El extremismo de izquierda

Artículo publicado en El Comercio, martes 28 de septiembre de 2021 

Según la encuesta de IPSOS del mes de septiembre, un 80% de los encuestados declara considerar a Abimael Guzmán como “un genocida / un terrorista”; pero hay también un 10% que lo considera “un líder político / un ideólogo”. Este último porcentaje sube hasta un 13% en el interior del país, mientras que se reduce a un 5% en Lima. Considerando que el extremismo de izquierda se suele considerar, desde concepciones “vanguardistas”, que “basta una chispa para incendiar una pradera”, esos porcentajes de respuesta lucen preocupantemente altos. En la encuesta del IEP de septiembre se registra que un muy alto 46% de encuestados que considera que “hechos de violencia como los que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 pueden volver a ocurrir”. Si bien esta preocupación es más alta en Lima (el porcentaje sube hasta 57% en Lima Metropolitana, mientras que llega al 32% en el Perú rural), y en el sector socioeconómico más alto (en el sector A llega hasta 59%, mientras que en el D/E llega al 40%), los porcentajes lucen nuevamente preocupantemente altos en todos los sectores. En Lima y en los sectores altos el riesgo se ve desproporcionadamente alto, pero en el mundo de los más pobres la preocupación es también muy significativa.

¿Por qué se piensa que los hechos de violencia podrían volver a ocurrir? En 2006 el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) aplicó una encuesta sobre estos temas y, ante la pregunta “¿cuál diría que fue la razón principal que explica que la violencia haya surgido?”, se encontró que “la pobreza”, “la incapacidad del Estado para atender las demandas de la población”, y “los abusos e injusticias que sufría la población” eran las respuestas más frecuentes, muy por encima de respuestas como “la decisión de Sendero Luminoso de iniciar una guerra”, o “las ideas políticas de los senderistas”. En tanto este tipo de concepciones sigan predominando, no es sorpresivo que se considere que los hechos de violencia podrían volver a ocurrir. Ciertamente, de la pobreza, la incapacidad del Estado o los abusos e injusticias no tiene por qué deducirse una respuesta violenta como la que sufrimos los peruanos en el pasado; de ella se deduce ciertamente la necesidad de organizarse, de movilizarse, de protestar, de generar alternativas, proyectos y propuestas. Sabemos también que la violencia genera más violencia y que más bien nos aleja de la solución de los problemas que pretendíamos enfrentar, sin embargo, parece que en la cultura política de un número importante de peruanos se considera que la violencia constituye un camino posible para muchos.

La opción de la violencia se alimenta en parte de la percepción de la incapacidad de los mecanismos institucionales para resolver problemas. Es útil recordar que IPSOS presentó este año los resultados de una encuesta aplicada en 25 países sobre las fracturas del sistema político, en donde los peruanos aparecemos con los más altos niveles de acuerdo con afirmaciones como “la economía está manipulada para favorecer a los ricos y poderosos” (junto a Corea del Sur, Colombia y Hungría), “a los políticos y a los partidos tradicionales no les importan personas como yo”, “los políticos siempre encontrarán formas para proteger sus privilegios”, y “los expertos en este país no entienden las vidas de personas como yo” (junto a Colombia y Chile).

Los discursos extremistas se alimentan de estas percepciones. Frente a ellos, no solo está la tarea del debate político en defensa de posiciones democráticas y no violentas, sobre todo la urgencia de que la institucionalidad democrática sea capaz de enfrentar con eficacia los problemas de los ciudadanos. En medio de la confrontación política, y de la clamorosa falta de ideas y propuestas sustantivas en el debate actual, el documento “los consensos por el Perú” del Acuerdo Nacional podría ser un punto de convergencia para priorizar la atención de los ciudadanos más postergados.

Abimael Guzmán (1934 - 2021) (2)

Artículo publicado en El Comercio, martes 21 de septiembre de 2021

La semana pasada comentaba sobre la responsabilidad de Abimael Guzmán en las más de 69000 muertes calculadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el período del conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Si bien algunas izquierdas revolucionarias latinoamericanas consideraron la lucha armada como estrategia para enfrentar dictaduras o regímenes políticos cerrados en esos mismos años, Guzmán lideró una propuesta sumamente particular. Personalista, mesiánica, dogmática, centrada en el terror como estrategia; basada en un diagnóstico profundamente equivocado de la realidad peruana (“capitalismo burocrático”, formado por capitales de “grandes terratenientes”, dado el carácter “semifeudal” del país). Por ello nunca tuvo apoyo del campesinado, más allá de momentos iniciales y en algunas localidades, ni de la población en general.

