Artículo publicado en La República, domingo 11 de abril de 2010Hace un año, el 9 de abril, se reinició la movilización de las organizaciones indígenas amazónicas, de agosto de 2008, en contra de varios de los 99 decretos legislativos expedidos para adecuarse al TLC con los EE.UU. Como recordamos, sus demandas no fueron atendidas oportunamente, y se llegó a los luctuosos sucesos del 5 de junio, después de los cuales se suspendió la aplicación de los DL 1090 y 1064 y se instalaron cuatro mesas de trabajo, de las cuales salió el cuestionado informe sobre los sucesos de Bagua, y están en una suerte de limbo la revisión de los otros DL cuestionados, reglamentar los mecanismos de consulta establecidos en el convenio 169 de la OIT, y la implementación de iniciativas para el desarrollo de los pueblos indígenas amazónicos. No parecemos haber aprendido las lecciones de estos trágicos sucesos.
Un año después, y mirando la actual conflictividad social, ¿qué podemos sacar en claro? Un primer tema que me parece importante resaltar es que, al analizar el proceso de redacción y negociación de los decretos, surge la imagen de un manejo gubernamental signado por el desorden, el apresuramiento, la improvisación, ahondado por el hecho de que quienes tuvieron que defender los decretos en abril y mayo de 2009 no eran los mismos ministros que los redactaron y aprobaron en junio de 2008. Es muy importante señalar que, en medio de esto, intereses particularistas logran hacer aprobar decisiones que no pasarían en un debate público abierto. Mayor transparencia y debate público, involucramiento de los actores concernidos por las decisiones que se toman sigue siendo parte de la agenda pendiente, pertinente para varios otros casos (Inambari, p.e.).
Un segundo tema es el de la debilidad de nuestras instancias representativas, políticas y sociales. Es claro que en los sucesos de Bagua ni las autoridades municipales y regionales ni los congresistas de la región Amazonas cumplieron funciones de mediación o representación, por lo que la población percibió que solo tomando medidas de fuerza podrían hacer valer sus derechos, lo que es aprovechado por liderazgos irresponsables (contrastar con el papel del gobierno regional de Junín en las protestas de La Oroya, p.e.). Al mismo tiempo, es claro que la posibilidad de tener procesos de diálogo y negociación institucionales y no violentos pasa por el fortalecimiento de organizaciones sociales representativas, no por jugar a la división y la satanización de las mismas. Solo organizaciones fuertes y responsables pueden evitar “desbordes” como los ocurridos en la ciudad de Bagua y los asesinatos de policías.
Finalmente, parece quedar claro que nuestra policía se halla atrapada entre quedar en la indefensión y ser víctima de operativos mal preparados, y la comisión de excesos en el reestablecimiento del orden, que dejan un terrible alto número de muertos y heridos, cuyas responsabilidades deben esclarecerse.
5 comentarios:
Señor Tanaka:
1. A su buen análisis desde el punto de vista político agregaría que Bagua demuestra que el Perú sigue siendo un país diverso, disparejo y encontrado, que aún no se acepta porque no se conoce a sí mismo, por lo que solo puede leer su realidad a través de los ojos extranjeros o mediante arquetipos elementales (Modernidad vs. atraso, occidentalidad vs. autoctonismo salavaje, etc.).
2. También queda claro que aquí priman por sobre todas las cosas los intereses económicos entendiendo esto como un sinónimo de gobernar; en el afán de sepultar las llamadas "ideologías" ha quedado solo el pragmatismo económico como única manera de dirigir a una sociedad. Un marxismo purista sin Marx (el hombre es un "homo economicus", base del "éxito" de un Castañeda).
3. Además, que lo único que las clases dirigentes peruanas buscan es su perpetuación en el poder, sea con los españoles, con los ingleses o con los norteamericanos. Este grupo repite sin comprender las verdades de moda (la de hoy es el Neoliberalismo), por lo que pone alfombras rojas a quien demuestre ser el que manda y obedece ciegamente sus órdenes, sin importar si ellas perjudican a su propio pueblo.
4. Agregaría también el pésimo entendimiento generalizado del concepto Modernidad; en países colonizados y del cuarto mundo, como el nuestro, Modernidad es un sinónimo de "tecnología", o sea, de celulares, lap tops o ciertas obras que impliquen complejas maquinarias que aquí ni en sueños se producen. Todo lo que comprende el aspecto intelectivo conceptual de la Modernidad (lo cultural, social, político, etc.) simplemente se obvia o no existe para nosotros. En pocas palabras: cogemos la Modernidad por el lado que no perturba el orden establecido y deja las cosas socialmente como están.
5. Finalmente Bagua demuestra el inveterado y no erradicado racismo limeño que piensa que el Perú abarca desde San Isidro a La Molina y de ahí a Asia ("Eisha"), un país de blancos y en vías a parecerse a Estados Unidos. Significa, en fin de cuentas, que el esquema del "blanco superior" y "autóctono inferior" no ha sido tocado para nada al interior del Perú "oficial". Personas como Francis Allison, por ejemplo, no tienen el empacho de presentarse de candidatos nuevamente (y seguro que saldrá elegido) aprovechando de esta asociación perversa de "blanco desarrollado superior" versus "cholo ignorante inferior" que es lo que lleva a calificar al Congreso como "el peor de la historia" simplemente porque ha dado acogida a "paisanas" y a "cholos ignorantes".
