Independencias

Artículo publicado en La República, domingo 27 de julio de 2014

Los historiadores Juan Carlos Estenssoro, Carla Granados y Cecilia Méndez, con el apoyo del Instituto de Estudios Peruanos y del Instituto Francés de Estudios Andinos, entre diversas instituciones, están promoviendo importantes actividades alrededor de la celebración de la independencia: un concurso de ensayos, “Narra la independencia desde tu pueblo, tu provincia o tu ciudad”, y un seminario internacional, “Las independencias antes de la independencia”. El concurso buscó visibilizar la complejidad y extensión del proceso independentista, y los ganadores dan cuenta de sucesos ocurridos en Huacho, Arequipa y Tarapacá. Es decir, la independencia fue mucho más que la proclama del 28 de julio de 1821 de San Martín en Lima, fue una suerte de guerra civil que movilizó gran parte de la población del territorio que se convirtiría en el Perú. De allí que el seminario hable de diversas “independencias” antes de 1821, luchas que se remontan cuando menos hasta 1811, con la rebelión de Francisco de Zela.

Los organizadores impugnan el desinterés oficial y la simplificación del discurso público sobre la independencia, que suele obviar a personajes como Túpac Amaru, Zela, Paillardelle, los hermanos Angulo, Pumacahua, entre otros. Estenssoro señala en entrevistas que esto sería parte de un espíritu de los tiempos desdeñoso del pasado, de las humanidades y de la reflexión crítica; Méndez que esto podría expresar el desdén centralista por las provincias y el recelo que genera en las élites la movilización popular.

¿Reivindican parcialmente los organizadores, sin pretenderlo, la retórica oficial de 1971, con su énfasis en los precursores y próceres, y la noción de que la nación peruana tenía importantes bases de legitimidad popular, noción cara tanto a la historiografía conservadora como a la retórica del nacionalismo velasquista que se juntaron curiosamente alrededor de la Comisión Organizadora del Sesquicentenario? (visión cuestionada por Heraclio Bonilla y Karen Spalding con su célebre tesis de la “independencia concedida” por fuerzas extranjeras). Podría decirse también que caracterizar el proceso independentista como “guerra civil” lleva a distanciarse un poco del discurso anticolonial convencional, otro punto de contacto posible con una narrativa conservadora. Sin embargo, intuyo que los organizadores quieren, aunque no de manera explícita, reivindicar la capacidad de agencia de los actores sociales en general y de los populares en particular, que no habrían logrado tener propiamente representación ni en el orden colonial ni en el republicano. Sería muy bueno intentar convertir esa intuición en un discurso historiográfico que compita con los desgastados existentes.

Esa tarea resulta más pertinente considerando que estamos ante la gestación de una nueva narrativa de la peruanidad, alrededor de valores como el “emprendedurismo”, la creatividad, y una reivindicación nacionalista (“Marca Perú”) que tiende a soslayar nuestras deudas históricas pendientes.

ACTUALIZACIÓN, 4 de agosto

Una "réplica" a mi artículo, de Juan Carlos Estenssoro:

Narra la independencia desde tu pueblo: Historia, Historiografía y memoria. Un aclaración necesaria, en respuesta a Martín Tanaka

Una versión corta de esta "réplica" se publicará como carta en el diario La República. Mi comentario al respecto, que envié al editor es esta:

“La intención de mi artículo era resaltar la valía e importancia del trabajo de Estenssoro y Méndez. En el texto me pregunto si sus iniciativas podrían tener puntos de contacto con la historiografía conservadora, y mi respuesta es que no, en tanto “intuyo que los organizadores quieren, aunque no de manera explícita, reivindicar la capacidad de agencia de los actores sociales en general y de los populares en particular, que no habrían logrado tener propiamente representación ni en el orden colonial ni en el republicano”.

En una nota aparte, no entiendo por qué se percibe que la categoría “conservador” tenga alguna carga negativa (“estigma”). El conservadurismo me parece plenamente respetable, la historiografía conservadora tiene aportes fundamentales que debemos valorar y recoger en cualquier narrativa sobre el devenir histórico del país. Saludos.

ACTUALIZACIÓN, 7 de agosto

Una nueva "réplica" a mi artículo, esta vez de Cecilia Méndez, aquí.

ACTUALIZACIÓN, 18 de agosto

Carta de Estenssoro a La República, del 8 de agosto, y mi breve réplica.

