Artículo publicado en LaRepública, domingo 18 de abril de 2009Esta semana se presentó el informe en minoría (IMI) de la comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua, suscrito por Jesús Manacés y Carmen Gómez. El documento hace un aporte sustantivo, y ojalá sea leído y tomado en serio por todos los sectores. Tiene como grandes puntos fuertes una sólida explicación de las causas de fondo del conflicto, ubicadas en el progresivo deterioro de la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos. En esto hay cierta coincidencia con lo señalado por el informe en mayoría (IMA) presentado en diciembre del año pasado. Su otro gran aporte es una descripción rigurosa de los hechos del 5 de junio del año pasado, que lleva a un análisis diametralmente opuesto al IMA.
El IMA se pregunta “¿por qué si la protesta fue en toda la Amazonía solo generaron sucesos luctuosos de la magnitud de los de Bagua?” La respuesta involucra la participación de congresistas del Partido Nacionalista, ronderos, reservistas, sutepistas, Frentes de Defensa, medios de comunicación y la no prevalencia de liderazgos negociadores y pacificadores. El problema es que no se presenta evidencia que permita sustentar esta interpretación. Por el contrario, el IMI deja claro que la respuesta hay que encontrarla en la acción represiva del Estado. Un operativo policial provocador y mal planeado es el que explica la violencia, que podría haberse dado en cualquier otro lugar de haberse aplicado el mismo esquema. Y sobre las deficiencias técnicas del operativo, así como su desconcertante ejecución cuando ya estaba prácticamente acordado el despeje de la carretera Fernando Belaunde hay muchísima evidencia.
Por supuesto, el IMI tiene también asuntos que requieren más debate. Por ejemplo, suena un tanto unilateral el diagnóstico sobre la lógica de los decretos legislativos cuestionados; instituciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental han opinado en el sentido de que el problema no estuvo tanto en su contenido específico, sino en que no fueron consultados, y en el lenguaje y las formas utilizadas por el gobierno. Otro tema es que parece asumirse que la organización y formas de la protesta social son un resultado natural y totalmente autónomo de las organizaciones indígenas, obviando el papel de instituciones como la iglesia y ONGs que cumplen importantes funciones de apoyo y asesoría, cuya actuación debe también ser evaluada.
El IMI termina denunciando que “las razones que fundamentaron el conflicto permanecen inalteradas... y el riesgo de un nuevo ciclo de protesta”. Lamentablemente, el gobierno no parece aprender la lección. En los últimos días, el presidente García, a propósito de los sucesos de Islay, habló de “ínfimas minorías” que practican el “terrorismo vial”, “no se pueden imponer a 29 millones de peruanos”. Antes decía que 400 mil nativos no son ciudadanos de primera que se puedan imponer a 28 millones de peruanos.
AMPLIACIÓN:
El IMI debe leerse completo, está disponible aquí:
http://informebagua-enminoria.blogspot.com/Tiene muchos temas que se deben resaltar, extraigo aquí solamente algunos para motivar la lectura:
3.3 El deterioro de la seguridad jurídica de los territorios indígenas
Los decretos expedidos bajo el amparo de las facultades legislativas deben ser vistos en conjunto ya que cada uno de ellos brinda diferentes claves a los otros orientadas a colocar en el mercado cuanto recurso sea comercializable dentro de un modelo neoliberal extremo. Los decretos legislativos afectan los derechos de los pueblos indígenas, como también la seguridad de las tierras de los ribereños y pequeños colonos. Pero también afectan los derechos de los ciudadanos peruanos en la medida que se sustrae del patrimonio de la nación los bosques que por acto administrativo la autoridad considere han devenido en terrenos de uso agrícola y se legisla sin tomar en consideración las previsibles y graves consecuencias sociales, ambientales y económicas de un nuevo ciclo de explotación desenfrenada de los recursos en la Amazonía (p. 20)
3.4. El conflicto y la actuación de la Defensoría del Pueblo
La actuación de la Defensoría del Pueblo en relación con el conflicto social que derivó en los sucesos de Bagua fue consistente: en primer lugar elaboró cuatro informes sobre los temas referentes a tierras y bosques, y al derecho de la consulta, de carácter fundamental para los Pueblos Indígenas; más tarde interpuso demandas de inconstitucionalidad contra los decretos que consideró manifiestamente contrarios al orden constitucional; además, desarrolló esfuerzos para promover el diálogo a través de todo el curso del conflicto, tanto en Lima como en el interior del país; a partir de su facultad de iniciativa legislativa, hizo llegar al Congreso un proyecto de ley sobre el derecho a la consulta previa; desarrolló acciones humanitarias en la zona y, finalmente, decidió mantenerse como observadora en tres de las cuatro mesas creadas en el marco del Grupo Nacional de Coordinación para el desarrollo de los Pueblos Amazónicos. Fue la instancia estatal que más cerca estuvo de la problemática y que aportó, desde el Estado, los esfuerzos más positivos para su tratamiento (p. 21-22).