¿Cómo pudo entonces Guzmán ser una amenaza tan grande para el Estado y la democracia peruana? En lo que sí tuvo éxito relativo fue en reclutar y adoctrinar a una capa radicalizada de jóvenes que siguieron la retórica de “la rebelión se justifica”, en núcleos universitarios y escolares. La escasa expectativa o decepción que despertaba nuestra naciente democracia, asolada por la crisis económica y serias debilidades institucionales, así como la debilidad de las alternativas de izquierda dentro de la legalidad, hicieron creíble para una capa de jóvenes la opción de la insurrección armada. Pero el componente particularmente criminal de Guzmán, que explica el alto número de muertos, fue basar su insurrección en el uso del terror, en el asesinato con sevicia, en la crueldad como método propagandístico. Para entender el adoctrinamiento de esa capa de militantes, su dogmatismo y disposición para cometer los crímenes más horrendos, es útil saber que en Ayacucho hubo una larga tradición en la que la violencia aparece como fuente legítima para resolver disputas, como ha sugerido Miguel La Serna en su libro The Corner of the Living. Ayacucho on the Eve of the Shining Path Insurgency (2012). Carlos Iván Degregori también llamó la atención sobre los rasgos autoritarios y racistas en la elites senderistas. Y acaso también resulta útil la literatura que intenta explicar el reclutamiento contemporáneo de jóvenes de diferentes partes del mundo para integrarse al yihadismo global, porque ciertamente Sendero Luminoso logró captar adeptos más allá de las fronteras regionales.

Y esa capa de senderistas dogmáticos y sanguinarios, ¿cómo logró tan importante expansión regional y poner en jaque al Estado y la democracia peruana? De un lado, si bien se trató de un grupo pequeño, fue muy disciplinado; dos, se montaron sobre conflictos inter e intra comunales en diferentes zonas del país, de manera que consiguieron apoyos y aliados coyunturales. Tres, la respuesta del Estado fue represiva e inadecuada durante demasiado tiempo, lo que aisló a las fuerzas del orden.

¿Cómo evitar que estos sucesos se repitan? La CVR planteó un conjunto de reformas institucionales que conviene recordar y que cobran inesperada actualidad en el momento actual: en primer lugar, habló de “un compromiso expreso del no uso de la violencia y el respeto a los Derechos Humanos tanto desde los partidos políticos como desde las organizaciones sociales, como requisito para integrarse y actuar dentro del sistema de partidos y organizaciones sociales legalmente reconocidos”. Luego, planteó recomendaciones “para lograr la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio”; “para afianzar una institucionalidad democrática, basada en el liderazgo del poder político para la defensa nacional y el mantenimiento del orden interno”; una “reforma del sistema de administración de justicia, para que cumpla efectivamente su papel de defensor de los derechos ciudadanos y el orden constitucional”. Pero también habló de la necesidad de “una reforma que asegure una educación de calidad, que promueva valores democráticos”. Preocupó a la CVR “la caída en el nivel de la calidad magisterial, la desactualización y límites en su formación docente, así como la influencia de visiones críticas del Perú inspiradas en un empobrecido marxismo de manual”,

Abimael Guzmán (1934 - 2021)

Artículo publicado en El Comercio, martes 14 de septiembre de 2021

¿Cómo evaluar la responsabilidad de Abimael Guzmán en las más de 69,000 muertes que, según el cálculo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sufrió nuestro país entre 1980 y 2000? Como señaló la CVR, “es Guzmán quien tiene la responsabilidad mayor en el diseño de una estrategia militar que buscaba conciente y constantemente utilizar métodos terroristas para capturar el poder e implementar un proyecto estatal totalitario”. Sin embargo, hay mucho más que puede decirse para subrayar esa responsabilidad.

