Clases medias y política

Artículo publicado en La República, domingo 23 de junio de 2013

Un informe reciente del Banco Mundial, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina (Washington D.C., 2013) llama la atención sobre el “extraordinario proceso de transformación social” expresado en el crecimiento en un 50% de la población de clase media entre 2003 y 2009, que constituiría un 30% de la población; así, América Latina sería “una región de ingresos medios en vías de convertirse en una región de clase media”.

Al margen de las discusiones metodológicas sobre este tipo de diagnóstico, y de las evidentes vulnerabilidades de este proceso, este y otros informes similares tienen el mérito de llamar la atención sobre un asunto crecientemente importante, que plantea nuevos desafíos a las políticas públicas. Según el Banco Mundial, incorporar con más fuerza el principio de igualdad de oportunidades como objetivo; embarcarse en una segunda generación de reformas del sistema de protección social, abarcando la ayuda y la seguridad social; y romper el círculo vicioso de impuestos bajos y la mala calidad de los servicios públicos (educación, salud, transporte público, seguridad ciudadana, entre otros), que llevan a las clases medias y altas a optar por soluciones privadas.

Otro aspecto fundamental se ubica en la esfera política. Si bien no son nuevas las movilizaciones de sectores medios en América Latina, históricamente ellas asumieron formas conservadoras en contra de gobiernos populistas y de izquierda. Piénsese en las protestas contra el gobierno de Allende en Chile, hasta las protestas cruceñas contra el gobierno de Evo Morales, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos tiempos, aparecen importantes movilizaciones de sectores medios que cuestionan el orden político existente, afectando tanto a gobiernos de derecha como de izquierda: en México estudiantes de universidades privadas reclaman igualdad y transparencia electoral, en Chile también estudiantes universitarios exigen una reforma de la educación pública y superior, y en los últimos días en Brasil lo que inicio como un rechazo a un aumento de las tarifas de transporte se convirtió en un cuestionamiento a la clase política, a la corrupción en las altas esferas, al dispendio gubernamental excesivo.

Hemos estado acostumbrados a pensar América Latina en términos de movilizaciones de sectores populares contra élites cerradas y oligárquicas, en un marco de sociedades mayoritariamente pobres y desiguales. Cada vez más aparecen como relevantes movilizaciones de sectores medios, producto de dinámicas de crecimiento y aumento de expectativas de sectores antes desmovilizados, que exigen calidad de servicios, transparencia y honestidad en la función pública, manejos democráticos y no autoritarios en las maneras de gobernar. El gran problema es que estas movilizaciones asumen la forma de un terremoto: sorpresivo, intenso y breve, y luego su irrupción puede terminar reforzando líneas conservadoras, como ocurrió con los “indignados” en España.

VER TAMBIÉN:

June 2013 Document of the World Bank
SHIFTING GEARS TO ACCELERATE SHARED PROSPERITY in Latin America and the Caribbean

Crece y cambia la clase media en América Latina: una puesta al día

Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo León

LA CLASE MEDIA EN PERÚ: CUANTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN RECIENTE
FIDEL JARAMILLO y OMAR ZAMBRANO

¿Una nueva clase media en Brasil? El lulismo como fenómeno político-social
Jean Tible
Nueva Sociedad No 243, enero-febrero de 2013

Economía y política de las clases medias en América Latina
Ludolfo Paramio
Nueva Sociedad No 229,
septiembre-octubre de 2010

¿Militarista y autoritario?

Artículo publicado en La República, domingo 16 de junio de 2013

Un tema recurrente en el análisis de la política peruana actual es descifrar la “naturaleza” del gobierno de Ollanta Humala. En las últimas semanas, surge la hipótesis de que, finalmente, su esencia se entendería por su carácter “militarista” y autoritario. Más allá de consideraciones ideológicas, lo que guiaría la actuación gubernamental es la pura acumulación de poder, en función de un proyecto de reelección. Desde este ángulo, estaría en marcha un plan de “copamiento” de los altos mandos militares y un reforzamiento de las actividades de inteligencia con el propósito de implementar acciones de hostigamiento y amedrentamiento a la acción de sectores de oposición. Desarticulada esta, el camino parecería allanarse para la candidatura de Nadine Heredia.