4. LA PROTESTA INDÍGENA Y LOS TERRITORIOS AWAJÚN Y WAMPIS
Las comunidades Awajún y Wampis respaldaron masivamente la protesta y movilizaciones del 2008-2009 convocadas por AIDESEP a instancias de sus organizaciones regionales y federaciones locales. Dada la repercusión de esta participación singular y los efectos de los operativos para enfrentarla, la Comisión puso especial atención en considerar algunas características propias de estos pueblos a la hora de explicar el desarrollo de los sucesos a la luz de una interpretación cultural. No obstante, los Comisionados que suscriben, sin desestimar el carácter especial del perfil cultural de Awajún y Wampis, creen necesario ubicar los sucesos en el contexto de una movilización general amazónica, apoyada por la práctica totalidad de los pobladores indígenas y por una numerosa población campesina local muy dispuesta a defender sus derechos y los territorios y recursos de la Amazonía; asimismo estiman necesario señalar que en muchos de los otros escenarios en los que se desarrollaba la movilización podrían haberse generado acontecimientos similares a los ocurridos en la Curva del Diablo si las fuerzas del orden hubieran actuado de manera similar (p. 37)
A su vez la organización regional ORPIAN cumplió la función de mantener la coordinación con AIDESEP. Sin embargo, a este nivel también se reprodujo el esquema destinado a mantener control sobre los dirigentes y organizaciones. En más de una ocasión los comités comunales y el Comité de Lucha plantearon a AIDESEP la necesidad de no claudicar porque para ellos los decretos no eran una amenaza futura sino que ya se manifestaban en diversas políticas aplicadas por el gobierno. Hubo más de una instancia en la que el Comité de Lucha observó alguna decisión política de AIDESEP como la de acordar con el gobierno la "corrección" de los decretos legislativos cuando el mandato que le habían dado era exigir su derogatoria. Eso explica que en ocasiones AIDESEP se viera obligado a enmendar acuerdos establecidos, lo que a los ojos del gobierno apareció como un comportamiento sinuoso destinado a obstaculizar el diálogo. En este sentido es claro que en el marco de la protesta y el conflicto suscitado con el Estado, AIDESEP, a través de Alberto Pizango como su Presidente, actuó como vocero de una posición definida por sus bases y más claramente aún por los pueblos indígenas movilizados. (p. 49)
5. LOS HECHOS DEL 5 DE JUNIO
La insistencia de los diversos representantes del poder ejecutivo en dejar en una zona de oscuridad el extremo superior de la cadena de mando del operativo del día 5 de Junio, parece conducir a ubicar la responsabilidad en las propias víctimas, algo que no responde a una postura gallarda y responsable a juicio de los suscritos y que no honra a las familias de los policías y los comuneros indígenas fallecidos en cumplimento de su deber (p. 53)
La insistencia en llevar a cabo el operativo de forma perentoria, derivada de órdenes emitidas al más alto nivel, para restablecer el principio de autoridad, a pesar de las múltiples señales de que se avecinaba un retiro voluntario de los manifestantes, y la deficiente planificación del operativo fueron, a juicio de los suscritos, lo que ocasionó que se desatara la violencia con un alto costo de vidas humanas, tanto en la Curva del Diablo como en las Estación Nº 6 y en las localidades urbanas cercanas. (p. 56)
Según lo ratifican varios líderes indígenas entrevistados por la Comisión, en la reunión matutina del día 4 el Gral. Uribe fue informado de que había un acuerdo previo de retiro. Sin embargo, el general había insistido en que debían desalojar o dar pase ese mismo día. El Presidente del Comité de Lucha le habría respondido que la decisión no podía tomarla él sino en consulta con la gente y los coordinadores; le habría indicado también que él creía poco factible adelantar el desbloqueo porque era necesario movilizar a una gran cantidad de gente; además las comunidades habían exigido a sus líderes que el retorno fuera bien organizado para evitar los inconvenientes que se habían presentado en agosto del 2008. Asimismo, como lo han reiterado varios líderes indígenas, los acuerdos establecidos con los comités comunales y grupos en la carretera incluían la decisión de retirarse "libremente", "no obligados", una posición que guarda relación con la perspectiva cultural de dignidad de los pueblos Jíbaro (p. 59)
