidad e ideales

Artículo publicado en La República, domingo 7 de julio de 2013

En los últimos días hemos visto protestas y controversias en torno a la aprobación de la Ley del Servicio Civil y de la nueva ley universitaria. Ellas ilustran, cada una a su manera, la distancia que suele haber en nuestro país entre la realidad y los ideales, distancia que puede hacer hacer naufragar las mejores intenciones.

¿Por qué la oposición de muchos sectores ante la nueva ley universitaria? ¿No busca la ley mejorar la calidad de la instrucción superior? ¿No establece mecanismos de supervisión y control que desnudarán la “estafa” que son algunas universidades? Desde este punto de vista, los estudiantes que protestan en todo el país solo podrían ser víctimas de la desinformación. Propongo otra manera de ver el asunto: todos sabemos que la educación básica y superior adolece de serios problemas de calidad, pero lo que suele pasarse por alto es que existe cierta correlación entre los años de escolaridad y educación y los ingresos. Es decir, muchas familias apuestan por los estudios superiores no porque aspiren a tener una formación que cumpla con estándares internacionales, sino simplemente a tener mejores oportunidades de ingreso. Mal que bien, se percibiría que estudiar en una universidad, aunque de calidad dudosa, es mejor que no hacerlo en ninguna. Desde este punto de vista, se entiende que muchos rechacen la posibilidad de que sus universidades se vean en riesgo. A lo que se aspira es a recibir apoyo para que esas instituciones mejoren, aunque el logro de la acreditación se vea muy lejano o imposible.

Si seguimos esa línea de razonamiento, entenderemos mejor el por qué de las protestas de trabajadores del sector público contra la Ley de Servicio Civil, o las resistencias de los maestros a la Ley de Carrera Pública Magisterial. En principio, nadie debería temer ser evaluado y capacitado, y todos deberían ver con interés un sistema de ascenso y mejores de remuneración consecuencia del mérito y del esfuerzo; pero quien es producto de una mala educación básica y superior, y quien ha aprendido que el mecanismo de permanencia y ascenso es más bien el “no hacer olas” o la fidelidad al superior, puede sentir que carece de las competencias básicas para aprender, y teme una reubicación poco conveniente o un despido. Se trata de la defensa de un cerrado interés corporativo, sí, pero también un resultado del desastre de nuestra educación y de las reglas informales que realmente rigen la administración pública en las últimas décadas.

Siendo las cosas así, planear e implementar una reforma debe asumir la existencia de las reglas “informales”, pero reales en la práctica, que rigen el funcionamiento de nuestro Estado, y de las expectativas de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado y las instituciones en general. En el Perú tenemos una larga historia que recordar de lo difícil que es introducir criterios modernos y liberales en contextos regidos por otro tipo de órdenes tradicionalistas.

Congreso y nombramientos

Artículo publicado en La República, domingo 30 de junio de 2013

Nuevamente, estamos ante la inminente posibilidad de que se frustre la elección, por parte del Congreso de la República, del Defensor del Pueblo (DP), de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y de los directores del Banco Central de Reserva (BCR).

Dada la importancia de estos cargos, la Constitución estableció la necesidad de tener una mayoría calificada, de dos tercios del número legal de congresistas, para la elección del Defensor y los miembros del TC, y mayoría absoluta en el caso de los directores del BCR. Este mecanismo tiene la intención de evitar que una mayoría congresal pasajera imponga sus intereses sobre el resto, y pueda llegar a un control desaconsejable de las instituciones.

Dada la fragmentación política de nuestros congresos, el requisito de mayorías calificadas lleva necesariamente a un proceso de negociación, cosa que está muy bien: en ocasiones, la dificultad para que un grupo político particular pueda imponer sus preferencias conduce a la búsqueda de alguna personalidad independiente, o partidarizada pero con calidades profesionales inobjetables y que, al mismo tiempo, no despierte enconos en ningún grupo. Con esa lógica fueron elegidos Jorge Santisteban y Beatriz Merino para dirigir la DP, y los miembros del TC por el Congreso durante el gobierno de Alejandro Toledo. Ese Congreso, como recordarán, tenía una mayoría precaria formada por las bancadas de Perú Posible, el FIM y otros grupos menores, con una bancada de oposición del APRA y una bancada ambivalente de Unidad Nacional.

Durante el segundo gobierno de Alan Gacía, el manejo del Congreso se complicó: UPP, fuerza de oposición, tenía la primera minoría, y el APRA necesitaba de los votos del fujimorismo y de Unidad Nacional para tener mayoría. Una mayoría práctica de centro derecha hizo que la elección de los miembros del BCR no fuera problemática, pero el requisito de los dos tercios también complicó la elección de los miembros del TC. En este Congreso no primó la lógica de buscar figuras de consenso, sino el cuoteo partidario: cada grupo impuso sus favoritos, en tanto no generaran el veto de los otros. Esto tuvo como consecuencia una politización y una pérdida de calidad, dicen los expertos, en las decisiones del TC. El Congreso actual es aún más complicado que los anteriores: Gana Perú necesita de los votos de Perú Posible, pero no han formado una alianza; la oposición fujimorista es fuerte, y las otras bancadas buscan mantener perfiles propios. Incluso la lógica del cuoteo se ha complicado, y no aplica para la elección del DP, porque es un cargo único.

Acaso la única manera de destrabar este asunto sea recordar que los congresistas llegaron a sus cargos apoyando una candidatura presidencial: si los congresistas no se ponen de acuerdo, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynsky, Alejandro Toledo y Luis Castañeda, deberían asumir el liderazgo de sus bancadas y contribuir a solucionar el entrampamiento.