¿Militarista y autoritario? ¿Cómo entender entonces que el Presidente del Consejo de Ministros, y los ministros de Interior y Defensa no encajen en absoluto con ese perfil, y que más bien tengan trayectorias claramente democráticas? La respuesta sería que son muy ingenuos, débiles u oportunistas, y que terminan legitimando o siendo “tontos útiles” de orientaciones que van en contra de sus principios.

El diagnóstico es importante no solo porque nos permite entender mejor lo que está pasando, sino porque de este se derivan conclusiones referidas a cómo debieran responder los actores políticos y sociales. Si la hipótesis anterior es correcta, lo que correspondería es denunciar con energía ese plan, pasar a una oposición decidida e intransigente, desnudar su esencia autoritaria, debilitar y golpear al gobierno.

Pero la explicación podría ser simplemente, otra. El gobierno se entiende mejor como uno más bien sin proyecto, en el que se desarrollan iniciativas paralelas, que avanzan con una lógica de ensayo y error, que coexisten y que eventualmente se enfrentan, en donde en ocasiones unas ganan y otras pierden, pero nunca de manera definitiva. En este contexto, dentro de Interior y Defensa hay una multitud de facciones en pugna, con objetivos diversos, unas más institucionalistas, otras más militaristas. Si las cosas son así, los ministros Jiménez, Pedraza y Cateriano son aliados potenciales a los que habría que fortalecer, no debilitar, para efectivamente aislar sectores militaristas dentro del gobierno, que seguramente existen.

Creo que los dilemas prácticos que plantean los problemas de diagnóstico de este gobierno son recurrentes, y se dan en todo orden de cosas: en política exterior, ¿chavista o autónomo? En política económica: ¿neoliberal o gran transformación agazapada? ¿Pro minero a rajatabla o buscanado un mayor equilibro en la relación con las comunidades? En materia social y de derechos: ¿progresista o clientelista? En general, me parece que desde la derecha se tiene más claro por dónde golpear y por dónde negociar para conseguir lo que quiere que desde la izquierda, que suele golpear casi por igual a aliados potenciales y a adversarios declarados.

La política en el Perú (2)

Artículo publicado en La República, domingo 9 de junio de 2013

La semana pasada comentaba cómo en nuestro país la paradójica coexistencia entre crecimiento económico, falta de legitimidad de las instituciones y conflictividad social se podía entender dando cuenta de que tenemos una política poco ideológica tanto en los partidos como en los electores, en donde en los primeros pesan individuos en busca de carreras políticas, que se mueven con criterios clientelísticos, y en los segundos demandas muy concretas que les permitan una mejor “integración” a la sociedad nacional. Los partidos no son en general instituciones con programa, ideología, cuadros, técnicos, maquinaria, sino cascarones articulados en torno a algunos liderazgos personalistas. En este marco, la toma de decisiones de política pública queda crecientente en manos de redes de expertos, tecnócratas con vínculos internacionales, cuyo margen de acción llega hasta donde llega la necesidad de legitimidad política de los líderes políticos.

Varios acontecimientos de estos días pueden entenderse partiendo desde estas coordenadas. Era previsible que los intentos de reforma política impulsadas desde la sociedad civil fracasaran: los partidos realmente existentes funcionan como articuladores de políticos personalistas, para quienes el fortalecimiento de las autoridades centrales resulta perjudicial, y estas no tienen la capacidad de “disciplinar” a aquéllos. De otro lado, hemos visto cómo en este gobierno un equipo técnico logró hacer avanzar “por los palos” la propuesta de una ley de servicio civil, que podría ser la columna vertebral de una trascendental reforma del Estado: sin embargo, ella corre el peligro de empantanarse porque ni el propio gobierno ni el partido de gobierno parecen especialmente comprometidos con ella. Por el contrario, la oposición de núcleos sindicales y la movilización en contra de sectores potencialmente afectados por la reforma pueden hacer desistir a políticos siempre vulnerables a la pérdida de legitimidad de corto plazo.