5.2.5 Confrontación y choque en el Cerro de la Curva del Diablo
El ascenso de manifestantes fue interpretado por el Cdte. del Carpio como un ataque. El sonido de varias avellanas a la distancia, y luego más cerca, fue tomado como evidencia de que ascendían con una actitud violenta y declaró que los "atacaban" con petardos. Evidentemente se trató de una reacción emocional excesiva puesto que es difícil imaginar que ciudadanos a pecho descubierto y en un lugar abierto, que no ofrecía ninguna posibilidad de protección, ni tan siquiera de cobertura vegetal, pretendieran atacar a un cuerpo de policía especializado provisto con armas de guerra de largo alcance. Por su parte, de acuerdo a los testimonios recogidos por la Comisión de parte de manifestantes indígenas que ascendieron en esos primeros momentos, lo que se buscaba era disuadir a los policías de emplear las armas y evitar que se pusiera en riesgo a los manifestantes concentrados en la carretera. Tan es así que incluso subieron al cerro algunas de las mujeres que participaban en el bloqueo de la carretera. En cualquier caso, no calcularon que los efectivos llegarían a emplear sus armas. Todo parece indicar que apreciaciones inadecuadas de la situación condujeron a errores sucesivos de ambas partes. (p. 71)
El desenlace fatal de este primer encuentro en el cerro entre manifestantes y policías - que en última instancia deriva del deficiente planeamiento del operativo - se vio marcado por las primeras reacciones de ambos grupos. A los policías no se les instruyó de manera adecuada acerca de las características y posibles reacciones de los Awajún y Wampis frente a una agresión armada. Por su parte, para los Awajún y Wampis, la presencia de policías en la madrugada en el cerro pareció confirmar los mayores temores de un operativo para "encerrarlos". Subieron para desalentar a los efectivos sin apreciar adecuadamente el riesgo del uso de las armas. Los tiros de fusil que dispararon los policías y causaron las primeras muertes llevaron a la postre a desplazar el enfoque pacífico de la protesta. Y para los Awajún y Wampis, el escenario de guerra viene aparejado de reglas, comportamientos culturales y prácticas que no se admitirían en tiempos de paz. Aún así, muchos líderes procuraron apaciguar a su gente. Un entrevistado declaró: "No hemos podido calmar a los hermanos …; reaccionan porque ya habían muertos". A su vez lo ocurrido en el cerro acarreó las reacciones violentas que jalonaron el resto de la jornada. En la carretera el comentario general fue "los están exterminando", "nos están acabando a los indígenas", "nos exterminan, morimos aquí". Ese mismo mensaje fue trasmitido poco después por distintos medios a las comunidades, poblados y ciudades (p. 77-78).
Los comisionados que suscriben el presente Informe no pueden admitir la afirmación de que el uso de las armas respondió a una reacción defensiva dado que los primeros disparos con consecuencias letales provinieron de los policías; que se trataba de una fuerza especializada (DINOES) y fuertemente armada; y que actuó frente a una población desarmada y a pecho descubierto (p. 82)
5.2.7 El operativo de desalojo sobre la carretera
El componente terrestre estaba compuesto por varios escuadrones PNP, mayormente DINOES. El propio Gral. Muguruza se puso al frente de la columna, en lugar de un coronel PNP como han señalado fuentes policiales, ocupando el vehículo Kaspir barre minas (con blindaje 7). Se trata de un gesto poco común que a la postre resulta consistente con la percepción indígena de que existía un objetivo adicional al de desbloquear la carretera para dar paso al tránsito: el de humillar a los Awajún y Wampis a través de un operativo ostentoso (p. 82).