Las fuerzas de izquierda revolucionaria en todas partes del mundo han considerado diversas estrategias insurreccionales para la toma del poder, pero Guzmán y Sendero Luminoso pertenecen a una estirpe muy particular. En toda América Latina hubo experiencias guerrilleras en los años sesenta y setenta; José Mujica en Uruguay, Dilma Roussef en Brasil participaron en ellas y muchos años después llegaron a la presidencia de sus países. En 1979, el FSLN tomó el poder por las armas en Nicaragua, y durante la década de los años ochenta en El Salvador y Guatemala el FMLN y la URNG contaron con un importante respaldo (el FMLN llegó a la presidencia mediante elecciones en 2009 y en 2014). En 1974 en Colombia el M-19 se sumó a otros grupos insurgentes, como las FARC, y se convirtió luego en partido político en 1990. En 1980 el ERP argentino asesinó al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza en las calles de Asunción, y en 1986 el FPMR intentó asesinar a Augusto Pinochet. Pero en general, si bien algunas izquierdas revolucionarias apelaron a la violencia, el principio central era ganar el apoyo de la población y aislar a las fuerzas de la represión, clave del triunfo de los revolucionarios cubanos en 1959 y fuente de su legitimidad inicial. En general, los revolucionarios reclamaban la legitimidad de su insurgencia porque enfrentaban dictaduras o regímenes en los que las salidas democráticas o legales parecían cerradas.

Pero en Perú, mientras el conjunto de la izquierda peruana apostaba por la participación en democracia, obteniendo un importante respaldo electoral, SL inició sus acciones armadas en 1980 y el MRTA en 1984. Con todo, el MRTA puede entenderse un tanto según los cánones de las guerrillas centroamericanas de entonces; y es importante mencionar que la dirección del MRTA (Alberto Gálvez, Peter Cárdenas, Víctor Polay) en junio de 2003, en una sesión ante la CVR, ensayaron una autocrítica, pidieron perdón, y expresaron sus condolencias a los familiares de sus víctimas.

Guzmán pertenece a otra estirpe. Desarrolló una ideología mesiánica, basada en el culto a su personalidad, ubicándose como “cuarta espada”, sucesor de Marx, Lenin y Mao, y “faro de la revolución mundial”, en un mundo según el cual el conjunto de la izquierda peruana e internacional eran “revisionistas” a los cuales había que combatir “implacablemente”. Su pretendida “ideología científica”, “todopoderosa porque es verdadera” justificó el uso sistemático del terror y del asesinato, con niveles escalofriantes de violencia. La lógica de “inducir al genocidio”, “pagar la cuota de sangre”, “batir el campo”, el desprecio por las “mesnadas” y los “yana umas”, explican las miles de muertes responsabilidad de Sendero Luminoso, bajo la autoría mediata de Guzmán, quien jamás mostró el más mínimo arrepentimiento.

Las ideas de Guzmán no son consecuencia de una lectura surgida de la realidad peruana, sino un mala copia de tesis de Mao referidas al “capitalismo burocrático”, formado por capitales provenientes de “grandes terratenientes”, que explicarían el supuesto carácter “semifeudal” del país. De allí que Sendero no tuviera el apoyo del campesinado ni expresara sus demandas, y que buscara imponerse a través del terror y el amedrentamiento. En lo que sí tuvo Guzmán éxito relativo es en reclutar y adoctrinar a una capa radicalizada de jóvenes que siguieron la retórica de “la rebelión se justifica”. Es lo que hay que combatir como país para que los sucesos del pasado no se repitan. Seguiré con el tema.

Historia, sociedad y política

Artículo publicado en El Comercio, martes 7 de septiembre de 2021

En estas accidentadas primeras semanas del gobierno de Pedro Castillo se ha puesto en la agenda de discusión las relaciones entre la historia, sus usos políticos y sus implicancias sobre nuestra convivencia social. El presidente Castillo, en su discurso de toma de mando del 28 de julio, esbozó una mirada de “nuestra historia en este territorio” de 5000 años, en los que “durante cuatro milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver sus problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia les ofrecía”, hasta que “llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples felipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al Estado que hasta ese momento dominaba”, dándose “la fundación del virreinato [con el que] se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten”. Y como era esperable, la llegada al poder de Castillo marcaría el punto de inflexión, así, “esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir de abajo hacia arriba. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos”. Más adelante, a propósito de las cercanías políticas o ideológicas entre el gobierno y sectores vinculados a Sendero Luminoso, hemos discutido sobre los orígenes de las actividades terroristas en el país, y también sobre las lecciones que nos deja el examen del conflicto armado interno entre 1980 y 2000, y la historia reciente de Sendero Luminoso y de sus remanentes.