Muchas gracias.
NUESTRA APRECIACIÓN SOBRE LOS SUCESOS DE BAGUA: A UN AÑO DEL MOVIMIENTO AMAZÓNICO
CIQANTU - UNFV
Y finalmente, ¿quien es el responsable de la muerte de tantos peruanos en el conflicto de Bagua el año pasado?, ¿fueron acaso los policías, quienes intentaron reprimir la manifestación y desbloquear las carreteras tomadas por la población ante la orden de la ministra del interior?, la respuesta es negativa, muy por el contrario, desamparados por parte de un gobierno, que lejos de responder a sus justas demandas salariales (incluso luego de sus protestas este año muchos de sus principales lideres se encuentran encarcelados),o quizá fue el mando policial por haber llevado incluso jóvenes sin la experiencia requerida a una zona en alto conflicto como era la amazonia; el gobierno vuelve a mostrar su rostro negligente e indolente a la comunidad policial y al pueblo peruano, y en el más vil de los casos pudimos todos observar como la ministra del Interior, en un acto propio de alguien que no admite y reconoce errores, intentó evadir su responsabilidad echando prácticamente la culpa a los altos mandos policiales; ello quedó en evidencia cuando en una entrevista al diario la República dijo que la operación la decidió la Policía por iniciativa propia y que le pregunten al director, José Sánchez Farfán (La República 14/06/09: pag.8). Será quizá ella una de las causas por las cuales a un año de estos hechos lamentables aún la comisión de congresistas y el gobierno no señalan responsables.
Ahora que se van conociendo mayores detalles del llamado Baguazo ¿fueron acaso los responsables, los nativos amazónicos, a quiénes en un primer momento unilateralmente quiso responsabilizar el gobierno por todo lo ocurrido, acusándolos de violentistas y luego de estar manipulados por fuerza externas? Y en el colmo de un agudo análisis, el Sr. Presidente llamándolos, ciudadanos de segunda clase, no sólo pretendiendo desconocerlos del escenario político como sujetos a derechos, sino subestimando su capacidad política y dirigencial (1), pretendiendo que la población nacional los viera como gente desinformada y manipulable por dirigentes violentistas o países extranjeros.
La respuesta nuevamente es un rotundo, no, el único gran responsable de todos estos hechos a sido y es aún, el gobierno, un gobierno pro imperialista que superpone los intereses de las transnacionales por encima de los intereses nacionales. Ello quedó en evidencia en el artículo titulado, “el Perro del Hortelano” de nuestro “intelectual” presidente, quien en un sinceramiento claro y expreso, intentaba justificar la venta y puesta en valor de la selva amazónica, como una modalidad para promover inversión extranjera y traer desarrollo a la región amazónica...Sólo esperamos que el gobierno haya aprendido la lección que pudo darle el pueblo en defensa de la Amazonía y no continúe empecinado en aplicar la represión como ley característica de su gobierno, aunque es necesario remarcar que vislumbrando la política implementada por el gobierno y sus últimas acciones, en el No 11 de Vórtice (2008) habíamos mencionado “La ley del gobierno pro imperialista es no escatimar sangre del pueblo con tal de cumplir sus designios antinacionales. Y la ley del pueblo es aplicar cada vez mejor, y con nuevas formas, banderas de lucha sectoriales, regionales, nacionales, sin soslayar las de clase, en contra de la creciente desigualdad, como única forma de impedir que se consumen los delirantes afanes del gobierno”. En ese mismo sentido manifestamos que seguiremos junto al pueblo en su justa lucha por sus derechos fundamentales que el régimen de turno pretende desconocer.
LOS EDITORES
CIQANTU - UNFV
VER ARTÍCULO COMPLETO: http://ciqantu-unfv.blogspot.com/2010/04/un-ano-del-movimiento-amazonico-en.html
A propósito de su artículo, revisar http://informebagua-enminoria.blogspot.com/
No veo que relacion habria en que las organizaciones sociales sean mas solidas, y que hayan menos desbordes.
Me parece que no es un tema de tamaño o tipo de organizaciones, es un tema de metas y objetivos diametralmente opuestos. Es mas, mientras mas grande sea una organizacion, mayor es el riesgo de desborde, pues la organizacion gozaria de mayor peso politico para evitar juicios etc (no hay presos por los asesinatos y torturas a policias).
saludos.
A un año de Bagua, apreciamos que tenemos un estado reactivo, incapaz de manejar adecuadamente la conflictividad social, probablemente por falta de gente capacitada dentro del estado, que pueda comunicar y decidir y no se dedique solamente a "mecer" a las comunidades, tenemos tambien dirigentes, que con un claro sesgo ideologico, desinforman a sus bases, buscando tensar los conflictos, arrastrando a las comunidades a que cometan actos delictivos.
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