A la postre el helicóptero jugó un papel crucial en el operativo policial ya que su intervención "de ablandamiento" con gas lacrimógeno evitó que los enfrentamientos en el cerro continuaran hasta el exterminio mutuo de ambos bandos, y logró el cometido policial de desbloquear la vía, haciendo que la población en la carretera se dispersara hacia el río y hacia El Reposo (p. 83)
La referencia al disparo que habría alcanzado a un tripulante del helicóptero es importante porque indicaría que no se han reportado todas las muertes y que no se ha reportado el uso de armas de largo alcance desde el helicóptero, lo que resulta aún más grave. La noticia de la muerte de un efectivo en el helicóptero por herida de bala fue dada en realidad por la Ministra M. Cabanillas el 6 de junio, indicando que los indígenas habían disparado a un helicóptero de la DIROES que sobrevolaba entre los kilómetros 200 y 202 de la carretera Fernando Belaúnde y que "En este ataque murió [un] técnico de primera" (p. 84-85)
Existen varios testimonios en el sentido de que desde el helicóptero se usó un arma de fuego de largo alcance, tanto en el cerro, como en la carretera y cerca al río. La información de la muerte de un efectivo en el helicóptero, y más aún si éste portaba un arma de fuego, amerita una investigación y de confirmarse se deberá establecer quién dio la orden de incorporar a un tirador al operativo (p. 85)
No es difícil imaginar que, con escenas como las descritas, surgieran de inmediato rumores, que insistían que había cientos de desaparecidos. Sin poder estimar en su magnitud la envergadura de los hechos, la difusión de estos rumores se extendió entre la población. Alimentó la alarma el hecho de que muchos de los participantes demoraron en aparecer por varios días, bien sea porque habían huido de este escenario a través de los cerros, se refugiaron donde conocidos varios días o se escondieron en el campo; bien sea porque, cruzando el río, acudieron hasta Bellavista. De acuerdo con un regidor de la Municipalidad de Jaén, cuando en los días siguientes la Municipalidad buscaba refugiados encontró en Bellavista y en Bellavista Vieja, localidades de esa provincia, un número grande de refugiados, varios de ellos heridos que no habían acudido a los hospitales por temor a ser detenidos. Allí fueron luego empadronados la mayoría de éstos por la Defensoría del Pueblo.
Los helicópteros y otros vehículos que trasladaban a algunos detenidos, sin destino conocido en ese momento, y fundamentalmente el hecho de que las autoridades policiales cerraron el acceso al cerro de la Curva del Diablo por cuatro días, también alimentaron la alarma después de la violencia. Las versiones que afirman que hubo cadáveres arrojados al río desde un helicóptero se alimentaron posiblemente en las suspicacias que generó la restricción de acceso al cerro que se produjo desde medio día. Los Comisionados que suscriben el presente Informe han tenido acceso en febrero a fotografías que muestran al helicóptero deteniéndose primero y luego posándose en la cumbre a las 13:42 del 5 de junio. Mientras los helicópteros se posaban la población veía desde la carretera que se cargaban cuerpos, se dice que en bolsas negras y, como se aprecia en el video, los helicópteros iban y venían. La sensación de estar siendo exterminados que tenían los indígenas, originada en la forma en que se planeó y llevó a cabo el operativo, generó una apreciación exagerada del número de muertos y desaparecidos, calculados inicialmente en 200, de la que pronto se hizo eco la población urbana y los medios de comunicación. Los cadáveres de los civiles que murieron en el cerro fueron colocados por varias horas bajo toldos que habían alojado a manifestantes hasta que se realizaron las diligencias fiscales, y estuvieron a la vista de todos los manifestantes y de los periodistas, contribuyendo a avivar la alarma.