Todo esto evidencia la necesidad que tenemos como país de tener un amplio debate sobre nuestro devenir histórico, cómo interpretarlo, qué lecciones sacar para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro; más todavía en nuestro año del Bicentenario. Pero la precariedad del gobierno de Castillo, los angustiantes problemas sanitarios y económicos del presente, así como el protagonismo que han alcanzado las posiciones extremas del espectro político dificultan ese debate, que compete no solo a los expertos, sino a todos los ciudadanos.

Este tipo de debates recorren toda la región. En agosto pasado en México, por ejemplo, el presidente López Obrador utilizó la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán para pedir perdón “a las víctimas de la catástrofe militar por la ocupación española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República mexicana”. Ya antes, en 2019, había solicitado al rey de España y al Papa que “se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos… la llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz”.

En general, lo ideal sería evitar en estos debates los extremos de lo que en Chile se conocen como posturas “autocomplacientes” y “autoflagelantes”. Nuestra historia no es idílica en absoluto, pero tampoco se reduce a una suma de frustraciones y no es tan distante en esencia de la de todos los países de América, marcados profundamente por sus pasados coloniales, incluyendo, por qué no, los propios Estados Unidos.

Estos debates sobre el pasado no son meramente académicos, tienen directas consecuencias prácticas. Por ejemplo, la discusión sobre el carácter jerárquico de nuestro mestizaje, que llevó a subordinar el uso de nuestras lenguas originarias y soslayar nuestra diversidad cultural. El incidente en el Congreso por el uso del quechua por Guido Bellido ilustra tanto los reflejos excluyentes de quienes parecen querer imponer el “castellano español”, pero también el uso político oportunista del quechua, sin un compromiso serio con un enfoque intercultural en nuestras políticas públicas, establecido desde 2015, que implica fortalecer nuestra capacidad de gestión intercultural, el reconocimiento positivo de nuestra diversidad cultural y lingüística, la eliminación de la discriminación étnica, y políticas de inclusión de la población indígena. 

¿Voto de confianza?

Artículo publicado en El Comercio, martes 31 de agosto de 2021

El viernes pasado el Congreso aprobó la confianza al Consejo de Ministros presidido por Guido Bellido, y como era de esperarse sugen diversas interpretaciones de este hecho. ¿Cómo evaluar lo ocurrido?

En el análisis político dos de los errores que considero más frecuentes son, de un lado, confundir la realidad con nuestras preferencias, deseos o temores; se analizan los acontecimientos mirando selectivamente solo los hechos que confirman nuestras prenociones, y se descartan totalmente los que las contradicen. Así llegamos al segundo error, derivado en buena parte del anterior, que es atribuir complejas y sofisticadas estrategias a los actores  (expresado en la equívoca frase “en política no hay casualidades”); cuando se trata de aliados, para resaltar su genialidad, y cuando se trata de adversarios, para denunciar su perversidad. Por lo general, y más en un país con actores políticos tan precarios, las cosas se entienden mejor asumiendo que estos actúan más bien sin mayor consciencia de las implicancias que tienen las decisiones que toman.

Hoy se discute mucho sobre el carácter, la capacidad y autonomía del presidente Castillo frente a otros personajes (especialmente Vladimir Cerrón), como antes se discutió sobre Ollanta Humala y la tesis de su “captura” por grupos de poder económico, y antes sobre Alan García y su “alianza” con el fujimorismo. Quien quiere que el personaje se autonomice de alguien o de algo, y no ve suficiente distancia, “denuncia” la existencia de algún tipo de subordinación o extorsión siniestra, mientras que en el otro extremo se apela a la “toma de consciencia” o la simple convicción para dar cuenta de las acciones. 

¿Cómo salir de este embrollo? Creo que un criterio que resulta útil es partir por intentar entender la racionalidad de los actores, que en la política están naturalmente guiados por la búsqueda del poder; en función de ese objetivo, podríamos evaluar si actúan acertada o desacertadamente en función de sus propios objetivos, al margen de si sean de nuestra simpatía o no.

