Ilegalidad y política en América Latina (2)

Artículo publicado en La República, domingo 9 de noviembre de 2014

La semana pasada comentaba sobre los perfiles de las posibles relaciones entre redes de actividades ilegales y la política en nuestros países. Decía que las actividades ilegales han crecido y se han sofisticado en los últimos años, y establecen relaciones crecientemente “cercanas” con el Estado y el poder político. Decía también que las actividades ilegales asumen diversas formas de relación con la autoridad estatal, que van desde la tolerancia, pasan por la complicidad, y pueden terminar en la subordinación de la autoridad o hasta en el control directo del Estado por parte de organizaciones mafiosas.

En nuestro país estos temas son fundamentales: por nuestra ubicación geográfica, diversidad productiva, riqueza natural y debilidad institucional (especialmente si miramos la “densidad estatal” en nuestro territorio), el Perú es parte de circuitos globales de explotación, producción o distribución de mercancías asociadas a actividades ilícitas. Además, la relación entre ilegalidad y Estado está mediada en nuestro país por el gran peso de las actividades informales, y esa acaso sería una de nuestras peculiaridades.

En nuestro medio, el colega Francisco Durand es quien ha iniciado la exploración de las relaciones entre lo que él llama formalidad, informalidad y economía delictiva. Lo revelador de su análisis es que las diferencias entre esos tres ámbitos serían apenas de grado, no de naturaleza, en un continuo con mayores o menores niveles de desafío a la institucionalidad estatal; y que no se trataría de mundos claramente diferenciados entre sí, sino estrechamente relacionados de muchas maneras y en diferentes dimensiones. Piénsese en la gran empresa formal que contrata services para no tener a sus trabajadores en planilla, o que parte de cuya producción pasa por la venta informal; el vendedor informal que vende productos formales, de contrabando o robados; y el ilegal que “blanquea” dinero con actividades formales, o que encubre sus actividades ilegales a través del pago de impuestos por actividades no realiza.

Entender las cosas desde esta óptima complejiza en tipo de respuestas que el Estado debe dar frente al desafío de las redes ilegales que amenazan al sistema político, porque no se trata de enfrentar a un enemigo aislado y sin “legitimidad social”. Se trata de enemigos con múltiples relaciones tanto a nivel de élites y grupos de presión, como entre importantes sectores populares, que hallan en este entramado de actividades legales, informales y delincuenciales un modo de vida. Esto no implica abdicar en los intentos de establecer el Estado de derecho, por supuesto; sí una cuidadosa selección de qué batallas dar, cuáles serían las prioritarias, qué coaliciones de intereses se arman en esos combates, y qué alternativas se ofrecen a la población más vulnerable, de modo que el paso a la legalidad sea viable. Las dificultades y avances en experiencias similares en Colombia, México y otros países resultan muy ilustrativas.

Ilegalidad y política en América Latina

Artículo publicado en La República, domingo 2 de noviembre de 2014

Acaba de ser publicado un libro indispensable: Redes ilegales y política en América Latina, editado por Iván Briscoe, Catalina Perdomo y Catalina Uribe, publicado por IDEA Internacional, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Instituto Clingendael (2014). El libro reflexiona sobre la formación de alianzas entre redes ilícitas, actores económicos y políticos en la región, partiendo del estudio en profundidad de casos ubicados en Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Honduras. Los casos estudiados en Perú son los de Vladimiro Montesinos, la provincia de Coronel Portillo (a cargo de Ricardo Uceda) y el departamento de Puno (a cargo de Catalina Uribe).

Estas relaciones han adquirido una complejidad e importancia inédita en nuestros países, en el contexto de la globalización. En nuestros países prospera no sólo el narcotráfico, también actividades como la minería y la tala ilegal, el tráfico de especies animales y vegetales, el tráfico de armas, la falsificación y contrabando de farmacéuticos y muchos otros productos.

Las actividades ilícitas requieren de territorios útiles dentro de los circuitos de producción, comercialización y consumo, en los que además puedan operar ya sea con la tolerancia, complicidad, subordinación o control directo de la autoridad pública. La legitimidad de esa autoridad surge de procesos electorales democráticos, esa autoridad es parte de un sistema político, ejerce su poder dentro de un entorno institucional, por lo que la atención a lo que sucede con el Estado y el sistema de partidos políticos es fundamental. En este marco, las actividades ilícitas pueden necesitar ubicarse en espacios altamente formales e institucionalizados (dentro de los países desarrollados, por ejemplo) como pueden aprovechar de la debilidad y vulnerabilidad de nuestros Estados y sistemas políticos.

Las relaciones entre ilegalidad y autoridad política no son sencillas ni asumen una única forma. En su mínima escala, la actividad ilegal busca simplemente funcionar sin llamar la atención de la autoridad o del entorno social en el que opera; pasado cierto nivel, involucra a parte de la sociedad y a otros actores económicos, y ya llama la atención de la autoridad. Dependiendo del tipo de operaciones, ellas pueden ser simplemente toleradas, en tanto no implican una gran disrupción del orden público; es más, hasta pueden favorecerlo (creación de impleos, inversión). Este “beneficio” de la ilegalidad puede alcanzar también a la autoridad pública, a través de sobornos, con lo que pasamos de la tolerancia a la complicidad. Una escala mayor implica subordinación de la autoridad: el negocio requiere permisos, autorizaciones, decisiones de política pública; además, el negocio puede expandirse, diversificarse, entrar a nuevas áreas. Esto ya implica una relación estrecha con la autoridad política, y puede llegar incluso a buscar el control directo del Estado. Esto ya lleva al surgimiento de conflictos y disputas. Seguiré con el tema.