ALACIP 22-24 julio 2015

Ya tenemos fecha... separen en la agenda desde ya...

Nueva agenda

Artículo publicado en La República, domingo 13 de abril de 2014

Nuestras ciencias sociales, en la década de los años sesenta, se preocuparon especialmente por los retos de la modernización del país; en la de los setenta, por las reformas del velasquismo y el auge del movimiento campesino y sindical; en la de los ochenta, por la democracia, nuevos movimientos sociales, la violencia política. En los noventa, se trataron los cambios asociados a la adopción de políticas orientadas al mercado, en un contexto autoritario. En la primera década del nuevo siglo, se trató la debilidad de las instituciones democráticas: partidos, Congreso, regiones y descentralización.

Ciertamente es importante continuar con los antiguos temas, que siguen siendo relevantes. Pero cada vez más varios colegas tenemos la sensación de que es necesario dar un salto hacia temas nuevos, temas que tienen que ver cada vez más con un país que entra a la franja de los países de ingreso medio, que crecen, pero en contextos de anomia y debilidad institucional. Esto hace que a los ciudadanos no solo les preocupe la pobreza y el empleo, también cada vez más la seguridad ciudadana y la corrupción, por ejemplo. Desde las ciencias sociales nos hemos ocupado de ellos todavía muy marginalmente.

La seguridad ciudadana, por ejemplo, constituye un nudo de problemas que es imperativo desmadejar, y que permitiría hacer una radiografía del funcionamiento del conjunto de la sociedad y del Estado. Para empezar, cuenta la debilidad estatal en el territorio: la extensión en diferentes zonas del país de actividades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, que demandan servicios y generan recursos y capacidades que alimentan actividades ilícitas, desde la trata de personas, la importación de servicios vinculados a redes internacionales dedicados al secuestro, la extorsión, y el sicariato, la colusión con las autoridades públicas y políticas. De otro lado, todo esto ocurre en un contexto de crecimiento económico, de cambios en las ciudades, en la estructura de las familias, en las expectativas, cultura y patrones de consumo, especialmente en los jóvenes, con lo que aparecen nuevas formas de delitos.

Los problemas asociados al combate de estos males permitiría hacer una radiografía del funcionamiento del conjunto del Estado. Intervienen la policía, los municipios, las regiones, el Ministerio del Interior; también el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario. Salen a relucir problemas de corrupción, coordinación entre sectores y niveles de gobierno, problemas de gestión, escasez de recursos, límites en la legislación y problemas de aplicación de la ley, que ciertamente no es igual para todos los ciudadanos. Implícitamente hay también una dimensión política, vinculada al uso del problema para obtener réditos de corto plazo, cómo esto influye en la dinámica entre gobierno y oposición, cómo se construyen discursos en torno a estos temas.

Los científicos sociales, no solo las autoridades públicas, estamos en deuda.

La democracia boba

Artículo publicado en La República, domingo 6 de abril de 2014

Un problema muy serio que dificultaba el combate a la subversión de Sendero Luminoso y del MRTA era la llamada “coladera”; muchos terroristas detenidos eran liberados u obtenían condenas benignas por errores procesales, por ingenuidad de los jueces, o porque eran víctimas de amenazas o cómplices de sobornos. Al mismo tiempo, la administración penitenciaria permitió que los penales se convirtieron en escuelas de adoctrinamiento. Se hablaba en ese momento de una democracia boba, de cuya tontería se aprovechan quienes querían destruirla, utilizando y desnaturalizando sus propias reglas y recursos. La democracia boba termina alentando su destrucción: si la democracia no funciona, se requieren salidas autoritarias. Frente a ello, de lo que se trata es de tener una reacción dentro de la democracia; o ella demuestra que puede ser eficaz, o sucumbe.

En la actualidad no enfrentemos la amenaza del terrorismo, pero estamos también ante señales preocupantes de una democracia boba, de cuya tontería se aprovechan diferentes actores para obtener beneficios particulares, situación que legitima discursos antipolíticos y autoritarios. Así por ejemplo, resulta pasmoso cómo diferentes iniciativas para imponer la ley o un mínimo de orden, combatir la informalidad o la corrupción, suelen paralizarse o neutralizarse mediante acciones de amparo y diferentes recursos procesales. Asombroso también de qué manera nuestros políticos se enfrascan en discusiones estériles y acusaciones sin mayor fundamento que no benefician a ninguno y desprestigian a todos. Cómo nuestra democracia parece al mismo tiempo ineficaz en el combate a la corrupción y desorientada ante la proliferación de denuncias sin mayor fundamento.