Desde este ángulo, el presidente Castillo consiguió un mínimo respiro para su gobierno: mantener a Bellido tiene costos, pero también los tenía cambiarlo. Castillo ni está convencido ni listo para intentar un cambio de orientación como el realizado por Humala a los cuatro meses de su gobierno, cuando cambió a Salomón Lerner por Oscar Valdés en la Presidencia del Consejo de Ministros. El no haberlo hecho no expresa necesariamente debilidad, lo que no quita que pueda sustituir en cualquier momento a ministros cuestionados, como ya hizo con Béjar. Bellido tuvo y tiene cuestionamientos, pero logró el voto de confianza y en sus respuestas ante el Congreso pudo incluso pasar a la ofensiva y dejar mal parado a éste. Para ello resultaron claves también las intervenciones de algunos de los ministros más solventes del Consejo de Ministros, como Francke, Cevallos, Cadillo, Maita, Durand, Maúrtua y Sánchez, ninguno de ellos miembro de Perú Libre; así, ganó también la constatación de la necesidad de contar con un equipo de gobierno más profesional, con ideas mucho más abiertas y convocantes.

 Vladimir Cerrón mantiene la influencia sobre buena parte de la bancada parlamentaria, pero claramente la orientación del gobierno no es la que él quisiera, de allí sus críticas abiertas a decisiones del gobierno en redes sociales y la iniciativa paralela de recojo de firmas para un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente. Ganaron también en el Congreso Acción Popular y Alianza para el Progreso, que han demostrado que son quienes realmente tienen el control del parlamento, como centro que inclina la balanza a favor o en contra; el problema es que no parecen ser muy conscientes de ello, ni tener una idea clara de qué hacer con ese poder. La oposición extremista sumó 50 votos, pero fue derrotada; en todo caso, Renovación Popular, con nueve representantes, parece liderando ese bloque, a pesar de que Avanza País tiene diez y Fuerza Popular 24.

Lecciones de la semana

Artículo publicado en El Comercio, martes 24 de agosto de 2021

- La semana que pasó ha sido clave para entender mejor el panorama político, y esta semana también es crucial, con la presentación ante el Congreso del Consejo de Ministros y el planteamiento de la de la cuestión de confianza.

- Quienes pensaban que la conformación del gabinete Bellido era parte de una estrategia de confrontación para forzar censuras ministeriales y así presentar cuestiones de confianza que habiliten la disolución del parlamento, deben revisar sus diagnósticos. Ante los previsibles cuestionamientos al Ministro Béjar lo que primó fue la confusión, la falta de una respuesta mínimamente articulada, y luego la simple concesión, aún cuando muchos de los cuestionamientos al excanciller se hayan basado en abiertas falsedades y sin que haya tenido oportunidad de presentar sus descargos. Al haberse producido las cosas de ese modo, el gobierno terminó dándole una victoria a los sectores de oposición más macartistas e intolerantes. Es muy preocupante hacia el futuro que el discurso político de este sector se haya “normalizado” en nuestra comunidad política.

- Segundo, el nombramiento de Oscar Maúrtua confirma que antes que un ánimo confrontacional lo que hay es una igualmente preocupante ausencia de rumbo definido. Castillo y Perú Libre llegaron al poder casi por accidente, desde una base muy precaria; y así como no es verosímil que fueran capaces de armar una sofisticada operación de fraude electoral sin dejar absolutamente ninguna huella, tampoco lo han sido de armar un Consejo de Ministros articulado con personal calificado, y tampoco para tener una capacidad de respuesta mínima ante los muchos cuestionamientos que generaron los nombramientos. Esto no quita, por supuesto, que expresen al mismo tiempo a los sectores más radicales y antisistema de la izquierda peruana.

- En cuanto a la opinión pública, un cuarto de los ciudadanos ha asumido una postura de derecha extremista: en la encuesta de agosto del IEP, un 27% prefiere que se “cambie a todos los ministros”, porcentaje cercano al 24.2% que en julio pensaba que había habido fraude en las últimas elecciones. Un 18% sigue a un oficialismo ingenuo pensando que lo que corresponde es “que mantenga a todos”, mientras que un 52% prefiere que se “cambie a algunos”. ¿Cuál es el correlato en el Congreso? Podría decirse que la oposición extremista cuenta con cerca de 50 votos, los de FP, AvP, RP, y unos cuantos de AP y APP (un 38% de los representantes), a la luz de votaciones recientes, como la que aprobó la conformación de una comisión investigadora sobre las elecciones pasadas, o la de la moción que exhortaba al presidente considerar la “idoneidad moral” de los ministros para ser designados. El oficialismo contaría con unos 42 votos (PL más JPP), un 32% de los congresistas, mientras que el centro con unos 38, un 29% del total (AP, APP, SP-PM y PP).

