Qué pasó, qué viene (3)

Artículo publicado en La República, domingo 31 de diciembre de 2017

La semana pasada comentábamos sobre la inesperada sobrevivencia del presidente Kuczynski a la moción de vacancia presidencial, donde la actuación de Kenji Fujimori resultó clave, y preveíamos “un indulto humanitario, previo informe de una junta médica calificada, en un plazo no muy lejano, escenario anunciado más de una vez por el presidente”. Después del 21 se abría la posibilidad una recomposición de fuerzas en el Congreso que le diera cierto aire al poder ejecutivo, al terminar la mayoría absoluta de FP; esto implicaba aislar a los sectores más “termocéfalos” que votaron por la vacancia, y construir una mayoría recuperando una iniciativa política reformista, sobre la base de un gabinete basado en figuras con trayectoria y peso político propio. Esto implicaba también, en un plazo razonable, un indulto humanitario que resultara inobjetable en su justificación y procedimientos.

Lo que no esperábamos era que el indulto llegara el día 24, de la manera torpe en la que ocurrió, que incineró la legitimidad que podría haber tenido. No concebíamos que fuera posible que un presidente dijera el día 20 que tenía que ser más confrontacional con el fujimorismo para luego ofrendarle su destino el día 24; que despertara a la movilización antifujimorista, su apoyo en casos de emergencia, para luego convertirse en su enemigo; que armara su defensa recurriendo a personajes de clara filiación antifujimorista como Alberto Borea o Pedro Cateriano, para inmediatamente después ganarse su desprecio; que implementara un “indulto express” en una operación no solo encubierta si no que también incluía maniobras distractivas (como las del Ministerio de Justicia); que desautorizara tan groseramente a la Presidenta del Consejo de Ministros y al vocero de la bancada parlamentaria que negaron explícitamente la negociación del indulto. Que hiciera todo ello precisamente después de haberse defendido de la moción de vacancia denunciando el apresuramiento, la falta de transparencia y la violación al debido proceso. Que confirmara a ojos de muchos que mintió cuando acababan de acusarlo de haber mentido en su relación con Odebrecht. Que actuara sin mayores escrúpulos precisamente cuando se acababa de librar de una vacancia por incapacidad moral.

Quienes piensan que este indulto podría funcionar se basan en tres premisas, todas cuestionables. Primero, que una abrumadora mayoría del país apoyaría el indulto, basándose en encuestas de opinión previas. El problema es que la forma en que se dio mella seriamente la presentación del indulto como un medio de “reconciliación”, para ser visto como una negociación burda para salvar a un presidente con rabo de paja. Segundo, que la respuesta contraria no será a la larga significativa: no parece sabio jugar con fuego, mucho más siendo un presidente tan débil. Y tercero, que a partir de ahora el fujimorismo será liderado por Alberto, y que se comportará más “cooperativamente”. Si bien Keiko ha quedado ciertamente muy golpeada, no me la imagino como una niña pequeña bajando la cabeza y yendo al rincón de los castigos después de los regaños de su padre, junto a su mototaxi. Tampoco me imagino a Kenji como un candidato presidencial viable, ni a un fujimorismo abiertamente roto. Después de una negociación y un acomodo, emergerá nuevamente con sus mismos intereses: ganar el 2018 y el 2021, para lo cual resulta imprescindible salir bien librados de las investigaciones de casos de corrupción, y no ser asociados con un gobierno impopular, desprestigiado, sin credibilidad. Los problemas no se han resuelto, pasamos apenas por el ojo del huracán.

Qué pasó, qué viene (2)

Artículo publicado en La República, domingo 24 de diciembre de 2017

El viernes 15 la moción de vacancia presidencial presentada por el Frente Amplio se aprobó con 93 votos a favor, es decir, con casi unanimidad descontando a la bancada oficialista. Hasta el lunes 18, inclusive, después de la presentación del presidente en televisión nacional, la previsión era que la suerte del presidente estaba echada. No había logrado dar explicaciones satisfactorias respecto a los conflictos de interés en los que habría incurrido, se especulaba sobre su renuncia y sobre la viabilidad de un gobierno de Martín Vizcarra. ¿Cómo así logró evitar la vacancia en tres días?

