Artículo publicado en La República, domingo 30 de mayo de 2010
Tras la instauración de la democracia en nuestros países, los partidos ocuparon el centro de la actividad política. Ellos fueron clave para lograr los acuerdos necesarios que permitieran la salida de los militares del poder, y esa centralidad hacía que la agenda pública y las disputas políticas se canalizaran a través de ellos. Con el paso de los años, los partidos perdieron legitimidad, aumentó paralelamente el peso de la opinión pública como factor clave en la política, y con ella, la influencia de las empresas periodísticas. Al mismo tiempo, la importancia de la opinión pública hace que muchas disputas políticas y entre grupos de interés empiecen a ser dirimidas mediante el recurso de la exposición pública de temas susceptibles de generar escándalo: conductas impropias y denuncias de corrupción, que terminan generando lo que se conoce como la “judicialización de la política”. Si bien esto ocurre en todas partes, en el Perú se ha exacerbado, dada la debilidad de nuestros partidos, de nuestras instituciones en general y por la herencia del fuji-montesinismo.
En este marco, las disputas políticas terminan dirimiéndose en las imágenes gruesas que generan los medios: el problema está en que los periodistas y los medios tienden a privilegiar sus propias primicias y desmerecen las de la competencia, y que las denuncias responden en gran medida a agendas privadas, no al interés público. De otro lado, las disputas políticas terminan judicializándose, o con pedidos de judicialización. El problema acá es que el Poder Judicial debe fallar jurídica, no políticamente; en otras palabras, puede fallar correctamente en lo judicial, pero equivocadamente en lo político, o peor aún, fallar correctamente en lo político, pero equivocadamente en lo judicial. En medio de esto, los actores políticos usan al PJ en sus disputas: si no me dan la razón, es porque los jueces son corruptos o incompetentes, o están al servicio de mis enemigos políticos; y si me dan la razón no es porque el PJ funcione, sino porque hubiera sido escandaloso no darme la razón, y someterse a la censura de la opinión pública. Según la conveniencia de cada quien, se hacen llamados a respetar fallos o procesos judiciales o a denunciar su sometimiento a intereses oscuros. Lamentablemente, razones no faltan para justificar esta desconfianza.
Ni los medios ni el PJ podrán sustituir funciones que deben cumplir actores políticos en la esfera pública, y su creciente importancia está generando cortocircuitos que explican gran parte de los problemas que concentran nuestra atención en las últimas semanas. Creo que estos temas merecen más debate y interés. ¿Cómo hacer para que la política pase por los partidos, para que los medios respondan al interés público, y el PJ sea al mismo tiempo autónomo y responsable?
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