En este marco, tenemos que Alan García ha sido presidente del Perú, y como tal, según la Constitución, ha “personificado a la nación” en dos ocasiones; y pretende hacerlo por tercera. Es su deber por ello no solo colaborar con las investigaciones sobre presuntos delitos de corrupción ocurridos durante su gobierno, sino ser el primer interesado en que lleguen hasta las ultimas consecuencias, y no refugiarse en subterfugios legales. Es absurdo pretender convertir victorias judiciales en victorias políticas; pero también lo es pretender ganar con argumentos judiciales lo que no se ha ganado en lo político. En otras palabras, los problemas penales deben resolverse en el Poder Judicial, y los políticos en el ámbito político; pretender inhabilitar a García sin sentencias judiciales firmes es una forma de antipolítica. Y antipolítico es también pretender ser presidente por tercera vez sin haber dado a la ciudadanía explicaciones convincentes de los casos investigadores por el Congreso.

La democracia boba está conduciendo a un vaciamiento de la política: la deliberación es sustituida por discusiones procesales y tribunales de justicia, por la movilización en las calles, por los lobbies, por un decisionismo tecnocrático, por un cesarismo autoritario.

Seguridad ciudadana: lo que sabemos

Artículo publicado en La República, domingo 30 de marzo de 2014

A finales del año pasado se publicó el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, que lleva por título Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina (Nueva York, PNUD). Este trabajo constituye un excelente resumen del conocimiento existente: nos propone un diagnóstico bastante completo de las dimensiones y causas del problema, y sugerencias de políticas para enfrentarlo, que recogen experiencias exitosas implementadas en los últimos años.

Acaso la idea central del informe es que el tema de la seguridad ciudadana tiene múltiples dimensiones; una cosa es el delito callejero o el pandillaje, y otra la delincuencia organizada, que se manifiesta en prácticas como el tráfico de personas (que a su vez lleva a la prostitución y a otras formas de trabajo forzado), el secuestro o la extorsión. Todo suma para generar la sensación de inseguridad en la que vivimos, pero el combate a estos males requiere acciones diferentes.

El aumento de la delincuencia organizada, se nos dice, estaría asociado a la diversificación de actividades ilegales en las que incurrirían algunas bandas anteriormente dedicadas al narcotráfico, como consecuencia de las políticas de combate al mismo. Habría un “efecto globo”: así como las políticas de erradicación en un país trasladan los cultivos a otro, el combate al narcotráfico “empuja” a las bandas a usar sus “habilidades” en otras áreas y países, cambio rentable dados los mayores niveles de actividad económica de los últimos años. Obviamente, combatir este tipo de delincuencia requiere un trabajo de inteligencia y de unidades especializadas muy fino.

Otra es la dinámica del pandillaje, consecuencia del deterioro de los entornos familiares y urbanos; acá la clave estaría en la intervención comunitaria y en la promoción de oportunidades. Combatir el abandono escolar, mejorar las escuelas, prevenir el maltrato infantil y la violencia doméstica, crear y visibilizar mejores alternativas de vida y socialización. Y otra es la dinámica del robo callejero, en la que se nos habla del “delito aspiracional”: el aumento de expectativas de consumo, combinadas con falta de movilidad social y altos niveles de segregación en las ciudades, llevarían al aumento de esta modalidad delictiva. Nuevamente, este delito sería consecuencia de un crecimiento económico ocurrido en un contexto de crisis social y de escasa legitimidad del orden institucional. Cabe destacar que Perú aparece como el segundo país con más víctimas de robos de la región, detrás de Ecuador. La prevención pasa nuevamente por prestar atención a la familia, la escuela, la vida comunitaria.

Todo esto es magnificado o no por la disponibilidad de armas de fuego, alcohol, drogas; así como por el tipo de respuesta institucional, donde la corrupción, la impunidad, la desproporción en las sanciones son factores clave. ¿Y ahora? ¿Tendrá el ministro Albán la fuerza para iniciar el gran esfuerzo que se requiere?