En primer lugar, el gobierno empezó a defenderse con más energía. Si bien no lograron persuadir a la opinión pública de la inocencia o integridad del presidente, sí lograron convencer a muchos de que el Congreso actuaba con excesivo apresuramiento. Segundo, para mí lo más importante, el énfasis de la discusión se desplazó de la moralidad del presidente a la prepotencia del fujimorismo, por obra de ellos mismos. El intento de conseguir 104 votos para votar la vacancia lo antes posible, declaraciones altisonantes, por llamarlas de alguna manera, de Héctor Becerril, de Luis Galarreta (contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y luego de Daniel Salaverry, reavivaron la imagen de un fujimorismo golpista, que a la larga hicieron que Keiko Fujimori pierda por tercera vez el propósito de controlar el poder ejecutivo. Si en 2011 se puede atribuir a Jorge Trelles o Alejandro Aguinaga, y en 2016 a José Chlimper, el cometer errores de último minuto que cambiaron tendencias que parecían firmes, esta vez ese sitial corresponde a estos voceros parlamentarios. Su locuacidad generó el espacio para que Kenji Fujimori pudiera retomar un discurso alternativo basado en privilegiar la gobernabilidad sobre la confrontación, unificó a la bancada de PPK, sacó al antifujimorismo a la calle, permitió que Nuevo Perú privilegiara la lucha contra el fujimorismo a sus cuestionamientos al neoliberalismo, que APP pudiera presentarse como una fuerza política responsable, y dividió los votos del APRA, de AP y de los no agrupados. Tercero, el encono de Fuerza Popular arrinconó tanto al gobierno que lo obligó a jugarse el todo por el todo: jugar la carta del antifujimorismo, denunciar la existencia de un plan de golpe de Estado parlamentario el miércoles 20, anunciar que la vacancia implicaría la renuncia de los vicepresidentes y el adelanto de elecciones generales, al mismo tiempo que llamaba a actuar con prudencia y tendía un puente a los “jóvenes congresistas” de FP y de otras fuerzas políticas en la intervención de Alberto Borea.

Esta estrategia, si bien no doblegó al Frente Amplio, sí consiguió diez abstenciones en FP. Los votos “kenjistas”, antes que desnudar una negociación a cambio del indulto de Alberto Fujimori, mostrarían la consolidación del liderazgo de Kenji, con la bendición de su padre, y exhibió su importancia crucial en el juego político congresal. Esto hace verosímil la posibilidad de un indulto humanitario, previo informe de una junta médica calificada, en un plazo no muy lejano, escenario anunciado más de una vez por el presidente.

¿Qué viene? Aparentemente la lección sacada después de esta experiencia es la importancia de contar con políticos con trayectoria y peso político como aliados, capaces de generar cierto consenso y enfrentar los excesos fujimoristas, pero sin necesariamente buscar confrontaciones gratuitas (Alberto Borea, Antero Flores, Lourdes Flores, el mismo Pedro Cateriano). Una futura recomposición del gabinete podría expresar esta idea.

Qué pasó, qué viene

Artículo publicado en La República, domingo 17 de diciembre de 2017

- Estamos discutiendo declarar la vacancia del Presidente de la República como consecuencia de un misil lanzado por Odebrecht directo sobre la línea de flotación de su credibilidad como mandatario. Por qué lo hizo es la gran pregunta. Aparentemente esto expresaría la insatisfacción por la implementación del Decreto de Urgencia 003; sin embargo, empoderar al fujimorismo, quien precisamente boicoteaba esa implementación, resulta contradictorio. ¿Es consecuencia de un nuevo pacto por la impunidad de empresas corruptas? Mucha atención a esto. ¿Vamos a dejar que los intereses de Odebrecht marquen la dinámica del país?