La contundencia del operativo de desalojo y la escala de este enfrentamiento entre fuerzas policiales y población civil, a lo largo de 6 horas – a lo que siguieron los acontecimientos en la Estación Nº 6 y en los centros urbanos cercanos - hizo presumir que habría una mayor cantidad de muertos. Si consideramos que se dispararon ráfagas a mansalva, en un escenario de mínima visibilidad y desconcierto y que fueron numerosos los heridos civiles de bala, era natural colegir que la cantidad de muertos era muy alta. En la primera hora cada uno de los manifestantes narró acerca de los caídos, muertos y heridos, componiendo versiones que sólo se pudieron aclarar más adelante. El gobierno tomó estas denuncias como parte de una campaña de desprestigio en lugar de entender las reacciones y temores, que sólo se calmaron cuando la gente pudo retornar a sus comunidades y se supo cuántos eran los detenidos y hospitalizados (p. 88).
5.3 5 de junio: La Estación Nº 6
Sobre el caso de lo sucedido en la Estación de Bombeo Nº 6 de Petroperú existe mucho mas información y son mayores las coincidencias entre la información oficial y la que aportan los testimonios de los entrevistados por la Comisión, civiles, efectivos de la PNP y del ejército (p.91).
5.4 5 de junio: Las Baguas
Esta sección analiza por qué las ciudades de Bagua y Bagua Grande se convirtieron en el tercer escenario de violencia el 5 de junio. Aquí se desató una situación descontrolada, desde la mañana de ese día, que tuvo origen en lo que había ocurrido en la Curva del Diablo y en la falta de previsión por parte de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana, que se tradujo en la muerte de 5 civiles (p. 103).
Nota Final
No basta con establecer que los indígenas que se hallaban manifestando en la carretera Fernando Belaúnde Terry, que habían bloqueado, no tenían armas ni fueron los primeros en disparar. Es necesario dejar claramente establecido que no fueron ellos quienes provocaron la violencia ni una reacción defensiva por parte de los efectivos policiales, sino un operativo mal diseñado y mal ejecutado por el que ninguna autoridad asume responsabilidad. En el intento de dar una lección a los comuneros Awajún y Wampis el Gobierno puso en riesgo a los efectivos policiales y a la población que se hallaba protestando. Al plantearse el operativo de la manera que se lo hizo se dieron las condiciones para que la situación se descontrolara por ambas partes y que sus efectos se hicieran sentir en la Estación Nº 6 y en las poblaciones urbanas. Los alcances de este error político y técnico pudieron haber sido significativamente mayores. Las muertes pudieron haberse evitado. (p. 113).
6. CONSECUENCIAS
1. El gobierno peruano se colocó al margen del derecho internacional de los derechos humanos y así se lo han hecho saber los organismos de supervisión del sistema
2. La muerte de peruanos en un operativo equívoco, desproporcionado e improvisado, que pudo y debió evitarse y que, de acuerdo al número de heridos de bala y al absoluto descontrol de la situación y a la confusión generada, pudo alcanzar las proporciones de una verdadera masacre de civiles y de policías, ha generado secuelas que pueden elevar el nivel de tensión y conflictividad en la Amazonía peruana y en los territorios de asentamiento indígena en todo el país (p. 114)
3. El conflicto y su tratamiento posterior ha quebrado de manera profunda la confianza de los pueblos indígenas del Perú hacia el gobierno y generando resentimiento frente a la estrategia de confrontación del Estado (p. 115)
4. Las razones que fundamentaron el conflicto permanecen inalteradas, manteniéndose las condiciones de inseguridad jurídica para los pueblos indígenas y otros campesinos y ribereños amazónicos (p. 117)
5. El sistemático y concertado ocultamiento de la verdad de los hechos, sus causas y consecuencias, de parte de los poderes del Estado, merma su credibilidad y suscita dudas respecto a la voluntad del gobierno por identificar a los responsables, reconocer errores y aprender lecciones para mejorar la futura gobernabilidad del país (p. 118).
6. Los sucesos dieron visibilidad a las características intrínsecas del conflicto amazónico y los intereses en juego, pusieron atención al debate acerca del tratamiento correcto de los recursos naturales en el país, ubicaron a los pueblos indígenas en la agenda nacional y pusieron en evidencia la urgente necesidad de replantear los modelos político y económico del país a la luz de la modernidad, del derecho internacional de los derechos humanos y de las características estructurales del Perú como país construido sobre una pluralidad de naciones y pueblos con iguales derechos (p. 119).
VER TAMBIÉN:
Informe Bagua en Minoría: Los puntos sobre las íes
Patricia Wiesse Risso
http://www.revistaideele.com/node/716