- De estos números deberían salir dos grandes conclusiones provisionales: de un lado, la oposición extremista está por ahora lejos de los 87 votos necesarios para hacer creíble la amenaza de la declaratoria de vacancia presidencial, pese a su locuacidad y al protagonismo excesivo que le conceden algunos medios de comunicación. En este marco, cabe preguntarse si la oposición seguirá el liderazgo de parlamentarios como Montoya, Cueto o Williams, o si podría surgir otro tipo de oposición más razonable y con mayores habilidades políticas. La proximidad de las elecciones regionales y municipales podría estimular algún grado de diferenciación. Y del otro lado, está claro también que el oficialismo está lejos de la posibilidad de construir una mayoría que le permita gobernar, para lo cual un acercamiento a bancadas como las de AP o APP resulta ineludible. La postura moderada dentro del parlamento requiere urgentemente de voceros visibles y articulados. El papel de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva es crucial, así como el del vocero de la bancada de APP, Eduardo Salhuana.

Partidos y reforma política

Artículo publicado en El Comercio, martes 17 de agosto de 2021 

Desde hace años los politólogos hemos llamado la atención sobre el serio problema de la debilidad de los partidos políticos en el Perú, de la no existencia de un sistema de partidos propiamente dicho, y de las consecuencias negativas que esto implica para nuestra democracia. Es una discusión que arrastramos por lo menos durante dos décadas, y algo importante se avanzó en el periodo anterior con el debate sobre la reforma política, que quedó inconcluso.

En el informe de la Comisión de Reforma Política decíamos que uno de nuestros problemas era tener un número excesivo de partidos, y muy poco representantivos. Por ello propusimos nuevas reglas, más accesibles y realistas para inscribirse, pero requisitos más exigentes para mantener el registro. Como sabemos, el Congreso disuelto aprobó varios cambios, pero estableció que esas normas no entrarían en vigencia para las elecciones de 2021, y el último Congreso siguió esa línea, de allí que hayamos tenido una elección con 24 listas parlamentarias en competencia, que al final terminaron siendo 18.

Es obvio que el país no tiene 18 propuestas programáticas o ideológicas diferentes, o que tengamos personal político, técnico, cuadros capaces de asumir las responsabilidades que implica la acción política o las responsabilidades de gestión para cubrir 18 opciones diferentes. La proliferación de partidos y su necesidad de “llenar” listas de candidaturas abren la posibilidad para el puro oportunismo, para que diferentes intereses particularistas y corruptos pretendan llegar a las esferas de decisión política. Ahora, Perú Libre tiene una particularidad, el nutrirse de segmentos altamente ideologizados y radicales de la izquierda peruana, que operan en pequeños núcleos sindicales y gremiales; tienen bases, pero eso no quita su marginalidad y aislamiento. En la región Junín tuvieron alguna experiencia de gestión, pero, como se sabe, muy signada por denuncias de corrupción y prácticas de patronazgo y clientelismo. No olvidemos que Perú Libre postuló a las elecciones parlamentarias extraodinarias de enero de 2020, y obtuvo apenas el 3.4% de los votos válidos.

Así, Perú Libre resulta siendo muy expresivo de su precariedad y de sus características: ampliamente desbordado por la magnitud de la responsabilidad de asumir el gobierno nacional, de allí la improvisación, las marchas y contramarchas; y marcado también por las presiones por acceder a empleos y nombramientos por parte de los cuadros partidarios. En los últimos años, desde que Humala rompió con el núcleo de izquierda con el que ganó la presidencia, se mantuvo cierta tradición de presidentes sin partido (con la excepción parcial de Kuczynski, cuya bancada inició con 18 miembros y terminó con su práctica desaparición), que gobernaron recurriendo frecuentemente a técnicos independientes y ascendiendo a funcionarios de menor rango, y ahora parece una novedad ver a un partido buscando ocupar los cargos públicos, sin tener cuadros de calidad suficiente.

Pero lo que le sucede a Perú Libre es un mal endémico de nuestra democracia. Lamentablemente los partidos representados en el Congreso no están tan lejos de los males que se ven en el poder ejecutivo; muchos parlamentarios sin experiencia o calificación, o peor aún, con antecedentes muy cuestionables, pretenden ocupar presidencias de comisiones o desempeñar vocerías. Y ya vemos desde ahora mismo divisiones y transfuguismo en bancadas como la de Renovación Popular.