- El presidente está a punto de ser vacado por sus persistentes, por decir lo menos, ambigüedades y débiles explicaciones dadas respecto a sus relaciones con Odebrecht, que han generado la convicción de que tiene demasiado que ocultar. En el peor caso estamos ante delitos graves, en el mejor ante un pésimo manejo de patentes conflictos de interés. De allí el total aislamiento de la bancada oficialista en el Congreso. Tiene en los próximos días la oportunidad (¿hoy domingo? El mismo jueves parecería demasiado tarde) de dar ¡por fin! explicaciones cabales. De su capacidad de crear la noción de darle el “beneficio de la duda” depende su única esperanza de sobrevivir a la próxima semana.

- Si el presidente cae, asume la jefatura de Estado el vicepresidente Vizcarra. Por la estabilidad del país es un escenario mejor que el del adelanto de elecciones. ¿Podrá gobernar Vizcarra? Difícil, no imposible. Recordemos que si caen los dos vicepresidentes tenemos el adelanto de las elecciones generales, y me parece que a los congresistas actuales, naturalmente, no les entusiasma la idea. Keiko Fujimori podría pensar que un adelanto de elecciones bajo un gobierno provisional encabezado por el presidente del Congreso Galarreta sería beneficioso, pero no necesariamente su bancada. Otro mecanismo con el que podría contar Vizcarra para incentivar la cooperación es el de la cuestión de confianza. Por supuesto, Vizcarra deberá gobernar con un esquema de coalición muy amplio y consensual, recogiendo su experiencia de gobernador, dando oportunidad a liderazgos regionales, pero no por ello menos firme.

- Vizcarra tendría el reto de, a pesar de encabezar eventualmente un gobierno extremadamente débil, sin ninguna base de sostenimiento propia (ni la propia bancada PPK), sostenido solo porque para sus adversarios es peor dejarlo caer, asegurar un mínimo de gobernabilidad democrática. Esto en lo inmediato significa enfrentar al tractor a toda máquina y sin conductor que parece el fujimorismo en los últimos tiempos. Implica evitar la destitución del Fiscal de la Nación, el descabezamiento del Tribunal Constitucional, la obstrucción a la acción de la justicia en los casos que los involucran. Atención que Víctor Andrés Ponce, con su habitual elocuencia, sugiere al fujimorismo no cometer el error de propiciar un adelanto de elecciones, porque lo que debería ocuparlos es “ejercer su mayoría para desmontar el establishment izquierdista”, que “ha llegado a controlar y mangonear (…) el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación”. Es decir, aplanar el camino hacia el 2021.

- Si el gobierno transitorio de Paniagua tuvo como gran misión desarmar el andamiaje heredado del autoritarismo fujimorista, la de Vizcarra sería defender y fortalecer la autonomía, profesionalización y eficiencia del sistema de administración de justicia, para que de toda esta nefasta experiencia quede una limpieza a fondo. La única forma de que algo bueno salga de todo esta desgracia.

Sobre la Fiscalía y el Poder Judicial

Artículo publicado en La República, domingo 10 de diciembre de 2017

¿Cómo entender la conducta de Fiscales y Jueces en casos de gran importancia política? De un lado, sería ingenuo pensar que sus decisiones siguen una lógica de “estricto apego al derecho”. Ciertamente las presiones de la opinión pública y de los actores políticos cuentan, e incluso la propia lógica jurídica está sujeta a diferentes interpretaciones y mediada por marcos ideológicos. Del otro lado, parece exagerado asumir que estas decisiones se explican por la manipulación de actores políticos. Se asume indistintamente que el poder ejecutivo, el APRA, el fujimorismo o la izquierda tienen poderosas influencias para dirigir a fiscales y jueces. Como puede verse, la diversidad de estos pretendidos hilos sugiere lo poco productiva que es esa tesis.