En este marco, la dinámica política del país y el funcionamiento del Estado están signados por presiones cruzadas, en las que tanto grupos de poder logran imponer sus intereses básicos, como grupos de presión diversos imponer agendas específicas que recogen las “mejores prácticas internacionales” de la sociedad global. Es así como el Estado peruano puede promover la inversión privada en actividades extractivas, pero al mismo tiempo firmar el convenio 169 de la OIT; decir simultáneamente que “Conga va” y aprobar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas.

Eventualmente, de cuando en cuando, las mareas se cruzan y los gobiernos tienen que optar y definirse. Ese es el vía crucis actual del gobierno de Humala, de cara al 28 de julio. Contra lo que consideran muchos, el indulto a Fujimori ha sido en realidad una respuesta fácil, ampararse en procedimientos reglamentarios, y el tema no está cerrado: volverá cuando, en efecto, la salud del expresidente esté comprometida.

La política en el Perú

Artículo publicado en La República, domingo 2 de junio de 2013

Se realizó en esta semana el XXXI congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos, gran punto de encuentro de investigadores latinoamericanistas y latinoamericanos. En algunas de las muchas mesas de trabajo, discutimos sobre cómo funciona la política en el Perú de hoy y cómo explicar sus “paradojas”. Ellas giran en torno a la coexistencia entre, de un lado, altas tasas de crecimiento económico y una notable continuidad de las políticas iniciadas en la década de los años noventa, que han hecho que nuestro país deje de ser considerado internacionalmente un país “pobre” para ser uno de “renta media”; y del otro, el contar con instituciones muy precarias, con muy bajos niveles de legitimidad, con una debilidad extrema de los partidos políticos y de los actores políticos y sociales en general, y crecientes niveles de conflictividad social.

Simplificando, podría decirse que algunos sostienen que la idea misma de la paradoja no es correcta, porque el crecimiento estaría sobreestimado, sería más una ilusión estadística, con lo que el malestar social y la baja legitimidad de las instituciones políticas estaría plenamente justificada. Otros piensan que la paradoja existe, pero sería transitoria: la economía crecería solamente gracias a factores externos, y su vulnerabilidad sería precisamente consecuencia de la debilidad de las instituciones y del malestar y de la conflictividad social. Otros, incluyéndome, pensamos que la paradoja es real y que tenemos que explicarla, y que no bastaría referirse a su precariedad. Pienso que la situación, por extraño que parezca, constituye una suerte de punto de equilibrio de bajo nivel, todos nos hemos acostumbrado a jugar con ciertas reglas aunque sepamos que están mal.

Los actores políticos no son ideológicos en sentido estricto (tampoco los electores), salvo excepciones. En otras palabras, la política está llena de personajes cuyo objetivo es desarrollar carreras políticas, no llevar a la práctica algún programa, que se relacionan con los electores con criterios, digamos, “clientelísticos”: intercambiar “obras” por apoyo político. Estos políticos pueden construir organizaciones personalistas o pasar de un partido a otro, y pasan por los niveles nacional, regional o local, o pasan del mundo político al mundo priviado o social. Esta política no programática es posible porque la toma de decisiones de política pública no es resultado de decisiones políticas, de la decisión de un partido que hizo campaña en torno a un programa específico que luego aplica con sus cuadros políticos y técnicos: en realidad, ellas resultan del peso y de la influencia de redes de expertos, tecnócratas con vínculos internacionales, que se enfrentan a políticos sin programa, con lo cual la gestión pública se llena de “técnicos independientes”, que en los últimos años han desarrollado un amplio consenso en torno a qué es lo que debe hacerse. Seguiré con el tema la próxima semana.