Estado, islas y archipiélagos

Artículo publicado en La República, domingo 20 de julio de 2014

Hace unos días el premio a las buenas prácticas en gestión pública de la ONG Ciudadanos al Día cumplió diez años y, como todos los años, se dieron a conocer experiencias valiosas implementadas por diferentes entidades públicas. En general, puede afirmarse que cada vez más pueden encontrarse iniciativas destacables en diferentes ámbitos del Estado, que se expresan en mejoras a la atención de los ciudadanos y mayores niveles de eficiencia. Desde las universidades, cada vez más registramos que nuestros egresados ingresan al sector público, y que los salarios que perciben son competitivos frente a los del sector privado; en muchas entidades existe una política que premia la capacitación y el desempeño, y contrata siguiendo criterios meritocráticos, no clientelísticos. Sin embargo, al mismo tiempo, el día de ayer, Elmer Cuba en este diario nos recordaba que la recaudación tributaria casi se duplicó entre 2009 y 2015, pero la provisión de servicios públicos no ha aumentado en la misma proporción, ni en cantidad ni en calidad.

¿Cuánto ha cambiado el Estado peruano en los últimos años? En la década de los años noventa teníamos un diagnóstico: en el océano de un Estado quebrado e ineficiente, aparecieron “islas” de eficiencia, vinculadas al manejo macroeconómico y en parte a la política de combate a la pobreza. Sin embargo, el propio Fujimori bloqueó un intento de reforma integral del Estado hacia 1997, y ya sabemos cómo terminó esa historia: esas “islas” no solo no impidieron, sino que coexistieron con una corrupción generalizada y la destrucción de la institucionalidad política.

En la década de 2000, se mantuvieron en general las “islas” asociadas al manejo macroeconómico; con el gobierno de Toledo se avanzó algo en cuanto a mejoras en la institucionalidad democrática, pero muy parcialmente; y con el gobierno de García, la lógica de integración a los mercados globales llevó a que, paradójicamente, se avanzara en materia de regulaciones ambientales y del reconocimiento de derechos culturales. Al mismo tiempo, en el enfrentamiento con los sindicatos en el magisterio y en el sector público en general se encontró que lógicas de modernización y racionalización en el sector público resultaban un mecanismo útil para arrinconarlos, con lo que se avanzó en impulsar lógicas meritocráticas en el Estado. Finalmente, en los últimos años, con el gobierno de Humala, muchas de estas iniciativas han continuado, y se extendieron a la salud; y la promesa del combate a la exclusión llevó a mejoras en las políticas de combate a la pobreza.

Todos estos avances se han dado de manera parcial, discontinua, casi como consecuencia no intencional, no como parte de un compromiso conciente por mejorar el Estado. Las carencias siguen siendo clamorosas en cuanto a salud, educación, seguridad, justicia. Sin embargo, podría decirse que habríamos pasado de islas de excelencia a una suerte de archipiélago. La pregunta es si este es capaz será capaz de desencadenar cambios más profundos.

La nueva ley universitaria

Artículo publicado en La República, domingo 13 de julio de 2014

La realidad de nuestras universidades es ciertamente dramática. Medidas con criterios académicos internacionales, incluso las mejores tienen problemas para ubicarse al nivel de sus pares latinoamericanos. A duras penas solo alguna logra estar entre las 30 mejores de América Latina. Si esto pasa entre las mejores, ya pueden imaginarse qué pasa con el resto, considerando que hay cerca de 140, uno de los números más altos de América Latina. Como ha señalado el congresista Daniel Mora, muchas de ellas constituyen una estafa y merecerían ser cerradas. Algunos de sus críticos han señalado que la ley tiene una vocación paternalista negativa, y que bastaría con proporcionar información e indicadores de desempeño para que el mercado educativo se “autoregule”. Otros, simplemente defienden el statu quo.

A mi juicio, las intenciones de la ley son justas y necesarias, el problema es su implementación. Ocurre que en realidad la universidad peruana es muy distinta de lo que entenderíamos desde estándares internacionales, del mismo modo en el que ni nuestros partidos son tales, ni nuestras instituciones en general. En medio del colapso de la educación primaria y secundaria, en muchos contextos la educación superior resulta, en la práctica, el nivel en el que se intentan paliar sus limitaciones, y luego las maestrías se convierten en el nivel en el que se intentan paliar los límites de una mala formación de pregrado. Así, nuestra población universitaria muestra niveles que en realidad no corresponden a lo que internacionalmente se esperaría, pero sin embargo esos estudios cumplen una función. Esto explica que a pesar de que se trate de una “estafa”, sea un vehículo usado tan masivamente por la población, intentando lograr, mediante más años de estudio o la obtención de “cartones”, mejores oportunidades laborales.

Siendo las cosas son así, podría pensarse que la intención de la nueva ley es correcta, lo que llevaría, en el mediano y largo plazo, a un sinceramiento y reducción del número de universidades. Esto podría estar bien, pero la pregunta a continuación es qué caminos de mejor inserción al marcado laboral les quedan a los jóvenes. La respuesta sería una extensa oferta de carreras técnicas de calidad en todo el país, pero eso tomará tiempo; de hecho, una mirada profunda al mundo de la educación superior tecnológica mostrará también “estafas”. Tenemos una oferta excesiva en rubros como enfermería, comercio, servicios turísticos o computación, mientras que es prácticamente inexistente en áreas clave asociadas al desarrollo industrial.