¿Cómo entender entonces el asunto? Para empezar, tenemos la historia de una extrema precariedad institucional. En tanto ser fiscal o juez implicaba un salario muy bajo y muy poco reconocimiento social, los mejores estudiantes o profesionales del derecho evitaban seguir esas carreras. Esto hizo que en promedio primara en ámbitos judiciales una concepción del derecho muy conservadora, pegada a la literalidad de las normas y reglamentos, y que quedara en segundo plano visiones más integrales que privilegiaran el acceso a la justicia. Los bajos salarios y la precariedad institucional hicieron también a estas instancias muy vulnerables a la corrupción. Además, estos ámbitos fueron ocupados en gran medida por egresados de universidades privadas más populares o públicas en las que grupos como el APRA, el fujimorismo o la izquierda mantienen cierta influencia, de allí la imagen de su “control”. Otras universidades privadas más elitistas, de mayor reputación académica, influyen a través de cursos y seminarios de capacitación. Pero influencia no es sinónimo de control, en todo caso se puede registrar una pluralidad de influencias.

En los últimos años las cosas han cambiado. Los presupuestos y remuneraciones han aumentado de manera importante; las instituciones se han profesionalizado, los procesos se han modernizado; a través de convenios y contactos internacionales fiscales y jueces tienen más claro el estándar al que deben aspirar, aunque por supuesto hay muchísimo más por hacer. Al parecer las mejoras se han dado más en el Poder Judicial que en el Ministerio Público, precisamente cuando la implementación del nuevo Código Procesal Penal requiere tener una fiscalía mucho más profesional, eficiente y ágil. Además, los delitos se han sofisticado mucho en los últimos años, con complejas operaciones financieras y tecnológicas que comprenden varios países.

En este marco, la fiscalía (y el PJ) enfrenta la herencia de una debilidad institucional que no logra superar del todo (a veces quieren pero no pueden); se ve obligada a responder ante fuertes presiones políticas y de la opinión pública (deben combinar agendas propias con agendas que les vienen de afuera para las que no están suficientemente preparados); y además debe actual allí donde puede construir casos suficientemente sólidos, y esto depende no solamente de sus capacidades, también de con cuánta información cuenta. Y esta suele provenir de otros países, como Brasil, o de delaciones o confesiones que tienen sesgos muy particulares, o de cuán desprolijas sean las redes corruptas para encubrir sus operaciones. En otras palabras, caen sobre quien pueden, no necesariamente sobre quien deberían. Todo esto genera la imagen de la existencia de “intereses oscuros” detrás de las decisiones, cuando en realidad ellas son fruto de múltiples vectores.

Caminos de corrupción

Artículo publicado en La República, domingo 3 de diciembre de 2017

Ante las recientes revelaciones, básicamente provenientes de Brasil, referidas a la participación de políticos y empresarios en sofisticados esquemas de corrupción, algunos comentaristas han esgrimido el argumento de que no todos los casos son iguales, que no es justo generalizar o equiparar situaciones.

Por supuesto, todos los casos son muy diferentes, y resulta útil distinguirlos. Existen por ejemplo los corruptos oportunistas de poca monta: actores diversos que “aprovechan” oportunidades que se presentan, que suelen actuar con bastante desprolijidad. Pero están también los corruptos más sofisticados, actores que tienen relaciones más estables con el Estado. Para que estos esquemas funcionen se requiere discreción, cierta disciplina, cumplir con ciertos procedimientos. Por ejemplo, el llamado “club de la construcción”. Los primeros manejan montos menores, pero son muchos más, están más expuestos y tienen un gran efecto negativo sobre la moral pública; los segundos roban muchísimo más, pero están más cubiertos ante el gran público.

Entre los políticos, más específicamente, están quienes participan en esquemas de corrupción por pura vanidad y ambición personal: son los que luego compran yates y su consumo suntuario los delata. Otros entienden la política como una extensión de sus negocios, más ahora que ante la crisis de los políticos profesionales muchos empresarios, en muy diversos rubros, participan directamente en la política.

