lunes, 21 de marzo de 2016

¿Qué implica hacer ciencia política...? en línea


Estimados, está disponible en línea el libro que editamos con Eduardo Dargent, ¿Qué implica hacer ciencia política desde el sur y desde el norte? (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, 2015). Les recuerdo el índice, realmente creo que es un aporte interesante.

Indice

Introducción
Eduardo Dargent y Martín Tanaka 

Primera parte
Hacer investigación desde el sur y desde el norte 

El estudio de las políticas de reforma del Estado en América Latina en perspectiva comparada con los países anglosajones, 1990-2014
Jessica Bensa 

La medición de la volatilidad electoral en sistemas de partidos escasamente institucionalizados. Análisis del caso peruano
Jorge Aragón y José Luis Incio 

Conocimiento denso y política comparada: un aporte desde el sur 
Eduardo Dargent y Paula Muñoz 

Segunda parte 
Las condiciones del trabajo académico en el sur 

Producción e impacto de la ciencia política en América Latina 
Daniel Buquet 

Who Sets the Intellectual Agenda?
Foreign Funding and Social Science in Peru 
Kelly Bay, Cecilia Perla y Richard Snyder 

Tercera parte 
El quehacer politológico en el norte y en el sur 

The Present Opportunities for Latin American Political Science 
Kurt Weyland

Migraciones intelectuales de sur a norte y de norte a sur 
Ana María Bejarano 

En off-side. Notas sobre la ciencia política contemporánea en América Latina 
Juan Pablo Luna 

Cuarta parte 
La democracia y la ciencia política desde el sur y desde el norte 

Olas y tornados: apuntes sobre el uso de la historia en el estudio de la democratización en América Latina 
Alberto Vergara 

De la crítica política a la ciencia política: notas hacia un balance 
Martín Tanaka 

El libro se puede descargar aquí

La herencia del autoritarismo

Artículo publicado en La República, domingo 20 de marzo de 2016

El ánimo que inspira a las manifestaciones en contra del fujimorismo de los últimos días (un hito importante en esta campaña electoral) es la indignación que genera la idea de que llegue a la presidencia quien representa un legado ignominioso: violaciones a los derechos humanos, corrupción, autoritarismo. Sin embargo, si Keiko Fujimori llega al poder, será a través del voto popular.

¿Cómo lidiar con el fujimorismo? Nuestros dilemas no son únicos. En Bolivia Hugo Banzer encabezó una dictadura (1971-78) durante la cual hubo desapariciones, torturas, asesinatos extrajudiciales, altos niveles de corrupción. Pero con la transición democrática aspiró a alcanzar la presidencia mediante elecciones: quedó tercero en 1980, quedó primero en la primera vuelta en 1985 pero no pudo ser electo después, quedó segundo en 1989 y 1993, para alcanzar la presidencia finalmente en 1997. Otro caso relevante sería el salvadoreño; la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) era el partido promovido por militares, terratenientes y otros sectores conservadores para responder políticamente al desafío de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Diversos líderes de ARENA fueron acusados de estar vinculados a la formación de escuadrones de la muerte, masacres en contra de población campesina, y el infame asesinato de los sacerdotes jesuitas del movimiento Teología de la Liberación en la Universidad Centroamericana en 1989. Sin embargo, ARENA ganó las elecciones y gobernó El Salvador durante toda la década de los años noventa y la del dos mil, hasta que en 2009 ganó las elecciones el FMLN, en el poder desde entonces. Podría también mencionarse el caso del PRI, en el poder mediante una fórmula autoritaria desde la década de los años veinte hasta la transición del año 2000; pero en 2012, el PRI volvió a ganar la presidencia federal, a pesar de ser el partido que representaba el autoritarismo y la corrupción. O el caso chileno, con la herencia pinochetista representada en partidos como la Unión Demócrata Independiente (UDI), que llegó al goberno en 2010 como parte de la alianza encabezada por Sebastián Piñera.

La representación política del legado autoritario parece moralmente inaceptable. Pero este goza de un importante respaldo popular porque también encarna otras cosas valoradas por sus seguidores: la defensa de la sociedad frente a la amenaza de la subversión; la promesa de estabilidad política y de crecimiento económico basado en la inversión privada; la defensa de valores familiares tradicionales, entre otros. No se trata solo de clientelismo. ¿Cómo se convive con estos movimientos? De un lado, ciertamente, no se debe dejar de señalar los crímenes e indignidades con los que aparecen asociados algunos de sus líderes; pero respecto a su base popular, de lo que se trata es de ofrecer y construir mejores opciones. Trabajo tanto para derechistas democráticos (¿existen?) como para izquierdistas sin presencia en el mundo popular conservador.

Legitimidad electoral en cuestión

Artículo publicado en La República, domingo 13 de marzo de 2016

La semana pasada decíamos que esperábamos que el Jurado Nacional de Elecciones, respecto a Julio Guzmán, privilegie el derecho a la participación por encima de problemas con formalidades subsanables. Más todavía si es que vemos que otras candidaturas han incurrido también en problemas formales y no merecieron el mismo celo fiscalizador. Respecto a César Acuña, decíamos que su exclusión nos parecía desproporcionada e injusta. Minimizar los problemas que crea esta exclusión, ya irreversible, implica aplicar el artículo 42 de la ley de organizaciones políticas a todos por igual. La ley prohibe “efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica; además dice que está prohibido hacerlo “de manera directa o a través de terceros”. La ley dice que esta prohibición “se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular”, y “será sancionado con la exclusión del proceso electoral”. Lamentablemente para el caso de Acuña, tuvimos una infracción muy clara para una ley muy extremista. Pero una situación similar parece ser la de Vladimiro Huaroc (donación de víveres a damnificados a través de terceros), o José Luna (promesa de beca de estudios a un concursante en un programa de televisión).