La clave del éxito en la implementación de la ley es el crecimiento de una oferta sólida a nivel superior tecnológico; si no, la educación universitaria, por más mala que nos parezca, seguirá siendo la mejor opción para muchos jóvenes. En esto, estamos ante un viejo tema: el problema que enfrenta un Estado que quiere introducir lógicas racionales y modernas en sociedad que se mueve por reglas informales o tradicionalistas.

50 años pensando el Perú

Acaba de salir publicado este libro, del cual tengo el honor de ser editor y coautor. Están todos invitados a su presentación.

"Con ocasión de los cincuenta años del Instituto de Estudios Peruanos, nos propusimos hacer un balance de nuestra contribución a las ciencias sociales peruanas y al mejor conocimiento del país. Fieles al espíritu de la casa, no quisimos inventarios celebratorios o complacientes, sino balances críticos. Quisimos textos que miren la producción del instituto a la luz de lo que sucedía en el país y en las ciencias sociales; que resalten los aportes a la comprensión del Perú, pero que también señalen omisiones, puntos ciegos, errores de interpretación, límites del trabajo institucional. Y que abran preguntas, temas de investigación, que esbocen una agenda para el futuro. Así, en este libro analizamos los temas centrales de preocupación del IEP (sociedad rural, migración y urbanización, escuela y sociedad, violencia y memoria), su producción disciplinaria (política, economía, historia), y proponemos evaluaciones generales sobre sus orígenes, evolución y desafíos futuros. Esperamos que a través de estos balances críticos el lector encuentre otra manera de acercarse a la comprensión de la compleja realidad peruana".

Contenido

Prólogo, por Roxana Barrantes

Introducción

El itinerario del Instituto de Estudios Peruanos: algunos hitos fundamentales
Julio Cotler

Pensando el Perú desde la literatura: el aporte del Instituto de Estudios Peruanos
Víctor Vich

Primera parte
Lo rural y lo urbano: escuela, migración y debate sobre la modernización en el Perú

50 años de reorientación de los trabajos del IEP: las sociedades campesinas y la migración a las ciudades
Jürgen Golte

50 años de investigaciones sobre la sociedad rural en el Instituto de Estudios Peruanos
María Isabel Remy

Educación, escuela y sociedad en el Instituto de Estudios Peruanos (1964-2013)
Patricia Ames

Segunda parte
Historia y violencia

La historia de la historia en el Instituto de Estudios Peruanos: los ciclos de las revoluciones historiográficas
Marcos Cueto

Los hondos y mortales desencuentros: violencia política y memoria(s) desde las miradas del IEP
Pablo Sandoval

Tercera parte
Economía y política: ¿la institucionalización de los mercados y la desinstitucionalización de la política?

Visiones de la economía y del desarrollo desde el Instituto de Estudios Peruanos: 50 años de reflexión sobre el Perú
Efraín Gonzales de Olarte

Los estudios políticos en el Instituto de Estudios Peruanos: cambios, continuidades y posibilidades
Jorge Aragón

Cuarta parte
Visiones generales

El Instituto de Estudios Peruanos y las ciencias sociales en el Perú: un balance crítico
Martín Tanaka

50 años del Instituto de Estudios Peruanos: de la agenda originaria a la agenda pendiente
Guillermo Rochabrún

El Instituto de Estudios Peruanos: 50 años buscando nación. Un ensayo de historia institucional
José Luis Rénique

Bibliografía general

Más aquí.

Derecho y economía

Artículo publicado en La República, domingo 6 de julio de 2014

Hace un par de meses se comentaba, a raíz de su fallecimiento, de los aportes de Gary Becker, ganador del premio Nobel de economía en 1992. Uno de los principales fue extender un análisis “económico” a otras esferas de la vida social, basado en el supuesto de la racionalidad de los actores en función de la maximización de sus beneficios individuales. Así, Becker exploró terrenos como la discriminación racial, el combate al crimen, las decisiones de casarse, divorciarse, tener hijos, entre muchas otras cosas. Digamos que Becker encontró una llave que parecía abrir muchas puertas, y la usó de manera creativa y abiertamente provocadora.

Una de esas puertas fue el estudio del derecho. Este tradicionalmente se fundaba en consideraciones normativas, que apelaban al “deber ser”, mientras que el enfoque económico partía de considerar que el cumplimiento de ley se rige por los costos y beneficios asociados a este, y que las leyes y normas estatales afectan la racionalidad de los actores, incentivando o no conductas determinadas. Los politólogos vemos también el mundo institucional más allá del deber ser, pero a diferencia del análisis económico, consideramos que existen instuciones formales e informales, y en estas últimas son claves hábitos, relaciones sociales, cultura, historia, y no solo los incentivos dados por las normas.

