Permítanme comentar, por su importancia, una de las últimas publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos, en coedición con el Instituto de Defensa Legal: Historia de la corrupción en el Perú, del historiador Alfonso Quiroz (1956-2013). Para Quiroz, la corrupción es una de las principales causas del atraso del país: según sus cálculos, el promedio anual de dinero “desviado” o mal asignado equivaldría al 30-40% de los gastos del presupuesto, algo cercano al 3-4% del producto en nuestra historia republicana; así, “el Perú perdió o distribuyó mal el equivalente al 40-50% de sus posibilidades de desarrollo”.
La corupción aparece como una constante en la historia del país. Los periodos con muy altos niveles de corrupción, según el autor, coinciden con regímenes autoritarios: el virreynato tardío (1800-1821), los primeros caudillos (1822-1839), la década de la consolidación de la deuda (1850), la tardía era del guano (1869-1872), el militarismo de la postguerra (1885-1895), el oncenio de Leguía (década de 1920), el docenio militar (1968-1980) y el fujimorato (década de 1990). Quiroz cuestiona el papel jugado en diferentes momentos y circunstancias, por Manuel Amat y Junyent, Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Juan Crisóstomo Torrico, José Rufino Echenique, Nicolás de Piérola, Andrés Avelino Cáceres, Augusto B. Leguía, Manuel Prado, Victor Raúl Haya de la Torre, Manuel Odría, Juan Velasco Alvarado, Alan García y Alberto Fujimori, ya sea por beneficiarse de la corrupción como por haber permitido su proliferación o por pactar con grupos corruptos. Pero al mismo tiempo rescata el papel “moralizador” de personajes como Antonio Ulloa, Domingo Elías, Francisco García Calderón, Manuel González Prada, Jorge Basadre, Héctor Vargas Haya y Mario Vargas Llosa, entre otros. En otras palabras, la corrupción debe y puede combatirse.
El antídoto parece claro: más controles y contrapesos, más vigilancia ciudadana, instituciones más fuertes. Esta es la razón por la cual la corrupción disminuye en contextos democráticos. Hoy, nuestra democracia se ve también amenazada por la corrupción: si no se le enfrenta decididamente, la democracia se vacía de contenido. En la actualidad existe un Plan Nacional Anticorrupción que debe ser apoyado, y las actuales denuncias que afectan a dos de nuestros expresidentes, deben ser investigadas a fondo, mediante procesos justos, que fortalezcan nuestras instituciones y den señales claras tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos. No solo por las pérdidas económicas, también por el grave efecto que la corrupción genera sobre la moral pública.
VER TAMBIÉN:
Martín Tanaka: “La estructura de oportunidad política de la corrupción en el Perú: algunas hipótesis de trabajo”. En: Felipe Portocarrero, ed., El pacto infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú. Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2005 (p. 355-375).
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