Pero están también los políticos más ideológicos, que todavía los hay, que entran a la política principalmente para defender ciertas ideas y causas, pero que derrapan hacia esquemas de corrupción. Algunos terminan usando la ideología como disfraz para el enriquecimiento personal; en el mundo de la derecha se resbala siguiendo la pendiente de la promoción de la economía de mercado, hacia negocios específicos. Desde la izquierda se cae como consecuencia de una retorcida noción de justicia redistributiva (si la derecha lo hace, ¿por qué no lo puede hacer la izquierda? Si ellos disfrutan del poder, ¿por qué no nosotros?). Acaso el ejemplo emblemático latinoamericano de esto es la famosa “piñata” al fin del gobierno sandinista en Nicaragua. Hay otras formas de corrupción más “principistas”, si cabe el término: asegurar recursos para la sobrevivencia política. El dinero robado al Estado no va necesariamente al patrimonio de los líderes (que pueden argüir que son austeros y modestos), sino a un fondo para financiar campañas o actividades partidarias. Acaso el caso emblemático de esto sea el de Agustín Mantilla recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos.

Entre los corruptos hay muchas formas de minimizar el daño de la misma y vivir con la conciencia tranquila: en ocasiones la justificación es ideológica (“no es para mí, es para el partido”); en otras práctica (“el soborno lo paga un privado, no el Estado”; o “me cae algo pero proveo un buen servicio”); en otras naif (“si todos lo hacen, ¿cuál es el problema?”; o “lo mío no es nada comparado con otros”). Así, si bien es cierto que no todas las formas de corrupción son iguales, la realidad es que se puede hacer daño al país de múltiples maneras.

Visto el asunto más globalmente, tomamos conciencia de que el auge económico con instituciones débiles y sin actores mínimamente constituídos de los últimos años dejó un saldo de descomposición moral que afectó al conjunto de la elite del país. Afortunadamente, a diferencia de otros periodos de la historia, no nos dejó además arruinados económicamente. Y hay una ola de indignación ciudadana que no debemos desaprovechar.

¿Y el fujimorismo? (2)

Artículo publicado en La República, domingo 26 de noviembre de 2017

Sigo con algunas reflexiones iniciadas la semana pasada. ¿Cómo entender la lógica del fujimorismo? Señalaba que no me parecía convincente la tesis de la implementación de un plan que implicaba someter a todos los poderes del Estado para al final lograr la vacancia presidencial y el adelanto de elecciones. Esto implica la existencia de un actor muy coherente, dotado de un propósito claro, actuando con una racionalidad estratégica. Dadas las conocidas debilidades en la organización y conducción de Fuerza Popular, me parece que su actuación se entiende mejor asumiendo que siguen lógicas reactivas, defensivas, de corto plazo. Así, ante acusaciones, investigaciones fiscales, cuestionamientos, responden con rudeza, haciendo manifestaciones de fuerza, buscando amedrentar a sus adversarios.

Ahora bien, esto no quiere decir en absoluto que este patrón de comportamiento sea menos nocivo para nuestra precaria democracia que uno racional - estratégico. Es más, diría que el primero es más peligroso y nocivo que el segundo. Porque un actor racional, en la posición del fujimorismo, entendería que acusar constitucionalmente al Fiscal de la Nación sin ningún fundamento legal es totalmente contrario a sus propios intereses: los presenta como prepotentes y arbitrarios, refuerza la imagen de que no son democráticos, genera la percepción de que temen el avance de las investigaciones en la Fiscalía que los comprometen, cohesionan a sus adversarios (considerar la respuesta de la Junta de Fiscales Supremos y la reacción del conjunto Ministerio Público), y todo esto por una iniciativa en la que además les resultará muy complicado conseguir los votos necesarios. Digamos que si Aníbal Quiroga, Juan Paredes Castro, César Nakasaki, Aldo Mariátegui y Pablo Bustamante, por mencionar algunos nombres, ninguno de ellos sospechoso de “caviarismo”, te dicen que es un grave error acusar al Fiscal de la Nación, pues hace rato debieron haberse dado cuenta de ello.

Carlos Meléndez en El Comercio ayer caracteriza al fujimorismo más como antiestablishment que como autoritario. Puede ser, pero habría que recordar que ese perfil lo manejó Alberto Fujimori entre 1990 y 1992 y Keiko desde la segunda vuelta electoral del año pasado, pero en el medio el fujimorismo fue más bien un garante del establishment político y de la continuidad del modelo neoliberal. Hoy no solo choca frontalmente con las instituciones democráticas, también contra la estabilidad del modelo económico, mediante diversas iniciativas, cuando en algún momento encarnaron la esperanza de ser un gran partido de derecha popular. Su renovado populismo les puede favorecer en el corto plazo, pero los desprestigia como opción frente al 2021.