Todo esto viene a cuento de la discusión de los últimos días sobre el paquete de medidas propuesto por el Poder Ejecutivo, que busca promover la inversión reduciendo exigencias ambientales o procedimientos burocráticos, o cuando se plantea que para combatir la informalidad de la economía lo que correspondería sería reducir regulaciones y costos laborales.

Sin embargo, considero que son infundadas las expectativas puestas en que la inversión o la formalización aumentarían con cambios normativos. La desburocratización y la disminución de costos excesivos es algo bueno en sí mismo, y beneficiará en general a todos los empresarios, pero poco más. Las decisiones de inversión dependen de muchos otros factores: de la rentabilidad económica, obviamente, y de la calidad institucional en general, de la cual la burocratización es apenas un factor más. La informalidad es consecuencia de la incapacidad del sector moderno de absorber la demanda de trabajo y de la muy baja productividad de la enorme mayoría de micro y pequeñas empresas, antes que de los costos laborales. Aún más, relajar los controles ambientales y los estándares laborales puede ser contraproducente, porque puede aumentar la conflictividad social.

Precisamente, este desafío requiere construir una autoridad ambiental y laboral fuerte y creíble, que aparezca como imparcial en la mediación entre el interés empresarial y el las comunidades y trabajadores. Fortalecer la percepción de una autoridad que privilegia el interés empresarial va en contra de ese objetivo. En realidad, la propuesta del ejecutivo encubre su debilidad para avanzar en las reformas institucionales de fondo.

Elección en Lima (2)

Artículo publicado en La República, domingo 29 de junio de 2014

La semana pasada comenté sobre los precandidatos a la alcaldía provincial de Lima, y cómo de sus perfiles podrían sacarse lecciones de cómo funciona la política en el país.

Del lado de los sobrevivientes del pasado, la candidatura de Cornejo del APRA tiene sentido pensando en su carrera dentro de un partido con posibilidades de volver al poder nacional. Del Aguila con Acción Popular y Bonifaz con Somos Perú pagan el precio de postular con partidos que no logran sobreponerse a la muerte de sus fundadores.

En cuanto a los partidos con candidatos adoptados, tenemos personajes con experiencia municipal local, para quienes la asociación con partidos con “marcas vigentes” es útil para saltar al ámbito metropolitano. Para Sánchez-Aizcorbe el fujimorismo es un buen vehículo, y para éste no es problema que aquél provenga de Somos Perú – Perú Posible – Solidaridad Nacional; en esos casos, como ahora, se trató de acuerdos pragmáticos. Jaime Zea tiene una larga historia en Villa el Salvador, y el PPC lo ayuda a buscar el salto a lo metropolitano; para el PPC Zea ya puede ser considerado un cuadro propio (candidato por Unidad Nacional en VES en 2010 y 2002), aunque en 2006 haya postulado por Restauración Nacional, en la década de los noventa haya estado en Somos Perú y en la de los ochenta en la izquierda.

Es interesante notar que, en tanto Lima se derechizó, los cuadros de izquierda tuvieron estímulos para hacer lo propio. Otro buen ejemplo de esto es el alcalde de San Juan de Miraflores, Adolfo Ocampo: candidato a alcalde del distrito por Izquierda Unida en 1980 y 1983 (año en que ganó), por el Acuerdo Socialista en 1989, y candidato a diputado por Izquierda Socialista en 1990; en 1995 fue electo nuevamente alcalde, pero por Cambio 90 – Nueva Mayoría, y reelecto en 1998 por Vamos Vecino. En 2006 fue nuevamente candidato, pero por Avanza País, partido que afirma pretender seguir “la obra de Alfonso Barrantes”. En 2010 volvió a ser electo, por cuarta vez, en esta ocasión con Cambio Radical, el partido de José Barba.

Luego están los candidatos con partidos propios: Castañeda con Solidaridad Nacional, Castillo con Siempre Unidos; y los personajes que postulan con partidos personalistas ajenos: Belmont con el Partido Humanista, Arteta con Alianza para el Progreso, Heresi con Perú Patria Segura, Altuve con Vamos Perú. Estos personajes sienten que tienen capital político suficiente para su campaña, necesitando solo un partido para postularse, mientras que para estos un candidato competitivo es ocasión para posicionar sus marcas. Lo mismo Lo mismo puede decirse de la relación entre Villarán y Diálogo Vecinal.

Todo esto respecto al juego electoral: ¿qué decir de las propuestas de gobierno? Parece algo totalmente secundario. En el pasado, la ideología perfilaba propuestas de ciudad diferenciadas. Hoy no, al punto que Villarán con sus reformas tiene más respaldo entre los limeños de mayores ingresos, y Castañeda entre los más pobres con el recuerdo de sus obras.