¿Qué hacer? Deberíamos retomar el debate, continuar y mejorar el camino de la reforma política. Se deben afianzar las reformas aprobadas por los Congresos anteriores; implementar la adecuación a las normas vigentes de los partidos existentes, tarea facilitada porque hemos pasado de 24 a 9 partidos. Ellos deben ser la base de la reconstrucción de nuestro sistema de representación. El parlamento tiene la oportunidad de continuar con una lógica de reformas y eventuales cambios constitucionales, frente a los cuales se avanzó de manera importante en los Congresos pasados. No hay que inventar la pólvora. Y el hecho de que el cambio constitucional esté en agenda requiere de una iniciativa parlamentaria en un sentido reformista.

Cómo evaluar al gobierno de Castillo (2)

Artículo publicado en El Comercio, martes 10 de agosto de 2021

En un ambiente tan fragmentado, además con el fortalecimiento de los extremos del espectro político, hay gran variedad de diagnósticos de lo que está sucediendo en el país, de los que se deducen diversas líneas de acción. Para la extrema izquierda se ha instalado un gobierno representante del pueblo históricamente excluído, que sufre la agresión de una derecha golpista, oligárquica y fascista, frente a la cual no cabe mostrar debilidad o hacer hacer concesiones; para la extrema derecha ya esta en ejecución un plan de destrucción del Estado de derecho para instaurar un régimen dictatorial, por lo que correspondería es buscar la vacancia del presidente Castillo, antes de que se pueda consolidar en el poder. En medio, todo tipo de posiciones intermedias. ¿Qué diagnóstico se ajusta mejor a la realidad?

Creo que el primer paso es constatar algo que todos sabemos, pero que pareciera que se olvida: el que ganó legítimamente la elección es un partido que expresa los sectores más anquilosados y conservadores de la izquierda peruana; y que al mismo tiempo expresa la extrema precariedad de las organizaciones políticas del país. Perú Libre es poco más que la suma de algunos intereses particularistas y corporativos, incluídas sus malas prácticas. Ciertamente no es un grupo cualquiera: el partido de Cerrón logró cierta implantación y presencia regional, no por nada éste fue elegido Gobernador de Junín en 2011, Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, llegó a la segunda vuelta en la elección de 2014, y ganó nuevamente en 2018; además, logró en 2013 la inscripción su movimiento como partido nacional, algo que otros intentaron sin éxito. Pero también es cierto que Perú Libre obtuvo apenas el 3.4% de los votos en la elección parlamentaria de enero de 2020 y, consciente de su debilidad, Cerrón buscó alianzas diversas, llegando un acuerdo con Pedro Castillo, respaldado por redes magisteriales radicales, articuladas en la huelga de 2017, como sabemos, a la izquierda de Patria Roja y cercanas a las bases del Movadef. Cerrón y Castillo y sus núcleos ciertamente comparten visiones y acaso propósitos estratégicos, pero tienen ahora intereses diferentes (una cosa es ser Presidente de la República y otra del partido de gobierno) y su llegada al gobierno responde más a los azares electorales que a un proceso de acumulación de fuerzas.

Todo esto sirve para entender la peculiar combinación de factores vistos en los últimos días en la esfera gubernamental: retóricas y hasta encendidas intenciones revolucionarias, junto a notoria improvisación e incapacidad; y más allá de las ilusiones y temores políticos, lo concreto es la voluntad de ocupar los cargos públicos, para los cuales no se cuenta con cuadros capacitados suficientes (muchos acostumbradas al juego sindical o gremial, pero no a las tareas de la gestión pública y del gobierno), y así responder a la presión de la militancia. La extrema izquierda y la extrema derecha convergen en una mala lectura: ambas sobreestiman la fortaleza del gobierno, minimizan su aislamiento político y social, y su incapacidad para pasar por encima de la oposición en el Congreso.

Esto no significa en absoluto que no existan riesgos significativos para nuestra democracia; en el corto plazo está el de un extremo desgobierno, y una grave pérdida de capacidades en el sector público. Y más allá, en efecto, el de un cambio rápido de las condiciones actuales: ¿qué podría desencadenarlo? A mi juicio, la tentación de implementar un manejo populista y cortoplacista de la economía, para intentar construir una legitimidad que permita arrinconar al Congreso y tentar la aventura de la refundación política a través de una Asamblea Constituyente. Mientras se mantenga la orientación que el ministro Francke está siguiendo en el MEF, simplemente no existe hoy la posibilidad de que el ejecutivo doblegue al parlamento. Tenemos ya como país demasiados, graves y urgentes problemas reales al frente que requieren atención, como para darnos el lujo de sumar otros.