Podría ser útil releer en estos momentos el célebre libro del historiador Carlo Cipolla, Las leyes fundamentales de la estupidez humana (1976), especialmente en la parte en la que decía que el estúpido es más peligroso que el malvado, en tanto suele causar considerable daño sin obtener beneficios, o peor aún, incluso perjudicándose a sí mismo.

Urge entonces respaldar el trabajo de la Fiscalía, a pesar de las múltiples críticas que podamos tener con su trabajo. Porque ella no va a mejorar descabezándola y amedrentando a los Fiscales desde el poder político, sino fortaleciento su autonomía e independencia, permitiendo la continuidad en sus esfuerzos, también ejerciendo la crítica ante limitaciones. El que tengamos bajo investigación a prácticamente el conjunto de nuestra elite gobiernante de los últimos años hace que haya múltiples intereses en debilitar su actuación.

¿Y el fujimorismo?

Artículo publicado en La República, domingo 19 de noviembre de 2017

En las últimas semanas y días, pasada la euforia mundialista, vuelve a la palestra la discusión sobre la conducta política del fujimorismo. ¿Estamos ante la implementación de un plan que tiene como propósito hacerse de un control total de las instituciones del Estado y terminar con la destitución del Presidente de la República? Ciertamente hay elementos para construir ese argumento. Ya tienen el control del parlamento, y desde allí pueden destituir al Fiscal de la Nación y amedrentar a los fiscales que investigan casos de financiamiento ilegal de campañas electorales, que pueden afectar a Fuerza Popular. Pueden también conseguir los votos para destituir a miembros “incómodos” del Tribunal Constitucional y así establecer una suerte de “autoritarismo parlamentario”. Pueden presionar, desde comisiones investigadoras, al propio Presidente de la República y contribuir a debilitar su imagen y crear las condiciones que faciliten el escenario de una declaratoria de vacancia. Además amenazan con denuncias penales a medios de comunicación, que buscarían silenciar voces discrepantes. La editorial de este diario, el domingo pasado, llamó a “defender la democracia” y “parar este golpe de Estado en proceso”. De otro lado, la editorial de Semana Económica de esta semana señala que “todo esto ha hecho especular nuevamente sobre un supuesto plan fujimorista para tumbar la democracia. Pero estas reacciones resultan tan torpes que más bien sugieren la desorientación de un liderazgo inmaduro que aún no resuelve cómo utilizar el enorme poder que se le ha confiado”.

Me inclino más por la segunda interpretación, sin descartar que más adelante, según cambien las circunstancias, las estrategias de los actores puedan cambiar. Es una lectura más coherente con la evidencia previa disponible. Hace pocas semanas, cuando Kenji Fujimori aparecía como un liderazgo capaz de generar fisuras importantes en Fuerza Popular, el diagnóstico compartido era que este grupo estaba dividido, fragmentado, carente de conducción. ¿Ahora súbitamente estamos ante un grupo capaz de diseñar e implementar complejas estrategias en múltiples frentes? Creo que uno entiende mejor la política peruana si parte del supuesto de que los actores actúan muy reactivamente basados en consideraciones muy de corto plazo, y esto parece especialmente válido en el caso del fujimorismo. Se les han presentado por diversas razones y flancos oportunidades, que han coincidido en el tiempo, para hacer demostraciones de fuerza; que buscan ciertamente amedrentar a fuerzas que consideran manejadas por adversarios. ¿Qué es lo que buscan? El poder, por supuesto, ganar gobiernos regionales el próximo año y el gobierno nacional en 2021; y perciben que quienes pueden impedir el triunfo de Keiko en una tercera postulación (que puede ser la última) son algunos medios de comunicación, y una ofensiva fiscal y judicial que buscaría llevarlos con la marea de lava jato. Sienten que es un atropello, porque esa marea debería arrastrar a quienes fueron gobierno en los últimos años, no a ellos, que más bien habrían padecido del acoso de un establishment político, judicial y mediático que supuestamente habría tenido la hegemonía después del año 2000, que desde esa trinchera llaman despectivamente “caviar”. No digo que tengan razón en esa lectura: sí me parece que parecen muy convencidos de que es cierta.