En este momento, es muy importante salvar la legitimidad del proceso electoral ante la ciudadanía. Para el Jurado está a la mano actuar con razonabilidad (no de manera formalista y extremista) y aplicar el artículo 42 de la ley de organizaciones políticas a otros candidatos, mostrando mínimo de equidad en las decisiones. De otro lado, aunque es mucho más difícil por los argumentos expuestos hasta el momento por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, correspondería rescatar la candidatura de Guzmán. Esta decisión tiene altos costos sobre la legitimidad de la elección, pero más altos aún no tomarla.

Si Guzmán queda fuera, ¿cuán mellada queda la legitimidad de la elección? Mucho, lamentablemente, aunque no tanto, a mi juicio, como para considerarla inválida o fraudulenta. La exclusión de Guzmán tiene claramente bases legales, y a mi juicio no puede ser calificada de arbitraria, aunque sí de equivocada. Y en cualquier caso, si bien uno tiene derecho a criticar las decisiones del Jurado, me parece claro también que debería respetarlas y acatarlas. ¿A dónde nos conduce el camino de hablar de fraude o cuestionar la legitimidad de la elección? No veo ningún escenario mejor que el que tenemos, ya malo de por sí. Habría que evitar un curso de cada vez más acusaciones y ataques, y crecientes niveles de intolerancia y violencia. Me parece muy preocupante que haya agresiones en contra de diferentes candidatos o que se pretenda impedir la realización de sus actividades de campaña; y peor aún, que esto sea celebrado y alentado en nombre de la democracia. Hay que defender el derecho de todas las agrupaciones y ciudadanos de apoyar o estar en contra de alguien, pero sin recurrir a la violencia.

VER TAMBIÉN:

Nudos por desanudar, por Augusto Alvarez
La República, 18 de marzo de 2016

Guzmán y Acuña

Artículo publicado en La República, domingo 6 de marzo de 2016

A poco más de un mes de las elecciones generales, no sabemos cuáles son los candidatos ni a la presidencia ni al Congreso. Muy probablemente varias caerán, no solo por decisión del JNE, también porque quienes evalúen que no pasarán la valla electoral se retirarán de la contienda, amparándose en los últimos cambios a la ley de partidos hechos por el Congreso, que increíblemente permiten mantener el registro a pesar de no participar en dos elecciones generales sucesivas. Esto nos lleva a señalar la irresponsabilidad del Congreso. Si el Jurado está todavía viendo objeciones a candidaturas es porque el Congreso no aceptó la propuesta de cambiar los plazos de convocatoria a elecciones y de inscripción de candidaturas, por ejemplo.

El Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) excluyó a César Acuña del proceso electoral por haber violado el nuevo artículo 42 de la ley de organizaciones políticas, parte de las últimas modificaciones. Legalmente, creo que Acuña prácticamente no tiene salida: la ley señala expresamente que si entregas dinero en campaña la sanción es la exclusión del proceso. Al mismo tiempo, me parece que la sanción es desproporcionada e injusta, porque la única sanción prevista es la exclusión, cuando debería haber una gradualidad en las mismas. Se desdeña el derecho a la participación y la representación política, lo que nos lleva nuevamente a la irresponsabilidad del Congreso.

El caso de Guzmán es ambiguo, pero la manera en la que el JNE lo ha manejado ha sido terrible. Primero, el 15 de febrero el JNE declaró improcedente la inscripción del estatuto de Todos por el Perú (TPP) y del Tribunal Nacional Electoral que organizó el proceso que lo eligió como candidato, basándose en consideraciones excesivamente formalistas. Es evidente que la voluntad de los miembros de ese partido es que Guzmán sea candidato, por lo que tiene sentido que los problemas formales de una asamblea se puedan subsanar en otra posterior, si todos están de acuerdo. Así lo interpretó el JEE el 24 de febrero cuando aceptó la inscripción de la candidatura de Guzmán. Increíblemente, el 3 de marzo, al responder al pedido de tachas, el JEE se desdice, y acepta el criterio del JNE del 15 de febrero. Su justificación es que la decision del JNE de ese día fue objetada, y recién fue resuelta el mismo 24 de febrero, por lo que no pudieron tomarla en cuenta en la decisión que hicieron pública ese día. Aparentemente, en el JEE no siguen las noticias ni en diario, ni televisión o radio. Al formalismo se añade la incoherencia, lo que abre la puerta a especulaciones y suspicacias.

Queda la esperanza, aunque remota, de que en los próximos días el JNE, al evaluar la candidatura de Guzmán, y no el tema de sus estatutos, privilegie el derecho a la participación por encima de formalidades subsanables. Y todavía están pendientes las objeciones a sus listas al Congreso, lo que nos lleva a otro tipo de problemas.

Moraleja: urge una reforma política en serio a partir del 28 de julio.