Cómo evaluar al gobierno de Castillo

Artículo publicado en El Comercio, martes 3 de agosto de 2021

El presidente Castillo vive intensas presiones cruzadas, y no ha sabido resolverlas. La inestabilidad previa al nombramiento de los miembros del Consejo de Ministros permanece. El 28 de julio dio un mensaje a la nación contradictorio y con iniciativas muy dispares, pero lo central a mi juicio es que intentó disipar los peores temores que despertaba: de un lado negó una política de expropiaciones y estatizaciones, y reconoció que el orden y la predictibilidad eran necesarias para la inversión; y del otro, reconoció que su propuesta de Asamblea Constituyente implicaba cambiar el artículo 206 de la Constitución, que requiere la aprobación del Congreso. Sin embargo, el nombramiento de Guido Bellido como Presidente del Consejo de Ministros y el de algunos ministros en particular parecen expresar la noción de que el gobierno no está dispuesto a dar “ni un paso (más) atrás” frente a cuestionamientos de sectores de oposición o de aliados de izquierda. Por lo visto, habría la convicción firme de no dejarse “mangonear” por la “conspiración caviar unida al fujimorismo”, en todo caso, ceder espacios solo cuando sea estrictamente necesario. Así, Pedro Francke y Aníbal Torres terminaron integrándose a última hora al Consejo de Ministros, pero desde una posición de debilidad.

Así, si bien el Consejo de Ministros, cuenta con algunas presencias valiosas, termina expresando en general a la izquierda más conservadora y anquilosada, cercana a los círculos del presidente, del partido de gobierno y sus aliados inmediatos, pero incapaz de leer adecuadamente el contexto en el que se encuentra, su aislamiento y precariedad. Sobre la base de una “ética de la convicción” mal entendida, Castillo termina volviendo a mediados de abril, expresando poco más que el 15% de los votos emitidos en primera vuelta; y en el Congreso, apenas unos 42 votos, los 37 de PL y 5 de JPP. El ejecutivo prolonga su inestabilidad con varios ministros cuestionados sobre bases legítimas, cierra prácticamente la posibilidad de construir mayoría en el Congreso, con lo que se expone a censuras ministeriales y a que sus iniciativas legislativas que no sean aprobadas. Se autocondena a la inviabilidad política. ¿Alcanzará el presidente Castillo a darse cuenta de que una cosa es la lógica de la negociación sindical, en la que gana quién más presiona y más inflexible se muestra, y otra muy diferente la lógica de gobernar?

Frente a esto, ¿qué debería hacer la oposición? En primer lugar, evitar caer en la tentación de la derecha extremista, según la cual el paso inmediato siguiente al desconocimiento del resultado de las elecciones es la declaratoria de la vacancia presidencial. Afortunadamente, las primeras declaraciones de la Presidenta del Congreso y de otros líderes parlamentarios han ido en la línea de esperar a la presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República, que deberá ocurrir “dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones”.

Segundo, es fundamental asumir que el gobierno tiene la autoridad para tomar decisiones, por más equivocadas que nos parezcan, mientras se enmarquen dentro de la Constitución y las leyes; frente a ellas solo cabe responder mediante los canales institucionales existentes (crítica ante la opinión pública, movilizaciones ciudadanas pacíficas, eventualmente censuras ministeriales; razones fundadas hay para todo ello). Pero no se justifica en absoluto una lógica de “golpe preventivo”: actuar no democráticamente para evitar el supuesto establecimiento de una dictadura. Otra escenario sería uno en el que desde la propia presidencia se proponga violar abiertamente la legalidad y la Constitución, la declaratoria de vacancia requeriría de evidencias indudables de conducta antidemocrática, respaldadas en un amplio consenso político y ciudadano, capaz de validarse según altos estándares internacionales. No estamos allí. Los temores de la oposición, muchos de ellos válidos y razonables, deben servir para esbozar escenarios y preparar respuestas políticas, no para patear el tablero. Hay demasiado en juego y todos los actores deben mostrar extrema prudencia e inteligencia.