La pregunta es hasta qué punto pueden ser concientes de los problemas en los que hacen incurrir al país por sus lecturas sesgadas de la realidad, y de los costos en los que incurren en función de sus propios intereses.

Justicia y política

Artículo publicado en La República, domingo 12 de noviembre de 2017

Vivimos un muy complicado panorama político como consecuencia de los escándalos asociados al caso lava jato y otros, que tienen como fondo el financiamiento de la actividad política. Buena parte de nuestra elite política está bajo fundadas sospechas de haber recibido dinero para solventar gastos de campaña y otros a cambio de favores gubernamentales. Esclarecer responsabilidades, culpabilidades, exige un manejo muy fino, complicado por varias razones: la opinión pública exige acusaciones y sanciones de manera indiscriminada, los políticos pretenden impunidad propia o sacar provecho de las desgracias ajenas, los fiscales se debaten entre atender las presiones cruzadas de la opinión pública y de los políticos, y la necesidad de hacer bien su trabajo en condiciones adversas, para que pueda haber juicios con casos sólidos, y que luego no terminen en el Poder Judicial en absoluciones, penas mínimas o en condenas que pagan los “eslabones débiles” en la cadena de la corrupción, y no los “peces gordos”.

Vistas las cosas muy en general, obviamente quienes tuvieron responsabilidades de gobierno en los últimos años están bajo sospecha. Sobre funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo y sobre él mismo penden acusaciones muy graves, con un esquema más o menos claro: dinero de campaña y sobornos a cambio de ventajas vinculadas a la construcción de la carretera interoceánica. Pero el proceso de extradición no es sencillo y vale la pena tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas bien. Durante el gobierno de García tenemos ya funcionarios procesados relacionados con la concesión de la línea 2 del metro de Lima, y está pendiente saber si se encuentran responsabilidades a un nivel más alto. También están involucrados los gobiernos regionales y locales, notoriamente la Municipalidad de Lima, durante las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán. Durante el gobierno de Humala, el caso más sólido parece estar relacionado con la concesión del Gasoducto del Sur; el problema está en que el expresidente y su esposa están en prisión no por ese caso, sino por haber participado en una supuesta operación de lavado de activos, al haber recibido dinero no declarado para sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Mi impresión es que la detención del expresidente y de su esposa es un exceso, no solo porque no es claro que haya peligro de fuga o de obstrucción a la acción de la justicia, sino porque el solo hecho de recibir dinero y no declararlo, pese a estar prohibido, no implica un delito penal ni tiene mayores consecuencias. Es más, en esta semana el Congreso podría haber cambiado la legislación existente para castigar esa mala práctica con sanciones drásticas, pero no lo hizo. Siguiendo con esta línea de razonamiento, no conduciría necesariamente a la comisión de un delito el que Keiko Fujimori hubiera recibido dinero de Odebrecht en su campaña electoral de 2011.

¿Cómo explicar entonces la destemplada respuesta de K. Fujimori frente a las recientes declaraciones de Odebrecht ante los fiscales peruanos? Atención que el problema no creo que sea Odebrecht: lo que preocupa a los fujimoristas es la acusación de lavado de activos que involucra a Joaquín Ramírez, ex Secretario General de Fuerza Popular. Es para defenderse de esa acusación que el fujimorismo pecha al Fiscal de la Nación, al Presidente de la República, al Tribunal Constitucional, al diario El Comercio, y por extensión, a toda la prensa. Acaso quien debería preocuparse más por lo que viene de Brasil es “AG”, quien sí tuvo responsabilidades de gobierno. Debemos respaldar la acción de la Fiscalía.